Migraciones: mi llamado al gobierno.
A lo largo de la campaña electoral, los inmigrantes en situación de irregularidad fueron reiteradamente notificados, por el hoy presidente electo, de que está en curso una cuenta regresiva, con vencimiento al 11 de marzo de 2026, para que abandonen voluntariamente el país, advirtiéndoles que, de otro modo, su expulsión será inevitable. En el debate final con su contrincante, Kast confirmó que "no vamos a regularizar a ninguno de los trescientos treinta mil" extranjeros que carecen de un permiso de permanencia.
El actual Gobierno tiene exactamente el mismo plazo para realizar una gestión que, a mi juicio, es indispensable, justa, humanitaria y patriótica.
Para fundamentar correctamente esta tarea gubernativa, corresponde hacerse la siguiente pregunta: de esos trescientos treinta mil inmigrantes en situación irregular que según el señor Kast viven en el país, ¿a quiénes aprehenderá su gobierno, a partir del 11 de marzo próximo? Desde luego, no lo hará con aquellos sin domicilio conocido, es decir, los más de cien mil extranjeros indocumentados que no concurrieron al empadronamiento biométrico realizado por la actual administración, que se mantienen en la clandestinidad, sin aportar nada al país, y constituyen una masa fácilmente captable por el crimen organizado.
A la inversa, es obvio que la prometida captura y expulsión recaerá, fácilmente, en quienes honestamente se empadronaron, ofrecieron sus huellas dactilares, proporcionaron sus antecedentes personales y domicilios a la autoridad, y exhibieron sus rostros para ser fotografiados, con el evidente propósito de integrarse regularmente al mundo del trabajo y a la convivencia social, tal como lo ha hecho toda la población extranjera regular que goza de permiso de residencia conforme a la ley.
De ese modo se cumplirá la advertencia del presidente electo . salvo que el actual gobierno -solo de él depende- impida que tan mayúscula injusticia se consume. Si no lo hace y comienzan las capturas de migrantes empadronados, la sanción moral no solamente se cerniría sobre el nuevo gobierno sino, también y con justicia, sobre el actual.
Ya disipado el permanente temor de esta administración a la reacción opositora, que la mantuvo durante cuatro años inhibida de proceder a un proceso de regularización migratoria, ha llegado para ella la hora de avanzar por la única vía que otorga sentido al proceso de empadronamiento biométrico al que convocó durante su gestión.
Si se pidió a los inmigrantes honrados revelar su plena identificación al gobierno, fue con el único propósito de otorgarles la oportunidad de regularizar su situación. Más de ciento ochenta mil, dieron el paso. Dejarlos hoy a merced de un gobierno que preferirá expulsarlos a ellos, en vez de hacerlo con los sumergidos en el anonimato, constituiría una omisión contraria al elemental deber de humanidad.
Por ello, a mi juicio, el gobierno se halla en el deber político y moral de poner en marcha, con urgencia y efectividad, un plan de regularización que, con estricto apego a la legalidad vigente, sólo excluya a quienes se resistieron a concurrir al proceso de empadronamiento o cuentan con antecedentes penales que ameriten su expulsión.
Además, aún en el caso que al próximo gobierno le fuese imposible cumplir su promesa de expulsiones masivas, continuar manteniendo en la irregularidad migratoria a esa población que ha actuado responsablemente significaría condenarla, por sola omisión administrativa, a la inhabilidad para acceder a contratos laborales y a soluciones habitacionales regulares, es decir, al trabajo informal y al hacinamiento.
Adicionalmente, al igual que los extranjeros que fueron renuentes a concurrir al empadronamiento biométrico, esas familias permanecerían en una situación de vulnerabilidad de la que se aprovechan las bandas criminales, para utilizarlas como operadores de su actividad criminosa. El daño que ello inflige al conjunto del país señala, además, el deber patriótico del gobierno, como responsable de la seguridad ciudadana, de actuar en la materia.
Si los gobiernos de los presidentes Frei Ruiz-Tagle, Bachelet y Piñera no vacilaron en realizar procesos de regularización rápidos y masivos, no hay razón para no repetirlo ahora.
Habrá que dejar al futuro gobierno, en gran parte, la tarea de hacerse cargo de la situación migratoria, pero sin entregarle en bandeja a los migrantes honestos, para convertirlos en víctimas propiciatorias de su afán de expulsar rápidamente. Si el presidente electo desea cumplir su promesa, que lo haga asumiendo la tarea de identificar, aprehender y deportar a quienes no se empadronaron o delinquieron en Chile o en el extranjero, asumiendo todas las dificultades policiales, administrativas, financieras y judiciales que esa tarea conllevará. A su gobierno corresponderá estudiar cómo obtiene el presupuesto de sobre $175.000.000.000
La tarea de regularización propuesta a la actual administración cumple con absoluta exactitud la letra y el espíritu de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, cuyo artículo 155, N° 8 encarga a la Subsecretaría del Interior "disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular". La misma ley, en su artículo 157, N°13, asigna al Servicio Nacional de Migraciones la ejecución de los mecanismos de regularización dispuestos por la Subsecretaría del Interior, "mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal".
Además, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la cual Chile es parte, establece imperativamente que "los Estados Parte en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista[iii].
Al cumplirse este cometido, quedará superada la triste sucesión de episodios recientes, en los cuales la ideología y los intereses partidistas sustituyeron transversalmente a la argumentación jurídica, utilizando el clima social anti migratorio como recurso electoral, incluso para retroceder en el reconocimiento de derechos fundamentales, como el acceso a la salud y la educación de los menores.
Tras la hojarasca electoralista, no solo la Iglesia, el empresariado y académicos acogerán con beneplácito la regularización, como ya lo han adelantado, sino que la inmensa mayoría del país comprenderá las ventajas que conlleva normalizar la situación de esa mayoritaria proporción de migrantes honorables, especialmente, su inclusión en lo tributario, lo laboral y comercial, lo previsional, lo habitacional, lo educacional, etc., con los beneficios que ello significará para la población nacional, la economía del país y la seguridad ciudadana.
Por única vez, en estas columnas, me atrevo a formular este llamado a título personal. Ser el abogado más antiguo del país en materia migratoria, desde que me hiciera cargo del programa de atención a los exiliados en la Vicaría de la Solidaridad, me otorga autoridad para hacerlo, bajo la invocación de la justicia, la humanidad, el patriotismo y la Ley.
¥ El autor es profesor de Derecho Migratorio y, entre 2000 y 2023, fue asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones.
[i] Director del SERMIG, en sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, 04.06.2024). Agregó que, para comenzar a practicar las resoluciones pendientes, se requeriría $49.000.000, pero que el presupuesto aprobado es de $3.500.000.000 y solo alcanza para practicar dos mil expulsiones.
[ii] Un porcentaje importante de las personas sobre las cuales pesa orden de expulsión recurre a los tribunales superiores y obtiene, en un apreciable porcentaje, sentencias favorables.
[iii] Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, artículo 69.
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