Conflicto de interés

 

Los vínculos de subsecretaria de Telecomunicaciones con terna de Kast para dirigir la Agencia de Protección de Datos Personales

Felipe Arancibia Muñoz 

Kast propone terna para la Agencia de Protección de Datos Personales en conflicto de interés con la subsecretaria Romina Garrido.

Los tres candidatos del gobierno de Kast para la Agencia de Protección de Datos Personales están vinculados con la subsecretaria Romina Garrido, quien asesoró la tramitación de la ley. Se trata de su socia, Constanza Pasarín; su coautor y también asesor, Benjamín Saenz, y el exdiputado Leonardo Soto. 

ntes de llegar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la abogada Romina Garrido ya tenía especial interés en la puesta en marcha de la Agencia de Protección Datos Personales. Finalmente, su área de expertiz tendría un espacio diferenciado en el aparato público.

A lo largo de la tramitación del proyecto que dio vida al nuevo organismo, Garrido participó activamente como presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la ley, asesorando al senador Kenneth Pugh (RN) y como lobbista y tesorera de la Asociación Gremial de Profesionales para la Protección de Datos Personales (AGPD).

Cuando la Ley de Protección de Datos Personales se promulgó en agosto de 2025, también fue la primera en cuestionar que: “El presupuesto de la Agencia de Protección de Datos presenta falencias estructurales importantes para ponerla en marcha”. El informe de la comisión que presidió recomendó aumentar las remuneraciones del consejo directivo “a $12 millones para los Consejeros y $13.5 millones para el Presidente”.

No era para menos, hoy sus socios y colaboradores cercanos están a la espera de ser nombrados como consejeros de la agencia, luego de que el gobierno de José Antonio Kast remitiera su propuesta de terna al Senado, el pasado 26 de marzo.

El primer nombre propuesto por Kast es Constanza Pasarín, quien figura como socia de la subsecretaria Garrido en la consultora Privacy Consulting SpA, dedicada a asesoría en “nuevas tecnologías, privacidad y protección de datos personales”. Hasta el momento de publicación de este artículo, la empresa no registra cambio en sus accionistas ni ha publicado nuevos extractos en el Diario Oficial.

No obstante, el sitio web de la consultora fue dado de baja en marzo de este año, pero en versiones archivadas se perfilaba a Garrido como directora y se enlazaba a su cuenta en X, la que también fue borrada. 

Garrido y Pasarín como socias de Privacy Consulting SpA (nombre de fantasía).

Según registros de lobby, en 2025 Garrido asistió junto a Pasarín como directivas de la AGPD para conversar con la entonces subsecretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, sobre el plan de implementación de la agencia.

En el sitio web oficial de la AGPD aún figuran fotos del directorio en que se ve la subsecretaria Garrido junto a Pasarín. Cuando fue nombrada por Kast, fue felicitada a través de LinkedIn recordando su calidad de socia y fundadora de la asociación. 

El segundo propuesto es Benjamín Saenz López, licenciado en derecho y coautor junto a Garrido del libro Ley de Protección de Datos Personales: aspectos claves y desafíos, publicado por DER Ediciones. Al igual que Garrido, Saenz participó de la mesa técnica de asesores legislativos en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales y ejerció como jefe de gabinete del ex presidente del Senado y actual ministro Segpres, José García Ruminot (RN).

Fuentes consultadas afirman que esta coautoría consolida una "comunidad interpretativa" de la norma. Vale decir, que “el Ejecutivo propone que uno de los creadores de esta doctrina sea quien fiscalice su aplicación”.

El tercer nombre y más llamativo desde el punto de vista político, es Leonardo Soto, ex diputado socialista que integró la Comisión Mixta que revisó y cerró la ley de Protección de Datos Personales, misma instancia donde Garrido participó como asesora legislativa del senador Kenneth Pugh.

El conflicto de interés de Garrido fue denunciado antes de asumir el cargo a Contraloría. Ciper dio a conocer que el 24 de febrero se presentó la denuncia contra la futura Subtel por haber asesorado la tramitación de la ley mientras mantenía a su consultora, Privacy Consulting, la que ofrecía planes de cumplimiento a empresas en la misma área.

Con pasos en el INDH y contraria al aborto: quién es Constanza Garrido, la encargada del Gobierno de Kast para el Plan Nacional de Búsqueda

 Constanza Garrido Manlla, abogada y jefa del programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Fotomontaje: Sandro Baeza.

POLÍTICA

 1 DE ABRIL DE 2026

Abogada de la Universidad Católica, Garrido llegó a una de las jefaturas desmanteladas del programa estrenado por el expresidente Gabriel Boric. En noviembre de 2019, un mes después del estallido social, realizó labores como abogada colaboradora en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), órgano que lideró querellas contra autoridades policiales y del Ejército que luego serían condenadas. El Presidente Kast no ha descartado aplicar un indulto sobre ellas. 

Tres salidas del Ministerio de Justicia fueron las que se materializaron ayer martes, cuando el titular de la cartera, Fernando Rabat, firmó los despidos de tres funcionarias ligadas al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, programa estrenado por el expresidente Gabriel Boric durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La jefa del programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, la jefa del área de archivos e investigación documental, Tamara Lagos, y la jefa del área de búsqueda y trayectorias, Magdalena Garcés, dejaron la oficina encargada de la “reconstrucción de historias” de personas que figuran como detenidas desaparecidas por el Estado de Chile desde el período de la dictadura militar, en 1973.

Tanto Zamorano como Garcés son abogadas, mientras que Lagos es socióloga. 

Las salidas, en todo caso, no implicaron el cese del programa por parte de la administración del Presidente José Antonio Kast. De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, actuó rápidamente para reponer la vacante que quedaba libre con la salida de la jefa del programa de Derechos Humanos, la que se fundamentó en atención a la confianza requerida para el cargo.

La persona que llegó a ese puesto, en tanto, fue la abogada Constanza Garrido Manlla, de 36 años.

Quién es Constanza Garrido, la abogada a cargo del Plan Nacional de Búsqueda

Así, el cargo que dejaba una abogada fue repuesto con otra jurista. Garrido, nacida en Temuco, obtuvo el título de Derecho en la Universidad Católica, donde cursó su pregrado entre los años 2008 y 2013. De esa misma casa de estudios proviene el título de abogado que obtuvo el subsecretario Mira, quien tiene 35 años.

En la cuenta de Facebook del Poder Judicial existe un registro de Garrido del día en que juró como abogada en la Corte Suprema: el 5 de noviembre de 2014, de acuerdo a la publicación de la foto. 

Tras la obtención del título de abogada, Garrido —según cuenta su perfil de LinkedIn— completó 8 programas de estudios. Así, por ejemplo, figuran talleres realizados por la Defensoría Penal Pública, cursos de especialización en la Universidad Católica, además de diplomados en derechos de niños, ciencia criminal y en derechos humanos.

En su educación también se destaca un magíster en criminología de la Universidad de Cambridge y otro magíster en derecho penitenciario de la Universidad de Barcelona.

Sobre su experiencia profesional, en tanto, su recorrido contempla pasos como ayudante, profesora e investigadora en la UC, abogada de empresas de seguridad como ALTO, y trabajos asociados al acompañamiento de menores y a la Iglesia Católica.

En el ámbito académico, en tanto, cuenta con una publicación que versa sobre la “objeción de conciencia institucional” sobre el aborto en tres causales, publicada en la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado.

En noviembre de 2019, un año después del denominado estallido social, comenzó un trabajo como abogada colaboradora en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución que en ese entonces lideró querellas contra autoridades públicas, en su mayoría uniformados de Carabineros y del Ejército de Chile, que vulneraron derechos de manifestantes.

El Presidente Kast no ha descartado otorgar un indulto presidencial a funcionarios públicos condenados por causas relativas a ese período de tiempo. El excarabinero Patricio Maturana, condenado como el autor del disparo de una lacrimógena que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai, es uno de los nombres que se contempla que reciba el beneficio.

Garrido trabajó como colaboradora en el INDH hasta agosto de 2021. En octubre de 2024 volvería al instituto como abogada especialista de protección en la Unidad de Protección de derechos, legislación y justicia, lugar en el que estuvo un año completo.

Desde abril de 2022 hasta la actualidad, según aparece en su perfil en la red social laboral, es integrante de la mesa de gestión de casos de la Conferencia Episcopal de Chile, como parte del consejo nacional para la prevención de abusos y acompañamiento de víctimas.

Ese rol ha tenido, en paralelo, con su último trabajo en el Ministerio Público como abogada asesora en la Fiscalía Regional Centro Norte. Su función específica —de acuerdo a una planilla de contratos a honorarios del Ministerio Público del mes de noviembre de 2025— fue “apoyar la investigación de la causa Iglesia Católica“, la que está relacionada al abuso de menores perpetrado por autoridades eclesiásticas.

Por sus funciones empleadas en ese mes recibió un sueldo bruto de $1.826.234. En su nuevo cargo como jefa de Derechos Humanos en la subsecretaría homónima, de acuerdo a la última remuneración que recibió Zamorano, percibirá $6.022.739.

Abogado de Galvarino Apablaza por frustrada detención: “Es un regalo que le quisieron dar a Kast y se van a quedar con las ganas”

Ilustración: Sandro Baeza - The Clinic

POLÍTICA

 1 DE ABRIL DE 2026

La justicia argentina emitió una orden de detención contra Galvarino Apablaza, requerido en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán, pero no fue ubicado en su domicilio. Su defensa cuestionó la medida y acusó irregularidades en el proceso. 

Durante la jornada de este miércoles se emitió una orden de detención en contra de Galvarino Apablaza quien actualmente vive en Argentina. Sin embargo, la policía trasandina no lo encontró al interior de su domicilio. 

Galvarino Apablaza fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y es requerido por la justicia chilena en el marco de la investigación por el asesinato del exsenador de la UDI, Jaime Guzmán. Junto con eso, también se le acusa de estar involucrado en el secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, fundador de El Mercurio.

El abogado argentino Rodolfo Yanzón, defensor de Galvarino Apablaza, señaló a Radio Cooperativa que el gobierno de Milei aprovechó que el juez Ariel Lijo estaba de vacaciones para solicitar la firma de la orden de detención. 

“Le hicieron firmar, por pedido del Ministerio de Seguridad, a la jueza Servini, una orden de detención violando la convención de refugiados porque si no se define de modo definitivo, en sede judicial, el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y, por lo tanto, Apablaza protegido por la convención“, afirmó Yanzón. 

En ese sentido, el abogado defensor añadió que “aprovecharon que Ariel Lijo estaba de licencia y le llevaron a firmar una orden de detención a Servini, que espero que en los próximos días la deje sin efecto. Es un regalo que le quisieron dar a Kast el lunes que viene y se van a quedar con las ganas“.

“Muy lamentable”

En un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda -donde no se aceptaron preguntas- el ministro del Interior, Claudio Alvarado, contó que “luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, éste no fue hallado en su domicilio. Evidentemente, y especialmente en un día como hoy cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán, estas noticias es para todos nosotros muy lamentable”. 

“Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza. Para que de esta forma enfrente cuando antes el proceso judicial, que durante tantos años, se ha postergado”, añadió.  

Cifras de la propia Dirección de Presupuesto desmienten al ministro de Hacienda: caja fiscal se duplicó y supera los US$3.600 millones. "Se cayó la mentira" dicen parlamentarios

 01 April 2026

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El reporte oficial publicado por la Dirección de Presupuestos reveló que la caja fiscal de Chile superó los 3.617 millones de dólares al cierre de febrero. Esta cifra representa más del doble de los 1.406 millones de dólares que se registraron durante el mes de enero.

El salto en los recursos estuvo impulsado por los ingresos del Gobierno Central, los cuales aumentaron un 6,5% real anual gracias a la gran recaudación de la minería privada.

La publicación de estos datos reabrió de inmediato un intenso debate político sobre la disponibilidad real de los recursos públicos.

El actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había utilizado previamente el bajo saldo de diciembre para argumentar que no había fondos suficientes para el subsidio de los combustibles.

Las reacciones

El nuevo escenario encendió las críticas desde el oficialismo. La senadora Daniella Cicardini (PS) apuntó a una contradicción entre el discurso del gobierno y los datos oficiales.

“El gobierno de Kast dice que la caja está vacía. El reporte oficial de Dipres dice que el gobierno Boric dejó una caja de US$3.617 millones al cierre de febrero. Los datos son públicos. La mentira, también. ¿Qué dice ahora el ministro Quiroz?”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Matías Fernández (FA) afirmó que “se cae la mentira de la ‘caja fiscal’ que Kast y el Partido Republicano repitió sin parar”, cuestionando directamente el relato del Ejecutivo sobre una supuesta estrechez de recursos.

“El último informe de DIPRES lo dice clarito: 3.168 Millones de dólares al cierre de febrero. Ahora digan la verdad: Inventaron un ‘estado de emergencia’ para imponer su ideología”, acusó.

Ante la nueva información, exautoridades de la administración de Gabriel Boric salieron a defender su gestión en las redes sociales.

El excoordinador macroeconómico de Hacienda, Rodrigo Wagner, destacó el monto alcanzado escribiendo que “US$3.600 millones... (aprox. 1 punto del PIB 2026)” fue el saldo de la famosa caja a diez días del cambio de mando.

Por su parte, el exministro Nicolás Grau ya había advertido que los valores fluctúan mucho. Pese al incremento mensual, el monto actual sigue siendo un 33% menor al que dejó el expresidente Sebastián Piñera en febrero del año 2022.

En cuanto a la ejecución presupuestaria general, el informe detalló que el gasto en febrero creció un 5,1% real anualdebido a la aplicación de la ley de reajuste del sector público. No obstante, al analizar el acumulado de los dos primeros meses del año, el gasto público total registra una caída del 1,9% real. Con todo esto, las cuentas cerraron el mes con un déficit del 0,3% del PIB, correspondiente a más de un billón de pesos.

¿Error o engaño? Informe oficial del Tesoro desmiente la versión de Quiroz sobre la caja fiscal vacía

 

ECONOMÍA Y MERCADOS EN MARCHA PORTADA

By El Clarín De Chile  1 Abril, 2026 

La publicación del reporte “Activos Consolidados del Tesoro Público” correspondiente a inicios de 2026 volvió a encender el debate político sobre el estado de las finanzas públicas en Chile. El documento, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Banco Central, no solo entrega un desglose técnico de los recursos fiscales, sino que también se transformó en el eje de una nueva controversia entre el oficialismo y la oposición.

El origen de la polémica

El conflicto surge luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmara que el actual gobierno recibió un país “sin caja”, es decir, sin recursos disponibles en el Tesoro Público. Estas declaraciones fueron rápidamente cuestionadas por parlamentarios del Partido Socialista, quienes utilizaron las cifras del informe oficial para contradecir dicha versión.

La senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri difundieron en redes sociales que, según el reporte, existirían activos por alrededor de US$3.600 millones, lo que —a su juicio— desmentiría la idea de una caja fiscal vacía. Ambos exigieron explicaciones al ministro, enmarcando sus críticas en un debate más amplio sobre transparencia fiscal.

Qué dice el informe técnico

El reporte oficial entrega una fotografía detallada de los activos del Estado. De acuerdo con el documento, al cierre de enero de 2026 los activos consolidados del Tesoro Público alcanzaban aproximadamente US$16.837 millones.

Estos recursos se distribuyen en distintos instrumentos financieros y fondos soberanos, entre los que destacan:

• Fondo de Reserva de Pensiones (FRP): US$10.512 millones
• Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES): US$3.912 millones
• Otros activos del Tesoro Público: US$1.406 millones
• Fondo de Apoyo al Transporte Regional (FAR): US$696 millones

El informe también explica que estos activos no corresponden necesariamente a liquidez inmediata disponible para gasto, sino que están invertidos en distintos instrumentos financieros, muchos de ellos de largo plazo o con fines específicos.

La diferencia clave: activos vs. liquidez

Uno de los puntos centrales del debate es la interpretación de los datos. Mientras los parlamentarios apuntan al monto total de activos como evidencia de disponibilidad de recursos, desde una perspectiva técnica es importante distinguir entre:

• Activos financieros del Estado: incluyen inversiones, fondos soberanos y recursos comprometidos.
• Caja fiscal disponible: corresponde al dinero líquido efectivamente utilizable en el corto plazo para financiar gasto público.

El propio informe señala que los llamados “Otros Activos del Tesoro Público” corresponden a excedentes temporales de caja que son invertidos en el mercado financiero, lo que refuerza la idea de que no todos los recursos están disponibles de forma inmediata.

Un debate político con implicancias económicas

Las declaraciones cruzadas se producen en un contexto particularmente sensible: el inicio de una nueva administración y decisiones económicas relevantes, como el alza en los combustibles. En ese escenario, la discusión sobre la “caja fiscal” no es solo técnica, sino también política.

Para la oposición, las cifras del informe cuestionan la narrativa del gobierno actual. Para el Ejecutivo, en cambio, la clave está en la calidad y disponibilidad real de esos recursos, más allá de su valor contable.

Transparencia y confianza pública

Más allá de la disputa coyuntural, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un tema estructural: la comprensión pública de las finanzas del Estado. Informes como el de Dipres buscan precisamente transparentar la información fiscal, pero su interpretación puede variar según el enfoque político o técnico.

En ese sentido, el desafío no solo radica en publicar datos, sino también en explicarlos de forma clara para evitar confusiones entre conceptos como activos, reservas y liquidez efectiva.

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El reporte de activos del Tesoro Público no solo entregó cifras, sino que reactivó una discusión de fondo sobre la situación fiscal heredada y la forma en que se comunica. Mientras persistan diferencias en la interpretación de los datos, el debate entre “caja vacía” y “recursos disponibles” seguirá siendo un punto de fricción clave en la política económica chilena

Despidos en Derechos Humanos: el Gobierno tensiona el futuro del Plan de Búsqueda

 

Foto: Paulo Slachevsky

PODER Y POLÍTICA PORTADA

By El Clarín De Chile  1 Abril, 2026 

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 2 segundos

La desvinculación este martes de tres funcionarias clave del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia —entre ellas Paulina Zamorano Valenzuela— ha sembrado dudas sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Aunque el Gobierno ha presentado la medida como un ajuste administrativo, la reacción política, particularmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, ha puesto en cuestión esa interpretación.

Desde el Ejecutivo, la decisión se ha explicado en términos de “confianza” y de la necesidad de contar con equipos alineados a una nueva etapa, bajo la conducción de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mira. Este tipo de argumentos no es inusual en la gestión pública, especialmente en cargos de alta responsabilidad. Sin embargo, la salida simultánea de las tres principales jefaturas del plan —incluyendo también a Tamara Lagos y Magdalena Garcés— ha elevado el alcance de la discusión.

El Plan Nacional de Búsqueda fue impulsado en 2023 durante el gobierno de Gabriel Boric, con el objetivo de esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Su diseño buscó consolidar información dispersa, fortalecer las investigaciones judiciales y establecer una política sostenida en el tiempo. En sus primeros años, logró avances como la creación de una nómina única de víctimas, la sistematización de archivos y el aumento de diligencias judiciales.

Es precisamente sobre ese carácter estructural donde una declaración del Frente Amplio pone el acento. El documento no se limita a cuestionar los despidos, sino que plantea que estos constituyen un “desmantelamiento” del plan. Según la declaración, lo que el Gobierno presenta como una revisión técnica sería, en los hechos, el “vaciamiento de una política de Estado” que responde a décadas de demandas de verdad y justicia.

El texto también subraya que el plan no debe entenderse como una iniciativa vinculada a un gobierno en particular, sino como el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos. En esa línea, advierte que la salida del equipo técnico —algunas de cuyas integrantes acumulaban años de experiencia en la institución— podría afectar directamente la continuidad del trabajo desarrollado.

Más allá del lenguaje político, la declaración introduce un elemento relevante: la tensión entre continuidad institucional y cambio de orientación. Para el Frente Amplio, la decisión no es neutra, sino coherente con una determinada visión sobre el pasado reciente. En ese punto, el documento eleva el tono crítico y plantea que el Gobierno estaría priorizando definiciones ideológicas por sobre el deber de avanzar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

El Partido Comunista, a su vez, recordó que es «deber del Estado trabajar por la verdad, la justicia y la reparación. En ese marco, se creó el Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado orientada a esclarecer y reparar los crímenes cometidos por agentes estatales. Sin embargo, hoy observamos cómo el gobierno de José Antonio Kast desmantela su equipo en un momento crucial, tanto para el avance del plan como para las familias que llevan años buscando a sus seres queridos y exigiendo verdad y justicia».

Estos argumentos se vinculan con un contexto político más amplio y las políticas de ultraderecha que impulsa el actual gobierno. Recordemos que el presidente José Antonio Kast ha expresado en distintas ocasiones valoraciones que relativizan aspectos del periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. Esa trayectoria cierra dudas en cuanto las decisiones actuales no son simples medidas administrativas, sino parte de una orientación política más general. Kast no solo busca desmantelar las políticas del gobierno de Gabriel Boric; apunta a un cambio radical en materia de derechos humanos y políticas de derechos sociales no solo de aquellos focalizados hacia minorías.

En ese marco, la explicación oficial basada en criterios técnicos ha sido recibida con evidente escepticismo por parte de quienes consideran que existe una redefinición del rol del Estado en materia de memoria y derechos humanos. La distancia entre ambas interpretaciones —ajuste técnico versus decisión política— es, hoy, uno de los ejes centrales de un nuevo frente abierto por Kast.

Hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado cambios formales en los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda ni su eventual descontinuación. Sin embargo, la modificación de su equipo directivo introduce incertidumbre sobre su implementación futura. La experiencia en políticas de derechos humanos sugiere que la continuidad de los equipos técnicos es un factor clave para sostener procesos complejos y de largo plazo.

En este contexto, la discusión trasciende la legitimidad de los despidos y se proyecta hacia una cuestión más amplia: cómo garantizar que el plan mantenga su carácter de política de Estado. La declaración del Frente Amplio, al enfatizar el riesgo de retroceso, busca precisamente instalar ese debate en el espacio público.

Las familias de los detenidos desaparecidos, que han esperado durante décadas respuestas, siguen siendo el punto de referencia central. Para ellas, la continuidad del plan no es una cuestión abstracta, sino una condición para avanzar en la verdad y la justicia.

El escenario actual, por tanto, combina elementos administrativos, políticos e históricos. Mientras el Gobierno insiste en la idea de una reconfiguración interna, sectores críticos advierten sobre un posible debilitamiento de una política clave. La evolución del plan en los próximos meses será determinante para evaluar cuál de estas interpretaciones se impone en la práctica.

FELIPE DÍAZ SE DESEMPEÑA COMO SUBDIRECTOR DEL SERVICIO DESDE 2022

 

Desvinculación de la jefa del SernamEG: yerno de la ministra Ximena Rincón asume como director subrogante

31.03.2026

Por Macarena Segovia, Diego Ortiz y Benjamín Miranda

CIPER CHILE

El sociólogo Felipe Díaz Rain asumirá como director subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) tras la solicitud de renuncia no voluntaria que se cursó a Priscilla Carrasco, desvinculación que causó controversia porque la ahora exjefa está en tratamiento por cáncer y porque llegó al cargo a través de la Alta Dirección Pública (ADP), por lo que no era personal de confianza de autoridades anteriores. Díaz se desempeña como subdirector del mismo servicio desde 2022, cuando fue electo tras un concurso de la ADP, a pesar de que hubo tres postulantes con mejor calificación. Desde 2016, está casado con la hija de la ministra de Energía, Ximena Rincón. El Presidente Kast afirmó que la salida de Carrasco se debe a que tenían “miradas distintas” sobre cómo gestionar el SernamEG, aunque no detalló esas diferencias.

Crédito imagen de portada: Víctor Huenante / AgenciaUno.

Este lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien llevaba cuatro años en el cargo. La determinación provocó controversia, debido a que la exdirectora está afectada por un cáncer de mama, lo que incluso generó críticas entre figuras del oficialismo.

En reemplazo de Carrasco asumirá como director subrogante el sociólogo y máster en Gobierno y Administración Pública, Felipe Díaz Rain, quien es yerno de la ministra de Energía, Ximena Rincón. Desde 2016, Díaz está casado con Valentina Latorre Rincón, hija de la ministra Rincón y del exdiputado Juan Carlos Latorre (DC).

Valentina Latorre también es funcionaria pública y, según registros de la Alta Dirección Pública (ADP), en 2025 concursó para obtener la dirección regional metropolitana del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, cargo en el que finalmente fue electa en mayo del año pasado.

Felipe Díaz es una cara conocida en el SernamEG: se ha desempeñado como subdirector de esa entidad desde 2022, cuando fue seleccionado mediante un proceso de reclutamiento llevado adelante por el sistema de ADP, al que también postularon otros 200 candidatos. Díaz resultó electo pese a que hubo tres postulantes con mejor calificación (no siempre se selecciona al candidato con mejor evaluación de la nómina propuesta por la ADP).

El informe de evaluación del concurso, consultable en los registros de la ADP y que fue revisado por CIPER, detalla el currículum de Díaz y una reseña personal, señalando que el sociólogo obtuvo nota 5,8, mientras que otros candidatos fueron evaluados con 5,9, 6,1 y 6,7.

El Ministerio de la Mujer dijo a CIPER que Díaz desempeñará el cargo de director del servicio ya que «la subrogación funciona por el solo Ministerio de la Ley, no es que el ministerio lo designe. Es por protocolo ya establecido. La autoridad no tiene incidencia en el nombramiento del subrogante». Además, indicó que la normativa establece que «el Subdirector subrogará al Director Nacional cuando por vacancia, ausencia u otra causa se encuentre impedido de desempeñar el cargo».

"LA CONFIANZA NO SE DIO"

La decisión de remover a Priscilla Carrasco causó polémica no solo porque la exdirectora se encuentra en tratamiento por cáncer, sino porque había obtenido el cargo a través de un concurso gestionado por el sistema de ADP hace cuatro años, por lo que no se trataría de una funcionaria que obtuvo el puesto sobre la base de su cercanía o confianza con el gobierno anterior.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la desvinculación de Carrasco en una entrevista que concedió, este martes 31 de marzo, a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi): “Es un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona”, dijo, en relación al cáncer que padece Priscilla Carrasco. “Pero -agregó-, tenemos que asumir con responsabilidad la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos”.

Hasta el momento, el gobierno no ha entregado razones concretas sobre la solicitud de renuncia a Carrasco. En su entrevista con la Archi, el mandatario solo señaló que “en este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como SernamEG”, pero no aclaró ni ejemplificó cuáles son esas diferencias. También dijo, en alusión a antecedentes recabados de manera inicial por una auditoría, que “hemos ido encontrando situaciones complejas”, pero tampoco se han entregado detalles sobre esas “situaciones”.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género difundió un comunicado en el que también señaló que una auditoría interna detectó “una gestión administrativa y de recursos deficientes” (vea una nota de Bío Bío), aunque esa secretaría de Estado tampoco expuso documentación que detalle esos antecedentes.

Despiden a 3 funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda y el gobierno dice que fue porque "no presentaron sus renuncias". Nos despidieron por razones políticas, dicen funcionarias

 31 March 2026

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Este martes, desde el Gobierno de Kast se confirmó la desvinculación de tres funcionarios de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda pertenencientes a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

En concreto, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, confirmó que se trata de funcionarios de "exclusiva confianza" de la institución, "quienes no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad".

La medida se enmarca en un proceso de reestructuración interna destinado a optimizar el uso de recursos públicos y mejoras en la gestión: "Los cambios se han realizado bajo estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida", agregó el organismo.

Pese a estos cambios en la cúpula, la Subsecretaría fue enfática en señalar que tanto el Plan Nacional de Búsqueda como la referida unidad mantienen su continuidad operativa.

Respecto a quiénes asumirán las vacantes, la Subsecretaría indicó que los nombres de los nuevos titulares se darán a conocer en el mes de abril.

Funcionaria despedida: Fue por razones políticas

Paulina Zamorano, jefa del programa DD.HH. subsecretaría Derechos Humanos, se refirió a su remoción de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y Plan Nacional de Búsqueda.

Paulina Zamorano, quien se desempeñó como abogada litigante del programa durante más de 14 años, calificó la resolución como una "decisión política" y desmintió los argumentos técnicos entregados por el Ministerio de Justicia. Según las resoluciones firmadas por el ministro, las salidas se justificarían por una supuesta "falta de capacidad para liderar equipos".

"El resto de las coordinaciones no son de confianza legítima, ingresaron por concurso público, y son también desvinculaciones que, en virtud de lo señalado por las mismas resoluciones, que fueron firmadas por el ministro de Justicia, señalan que no tendrían la capacidad de liderar ni coordinar equipos, cuestión que se ha llevado ejerciendo durante los últimos años. Eso es falso", aseveró la jurista.
En esa línea agregó que: "No es casual que desvinculen a tres jefaturas cuando el Programa lidera más de 430 causas judiciales activas por la determinación de las responsabilidades de las graves violaciones a los DD.HH.", recalcó Zamorano.

La exjefa vinculó su salida con los recientes anuncios del Ejecutivo sobre eventuales indultos y liberaciones de agentes de la dictadura recluidos en Punta Peuco y Colina 1.

Junto a Zamorano, fueron notificadas Magdalena Garcés, coordinadora del área de Búsqueda y Trayectoria, y Tamara Lagos, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental, dichas áreas pertenecen al Plan Nacional de Búsqueda.