Constanza Garrido Manlla, abogada y jefa del programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Fotomontaje: Sandro Baeza.
POLÍTICA
1 DE ABRIL DE 2026Abogada de la Universidad Católica, Garrido llegó a una de las jefaturas desmanteladas del programa estrenado por el expresidente Gabriel Boric. En noviembre de 2019, un mes después del estallido social, realizó labores como abogada colaboradora en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), órgano que lideró querellas contra autoridades policiales y del Ejército que luego serían condenadas. El Presidente Kast no ha descartado aplicar un indulto sobre ellas.
Tres salidas del Ministerio de Justicia fueron las que se materializaron ayer martes, cuando el titular de la cartera, Fernando Rabat, firmó los despidos de tres funcionarias ligadas al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, programa estrenado por el expresidente Gabriel Boric durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
La jefa del programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, la jefa del área de archivos e investigación documental, Tamara Lagos, y la jefa del área de búsqueda y trayectorias, Magdalena Garcés, dejaron la oficina encargada de la “reconstrucción de historias” de personas que figuran como detenidas desaparecidas por el Estado de Chile desde el período de la dictadura militar, en 1973.
Tanto Zamorano como Garcés son abogadas, mientras que Lagos es socióloga.
Las salidas, en todo caso, no implicaron el cese del programa por parte de la administración del Presidente José Antonio Kast. De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, actuó rápidamente para reponer la vacante que quedaba libre con la salida de la jefa del programa de Derechos Humanos, la que se fundamentó en atención a la confianza requerida para el cargo.
La persona que llegó a ese puesto, en tanto, fue la abogada Constanza Garrido Manlla, de 36 años.
Quién es Constanza Garrido, la abogada a cargo del Plan Nacional de Búsqueda
Así, el cargo que dejaba una abogada fue repuesto con otra jurista. Garrido, nacida en Temuco, obtuvo el título de Derecho en la Universidad Católica, donde cursó su pregrado entre los años 2008 y 2013. De esa misma casa de estudios proviene el título de abogado que obtuvo el subsecretario Mira, quien tiene 35 años.
En la cuenta de Facebook del Poder Judicial existe un registro de Garrido del día en que juró como abogada en la Corte Suprema: el 5 de noviembre de 2014, de acuerdo a la publicación de la foto.
Tras la obtención del título de abogada, Garrido —según cuenta su perfil de LinkedIn— completó 8 programas de estudios. Así, por ejemplo, figuran talleres realizados por la Defensoría Penal Pública, cursos de especialización en la Universidad Católica, además de diplomados en derechos de niños, ciencia criminal y en derechos humanos.
En su educación también se destaca un magíster en criminología de la Universidad de Cambridge y otro magíster en derecho penitenciario de la Universidad de Barcelona.
Sobre su experiencia profesional, en tanto, su recorrido contempla pasos como ayudante, profesora e investigadora en la UC, abogada de empresas de seguridad como ALTO, y trabajos asociados al acompañamiento de menores y a la Iglesia Católica.
En el ámbito académico, en tanto, cuenta con una publicación que versa sobre la “objeción de conciencia institucional” sobre el aborto en tres causales, publicada en la Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado.
En noviembre de 2019, un año después del denominado estallido social, comenzó un trabajo como abogada colaboradora en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución que en ese entonces lideró querellas contra autoridades públicas, en su mayoría uniformados de Carabineros y del Ejército de Chile, que vulneraron derechos de manifestantes.
El Presidente Kast no ha descartado otorgar un indulto presidencial a funcionarios públicos condenados por causas relativas a ese período de tiempo. El excarabinero Patricio Maturana, condenado como el autor del disparo de una lacrimógena que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai, es uno de los nombres que se contempla que reciba el beneficio.
Garrido trabajó como colaboradora en el INDH hasta agosto de 2021. En octubre de 2024 volvería al instituto como abogada especialista de protección en la Unidad de Protección de derechos, legislación y justicia, lugar en el que estuvo un año completo.
Desde abril de 2022 hasta la actualidad, según aparece en su perfil en la red social laboral, es integrante de la mesa de gestión de casos de la Conferencia Episcopal de Chile, como parte del consejo nacional para la prevención de abusos y acompañamiento de víctimas.
Ese rol ha tenido, en paralelo, con su último trabajo en el Ministerio Público como abogada asesora en la Fiscalía Regional Centro Norte. Su función específica —de acuerdo a una planilla de contratos a honorarios del Ministerio Público del mes de noviembre de 2025— fue “apoyar la investigación de la causa Iglesia Católica“, la que está relacionada al abuso de menores perpetrado por autoridades eclesiásticas.
Por sus funciones empleadas en ese mes recibió un sueldo bruto de $1.826.234. En su nuevo cargo como jefa de Derechos Humanos en la subsecretaría homónima, de acuerdo a la última remuneración que recibió Zamorano, percibirá $6.022.739.
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