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La desvinculación este martes de tres funcionarias clave del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia —entre ellas Paulina Zamorano Valenzuela— ha sembrado dudas sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Aunque el Gobierno ha presentado la medida como un ajuste administrativo, la reacción política, particularmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, ha puesto en cuestión esa interpretación.
Desde el Ejecutivo, la decisión se ha explicado en términos de “confianza” y de la necesidad de contar con equipos alineados a una nueva etapa, bajo la conducción de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mira. Este tipo de argumentos no es inusual en la gestión pública, especialmente en cargos de alta responsabilidad. Sin embargo, la salida simultánea de las tres principales jefaturas del plan —incluyendo también a Tamara Lagos y Magdalena Garcés— ha elevado el alcance de la discusión.
El Plan Nacional de Búsqueda fue impulsado en 2023 durante el gobierno de Gabriel Boric, con el objetivo de esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Su diseño buscó consolidar información dispersa, fortalecer las investigaciones judiciales y establecer una política sostenida en el tiempo. En sus primeros años, logró avances como la creación de una nómina única de víctimas, la sistematización de archivos y el aumento de diligencias judiciales.
Es precisamente sobre ese carácter estructural donde una declaración del Frente Amplio pone el acento. El documento no se limita a cuestionar los despidos, sino que plantea que estos constituyen un “desmantelamiento” del plan. Según la declaración, lo que el Gobierno presenta como una revisión técnica sería, en los hechos, el “vaciamiento de una política de Estado” que responde a décadas de demandas de verdad y justicia.
El texto también subraya que el plan no debe entenderse como una iniciativa vinculada a un gobierno en particular, sino como el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos. En esa línea, advierte que la salida del equipo técnico —algunas de cuyas integrantes acumulaban años de experiencia en la institución— podría afectar directamente la continuidad del trabajo desarrollado.
Más allá del lenguaje político, la declaración introduce un elemento relevante: la tensión entre continuidad institucional y cambio de orientación. Para el Frente Amplio, la decisión no es neutra, sino coherente con una determinada visión sobre el pasado reciente. En ese punto, el documento eleva el tono crítico y plantea que el Gobierno estaría priorizando definiciones ideológicas por sobre el deber de avanzar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
El Partido Comunista, a su vez, recordó que es «deber del Estado trabajar por la verdad, la justicia y la reparación. En ese marco, se creó el Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado orientada a esclarecer y reparar los crímenes cometidos por agentes estatales. Sin embargo, hoy observamos cómo el gobierno de José Antonio Kast desmantela su equipo en un momento crucial, tanto para el avance del plan como para las familias que llevan años buscando a sus seres queridos y exigiendo verdad y justicia».
Estos argumentos se vinculan con un contexto político más amplio y las políticas de ultraderecha que impulsa el actual gobierno. Recordemos que el presidente José Antonio Kast ha expresado en distintas ocasiones valoraciones que relativizan aspectos del periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. Esa trayectoria cierra dudas en cuanto las decisiones actuales no son simples medidas administrativas, sino parte de una orientación política más general. Kast no solo busca desmantelar las políticas del gobierno de Gabriel Boric; apunta a un cambio radical en materia de derechos humanos y políticas de derechos sociales no solo de aquellos focalizados hacia minorías.
En ese marco, la explicación oficial basada en criterios técnicos ha sido recibida con evidente escepticismo por parte de quienes consideran que existe una redefinición del rol del Estado en materia de memoria y derechos humanos. La distancia entre ambas interpretaciones —ajuste técnico versus decisión política— es, hoy, uno de los ejes centrales de un nuevo frente abierto por Kast.
Hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado cambios formales en los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda ni su eventual descontinuación. Sin embargo, la modificación de su equipo directivo introduce incertidumbre sobre su implementación futura. La experiencia en políticas de derechos humanos sugiere que la continuidad de los equipos técnicos es un factor clave para sostener procesos complejos y de largo plazo.
En este contexto, la discusión trasciende la legitimidad de los despidos y se proyecta hacia una cuestión más amplia: cómo garantizar que el plan mantenga su carácter de política de Estado. La declaración del Frente Amplio, al enfatizar el riesgo de retroceso, busca precisamente instalar ese debate en el espacio público.
Las familias de los detenidos desaparecidos, que han esperado durante décadas respuestas, siguen siendo el punto de referencia central. Para ellas, la continuidad del plan no es una cuestión abstracta, sino una condición para avanzar en la verdad y la justicia.
El escenario actual, por tanto, combina elementos administrativos, políticos e históricos. Mientras el Gobierno insiste en la idea de una reconfiguración interna, sectores críticos advierten sobre un posible debilitamiento de una política clave. La evolución del plan en los próximos meses será determinante para evaluar cuál de estas interpretaciones se impone en la práctica.
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