PAÍSEl titular de Justicia reconoció haber firmado los decretos que beneficiaron a dos condenados por secuestro calificado y tortura. Lejos de cuestionar las rebajas, defendió su legalidad y apuntó a gobiernos anteriores, asegurando que estas medidas se han aplicado durante los últimos 20 años.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó este jueves que el Gobierno de José Antonio Kast concedió rebajas de condena a dos internos de Punta Peuco sentenciados por violaciones a los derechos humanos. Lejos de cuestionar las decisiones, el secretario de Estado defendió su legalidad y apuntó a gobiernos anteriores, asegurando que estos beneficios se han otorgado durante las últimas dos décadas, independientemente del color político de La Moneda.
La confirmación llegó después de que una investigación de El Mostrador, realizada por el periodista Claudio Pizarro, revelara que el Ministerio de Justicia dictó tres decretos adicionales de reducción de penas por delitos graves, entre ellos secuestro calificado y tortura. Dos favorecieron a condenados recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco.
Consultado directamente durante una entrevista con T13 sobre las rebajas concedidas a estos internos, Rabat respondió sin rodeos: “Es cierto”.
Sin embargo, el ministro defendió inmediatamente el procedimiento: “De la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años, en gobiernos de distintos signos políticos, porque se aplica la ley”.
Rabat apunta a Boric y defiende las rebajas
El titular de Justicia insistió en que la aplicación de estos beneficios no constituye una práctica exclusiva de la actual administración y puso sobre la mesa la actuación de gobiernos anteriores.
“Hay casos en cada uno de los gobiernos y, si mi memoria no me falla, creo que solo en el gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos”, afirmó.
Según Rabat, durante esa administración los rechazos fueron posteriormente revertidos por sentencias de la Corte Suprema en al menos cuatro casos. La afirmación fue presentada por el ministro como parte de su defensa, sin que en la entrevista individualizara esos fallos.
“En los últimos 20 años otorgaron beneficios a militares, porque así lo establece la ley”, reiteró.
Las declaraciones suman un nuevo capítulo a la controversia que enfrenta Justicia por las 56 rebajas de condena concedidas administrativamente a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, reveladas inicialmente por Interferencia.
Sin embargo, ambos grupos de resoluciones corresponden a delitos distintos y sus fundamentos jurídicos deben examinarse separadamente. La argumentación de Rabat sobre la reforma legal de 2022, que excluyó a determinados condenados por delitos sexuales del beneficio, no explica por sí misma las rebajas concedidas a los internos de Punta Peuco.
El nuevo antecedente también instala interrogantes sobre los fundamentos específicos de esos decretos, la magnitud de las reducciones otorgadas y su incidencia en el cumplimiento efectivo de las condenas.
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