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domingo, 4 de abril de 2010

¿Mediagüización hasta que duela (y mientras alcance), Presidente?


escrito por José Venturelli Foto MR

Dijo el Presidente Piñera que "se cambiarían los fusiles por palas y martillos" pero, dicen ahora, que contratarán 13.000 civiles, -no 15.000 (El Mercurio) y posiblemente 22.000... ¿Serán ellos elegidos entre los más de 9 mil despedidos del servicio público sólo en la Región del Bío-Bío?
Varios ministerios han empezado su propia caza de brujas y esto está siendo documentado por la ANEF.
Sería menos brutal si esos contratos fueran para apoyar esos despedidos, es decir, los terremoteados, maremoteados, sufridos y además, golpeados y “bajoneados” en demasía por este desempleo inmoral: esta nueva medida empresarial del gobierno. Poco probable, porque vemos que el reflejo es favorecer al sector empresarial duro. Los 1200 "conscriptos voluntarios" de los que habla el General Fuente-Alba [1] para la reconstrucción parece una manera adicional de no cumplir eso de cambiar fusiles por útiles de reconstrucción. ¿Será, la explicación, que la decisión evidente del plan de incorporar a los militares al gobierno implica tenerlos “listos para otras eventualidades”?

Ahora bien, ¿con qué fondos se pagará esto? Porque escuchamos la mentada “eficiencia empresarial” pero, de soluciones reales, harto poco. Por ejemplo, la intendente del Bio-Bio habla de que sólo habrá mediaguas… pero nada de casas. Sabemos de la incapacidad de este magro tigre chilensis, bueno para especular y hacer fortunas célebres a gran velocidad pero que no tiene capacidad industrial de construir esas casas necesarias con rapidez y eficiencia. Es la misma potencia constructora que no quiere reparar los daños de sus construcciones irresponsables… o los que dicen que no tienen que pagar porque la “norma anti-sísmica era de 8.8 en Escala Richter. Porque nuestros vecinos y hermanos argentinos tienen la capacidad de hacerlo y con mejor calidad. Y también puede ser obtener una licencia de construcción (o ampliarlas para el sector público) de casas prefabricadas canadienses. Y hablo de casas, como las que hay en Punta Arenas y que son casas… no las mediaguas de la Intendente ya mencionada.

Sin embargo, cuando ya varios chilenos hablan, con razón, de que hay recursos para pagar todo eso… y con creces, el gobierno y sus ministros ponen el grito en el cielo: “No a ponerle impuestos a los empresarios (“¿que no ganan suficiente?”) Tampoco a las mineras, sean de Luksic o de otros pobretones del mundo: “Puede asustar la inversión” (Se refieren a la misma inversión que mantiene a Chile con las peores normas de flexibilidad laboral, con la más alta inequidad de la región, con salarios bajo $170.000 para un 68% de los salariados, e hipotecados en un 40% por el crédito con el que los empujan al consumismo… Todo esto no es ninguna maravilla como para preservarlo). Nos han vendido la Teletón, esa excusa de la inequidad para apoyar a los ricos en su “caridad” y permitirles negocios adicionales. Pero eso no resuelve nada significativo.

Por ello, la pregunta que se hacen muchos: ¿Hay alguna razón de peso (y no de pesos pesados, dueños de Chile) para que esto no sea pagado con lo que es de Chile, de su pueblo? Me refiero a los Royalties de la minería o, mejor, a una segunda recuperación de las empresas mineras. No sería crimen alguno y quienes lo consideren así serían los mismos que se han enriquecido hasta la saciedad. Extranjeros y chilenos dueños de la minería obligan a Chile a postergar programas e imponen la mediocre "mediagüización" de la reconstrucción. Si es que esta alcanzase. No olvidemos que la historia es simple: La militarización de la política, al aumentar las luchas por una equidad que para nuestro pueblo sigue bloqueada, bien va a ser “la posible solución” gubernamental/estatal para esos conflictos. No olvidemos que ya han demostrado que la represión en Chile es un reflejo espantoso y execrable. Reflejo contagioso y retrógrado.

¿Las ganancias de la mina Los Pelambres (la que por su tamaño “reemplazaría a Chuquicamata”), del Sr. Luksic y de otras empresas igualmente ventajistas, seguirán protegidas por el gobierno? Usted, Sr. Presidente, ¿no cree que debe gobernar para Chile y todos los chilenos y no para ese ínfimo porcentaje que profita tanto? Quizás si para los magnates, nacidos de la noche a la mañana, esto sea un idioma incomprensible. Canadá, por ejemplo, impone un 14 y más por ciento para las industrias extractivas (aunque con Pascua Lama intenten el asalto del siglo sobre nuestra tierra). Pero, en Chile, mientras sigamos teniendo gente que vive de modo miserable, con salarios de hambre, con deudas hasta decir ¡basta! y con un terremoto que nos amenazó en lo más profundo, no sólo es lícito echar mano a nuestras riquezas, a ponerlas en relevancia para hacer un país más humano. Es una obligación moral donde sólo quienes no tienen el bienestar de este pueblo como objetivo central y defienden hasta el absurdo de la privatización del mar, pueden estar en desacuerdo. Pero las luchas por su dignidad, que el pueblo va identificando, van también a aumentar aunque nos amenacen de que “la seguridad es la prioridad número uno”.




José Venturelli, Pediatra Buin, Chile 2 de abril 2010

Comunicado Marina y Andrés, hijos de Silvia Suppo, asesinada en Argentina
por Marina y Andrés Destefani (Argentina)

Somos Marina y Andrés Destefani, hijos de Silvia Suppo, como habíamos quedado les enviamos la siguientes informaciones. Les pedimos encarecidamente que NO modifiquen nada de lo que enviamos ni tampoco lo abrevien sino que lo trasmitan fielmente. Gracias.

Comunicado de prensa

Miércoles 31 de marzo de 2010

Como familiares directos de Silvia Suppo en primer lugar hacemos un pedido de justicia para que este caso se esclarezca lo antes posible. Creemos que NO se trata de un robo violento sino que, dado el grado de precisión del ataque sufrido por nuestra madre y la fecha del suceso (muy cerca del 24 de marzo) esto se trata de un ASESINATO POLÍTICO estrechamente vinculado a la posición de querellante de Silvia en las causas contra los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto y hasta el momento consideramos que esto es un HOMICIDIO POLÍTICO hasta que se nos demuestre lo contrario.

Agradecemos a todos los familiares, amigos y a las organizaciones como MADRES, ABUELAS, LIGA DE DERECHOS DEL HOMBRE y también a las autoridades que se han solidarizado. Especialmente agradecemos a H.I.J.O.S. delegación Santa Fe por su valiosa colaboración y continuo compromiso.

Nuestro mayor deseo es que se realice una investigación exhaustiva que aclare lo sucedido y que nos garantice VERDAD Y JUSTICIA.

GRACIAS A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Los familiares convocamos a la marcha Justicia y Verdad por Silvia Suppo, el viernes a las 10 hs de la mañana en la plaza 25 de mayo intersección con Av. Santa fe, ciudad de Rafaela.

Pedimos por:
VERDAD Y JUSTICIA ¿ROBO O ASESINATO POLÍTICO? ¡ESCLARECIMIENTO YA!
Extendemos la convocatoria a todas las entidades y organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general.

Consideramos que marchar bajo estas consignas comunes nos fortalece en la lucha y nos encuentra en la diversidad.

Aquellas organizaciones y personas que quieran sumarse a esta convocatoria para marchar ya sea con su presencia o con su adhesión, pedimos envíen un correo a verdad_yjusticia@yahoo.com.arEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla

Leer más en : http://represoresrosario.blogspot.com/

- Agradecemos el envío de esta Declaración a Lucía Sepúlveda Ruiz




sábado, 3 de abril de 2010

El puño de hierro de la oligarquía






escrito por Manuel Cabieses
En menos tiempo del que se suponía, el presidente Sebastián Piñera ha evidenciado que la represión -preventiva o punitiva- se contempla como el instrumento principal de su gobierno para enfrentar las movilizaciones populares. Lo hace en un contexto político todavía confuso, en el cual el principio del “orden” a cualquier precio aparece como el eje de acción del nuevo gobierno, imitando con ello lo esencial de la dictadura militar. No en vano el actual bloque gobernante es el missustentó a esa dictadura.
Está constituido, como ayer, por la derecha política, el gran empresariado, las multinacionales y las fuerzas armadas.
Hay, sin embargo, un factor relativamente novedoso. Se trata de los esfuerzos que despliega el presidente Piñera para construir un entendimiento con la Democracia Cristiana e incluso, con otros sectores de la Concertación. Pero lo principal -insistimos- sigue siendo el fortalecimiento represivo y disuasivo del Estado para evitar que la protesta social -que sigue incubándose por la magnitud de problemas no resueltos que agravó el terremoto del 27 de febrero-, se organice y desborde en las calles. Así quedó demostrado con el impresionante despliegue militar-policial del 29 de marzo -Día del Joven Combatiente- que incluyó hasta un inexplicable toque de queda en la ciudad de Concepción, donde nunca se conmemoró el asesinato de los hermanos Vergara Toledo.

A diario surgen nuevos indicios, enmarcados en el llamamiento a la “unidad nacional” para enfrentar la emergencia derivada del terremoto y maremoto, que se orientan a ampliar la base de apoyo político del gobierno. En ese sentido, tres senadores democratacristianos visitaron La Moneda para entrevistarse -con amplia cobertura publicitaria- con el presidente de la República, enviando una señal que provocó molestia hasta en la propia DC. El pretexto fue entregar al presidente el acuerdo del Senado -que promovió la bancada DC apoyada por el senador Fulvio Rossi, presidente del Partido Socialista- que condena presuntas violaciones de los derechos humanos en Cuba. El acuerdo del Senado pide al gobierno que apoye en la OEA y en otros organismos internacionales la campaña anticubana que promueven EE.UU. y la Unión Europea. Piñera, por supuesto, accedió encantado a la petición de los senadores de la DC y públicamente comprometió a su gobierno en futuras acciones anticubanas -que por lógica habrá que extender a Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuyos procesos revolucionarios también son condenados por la Casa Blanca-. Sin embargo, los ataques a Cuba del presidente Piñera y de los senadores democratacristianos sólo fueron un burdo pretexto, una cortina de humo que esconde propósitos de política doméstica. En realidad lo que busca Piñera es un entendimiento con la DC que le permita ampliar su base de sustentación y, sobre todo, mantener a raya a la UDI. Este partido de innegable naturaleza fascistoide, no ha tardado en criticar abiertamente al presidente Piñera en temas tan sensibles como los relacionados con el manejo de su fortuna, incrementada en el último tiempo mediante audaces maniobras en la Bolsa.
Piñera requiere contar con un factor de equilibrio político que no lo deje a merced de la UDI. Busca, por lo tanto, un aliado implícito más cercano a sus propias ideas políticas. Ese rol puede cumplirlo la DC. Piñera, como se sabe, procede de la matriz ideológica democratacristiana e incluso sus vínculos familiares se entrelazan con ese partido. En síntesis, el ataque a Cuba escenificado en La Moneda con fanfarria mediática, fue una faramalla para mostrar una imagen de coincidencia e identidad política entre el presidente de la República -líder de la derecha- y la DC, pilar carcomido, pero pilar al fin, de los restos de la Concertación. Lo que está en marcha pues es una operación destinada a revalidar un proyecto de co-gobierno que permita a Piñera librarse de los tentáculos de la UDI.

Lo más criticable de esta tramoya, sin embargo, ha sido la increíble actitud de la bancada de diputados socialistas que, siguiendo el ejemplo DC en el Senado, aprobaron por unanimidad su propia condena al gobierno cubano. Si la actitud de los senadores DC puede explicarse por el tradicional anticomunismo de ese partido, no tiene justificación en cambio la del Partido Socialista que ha pisoteado su tradición revolucionaria y latinoamericanista, ofendiendo la memoria del presidente Salvador Allende que mantuvo hasta su heroica muerte una inalterable lealtad hacia la Revolución cubana. En este sentido causa repulsión y desprecio la declaración del presidente interino del PS, senador -gracias al sistema binominal- Fulvio Rossi, que se declaró “orgulloso” del viraje anticubano del Partido Socialista.

En un escenario político debilitado por la corrupción, la comunidad de los negocios y el eclipse de los principios e ideologías, el voto anticubano de los diputados socialistas pudiera enmarcarse en los mismos objetivos de la operación Piñera-DC antes reseñada. La crisis de la Concertación, convertida en un cascarón vacío, inorgánico y estéril, pudiera ser utilizada por quienes buscan institucionalizar el co-gobierno con la derecha, para asegurar una alternancia que, en definitiva, no cambia nada.

Para llevar a la práctica su política de “orden” y ampliación del modelo neoliberal, el presidente Piñera cuenta también con las fuerzas armadas y Carabineros. La designación del ex comandante en jefe del ejército, general (r) Oscar Izurieta, como subsecretario de Defensa, ilustra esta situación. Más aún cuando no es un secreto que Piñera le ofreció el cargo cuando todavía comandaba esa rama de las FF.AA., en el gobierno de Bachelet. Después de 20 años de gobiernos de la Concertación, las fuerzas armadas han vuelto a asumir responsabilidades propias del gobierno civil y disfrutan de una posición privilegiada que tiende a acentuarse. En efecto, el locuaz ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, hizo un balance señalando que en el período de la Concertación se había logrado “la profesionalización y la despolitización” de las FF.AA. Esto, por supuesto, es absolutamente falso. Los militares siguen politizados en defensa de la Constitución pinochetista -aún vigente- y de lo fundamental del legado de la dictadura. Como sector ciudadano, los militares pertenecen al bando de la derecha, como lo demuestran la designación de Izurieta y las críticas del general (r) Juan Emilio Cheyre, también ex comandante en jefe del ejército, al gobierno de la presidenta Bachelet. Tampoco ha cambiado la doctrina de las FF.AA., siempre asentada en las ideas de la Seguridad Nacional como instancia totalizadora. No ha existido una crítica a fondo de su papel en el golpe de Estado de 1973 ni en la conspiración que lo precedió, ni tampoco un balance a fondo de la dictadura con sus efectos sobre la soberanía y su apoyo a la dominación oligárquica. Todo esto, a pesar de los esfuerzos que realizó la Concertación por “ganarse” a los militares eligiendo el camino equivocado, que consistió en asegurar la impunidad de Pinochet y de los altos mandos de las distintas ramas culpables de traición y atrocidades contra la población. Pinochet es reverenciado al interior de los cuarteles. El almirante José Toribio Merino ya tiene estatua en un recinto naval y un buque de guerra lleva su nombre. Se toleró que las FF.AA. no respondieran por las violaciones de los derechos humanos que cometieron sus efectivos. Y, para tratar de asegurar su apoyo, se facilitó un gasto militar que provoca inquietud en los países vecinos. Chile se ha convertido, gracias a la generosidad de la Concertación, en el principal comprador de armas de Sudamérica y es el número 13 en el mundo, por sus adquisiciones de aviones y tanques, como revela el informe que sobre el aumento del gasto militar en América Latina ha dado a conocer en Estocolmo el Instituto Internacional para la Investigación sobre la Paz. Generales del ejército y la Fuerza Aérea dirigen las tres zonas de catástrofe del país y disponen de amplias facultades para subordinar a sus decisiones a las autoridades civiles, restringir los derechos civiles y políticos, imponer el toque de queda, etc. Con esas atribuciones pueden participar en todos los regímenes de emergencia que contempla la Constitución heredada de la dictadura.
En este contexto, la arenga del presidente Piñera en el cuartel de las fuerzas especiales de Carabineros,

en
vísperas del Día del Joven Combatiente, constituyó una “provocación inaudita”, como la calificó el diputado DC Gabriel Ascencio. El presidente de la República cometió el injustificable desatino de intentar amedrentar a la familia Vergara Toledo y a los ciudadanos que cada 29 de marzo conmemoran el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ultimados hace 25 años por carabineros (aún no condenados por la Corte Suprema). Hablando a las fuerzas especiales de Carabineros, el mandatario pidió mano dura contra los “delincuentes”, asegurando a Carabineros el apoyo total del gobierno a sus actuaciones para imponer el “orden”. Fue una clara garantía anticipada de impunidad, atendida la brutalidad habitual con que actúan esas fuerzas de choque de la policía uniformada.


Entretanto, en Concepción se decretó el toque de queda en la noche del 29 de marzo y -según el informe de un canal de TV-, además de las patrullas de soldados y carabineros se utilizaron dos aviones no tripulados de tecnología israelí para vigilar desde el aire eventuales actos de protesta... que no ocurrieron.

El balance de la jornada fue menos auspicioso de lo que esperaba el gobierno, teniendo en cuenta el notorio decrecimiento de estas protestas en los últimos años. Si el año 2007 hubo 743 detenidos en el Día del Joven Combatiente, en 2008 esa cifra bajó a algo más de 200 y el año pasado sólo se registraron 29 detenidos. Esta vez hubo 97 personas detenidas en Santiago y Concepción, sobre todo por infracciones al toque de queda en la capital de la región del Bío Bío. El despliegue represivo, siguiendo las directrices presidenciales, fue impresionante. En Santiago y Concepción se desplegaron en combate 15.650 militares y policías para impedir -por intimidación- que ocurrieran protestas que pudieran ser asociadas al aniversario del asesinato de los hermanos Vergara Toledo. La tradicional romería que acompaña a la familia en Villa Francia, fue disuelta por los carabineros una vez terminada, cuando se clamaba por la sentencia que debe pronunciar la Corte Suprema en estos días. La represión en Santiago fue preventiva, con helicópteros se vigilaron los lugares considerados críticos en años anteriores, y se usó a discreción agua y gas lacrimógeno.

Lo sustancial sigue en pie: ¿será posible contener las eventuales manifestaciones populares contra la cesantía y las alzas de precios y tarifas, con el despliegue de militares y policías? ¿No se está volviendo disimuladamente a los tiempos de la dictadura, con zonas de emergencia, estado de sitio y calles copadas por uniformados armados como para la guerra?

Nada bueno promete la orientación del gobierno. Sin embargo, hay que admitir que tiene fuertes posibilidades de imponerse por la debilidad y tendencia a la deserción que campea en la oposición y, sobre todo, por la ausencia de una Izquierda -política y social- independiente, que canalice las fuerzas populares. Frenar los apetitos desorbitados de la oligarquía, impedir que el costo de la reconstrucción lo terminen pagando los pobres -como ya se visualiza- y contener la militarización que sustenta el poder de la derecha, son objetivos que requieren una amplia unidad social y política, encabezada por una firme voluntad de lucha que permita desafiar y derrotar las maniobras del campo reaccionario.

PF
(Editorial, revista Punto Final, edición Nº 706, 2 de abril, 2010)
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Socialismo Revolucionario ,

por un Partido de los Trabajadores

La Reconstrucción nacional debe estar bajo control de los trabajadores:


En Chile existen los recursos para la reconstrucción.

El gobierno ha indicado que para la reconstrucción son necesarios 30 mil millones de dólares, los ahorros del estado son 11 mil millones de dólares. No da lo mismo de donde provengan los 19 mil millones restantes, proponemos un impuesto a las grandes fortunas. Creemos que es impresentable que con tanto dolor, desempleo y miseria tras la catástrofe, con un país que tiene altos índices de pobreza y necesidades básicas sin satisfacer, encontremos a varios chilenos en las listas de las 500 personas más ricas del mundo, entre ellas al propio presidente Piñera. También es necesario pasar a propiedad social a la banca, a la gran minería y a las grandes empresas, bajo control democrático de los trabajadores. Las AFP también deben ser expropiadas, para acabar con un sistema fracasado y en su lugar instalar una seguridad social solidaria que sirva para la construcción nacional. Nos oponemos a una nueva alza del IVA, un impuesto regresivo que castiga a los trabajadores y los pobres

.Reconstruir y poner fin a la desigualdad.

Estamos viviendo una emergencia de gran magnitud que requiere ser enfrentada con decisión y con fuerza. La reconstrucción debe empezar ahora y su costo no puede recaer nuevamente en el encarecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Las víctimas de este terremoto han sido los trabajadores, sus viviendas, sus puestos de trabajo, sus pequeños negocios, sus escuelas, sus hospitales, en general toda su vida ha sido afectada.

La reconstrucción del país es un tremendo desafío que podría permitir no solamente reconstruir si no construir un Chile mejor, pero también está lleno de amenazas. Una reconstrucción que beneficie a la Banca, y las grandes empresas nos dará como resultado un país más desigual, y con más concentración empresarial en pocos grupos oligopólicos.

Los empresarios no pueden enriquecerse más con la reconstrucción

El terremoto y el Tsunami dejaron al descubierto las condiciones precarias de vida y vivienda de gran parte de la población en las zonas afectadas. La otra cara del tremendo enriquecimiento de las elites de nuestro país. No podemos permitir que los empresarios privados que son responsables en gran medida de la destrucción que hubo por el terremoto, por la mala calidad de muchas construcciones de viviendas e infraestructura que colapsaron, conviertan la desgracia de cientos de miles de trabajadores y sus familias en un nuevo gran negocio para ellos, aumentando la concentración de la riqueza y la desigualdad.

Muchas empresas constructoras son las responsables de la destrucción de miles de casas, de algunos edificios, puentes, carreteras y escuelas públicas.

El costo promedio para construir una mediagua antes del terremoto era de 300 mil pesos, pero el gobierno está pagando 600 mil pesos por ellas.

Los empresarios de la electricidad, el agua potable, las telefónicas, demostraron ser totalmente ineficientes e incapaces de entregar un servicio eficiente cuando realmente se necesitaba, todos ellos son responsables de la inseguridad y abuso que vivimos los usuarios durante días y en el caso de Talcahuano hasta hoy.

Las viviendas pueden ser reconstruidas por los trabajadores.

Según los datos del gobierno hasta el momento hay 300 mil viviendas seriamente dañadas, pero solo se están construyendo 30 mil mediaguas, que como máximo podrían llegar a 60 mil, lo demás son carpas o tiendas de campaña, donde están viviendo miles de personas de las viviendas dañadas Los trabajadores y pobladores de todas las ciudades tenemos que exigir ahora que se levanten industrias para construir casas prefabricadas, para comenzar con la reconstrucción. Estas empresas deben estar ubicadas en cada ciudad, para garantizar el empleo a los trabajadores que lo han perdido y su control debe estar compuesta por arquitectos, técnicos, trabajadores de la construcción y representantes del municipio y de los pobladores. Para asegurar la construcción hay que nacionalizar la industria forestal, del acero y del cemento ( Forestal Arauco, cementos Melón y Bio Bio, CAP) para que estas provean de materiales para dicho plan, así como también intervenir las grandes empresas de materiales de construcción como HOMECENTER, SODIMAC O EASY, no podemos permitir que sigan lucrando con la pobreza y la destrucción.

No podemos aceptar la perpetuación de la miseria.

Es vital que los trabajadores organizados de la industria forestal y de la construcción solidaricen con la estatización de estas empresas porque miles de sus hermanos están hoy en la calle y para terminar con la crítica situación que tenemos.

El techo para chile no puede convertirse en miles de mediaguas sin agua ni alcantarillado, ni calles con barro, ni enfermedades. Hay recursos para construir mejores viviendas y si el gobierno y las autoridades no lo quieren hacer es porque no representan los intereses de los trabajadores y ven en esta situación futuros negocios inmobiliarios a realizar.

Un plan de reconstrucción que contemple la creación de empleo.

Ya son miles los trabajadores que han perdido sus empleos, cientos de empresas grandes, medianas y pequeñas fueron destruidas. Sus dueños no perdieron tanto, a ellos les queda lo que han ganado, sus buenas casas, sus ahorros y el pago de los seguros. Pero son los trabajadores, portuarios, pequeños pescadores artesanales y trabajadores del campo y sus familias los más golpeados, de la noche a la mañana se han quedado sin sustento y sin casa.

Las empresas que se han visto afectadas por el terremoto y tsunami tienen que garantizar el trabajo y los sueldos, no hay que permitir que se aprovechen y despidan o bajen los salarios. Donde las empresas no quieran seguir funcionando deben ser los propios trabajadores organizados en sindicatos los que tomen el control de la producción.

Trabajo y salario mínimo de $350.000 pesos mensuales.

La reconstrucción necesitará de mucho trabajo y son miles los que hoy se han quedado sin su fuente de ingreso. En todas las ciudades del país los trabajadores deben levantar empresas estatales de construcción, dirigidas por los sindicatos del rubro, para construir viviendas, hospitales y escuelas de calidad. Donde se garantice el trabajo y un ingreso mínimo de 350 mil pesos a cada trabajador.

Las bases para la reconstrucción existen. El país cuenta con enormes riquezas naturales, en la minería, la pesca, las forestales, etc., pero estos recursos deben recuperarse y ponerse en manos de la mayoría de los chilenos. Hay que exigir también que todos los recursos económicos que los bancos y las AFPs se han apropiado, con intereses desmedidos y leyes a su medida, con los créditos y nuestra previsión sean invertidos en el país y directamente en la reconstrucción.

La reconstrucción debe ir de la mano del cambio de sociedad.

Hay que sobreponerse a este terremoto y luchar para que la sociedad que logremos reconstruir sea mucho mejor que esta y que sobre todo que sea más justa. No es justo que mientras los propietarios de los Bancos se embolsan millones cada día con los créditos usureros que entregan, miles de familias se estén preguntando cómo van a poder vivir sin casa y como lo van hacer para pagar un arriendo y como podrían pagar un dividendo. No es justo que mientras las grandes empresas mineras privadas siguen llevándose más del 70% de la venta del cobre, CODELCO que sólo produce el 28% aporta la mayor parte de los ingresos del Estado para gastos sociales.

Piñera es el presidente de los empresarios.

Tenemos medio país en el suelo y el gobierno de Piñera, todos sus voceros y economistas nos dicen que el país no tiene recursos suficientes para la reconstrucción. Pero sabemos que todo eso es mentira porque sí hay recursos y más que suficientes, no sólo para atender las necesidades inmediatas sino que para elevar rápidamente la calidad de vida de toda la población del país. Hay recursos para reconstruir y también para dar un salto cualitativo hacia un verdadero desarrollo.

Hay que terminar con el saqueo a nuestras riquezas naturales.

Dentro de los principales obstáculos que hoy tienen los millones de pobres y trabajadores chilenos para mejorar sus condiciones de vida y para vivir en una sociedad más justa y prospera, es la propiedad privada de las principales riquezas naturales, especialmente la explotación del cobre.

Hoy Codelco sólo extrae el 28% de la explotación total del cobre de Chile. El otro 70% esta en manos de empresas privadas que además de apropiarse de nuestros recursos naturales pagan bajos impuestos. Durante las últimas décadas la cantidad de cobre extraído y por ende las millonarias ganancias obtenidas por parte de las empresas mineras -de capitales nacionales y extranjeros- llegan a cifras siderales. Este saqueo es peor que el hombre que entra a una tienda y se lleva todo lo que puede, las empresas mineras lo realizan todos los días, pero a ellos los medios de comunicación no los graban ni les piden explicaciones. Este es el verdadero saqueo que sufre nuestro país.

El cobre debe estar bajo control de los trabajadores.

La gran minería del cobre nos puede dar los recursos necesarios para reconstruir y mejorar la calidad de vida de las personas. Pero pocos son concientes que actualmente apenas un 28% del cobre que se produce en Chile, es extraído por Codelco – la única empresa estatal – el resto está en manos de empresas privadas, en su mayor parte multinacionales extranjeras, que apenas pagan un royalty del 5%. Necesitamos que toda la explotación del cobre vuelva a manos de la sociedad chilena, y que la empresa esté bajo control de sus trabajadores y la ciudadanía.

No basta con pedir que las empresas mineras paguen un poco mas de impuestos, hay que hacerlo tal y como se hizo con los saqueadores. Tienen que devolver lo que han saqueado, tan simple como eso, no pueden llevarse lo que no les pertenece. La legalidad en la que se amparan para no pagar impuestos es la misma que han defendido los anteriores y el actual gobierno para garantizar este robo. Este terremoto y sus consecuencias dejan toda esta legalidad que beneficia a unos pocos y su legitimidad por el suelo, junto a los adobes.

Sólo los trabajadores pueden ayudar a los trabajadores.

Nuestra solidaridad no tiene nada que ver con las migajas que los empresarios le entregan a Don Francisco. Esas platas son solo parte insignificante de las ganancias que día a día obtienen los grandes empresarios robando nuestros recursos naturales y asaltando nuestros bolsillos. Esa solidaridad tiene más de remordimiento que de justicia y lo que se necesita es justicia. Solo con la solidaridad de los trabajadores se puede asegurar que la reconstrucción sea realmente una tarea para que la mayoría logre vivir en mejores condiciones. Los socialistas somos solidarios no porque tenemos millones de pesos para regalar sino porque somos parte de las millones de personas que todos los días seguimos aguantando el sistema capitalista que sólo beneficia a una minoría rica.

Los trabajadores debemos organizarnos para que los grandes empresarios, su gobierno, sus funcionarios y sus fuerzas represivas no conviertan la reconstrucción de Chile en un país aun más miserable. Sólo los trabajadores pueden hablar de porvenir y una mejor sociedad, ya que a la actual la naturaleza se encargo de desenmascararla.

Solidaridad y unidad de la clase trabajadora es el primer paso para que bajo una planificación socialista y democrática se logre reconstruir verdaderamente el país con mejores casas, hospitales, escuelas y caminos. El país se va a levantar sólo cuando sus trabajadores se levanten por su propio futuro y dejen de esperar la caridad que puedan ofrecer por un tiempo los ricos y su gobierno.

Medidas inmediatas:

Recontratación de todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo, en labores de reconstrucción.Fijación de los precios de los productos y servicios básicos.

Poner urgencia a un Plan de reconstrucción de las viviendas de los trabajadores.Recursos y personal de la FF.AA. deben ser destinados a labores de reconstrucción y NO POLICIALES. Los jóvenes reclutas deben recibir un salario justo por esta labor.Nacionalización del cobre, la banca, las AFP y la industria de la construcción, bajo control de los trabajadores.

SOCIALISMO REVOLUCIONARIO.

viernes, 2 de abril de 2010

Pymes le atajan gol a gobierno de Piñera


escrito por Galy Chávez
Fuente El Clarin

nte las protestas de pequeños y medianos empresarios, el gobierno de Piñera se vio obligado a echar pie atrás a la determinación de comprar materiales para la reconstrucción, por 8 mil millones de pesos, a solo tres poderosas firmas del rubro: Sodimac, Easy y Construmart.


Tras los reclamos de los comerciantes del rubro, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló: “voy a hacer una transferencia de recursos para que las Intendencias contribuyan comprando materiales de construcción a estas pequeñas cadenas de ferreterías locales y, de esta manera, también ayuden a la reactivación del comercio".


Sin embargo, dejó en claro que estos dineros “son adicionales a los $8.000 millones contemplados” en el programa “Manos a la Obra”.


En un abierto favoritismo a los grandes empresarios, el secretario de Estado había anunciado que la decisión de comprar – con fondos estatales- los insumos a las firmas mencionadas se “basó en la oferta de mercado”.


Aludió, además, a la “eficiencia, rapidez y los bajos costos” que las tres compañías elegidas aseguraban para iniciar los trabajos de reconstrucción post terremoto.


En la asignación de estos recursos que en definitiva salen de los bolsillos de todos los chilenos, las autoridades de gobierno se saltaron el proceso de licitación pública.


El diputado del Partido Radical Social Demócrata, Carlos Abel Jarpa, fustigó al gobierno de Sebastián Piñera por considerar que “la adjudicación de las empresas proveedoras de insumos para el Plan de Reconstrucción se haya hecho sin licitación”.


“Esto demuestra, una vez más, la poca transparencia y el evidente conflicto de interés que hay entre el Gobierno y la empresa privada”, señaló el parlamentario.


La empresa Homecenter-Sodimac pertenece al grupo Falabella, consorcio al que estaba vinculado, hasta horas antes de asumir su cargo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno.

Falabella es de propiedad de la familia Solari quien le compró al Presidente Piñera un paquete de sus acciones de LAN Airlaines.


Easy pertenece a la multinacional Cencosud controlada por Horst Paulmann, catalogado por la Revista Forbes como el tercer multimillonario chileno con una “torta” de 5 mil millones de dólares”.


La empresa Construmart proviene de la fusión de las Compañías, Chicharro, Comercial Eguiguren y Comercial Marbella.

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