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miércoles, 7 de abril de 2010


Diputada Nogueira (UDI) formalizada por fraude al fisco

Por Angélica Meneses / Lanacion.cl
Foto UPI

En tanto, el ex diputado RN René Aedo logró un acuerdo alternativo y no será formalizado por negociación incompatible. Debe donar $1 millón a Un Techo para Chile, y devolver los $10 millones cuestionados.

Formalizada por fraude al fisco quedó hoy la diputada UDI Claudia Nogueira, luego de asistir a la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, en el marco de la investigación por irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

Nogueira es investigada por el pago de $20 millones en asesorías, recursos que luego retornaron a sus arcas a través de depósitos en la cuenta corriente de su marido, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo.

La diputada no quiso hacer declaraciones al término de la formalización y fue la defensa la que explicó por qué no pidieron el sobreseimiento, como lo habían anunciado el lunes.

“La Corte Suprema señala que la solicitud de sobreseimiento temporal procede si se ha producido como paso previo la formalización. Hay opiniones a favor y en contra de esto, pero para evitar cualquier vicio hemos estimado procedente pasar por la formalización”, dijo el abogado Mario Zumelzu.

Explicó que en su momento pedirá el sobreseimiento temporal, apelando a que existiría una “cuestión civil previa”, que según dijo haría prevalecer instancias internas de la Cámara de Diputado para revisar cuentas parlamentarias antes de la intervención judicial

“El órgano legal y constitucionalmente llamado a conocer y juzgar las cuentas parlamentarias no es el Ministerio Público, sino la comisión revisora de cuentas y en el día de ayer ingresamos una petición a la presidenta de la Cámara para que se constituya esta instancia como órgano encargado de conocer y juzgar en particular la cuenta de Claudia Nogueira”, apuntó.

Suspensión condicional para Aedo

El tribunal vio también el caso del ex diputado RN René Aedo, quien logró un acuerdo que implica devolver los $10 millones cuestionados por el arrendamiento irregular de una sede parlamentaria y donar $1 millón a Un Techo para Chile, a cambio de la suspensión condicional de la investigación.

El fiscal Jorge Abbott sostuvo que se llegó a este acuerdo porque el delito de negociación incompatible que se perseguía tiene una penalidad menor. “De haber sido condenado el diputado la pena que arriesgaba era mínima. Con esta fórmula se permite reintegrar todos aquellos recursos que el Estado tuvo que gastar para pagar el arrendamiento de una sede parlamentaria con infracción a la norma legal que prohíbe a los funcionarios públicos celebrar contratos con parientes o con sociedades en las cuales ellos tengan participación”.

Advirtió que “la suspensión es por un año y supone que durante este período el parlamentario no puede ser objeto de una nueva formalización, si no queda sin efecto la suspensión condicional”.

El fiscal recalcó que con este procedimiento “quedó establecido al menos que es posible un eventual reproche penal a los parlamentarios en el uso de las asignaciones”, apuntando que es importante dejar precedente de que “todos los parlamentarios son también funcionarios públicos y en consecuencia están sujetos a un eventual reproche penal en función del uso de recursos del Estado”.

Aedo era socio de la entidad que era dueña del inmueble arrendado por él, siendo parlamentario, para desarrollar actividades propias de su función

Juez Garzón será juzgado por tratar de investigar el franquismo / EFE

El magistrado español, que en 1998 procesó a Augusto Pinochet, es acusado de prevaricación por declararse competente de estudiar casos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictacura.

El juez Baltasar Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.

El magistrado del Tribunal Supremo de España, Luciano Varela, notificará hoy el auto judicial en el que acuerda juzgar a Baltasar Garzón, informaron a Efe fuentes jurídicas.

La decisión del juez del Tribunal Supremo llevará previsiblemente a la suspensión cautelar de Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional española que cobró gran notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador Augusto Pinochet.

Los hechos por los que está encausado se remontan a 2008 cuando Garzón se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y en la dictadura franquista, para lo que llegó a ordenar la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas durante esa época.

Contra la resolución del magistrado del Tribunal Supremo cabe interponer recurso de apelación, según han informado fuentes del Alto Tribunal.

En la misma, el juez Varela deniega las pruebas que había reclamado Garzón y emplaza a las partes, la defensa, la Fiscalía y los querellantes: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS (de ultraderecha), a que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.

El juez Baltasar Garzón había reclamado que se citara antes a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.

Entre los testigos solicitados por el magistrado figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán, que en 1999 procesó a Augusto Pinochet, y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Meses después de declararse competente para investigar, Garzón se inhibió en favor de los juzgados locales donde están ubicadas las fosas.

El juez explicó en ese momento que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos “permanecen” y no prescribieron.

Baltasar Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.

El juez Varela sostiene que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y que “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo... sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España”.

martes, 6 de abril de 2010


ACUSAN A NUEVO DIRECTOR DE GENDARMERIA DE ESTAR INVOLUCRADO EN CASO “DEGOLLADOS”



Diputado comunista solicitó al Presidente Piñera su salida del servicio.
Fuente patagonico


General en retiro de Carabineros Iván Andrusco, participó de la Dicomcar en 1985.


En ese año fueron asesinados José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero a manos de Carabineros.


El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez solicitó la salida del recientemente nombrado director nacional de Gendarmería, el general en retiro de Carabineros Iván Andrusco Aspe, que -según afirma- podría favorecer a procesados por violaciones a los DD.HH.


Esto, en su condición de ex funcionario de la Dirección de Comunicaciones de la policía uniformada (Dicomcar) entre enero y julio de 1985, periodo de tiempo en que se produjo el secuestro y posterior degollamiento de los profesionales José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero por parte de miembros de Carabineros, informó radio “Cooperativa”.


“Andrusco es hoy director de Gendarmería y muchos de sus compañeros están detenidos por crímenes durante su estadía en la policía, que duda cabe que serán favorecidos con algún beneficio carcelario”, señala la misiva entregada por Gutiérrez, el abogado Boris Paredes y la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.


Chile no tiene autoridad moral para dar lecciones de Derechos Humanos, ni a Cuba ni a ningún país


por Casa Memorial Salvador Allende y la comunidad Chilena residente (La Habana, Cuba)

Declaración pública de la Casa Memorial Salvador Allende y la comunidad Chilena residente en la Habana, Cuba

La Habana, 24 de marzo de 2010
"Año 52 de la Revolución"

En el transcurso de los últimos días, dirigentes políticos e instituciones del Estado de Chile, con el beneplácito del propio Presidente de la República y para el deleite de la prensa de derecha, han emprendido una escalada de declaraciones injuriosas contra Cuba, sumándose así a la nueva ofensiva internacional de carácter abiertamente injerencista en los asuntos internos de este país hermano que solidariamente nos da acogida, nuevamente bajo el pretexto de las supuestas violaciones a los Derechos Humanos y de la supuesta falta de democracia en la Isla.

Ante ello, la Casa Memorial Salvador Allende, recogiendo el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos residentes en Cuba, quiere declarar lo siguiente:

1.- Que ninguna institución del Estado de Chile tiene autoridad moral para dar lecciones de Derechos Humanos, ni a Cuba ni a ningún otro país del mundo. Tanto el actual gobierno como las dos cámaras que conforman el poder legislativo en Chile, se sostienen en buena medida en partidos que, o promovieron abiertamente el terrorismo de Estado bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989), o sencillamente guardaron cómplice silencio ante toda su secuela de exiliados, encarcelados, desaparecidos, ejecutados y torturados; violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos sobre las que, en última instancia, muchos de sus personajes multiplicaron sus fortunas y respecto de la mayoría de las cuales aún no se ha hecho justicia, tal y como lo demuestran varios informes elaborados por instituciones chilenas e internacionales.

La clase política chilena no tiene moral para exigir y dar lecciones en esta materia, toda vez que en Chile se violan los más esenciales Derechos Humanos. El terremoto que azotó a varias regiones chilenas el pasado 27 de febrero, una vez más ha dejado al desnudo la existencia de los "dos Chiles": uno opulento, que concentra cada vez más la riqueza y el poder político en pocas manos, y otro que de la noche a la mañana ve caer sus viviendas, sus escuelas, sus hospitales, y con ellos, buena parte de sus sueños de una vida mejor y digna. De esos Derechos Humanos, que para el pueblo de Cuba y sus autoridades, por el contrario, han sido preocupación principal por más de 50 años, sencillamente en Chile no se habla, o se los menciona como algo que sólo hay que corregir, como si no se tratara de un problema estructural de un modelo de acumulación que en el mundo actual viene demostrando su fracaso por todas partes.

Pero incluso con respecto a los Derechos Humanos que tanto preocupan a la clase política y a la prensa pseudo-democrática chilena, tampoco tienen nada qué decir. En Chile se persigue, se encarcela y se tortura a los pueblos mapuche que defienden lo poco y nada que les ha quedado tras la usurpación de sus tierras y su cultura por parte del Estado de Chile a lo largo de varios siglos; se alimenta por la fuerza a la comunera mapuche Patricia Troncoso en huelga de hambre, violando impunemente la Convención de Malta; se criminaliza la protesta social; se debe solicitar autorización al gobierno para marchar en las calles, se reprime con la fuerza física y mediática a los miles de estudiantes que demandan mejorar la calidad y la cobertura de la educación en todos sus niveles, con la policía antimotines a los trabajadores que en la calles de Chile cada cierto tiempo demandan una repartición sólo un poco más justa de los logros macroeconómicos del "ejemplo chileno"; en Chile, como lo han consignado organismos internacionales, se tortura a los prisioneros por delitos comunes que viven hacinados en las cárceles, verdaderas escuelas de delincuencia, mientras que, por el contrario, en Cuba se les brinda la oportunidad de estudiar o desarrollar habilidades para su reinserción social. En los muchos años que tantos de nosotros hemos compartido con el pueblo de Cuba, nunca hemos visto protestas multitudinarias reprimidas por la fuerza, el pueblo marcha en las calles de la Habana y el país por su propia voluntad a verdaderas jornadas de fiesta popular en celebración y defensa de sus conquistas sociales.

2.- Que nos resultan no sólo injustas y unilaterales, sino sencillamente carentes de la ética más elemental las declaraciones oficiales del Senado, a propuesta de tres senadores demócrata-cristianos, y de la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados de Chile sobre Derechos Humanos y democracia en Cuba. En el primer caso, y tal como lo han destacado algunos de sus propios compañeros de partido, se trata a todas luces de una maniobra oportunista destinada a congraciarse con el actual Presidente de Chile y cerrar filas con la agenda internacional de la nueva Cancillería. En todo caso, no es primera vez en la historia que el partido demócrata cristiano chileno recurre a la artimaña de arrimarse al bando de los ganadores de turno para recuperar protagonismo en la escena política, y en cierto modo es hasta comprensible en el contexto de una clara tendencia a la baja en la preferencia de los electores que viene experimentando dicho partido en los últimos años.

Más nos sorprende la declaración de la bancada socialista de la Cámara de Diputados, pues se trata de un partido cuya mayoría de militantes de base y muchos de sus dirigentes, más allá de las lógicas discrepancias, tradicionalmente han mantenido una relación de amistad y respeto con Cuba, relación por la que, entre otras cosas, muchos de sus miembros y sus familias fueron acogidos con los brazos abiertos por el pueblo cubano. Ciertamente, esto no los obliga a compartir el camino que soberanamente se ha dado Cuba, toda vez que éste país ha tendido su mano solidaria de manera desinteresada en cada rincón del mundo cada vez que ha sido necesario, pero sí les impone un compromiso ético básico con la verdad y con la consideración de la totalidad de los hechos antes de emitir juicios a la ligera. Más aún, sorprende e indigna que dicha bancada no haya hecho una sola mención al criminal bloqueo que los EEUU ha impuesto por más de 50 años sobre el pueblo de Cuba, algo que al menos el senado chileno tuvo el decoro de mencionar en la declaración ya aludida, cosa que por lo demás casi nadie seriamente se atreve a defender abiertamente hoy en día. Indigna que además se haya hecho en el mismo momento que una brigada médica cubana presta ayuda solidaria a las víctimas del reciente sismo, dos hospitales de campaña enviados por el gobierno de Cuba desplegado en la sexta región de Chile.

3.- Que todas estas maniobras se insertan en el marco de una nueva campaña de ataques fundados en el odio y la mentira, orquestada por los EEUU y sus más incondicionales aliados, en respuesta a los logros más recientes de la diplomacia cubana en la región de Nuestra América y el mundo, tales como la participación de Cuba en la Cumbre de Río, la reciente resolución para su reincorporación a la OEA, su participación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etc., así como en respuesta al reconocimiento de las conquistas sociales del pueblo y el gobierno de Cuba por parte de organismos internacionales como la OMS/OPS, la UNICEF, etc.

Como chilenos residentes, que hemos vivido, compartido y luchado junto a su pueblo tenemos una enorme deuda de gratitud con Cuba. Pero, más que eso, tenemos un compromiso con los principios fundamentales que han guiado sus destinos por más de 50 años. Es lo que nos hace rechazar y condenar enérgicamente esta nueva andanada de odiosidades y mentiras que sólo mentes muy estrechas y mal intencionadas pueden sostener con tanto ahínco, aquellas que no pueden aceptar que Cuba siga optando y ganando batallas en aras de un modo distinto de construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria, centrada en las necesidades fundamentales de hombres y mujeres y por el mejoramiento de la especie humana.

“CON CUBA, FRENTE A LA NUEVA CAMPAÑA DE INFAMIAS Y MENTIRAS”
Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina OSPAAAL

lunes, 5 de abril de 2010

AFDD y oposición critican política de DDHH de Piñera


Designación de Izurieta y toque de queda demuestran que “se va a instalar la impunidad y la represión”, según familiares de Detenidos Desaparecidos.
La nacion.cl Foto Marcos Rodriguez ARI

Su rechazo a la política de Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera, manifestaron este lunes familiares de Detenidos Desaparecidos en dictadura, junto a diputados de distintos partidos de oposición.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que "no hay dudas que lo que viene por delante es poco halagüeño y que todo apunta a que se va a instalar la impunidad, la represión y la pérdida de las libertades públicas”.

La dirigenta del organismo, que había manifestado "desilusión" tras la primera cita con la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, la abogada Rossy Lama, recalcó que “la reorganización del programa de Sebastián Piñera trae consigo el debilitamiento de lo alcanzado”.

La designación del ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, como Subsecretario de Defensa, es uno de los ejemplos que plantearon como una “mala señal para los procesos judiciales en curso”, según dijo Pizarro.

Al respecto, el diputado socialista Sergio Aguiló dijo que "se deteriora el Estado de Derecho cuando el gobierno golpea los cuarteles" para nombrar funcionarios de gobierno.

También los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC) plantaron su desazón frente a este nombramiento, así como a otros aspectos relacionados con la política de DDHH del gobierno.

Jiménez parafraseó al presidente Piñera y dijo que "en 20 días se derrumbó el trabajo de la Concertación de 20 años para separar a las Fuerzas Armadas del poder civil".

En cuanto al decreto para declarar estado de excepción en el Biobío el pasado 29 de marzo, cuando se conmemoró el "Día del Joven Combatiente", Lorena Pizarro apuntó que ello "recuerda años de dictadura".

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago. Fono-fax: 6960678. E-mail:afdd@tie.cl

A CASI UN MES DE ASUMIDO EL GOBIERNO DE DERECHA, COMPARTIMOS INQUIETUDES.

Las consecuencias del terremoto del 27 de febrero ha generado por parte de todos los medios de prensa y de difusión, una natural cobertura, en su mayoría plagada de notas de lo sufrido por los más pobres, quienes siempre serán los que pagarán los costos, no solo de los embates de la naturaleza.

En lo que lleva de asumido el gobierno de derecha, encabezado por Sebastián Piñera, muchas situaciones relacionadas con los derechos humanos, los derechos ciudadanos y las libertades públicas han tendido a pasar inadvertidas, no así para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Es sobre ellas que queremos poner el acento, dado que nos parecen peligrosas.

Estas son algunas:


- Designación del ex Comandante en Jefe del Ejército, General ® Oscar Izurieta en la Subsecretaría de Defensa, quien asume el cargo inmediatamente después de dejar la Comandancia en Jefe ¿quién podría poner en duda que este cargo en el Ministerio de Defensa fue negociado siendo aún un militar en ejercicio?. Nos parece grave y una muy mala señal para los procesos judiciales en curso, que el actual subsecretario Izurieta haya sido quien en reunión con nuestra Agrupación, negara poseer antecedentes acerca de aquellos que estaban bajo su mando para que posteriormente algunos de ellos, aparecieran ejerciendo funciones dentro del propio ejército y que de algún modo haya justificado los descuentos por planilla a los funcionarios para solventar gastos de abogados defensores de los violadores de derechos humanos pertenecientes a sus filas.

- Los dichos de otro ex Comandante en Jefe del Ejército, General ® Juan Emilio Cheyre quien en forma explícita asume una posición política, primero como adherente a la campaña de Sebastián Piñera y luego acusando de debilidad a la ex Mandataria, nos habla sin lugar a dudas, de un ejército politizado, contraviniendo las normas constitucionales que dicen relación con la neutralidad y subordinación al poder civil.

-

- El asesinato del poblador David Riquelme, perpetrado en Hualpen por efectivos de la Marina, requiere de una certera investigación por parte de la Justicia Civil.

- Decreto de toque de queda para la Octava Región, con ocasión de la conmemoración de Día del Joven Combatiente, decreto asumido por el Jefe de Zona, sin mediar consulta a la autoridad civil pero indudablemente apoyada por esta. ¿Una demostración de fuerza en aras de la disciplinación ciudadana?

- Siguiendo con las medidas para enfrentar un día de conmemoración, ampliado hasta el agotamiento en tiempos pasados y desinflado o ubicado en su justa medida en estos tiempos. El Ejecutivo se reúne con las Fuerzas Especiales de Carabineros para que “en aras de la paz y tranquilidad” desplieguen su poder de fuerza “preventiva” ¿otro ejemplo disciplinador del movimiento social?, ¿una advertencia previa al 1 de mayo y al 11 de septiembre?

- Indultos, con una Iglesia Catedral en estudio de posible daño estructural, se reitera por parte de la Iglesia Católica la necesidad de indultar a prisioneros ancianos y enfermos, gesto dispuesto a ser implementado por la nueva autoridad, nada se dice de la imposibilidad de acceder a tal beneficio por parte de violadores de derechos humanos, responsables de crímenes de lesa humanidad.

- Nombramientos varios, desde Intendentes pro nazis (removido de inmediato), hasta diligentes implementadoras de eficacia y eficiencia como es el caso de la nueva Secretaria Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior.

- En un espectro más amplio de lo que son los derechos humanos, cabe destacar la suspensión momentánea del Plan Auge en salud, los despidos arbitrarios de trabajadores. La culminación de toda esta “nueva forma de gobernar”, se grafica con la entrega sin licitación previa, de 8 mil millones de pesos a tres grandes empresas; Easy, Sodimac y Construmart, del rubro de la construcción para que los Municipios les encarguen los materiales para la reconstrucción. Gobierno de empresarios, favoreciendo a empresarios, ¿alguna duda?.

POR UN BICENTENARIO CON MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIA

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Diputados:

Sergio Aguiló Tucapel Jiménez

Gabriel Silver Hugo Gutiérrez

Alberto Robles

Santiago, 5 de abril de 2010


SEÑOR
EDITOR DE MEDIO DE COMUNICACION Y DIFUCION PUBLICA
PRESENTE

El cinismo político y sus costos

El cinismo político y sus costos Las cúpulas de la Concertación presentan una patética actitud de soberbia, queriendo explicar lo inexcusable, incapaces de asumir que están sufriendo una derrota que ellos mismos provocaron.

Parecen no entender que las malas prácticas se fueron acumulando hasta reflejarse en el voto castigo que los desalojó del poder. Parecen no asumir que el rechazo a su gestión, al centralismo, a la sectaria actitud de las cúpulas, a los operadores políticos rentados, a las corruptelas instaladas en muchas áreas de la gestión pública, son las causas de su desalojo.

Olvidan las primarias truchas, olvidan los escándalos de corrupción que siguen apareciendo. Olvidan el trato que dieron a las víctimas del régimen militar. Olvidan su incapacidad para tocar el modelo heredado y parecen no hacerse cargo de los errores de gestión, como Transantiago, Ferrocarriles.

No quieren asumir que la derrota no fue culpa de los díscolos o los descolgados, sino de quienes hicieron del poder un botín compartido de manera sectaria y no un instrumento legítimo para trabajar tras un modelo distinto de sociedad, por las grandes mayorías que en algún minuto representaron y a las cuales dieron la espalda. Como dieron la espalda a la dirigencia social de los ochenta, a los medios de prensa que abrieron cauces a la democracia, situación que hoy lamentan por la precariedad comunicacional en que hoy se encuentran.

Es evidente que en materia de ideas sobre sociedad, hay una gran mayoría ciudadana que podríamos entender como la clase media, que no aspira a modelos colectivistas, sino que apuesta a un modelo social de mercado que esté enmarcado en una doctrina liberal individualista, que ha sido la doctrina oficial que no tuvo contrapesos, ya que la clase política de centro izquierda fue incapaz de proponer un referente distinto.

Hay sectores medios que se asumen como más progresistas, que tratan de corregir el capitalismo depredador y concentrador, promoviendo una sociedad de economía mixta, articulada en torno a un Estado Regulador y Fiscalizador de mayor peso, que permita una mejor distribución de los costos y beneficios de la economía. También están los que colocan el acento en un Estado Benefactor, que corrija las inequidades con subsidios directos a los sectores más vulnerables.

En general, la clase media añora un Estado que funcione correctamente, que se modernice, que preste servicio sin discriminación, que sea creíble y confiable. En general, los sectores medios son los que con mayor lucidez quieren una gestión pública transparente y efectiva. Es decir, que se clarifique el destino de los impuestos que ellos pagan y que los encargados del gobierno rindan cuentas de su gestión. Estos sectores medios han sido los que paulatinamente, en el correr de los veinte años, fueron alejándose de la política para ensimismarse en sus problemas cotidianos.

De ese divorcio entre la sociedad civil y la política dan cuenta los resultados obtenidos por la Concertación en la última elección. En los gobiernos de la Concertación, de los idearios libertarios que se aunaron para el Plebiscito de 1988, se pasó gradualmente a alianzas estratégicas con agentes económicos nacionales e internacionales y el discurso de los políticos de la concertación fue perdiendo consistencia.

El tráfico de influencias, la colusión de intereses, el aprovechamiento de los partidos de sus espacios de poder, fueron desvirtuando la esencia de la coalición gobernante. Cuando fueron sorprendidos y emplazados ante la justicia por las máquinas instaladas para la corrupción, la reacción fue propia del cinismo político, ya que enarbolaron las mismas normas irrespetadas que formaban parte del sistema republicano, para exponerlas como nuevos compromisos por la transparencia. La inconsecuencia, el doble discurso, fue el estilo imperante.

La Concertación resultó permeable y funcional a la influencia de las grandes Corporaciones; como evidencia de esto estuvieron los contratos de Concesiones, leoninos para el Estado y los ciudadanos usuarios. El despotismo cínico de la Concertación fue vestirse de socialistas, pero actuar en los hechos como eslabones de un sistema global altamente concentrador de la riqueza. Fue el cinismo en política, legislar por una parte para reparar a los exonerados políticos por el daño patrimonial causado al ser removidos por el régimen militar, y luego incumplir lo que dice la ley, violando sus derechos adquiridos y repartiendo pensiones mínimas que violentaban el espíritu de la ley.

Cinismo político que significó abrir la Comisión Valech y colocar un silencio de 50 años respecto a sus conclusiones, limitando a las víctimas actuar ante la justicia para denunciar a sus victimarios,y donde las pobres victimas se han encontrado hasta los dias de hoy ,con paredes enormes por parte del Consejo de defenza del Estado de Chile ,quien alega Prescripcion ,y que los Juicios estan fuera de tiempo ,aun sabiendo que estos no prescriben por ser de lesahumanidad e incluso llegando a pedir a los Tribunales ,que las Demandas sean presentadas en forma inviduales con el proposito de debilitarlos y hacerlos fracasar ,y sabiendo que las pobres victimas,no cuentan con solvencia Economica para poder contratar un abogado que los defienda,y que una vez mas se contrapone a lo que esta Concertacion salio a trasmitir hacia el extrangero en su doble discurso de niños buenos.

Fue cinismo político hablar de gobierno ciudadano y de participación, cuando las decisiones cruciales se tomaban de espaldas al pueblo, de manera inconsulta y a puertas cerradas, o bien se generaban inoperantes y gigantescas comisiones que conducían a vías muertas, mientras los hechos consumados favorecían a aquellos poderes que usaban conspicuos lobbistas, quienes tenían fácil acceso a palacio, recurriendo a vínculos cultivados en épocas de revolución y exilio.

Es lo que se repitió desde la revuelta de los pingüinos y se vio en el apoyo testarudo a proyectos que tenían un extendido rechazo social y ambiental Por todo lo expuesto, por esa gran masa de chilenos que se automarginó de la política, por los que exploraron una alternativa diferente que los interpretase con mayor sintonía, la Concertación perdió el gobierno. Así se vio venir en las elecciones municipales, cuyos resultados cualquier político no obcecado habría leído con lucidez.

Y perdió porque no pasó el filtro que puso la ciudadanía: la probidad y la transparencia. El sentimiento mayoritario de chilenos que rechazan la corrupción, venga de donde venga, y que por ende rechazaron, con un voto de omisión o abstencionismo, el relativismo moral y el cinismo político que mostró la Concertación, cuesta abajo en la rodada.


Atacama, sábado, 03 de abril de 2010 Una mirada libre a nuestro entorno


Agrupación Solidaria de Ex Presos Políticos y Torturados de Magallane

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