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martes, 3 de noviembre de 2015

En las afueras del ex congreso, debemos mejorar el proyecto...asignación profesional para todos los escalafones

En las afueras del ex congreso, debemos mejorar el proyecto...asignación profesional para todos los escalafones, asignación técnica, asignaciones de especialidad ...se olvidaron de nuestras propuestas...cuales fueron las verdaderas demandas después del paro ....

Esposa de candidato a la Fiscalía Oriente es socia de abogados de SQM

Pablo Basadre e Ivonne Toro 03 Noviembre, 2015
Fotos: Agencia Uno
El fiscal Manuel Guerra militó en su juventud en el Partido Radical (PR). Quienes lo conocen, lo califican como un hombre culto, de muñeca política y cercano al actual Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. En el PR comentan que en sus tiempos de militancia se identificaba con el grupo cercano al influyente abogado Isidro Solís. Radicado en Iquique, su esposa, quien trabaja en Sernageomin, mantiene vigente una sociedad con dos abogados que litigan causas de Soquimich en el norte. Para Guerra, en caso de ser elegido para el cargo y recibir en sus manos la arista Penta-SQM, no se configura una inhabilidad según lo establece la ley del Ministerio Público.

GUERRA
El fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra Fuenzalida, es uno de los candidatos a los que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha mirado con buenos ojos para ocupar el sillón de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Si Chahuán elige a Guerra, en caso de que éste quede en la terna que debe confeccionar la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel el próximo 6 de noviembre, el jefe del Ministerio Público cerrará con un broche de oro su retiro, luego de que el Congreso ratificara al actual Director Ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott (su candidato) para encabezar la institución por los próximos ocho años.
El posible nombramiento de Guerra significará también, en los hechos, el control de otro de sus cercanos en una de las más importantes investigaciones a la clase política de los últimos años, pues Guerra podría eventualmente asumir las causas de Penta-SQM que actualmente tramita el propio Chahuán. Abbott, quien debería haber tomado estas investigaciones, ya anunció su inhabilidad en Penta por su parentesco con Alfredo Moreno, el ex canciller que hoy preside ese grupo económico.
Si es elegido, Guerra se enfrentará a una situación similar a la de Abbott y a la del fiscal Alberto Ayala, quien se inhabilitó en enero de este año por “razones de transparencia” atendido el vínculo laboral que lo unió a SQM por más de 12 años.
Pues bien, según el Diario Oficial, la esposa de Guerra, María Fernanda Martínez Saldías, quien es directora regional del Sernageomin en Tarapacá desde julio de 2014, mantiene vigente la sociedad inmobiliaria “Alcyon” con un grupo de abogados dentro de los cuales se encuentran dos juristas que han litigado causas en favor de Soquimich en el norte. Se trata de Gonzalo Ramírez Águila y Gonzalo Ruiz Requena (quien participa en Alcyon a través de Recor, otra sociedad).
El nombramiento de Martínez en el Sernageomin, aseguran fuentes del organismo estatal, generó molestia en la zona y hace unos meses la Contraloría Regional recibió dos denuncias acogidas a la reserva de identidad en que se le acusaba de irregularidades.
En lo central, se hizo alusión a los intereses comerciales de la profesional en la empresa Alcyon Limitada y se consultó al organismo fiscalizador si se había abstenido en los procesos administrativos vinculados a la compañía donde tiene participación.
En julio pasado, la Contraloría se pronunció sobre estos hechos. Desestimó las imputaciones con una excepción: “Cabe señalar que en cuanto a la declaración de patrimonio de la citada servidora, donde, de conformidad a los antecedentes en poder de este órgano de Control, se constató el incumplimiento del plazo legal de treinta días corridos para su presentación, la jefatura superior de esa entidad deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de esclarecer las circunstancias que dieron origen al hecho observado, y en caso que proceda, aplicar las respectivas sanciones”, consignó el documento.
Respecto de este punto, desde Sernageomin aseguran que la abogada entregó a tiempo su declaración y que el Departamento de Desarrollo de Personas envió el oficio un día después de recepcionado, por lo que se realizó un sumario en este servicio.
La esposa de Guerra es subalterna y cercana al director nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez (fueron compañeros de colegio y en la Universidad La República), quien figura en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos por una boleta de $ 5 millones emitida a SQM. Al respecto el personero explicó en abril de este año que se trató de un “estudio sobre el panorama minero” que realizó a principios de 2012. “A la fecha de la prestación del servicio ejercía mi profesión de abogado y no desempeñaba cargo público alguno”, argumentó en la época.
Guerra conoce a Álvarez desde los tiempos en que ambos militaban en las juventudes radicales. El actual director del Sernageomin hoy es PPD. “La inhabilidad regiría para el fiscal”, explica una fuente de Sernageomin.
LO QUE DICE LA LEY
MANUEL GUERRA
La ley orgánica constitucional del Ministerio Público establece las inhabilidades de los fiscales en su artículo 55, en una serie de incisos como el 1 y 2: 1º. Tener el fiscal parte o interés en el caso de cuya investigación se trate; 2º. Ser el fiscal cónyuge, conviviente civil, o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados”.
Pero los fiscales están obligados también, según la legislación, a observar la ley de bases de administración del Estado. En ella, en su artículo 64, se establece el hecho de “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.
Aunque las causas litigadas por estos juristas, que incluyen casos de este año, no están relacionadas con las investigaciones por platas políticas, al menos Guerra debería informarlo.
Consultado por The Clinic Online, Guerra explicó lo siguiente: “Siento que no estoy en ninguna de la situaciones del artículo 55. Creo que no se configura ninguna respecto de mi. Si uno llega a ser electo, uno le puede plantear este tema al Fiscal Nacional y él verá en su momento las decisiones que toma. No me siento inhabilitado, creo que las inhabilidades tienen que analizarse estrictamente, pero entiendo que han habido situaciones donde otras personas, sin que se concrete una causal legal específica, han preferido inhabilitarse por otro tipo de razones. Yo no siento que me afecte ninguna, pero eso obviamente es resorte en su momento de decisiones que tiene que tomar el Fiscal Nacional, que es quien conoce las inhabilidades que afectan a los fiscales regionales”.
Sobre la sociedad, la esposa del fiscal dijo a este medio que fue creada en el 2013, tal como lo dice el Diario Oficial, para efectos de adquirir una oficina con un grupo de abogados, dentro de los cuales están los juristas antes mencionados. En el grupo de socios, hay abogados que trabajan de manera independiente y otros, como es el caso de Martínez, lo hacen para el Estado. La funcionaria del Sernageomin precisó que ella no es parte de la administración de la sociedad y que no acude físicamente a la oficina. Aclaró además que está casada bajo el régimen de separación de bienes con el fiscal Guerra.
NEXOS POLÍTICOSjosé antonio gómez A1
Quienes conocen a Guerra lo describen como un tipo hábil y con muñeca política. Aunque renunció a su militancia cuando ingresó al Ministerio Público, en su juventud formó parte del partido Radical y en esos tiempos, comenta un antiguo militante de esa tienda, se identificaba dentro del lote de jóvenes que eran cercanos al influyente abogado Isidro Solís.
Sus contactos políticos también se extienden a otro de los hombres importantes dentro del PR: fue asesor en la subsecretaría de Justicia cuando el actual Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, encabezaba esa repartición en el gobierno de Eduardo Frei.
Según su curriculum, fue abogado auxiliar del Consultorio del Centro Penitenciario Femenino en Santiago. También representó al controvertido narcotraficante de Coronel, Manuel Hernández Delgado, alias “El Mañungo”. En medio de las investigaciones, se supo que Hernández mantenía relaciones con la policía local y fue implicado falsamente por su ex pareja en la desaparición de Jorge Matute Johns.
Consultado por este medio, Guerra explica que su actuación en este caso se centró en la obtención de la libertad condicional de Hernández, quien era acusado de asociación ilícita. Posteriormente, Hernández fue detenido con un kilo de cocaína.
Respecto a su cercanía con Chahuán, el actual jefe de la Fiscalía Nacional lo conoció cuando era fiscal Metropolitano Occidente. Luego el mismo Chahuán, ya siendo jefe del Ministerio Público, lo nombraría como director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilítico de Drogas de la Fiscalía Nacional y posteriormente como fiscal regional en Tarapacá.
Dentro de los competidores más fuertes que tendrá Guerra, se encuentra el temido fiscal Carlos Gajardo, quien ha sido la piedra en el zapato para la clase política en los últimos meses.
LA PELEA CON MUÑOZsergio muñoz A1 sala
En el 2011, el juez de Iquique Carlos Cosma Inojosa fue detenido por manejo en estado de ebriedad. La alcoholemia marcó 1.9 gramos de alcohol por litro de sangre y la Suprema requería antecedentes para sancionarlo.
Tanto el entonces ministro Rubén Ballesteros como el actual presidente de la Corte Sergio Muñoz, enviaron oficios al fiscal Guerra para tener los antecedentes y proceder con las sanciones. Pero el persecutor tardó ocho meses en entregarlos.
Frente a la nula respuesta, Muñoz -conocido por su carácter estricto- en el verano de 2014 solicitó su remoción del Ministerio Público.
El presidente de la Suprema le informó al Ejecutivo que el Pleno del Máximo Tribunal no había podido juzgar en su real dimensión a Cosma Inojosa porque carecía de los antecedentes que se habían pedido a la fiscalía.
Finalmente, la sanción que se acordó fue una “amonestación por escrito”. La información que se conoció en ese entonces fue que desde el 28 de marzo al 17 de mayo de 2013, la Suprema le envió 12 oficios a la fiscalía dirigida por Guerra. El juez Cosma, según una publicación de La Segunda, fue acusado por la fiscalía dos años y medio después de que fuera detenido en el 2011.
En su defensa, Guerra ha dicho que en la fiscalía hubo problemas de naturaleza administrativa, que muchas oficios nunca le llegaron y que se realizó un sumario del cual fue sobreseído.
INVESTIGACIÓN A AYALA Y A CHAHUÁNalberto ayala a1
El pasado lunes 26 de octubre, el fiscal Guerra sobreseyó la investigación que llevaba en contra del ex fiscal de la Oriente, Alberto Ayala. La causa, una de las más relevantes que le ha tocado en el último tiempo, la recibió por encargo directo de Chahuán. La investigación debía determinar si efectivamente Ayala había filtrado información sobre el caso Penta-SQM al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quién prestó servicios a la empresa Asesorías y Negocios del operador Giorgio Martelli.
La indagatoria se abrió luego de la caída de Michell Jorratt y Cristián Vargas de la cúpula del Servicio de Impuestos Internos. El punto era saber, tal como lo había declarado Vargas, si había sido a través de Ayala que Peñailillo se había enterado de los avances de las indagatorias de Carlos Gajardo en el caso.
Finalmente Guerra no acreditó delitos en la investigación, según la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La noticia se conoció el 26 de octubre, el mismo día en que postuló formalmente al cargo que dejó vacante Ayala.
Cuatro años antes, en el 2011, producto del azar, fue escogido para indagar una denuncia en contra del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a quien dos ex carabineros lo responsabilizaron por una supuesta obstrucción en el caso de escuchas telefónicas que se habrían hecho en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar). La investigación también fue sobreseída.

Pagos familiares y financiamiento de campañas

SQM: viaje al fondo de la chequera de Alejandro Bahamondes

por  3 noviembre 2015
SQM: viaje al fondo de la chequera de Alejandro Bahamondes
El militante del PPD dirigía la sociedad Kybalion, la que según SQM emitió dos facturas falsas a la minera por $22 millones en 2012. La contabilidad interna de esa empresa revela pagos mensuales al propio Bahamondes, a su hijo –que al mismo tiempo es ejecutivo de SQM– y a su nuera, Malaki Sepúlveda, que trabaja en Sernageomin. No solo eso, también hay traspasos de dinero a Milton Lee, quien asegura que se trató de pagos de servicios por campaña electoral.

La primera vez que el militante PPD Alejandro Bahamondes se asomó al caso de platas políticas fue el pasado 2 de abril, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia donde se incluía a la sociedad Kybalion Consultores, de la que Bahamondes fue director en 2012, año en que esta emitió dos facturas falsas a SQM por un total de $22 millones.
Aunque desde un principio Bahamondes ha defendido su inocencia en este caso, en agosto presentó su renuncia al cargo de embajador de Chile en Paraguay, debido a su vinculación a los pagos de SQM. En una carta que entonces se hizo pública, el ex diplomático señala: “He guardado riguroso y respetuoso silencio, teniendo claro que jurídicamente no se condicen con la verdad (las acusaciones)", a lo que agrega que su decisión busca "velar por la tranquilidad de mi familia tan injustamente tratada, e igualmente por mi salud que se ha visto afectada por todo lo sucedido".
El Mostrador accedió a un informe que elaboró el Banco Bice, por solicitud de la Fiscalía, que da cuenta de los pagos efectuados desde la cuenta corriente que Kybalion mantiene en esa casa financiera. La revisión de los datos allí expuestos da cuenta que durante todo 2012 Alejandro Bahamondes, su hijo, Luis Bahamondes, y la cónyuge de este, Malaki Sepúlveda, recibieron pagos mensuales desde la consultora.
El ex embajador –ex tesorero del PPD–, recibió pagos por un total de $15 millones, su hijo $11 millones y la señora de este otros $11 millones. Todos los pagos se concretaron en 2012, el mismo año que la empresa recibió los cuestionados pagos desde la minera controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou.
Según Lee, los pagos por $1.150.000 que recibió desde Kybalion en 2012 –$300.000 (abril), $250.000 (julio) y $595.000 (septiembre)–, corresponden a servicios que prestó a la campaña electoral de la hija de Alejandro Bahamondes, Adela, quien fue candidata a concejala por Lampa ese mismo año.
Las facturas rectificadas por SQM fueron pagadas a Kybalion en marzo y mayo de 2012. En marzo, y según información facilitada por el Banco Bice a la Justicia, la sociedad en la que participaba Bahamondes recibió depósitos por $13.400.000, y en mayo $24.200.000. De lo anterior se concluye que no solo de la minera venían los pagos a Kybalion, aunque con la información disponible no es posible distinguir qué otras compañías le pagaron durante esos meses a la empresa.
El dato más revelador encontrado por la investigación de este medio vino de la mano de Milton Lee, el ex tesorero del PS contra quien el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella el viernes recién pasado, debido a que su empresa Alerce Talleres Gráficos S.A. recibió $150 millones desde SQM por servicios que en realidad se prestaron al ex senador Carlos Ominami.
Según Lee, los pagos por $1.150.000 que recibió desde Kybalion en 2012 –$300.000 (abril), $250.000 (julio) y $595.000 (septiembre)–, corresponden a servicios que prestó a la campaña electoral de la hija de Alejandro Bahamondes, Adela, quien fue candidata a concejala por Lampa ese mismo año.
El militante del PS, contactado por El Mostrador, aseguró que prestó servicios en la campaña de Adela Bahamondes, actual gobernadora provincial de Chacabuco. “En ese año trabajé para la imprenta, y por lo que me acuerdo, los pagos fueron efectuados en distintos cheques”, detalla Milton Lee.
Otro que figura en los listados de pagos es el abogado Samuel Donoso, quien en la arista SQM del caso platas políticas representa al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Entre enero y diciembre de 2012, Donoso aparece recibiendo $2.175.000. Contactado por este medio, el jurista asegura que esas platas corresponden al pago de un arriendo por una propiedad que Kybalion utilizaba en la calle Román Díaz, la que abandonaron hace algunos años.

Un asunto de familia

Un hecho que llama la atención en los pagos mensuales que recibía la familia de Alejandro Bahamondes es la renta percibida por su hijo, Luis Bahamondes, quien en paralelo trabajaba –y continúa haciéndolo–, como ejecutivo de SQM.
Desde 2010 el retoño del militante PPD se desempeña como Gerente de Planificación de SQM Industrial, una de las sociedades de la minera no metálica que ha debido rectificar pagos ante el SII. Es decir, Luis Bahamondes recibió en 2012 dos salarios provenientes de la misma fuente de recursos, SQM.
En 2012 Kybalion Consultores percibió un total de $88 millones, de los cuales $22 millones provenían de SQM. Con la información disponible en las carpetas investigativas del caso no es posible indicar con exactitud de qué empresa provenían los sueldos de la familia Bahamondes, aunque un 25% del total de esos pagos fueron desde SQM.
Luego que El Mostrador se comunicara con Luis Bahamondes, quien se mantiene hasta hoy como jefe del Departamento de Planificación de Tecnologías de la Información SQM Industrial, este señaló: “No tengo nada que decir al respecto, todo esto está dentro de la investigación. Esto fue hace 3 años y no tenemos nada que esconder”.
La cónyuge de Luis Bahamondes, Malaki Sepúlveda, no quiso referirse a este asunto. Ella fue durante más de un año la jefa del área de Propiedad Minera en Sernageomin, un cargo que le permitía aconsejar directamente al Poder Judicial cuando se trataba de otorgamiento de las propiedades mineras. Luego que El Mostrador publicara la trenza que la involucraba con SQM, fue apartada de su cargo y reubicada al interior del mismo organismo público.
El director de Sernageomin, Rodrigo Álvarez, también forma parte del círculo de Alejandro Bahamondes. Según fuentes de Gobierno consultadas por este medio, el ex embajador PPD fue quien lo recomendó para el cargo que ocupa en la actualidad. Álvarez también está cuestionado en la investigación de la Fiscalía por emitir una boleta falsa por $5 millones a SQM durante 2012.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Familiares de víctimas de “La Caravana de La Serena” piden remover a Cheyre como profesor de la UC

R.A. 02 Noviembre, 2015

Un grupo de familiares de víctimas de “La Caravana de La Serena” llegaron hasta la UC para manifestarse en contra de la participación del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como profesor adjunto de la Escuela de Derecho y Director del Centro de Estudios Internacionales de la UC. Entregaron una carta a Ignacio Sánchez para que remueva al oficial en retiro del plantel universitario.

Funa a Cheyre en la UC
Un grupo de familiares de víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena -caso conocido como “La Caravana de La Serena”- funaron se manifestaron en la Pontifica Universidad Católica (PUC) por mantener como profesor adjunto de la Escuela de Derecho al Comandante en Jefe del Ejército (r) Juan Emilio Cheyre.
El exoficial es sindicado por algunos familiares por su participación en apremios y torturas contra presos políticos en la Región de Coquimbo, lo que ha sido respaldado por diversos testimonios de víctimas que apuntan a la responsabilidad directa de Cheyre contenidos en un informe de mayo de 2015 de la Policía de Investigaciones.
Los familiares llegaron este mediodía a la Casa Central de la Universidad Católica a funar la participación del ex Comandante en Jefe del Ejército como profesor asociado adjunto de la Facultad de Derecho y como Director Fundador del Centro de Estudios Internacionales de la misma UC.
Marlinda Alcayaga, hija de Carlos Alcayaga Varela, uno de los detenidos fusilados el 16 de octubre de 1973 en el Regimiento Arica, entregó una carta en el plantel dirigida al rector de la UC, Ignacio Sánchez, donde expone el profundo dolor y rabia por la presencia de Cheyre en la universidad.
“No sabemos cuáles fueron las referencias y méritos para contratarle en esta casa de estudios superiores, no es sano y nos ofende, que a nuestros jóvenes se les haga creer que el Sr. Cheyre es un virtuoso y modelo a seguir, como si el vestir hoy de profesor universitario lo eximiese de la responsabilidad, en especial la social, por los crímenes contra nuestros familiares”, dice la misiva, entregada en la rectoría de la casa de estudios.

A través de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo

La operación para condonar a los municipios “pillos” que realizaron pagos ilegales a funcionarios y alcaldes por más de 14 mil millones de pesos

por  2 noviembre 2015

La iniciativa, que está en primer trámite constitucional, haría borrón y cuenta de millonarias deudas que arrastran órganos comunales de todo Chile, que “reinterpretaron” un decreto de 1981 que otorgaba beneficios económicos que no les correspondían. La situación incluso fue abordada durante la última rendición de cuentas del contralor Ramiro Mendoza, que por años sostuvo un fuerte gallito para obtener la devolución de estos fondos y poner fin a una práctica que incluso ha llegado a la Justicia.

El pasado lunes 6 de abril, Ramiro Mendoza daba su última cuenta pública antes de dejar el cargo que ocupó por 8 años. Entre los temas que tocó estuvo el largo conflicto que la entidad enfrenta con varios municipios del país, relativo a pagos ilegales a funcionarios y alcaldes y que involucra más de 14 mil millones de pesos.
Es así como en medio de la rendición, a la que asistió la Presidenta Michelle Bachelet, el abogado señalaba que “un grupo de municipalidades dio aplicación a un dictamen de esta entidad, que en nada se refería a ese sector, y conllevó que un grupo de entidades se incrementaran artificialmente sus remuneraciones (…) de los 345 municipios a nivel nacional, 286 de ellos –lo que equivale a un 82,3%– indicaron haber realizado pagos indebidos por concepto del incremento previsional. Se emitieron resoluciones de reintegro, para las entidades edilicias que habían incurrido en pagos improcedentes, por un monto total de $14.007.831.583. Hoy quiere sanearse la apropiación, una nueva ley que si prospera, premiará a quienes incumplen y no a los que sirven correctamente al Estado”.
Un mes después,  el 19 de mayo, ingresaba al Senado un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que buscaba fortalecer la gestión y profesionalización del personal municipal y que incluía, tal como adelantó Mendoza, una condonación para estos municipios. 
La historia es antigua. Y se relaciona con la inclusión de beneficios prescritos por parte de diversos jefes comunales en la base de cálculo de las remuneraciones de los funcionarios municipales y de ellos mismos, que generó millonarias deudas por parte de los gobiernos comunales. Según datos entregados por Contraloría, al día de hoy suman 106.537 UTM en juicios de cuentas terminados y pendientes.
Hubo diversas operaciones de salvataje para condonar estas deudas e incluso para persistir en los pagos ilegales, originados por una “reinterpretación” que hicieron diversos municipios de un dictamen de Contraloría. Algunas han actuado de manera conjunta o concertada para enfrentar el tema y de la mano de asociaciones de funcionarios. También se han entablado acciones judiciales por parte de los municipios o sus funcionarios. E incluso, en 2014, un grupo de parlamentarios liderados por la actual presidenta del PS, Isabel Allende, manifestaron su preocupación al órgano contralor en relación con este problema y solicitaron que se condonaran total o parcialmente los montos adeudados.
La respuesta, plasmada en un dictamen de 2014, fue negativa.
El proyecto de ley, que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, podría convertirse en la medida definitiva para terminar con esta situación. Lo que en opinión de Ramiro Mendoza “es súper complejo porque hay un 18% de municipios que no jugaron con el incremento previsional. O sea, no se inventaron este incremento para el efecto de aumentar su remuneración. Y la señal que estás dando ahora –que me parece buena entre comillas, desde el punto de vista que le pone término a esta cuestión y ordenas la casa– no es de castigo. Hay un 18% de municipios y sus funcionarios, que curiosamente son los más grandes de Chile, que no recibieron ni se apropiaron de ninguna plata que no les correspondía. Entonces, la señal es que estás premiando al incumplidor y no le estás dando nada a cambio al cumplidor”.

La "reinterpretación"

La larga telenovela con los municipios tiene sus inicios en un antiguo decreto (3.501) dictado en 1980, que fijó un nuevo sistema de cotizaciones previsionales, relacionado con la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones que dio vida a las AFP, y que tuvo como consecuencia que, a partir de su entrada en vigencia el 1 de marzo de 1981, los trabajadores verían disminuida su remuneración líquida, ya que al pasar del antiguo sistema de reparto al de capitalización individual, las cotizaciones previsionales pasarían a ser cargo de ellos mismos.
De acuerdo a lo que explica Mendoza, “esto es un aprovechamiento ilícito. Lo más complejo es que algunos alcaldes de motu proprio aplicaron retroactivamente el monto que ellos consideraban que se debían ellos mismos. Hay varios que están en juicio de cuentas. Hubo un alcalde que se llevó como 28 o 30 millones de pesos para la casa. Algunos se aplicaban la regla de retroactividad de las asignaciones que no habían cobrado, entonces se aplicaban 6 meses. Otros se aplicaron un año o dos años para atrás. Esta cuestión fue bien maquiavélica al tratar de compensarse o de sacar recursos de remuneraciones de manera impropia. Fue bien impresentable”.
En vista de esto, el decreto dispuso que se debía incrementar la remuneración de los trabajadores, para que no se viera afectado el monto total líquido de lo percibido. La fecha límite para este cálculo sería el 28 de febrero de ese año. Es así como históricamente la Contraloría dispuso que no se podía calcular en las remuneraciones este incremento previsional después de esa fecha. Pero en 2008, y luego de un dictamen que respondía a la consulta de un funcionario de un servicio de Salud, varios municipios “reinterpretaron” el decreto, lo que generó millonarios pagos que –según la entidad entonces liderada por Ramiro Mendoza– eran ilegales.
Un año después, Contraloría emitió un nuevo dictamen aclarando la situación e insistiendo en que esta nueva interpretación no era válida, al tiempo que señaló cómo proceder en el caso de que el pago se hubiera realizado erróneamente, dando orden de que las autoridades comunales debían ajustar el cálculo del incremento y devolver las sumas mal pagadas. En octubre de 2010 y luego de haber solicitado a todas las municipalidades del país que informaran sobre pagos efectuados de esta forma, se ordenó mediante distintos oficios a 286 municipios –de los 345 que suman a nivel nacional– devolver más de 14 mil millones de pesos ($14.007.831.583) que habían beneficiado a funcionarios menores y medios, así como a alcaldes y abogados asesores.
Luego de esto, 106 municipios solicitaron la condonación de los dineros mal percibidos, o facilidades para su reintegro, lo que fue analizado caso a caso. Paralelamente hubo cerca de 100 municipios que, solo entre noviembre de 2010 y agosto de 2014, realizaron presentaciones para evitar restituir estos dineros, argumentando, por ejemplo, la existencia de sentencias que resolvieron recursos de protección sobre la materia o el error común en que habría incurrido la generalidad de los órganos comunales.
En los casos que hubo un fallo judicial favorable a los municipios, la Contraloría acogió la petición, pero no en los otros.
En medio de la controversia, la Contraloría inició diversos juicios de cuentas. Actualmente –y según información entregada por la entidad– hay 58 municipios que enfrentan este tipo de juicios, cinco de los cuales se encuentran terminados y 53 pendientes. En total, los montos ascienden a 106.537 UTM, equivalentes hoy a 4.746 millones de pesos. La municipalidad que más debe recursos es por lejos Puerto Montt ($ 628 millones), seguida por Calama ($ 355 millones), Río Bueno ($ 217 millones) y Tocopilla ($197 millones).
De acuerdo a lo que explica Mendoza, “esto es un aprovechamiento ilícito. Lo más complejo es que algunos alcaldes de motu proprio aplicaron retroactivamente el monto que ellos consideraban que se debían ellos mismos. Hay varios que están en juicio de cuentas. Hubo un alcalde que se llevó como 28 o 30 millones de pesos para la casa. Algunos se aplicaban la regla de retroactividad de las asignaciones que no habían cobrado, entonces se aplicaban 6 meses. Otros se aplicaron un año o dos años para atrás. Esta cuestión fue bien maquiavélica al tratar de compensarse o de sacar recursos de remuneraciones de manera impropia. Fue bien impresentable”.
Y agrega que “como algunos municipios empezaron a aplicarlo, esto se fue contaminando en el efecto, porque la asociación de empleados municipales incluso levantó en su página web instructivos para presionar a los alcaldes y conseguir que se interpretara así este dictamen y que se pagara esto retroactivamente. Fue más que una pillería, fue una artillería para los efectos de obtener recursos para las remuneraciones de manera indebida”.
Tras la solicitud realizada por los parlamentarios en 2014 para que condonara estas deudas, Contraloría señaló en un dictamen de 2014 que jamás se consignó que, mediante dicho dictamen de 2008, “se reconsideraba la jurisprudencia sobre la materia o se dejaba sin efecto algún pronunciamiento anterior, sea de manera específica o genérica, como suele indicarse en los casos en que sí acontece, porque precisamente esa no era la situación; resultando, de este modo, inexplicable, que únicamente en el ámbito municipal se haya interpretado de manera equívoca el anotado oficio –a diferencia de las demás entidades del sector público, las que han pagado correctamente el emolumento analizado–”.
En medio de la controversia, el órgano contralor emitió más de 100 pronunciamientos sobre el tema, así como informes dirigidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Presidente de la República y al Consejo de Defensa del Estado, explicando la situación.
A pesar de todos los dictámenes, advertencias y señales, hasta hoy existen municipios que siguen sumando montos pagados ilegalmente.

Fin de los juicios

En opinión del profesor de derecho administrativo, Luis Cordero, el proyecto de ley “está legitimando a aquellos que transgredieron la ley pese a la insistencia de Contraloría de que deberían restituir los montos involucrados”.
La iniciativa, que actualmente está por sexta vez con suma urgencia, señala que aún existen municipalidades que continúan pagando en forma errónea el incremento previsional, “cuestión que ha creado una situación de profunda desigualdad, dado que la escala única de remuneraciones existente en el ámbito municipal se ha visto severamente afectada”.
Por ello, se propone ratificar “en forma expresa el criterio interpretativo sostenido históricamente por el órgano contralor (...), en el sentido de indicar expresamente que el incremento previsional contemplado en dicho cuerpo legal, debe ser calculado aplicando el factor que corresponde sólo sobre las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que al 28 de febrero de 1981 se encontraren afectas a cotizaciones previsionales y no a las creadas con posterioridad a dicha fecha”.
Por otra parte, y “con el fin de garantizar seguridad jurídica y, a la vez, no afectar el patrimonio de funcionarios o ex funcionarios municipales que recibieron de buena fe recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras; se propone que las administraciones locales que, antes del 30 de abril de 2015, hayan calculado y pagado el incremento previsional aplicando el factor que corresponde a remuneraciones afectas a cotizaciones previsionales, creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero de 1981, no puedan exigir de parte de los respectivos funcionarios devolución alguna por dicho concepto”.
Y un tercer punto, muy complejo: que se incluya “el término inmediato de todos los procesos jurisdiccionales y acciones administrativas en curso iniciados con motivo de cálculos erróneos del citado incremento”.
Esto, explica Cordero, implica que el Congreso “expresamente se involucra en causas judiciales pendientes, lo que la Constitución no permite”.
Al respecto, Ramiro Mendoza detalla que muchas de estas situaciones “ya fueron resueltas judicialmente y algunas están en curso judicial. Hay una norma constitucional que dice que el Congreso no puede abocarse a materias que están en conocimiento judicial. En consecuencia, este punto hace que el Congreso incurra en una ilegalidad”.

domingo, 1 de noviembre de 2015

Mónica, la que cantaba La vie en rose

30 octubre, 2015 4:47 pm.Villa Grimaldi
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Mónica Hermosilla Jordens, profesora chileno-belga, sobreviviente de Villa Grimaldi, ha partido este 28
de octubre. La noticia de su fallecimiento en una casa de reposo en Bélgica, nos conmueve. Se nos ha
ido otra compañera sobreviviente, protagonista de la lucha personal y colectiva de innumerables ex
presas y presos por reponerse al horror vivido, recordar y testificar por los ausentes, combatiendo el
olvido y la impunidad.
Pero a Mónica la recordaremos además por cantar, en medio del terror en Villa Grimaldi, el tema de
Edith Piaf “La vie en rose” , con la cual animaba y llevaba algo de consuelo a sus compañeras presas.
Distrayendo de paso a los guardias, para permitir a las prisioneras efectuar algunas tareas de resistencia mínimas.
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Edith Piaf popularizó La vie en rose en 1946, en una Europa en ruinas tras la 2da Guerra Mundial,
exaltando el amor en su capacidad transformadora “Quand il me prend dans ses bras il me parle tout
bas, je vois la vie en rose”. Mónica Hermosilla Jordens cantó estas estrofas en el cuartel de la DINA,
buscando abrir paso al afecto sanador en medio del terror y la violencia.
Apreciamos su gesto y también la fortaleza que nos transmitió en sus visitas guiadas por Villa Grimaldi
y en su participación en denuncias sobre la violencia sexual que se ejerció en contra de las prisioneras políticas. Nos conmovía tambien cuando en algunos actos de homenaje cubría sus ojos con una venda e interpretaba la famosa canción de amor.
Desde la distancia enviamos nuestro cariño a su familia y rememoramos a Mónica escuchando “La vie en
rose”, sintiendo la energía que transmite y que sin duda buscó entregar al cantársela a sus compañeras de celda.
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Comunica aprobación de bono para los Ex Prisioneros Políticos Ley 19.992 y 20.405

Pedro ortiz 

Estimados Compañeros:

Tal como se los habíamos informado, en la reunión del Sábado 24, del presente:
Luego de innumerables reuniones y visitas a las autoridades, por fin se logró que el gobierno  aprobara la publicación del Bono de un  millón de pesos, que se fija como aporte único reparatorio, para todas las personas calificadas como víctimas de Prisión Política y Tortura, por las comisiones de la ley Nº 19.992 y 20.405.

La publicación se hizo en el diario Oficial bajo la Ley Nº 20.874; y es extensiva para las viudas de ex presos políticos calificados, por un monto de $ 600.mil pesos.
También es extensiva para los exonerados, calificados como Ex presos políticos, y que hoy cobran pensión de exonerados.

Desgraciadamente, hasta la fecha no se logra acuerdo sobre los 10 temas del proyecto para una Nueva Ley de Reparación Integral Presentado, producto de una falta de voluntad política y compromiso serio con el tema de reparación desconociendo los acuerdos internacionales y exigidos por las Naciones Unidas; en cada presentación se modifica el acuerdo anterior, y cada modificación va en desmedro de las víctimas de Prisión Política y Tortura; esperamos que en los días próximos se pueda obtener una respuesta clara y precisa.

Este aporte reparatorio no tiene carácter automático. Por tanto debe  ser solicitado en las oficinas del Instituto de Previsión Social, y se pagará junto con la pensión de diciembre, a quienes lo soliciten en Noviembre.
Quienes lo soliciten en diciembre ya lo recibirían en enero... y así sucesivamente.

En la reunión de anteayer, Jueves 29; Los dirigentes del Comando Unitario, pidieron que se estableciera un mecanismo claro para que las personas que residen en el exterior, puedan solicitar y recibir este aporte reparatorio quedando establecido que deberán acercarse a las oficinas del consulado de cada país, para solicitarlo.

Próximamente, haremos llegar un instructivo más completo para ser difundido en cada  asamblea de cada una de las organizaciones que componen el Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares

Un  saludo Fraternal para todos Ustedes.
Cordialmente
Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos Socialistas (Bexpps)
Pedro.

Se adjunta link del Diario Oficial



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