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viernes, 6 de noviembre de 2015

La historia del clan y su vínculo personal con Karadima y O’Reilly

Perfil de Eliodoro Matte: empresa, familia y religión

por  6 noviembre 2015
Perfil de Eliodoro Matte: empresa, familia y religión
La historia de CMPC, las ramas de los Matte que la fundaron y cómo la política los alejó de la empresa. La influencia de su mujer Pilar Capdevila, que lo ligó espiritual y económicamente a John O’Reilly y la Legión de Cristo. El apoyo a Karadima, el cura que los casó en una ceremonia privada. Dos sacerdotes acusados del mismo delito: abuso sexual. Su permanencia en el CEP. La caída más violenta del primus inter pares del gran empresariado en un perfil puertas adentro.

Hace un año Eliodoro Matte Larraín sufrió el peor accidente de su vida: cabalgando en su campo en Los Ángeles se cayó, quedó botado y quebrado. No andaba con celular, por lo que no pudo solicitar ayuda. Como pudo, se levantó, trepó al caballo  y regresó a su casa.
El miércoles pasado el ingeniero civil de la Universidad de Chile, MBA en Chicago, vivió su peor traspié como empresario. Al hacerse público el requerimiento presentado por  la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su imagen y la de su empresa CMPC, coludida durante 11 años con SCA (ex Pisa), para subir los precios y mantener las cuotas de mercado de los productos tissue, se derrumbó. Cayó y se quebró, pero esta vez el golpe superó largamente su impronta física.
El hombre que logró convertirse en un primus inter pares -el primero entre sus pares (empresarios)–, que a su origen de familia tradicional sumó el éxito económico, era hasta ahora considerado por muchos el hombre más poderoso de Chile. Carlos Peña, el rector de la UDP, escogido el líder de opinión más influyente en la encuesta publicada el 30 de octubre por Qué Pasa, explicaba por qué: “Tiene no sólo dinero, tiene influencia, tiene una institución cultural estupenda, que ha sabido manejar con gran sagacidad, con apertura (el CEP)”. Y aunque Andrónico Luksic ganó en la categoría empresario más poderoso, el influyente y agudo columnista dominical de El Mercurio, distinguió cómo Matte logró transformar su capital económico en capital cultural y político, mientras Luksic “lo ha intentado, pero no lo ha hecho; hay temas de talento, de astucia, de habitus mantenido por generaciones; a las fortunas más nuevas les cuesta más”.
Es cierto que los Matte traían un capital cultural: su tío bisabuelo Claudio Matte Pérez fue el fundador de las escuelas Matte, gratuitas y laicas, agrupadas hoy en la SIP, que dirige la socióloga Patricia Matte, hermana mayor de Eliodoro, y el que trajo el silabario con que aprendieron a leer muchas generaciones.
Pero la de Eliodoro Matte no es una fortuna antigua. Su padre no pudo ir a la universidad porque su abuelo quebró. "Mi papá empezó a trabajar a los 16 años, fue supervisor de El Teniente, estaba a cargo de las cuadrillas, cuidaba que cumplieran los horarios, no sé. En la Casa Gibbs fue empleado administrativo, ungoma digamos", contó alguna vez su hermana Patricia Matte a la revista Sábado.
Aunque el origen de CMPC está ligado a la familia Matte es otra la rama que participó en su creación. Nació de la fusión de dos papeleras: La Victoria, adquirida por Luis Matte Larraín y su hermano Arturo, que llevan los mismos apellidos del actual presidente de CMPC, y La Esperanza, fundada por el  técnico papelero alemán Germán Ebbinghaus. Ambas empresas entraron en una guerra de precios y sus dueños acordaron fusionarlas, dando vida el 5 de febrero de 1920 a la Compañía Manufacturera de Papeles i Cartones (sic).
Aquellos Matte Larraín fueron personajes connotados. Luis, ingeniero civil emprendedor y brillante, fundó además Cerámicas Carrascal (más tarde, Lozapenco) y Sederías Chile, antecesora de textil Sumar. Arturo Matte Larraín fue un senador liberal, ministro de Hacienda de Juan Antonio Ríos, y abuelo de Magdalena Matte, la ministra de Vivienda del Gobierno de Piñera, ingeniera civil que también se dedicó al negocio papelero y compitió con Eliodoro Matte, su primo en tercer grado, con la importadora de papel para impresión Dimar que vendió hace pocos años.
El sector del papel es enrollado, porque el fundador de Dimar fue Arturo Matte, hermano de Magdalena, quien invitó de socio a su compañero de colegio Gabriel Ruiz Tagle, le regaló el 50% de las acciones, y cinco años después, en 1978, acordaron separarse. La amistad se quebró para siempre. “Cuando le terminé de pagar la última cuota, Ruiz- Tagle estaba armando otra empresa idéntica con un grupo de empleados míos que se llevaron información clave”, contó hace cinco años Arturo Matte a El Mostrador, quien compite con su primo tercero Eliodoro, a través de Corrupac (fábrica de cajas de papel corrugado), Recupac (recicladora de papel) y Papelera del Pacífico, la segunda productora de papel para corrugado, junto a su socio Gonzalo Martino.
La compañía que formó su ex socio Ruiz-Tagle es Pisa, que más tarde se dedicó a la fabricación de productos tissue, le quitó mercado a CMPC, que reaccionó con una guerra de precios. Ruíz-Tagle le vendió el 50% a la sueca SCA en 2003 y el resto en 2012. Es la misma compañía que está acusada de coludirse con CMPC Tissue.
¿Cómo los actuales Matte llegaron a la propiedad de CMPC? Por la pasión política. Uno de sus fundadores, Arturo Matte, el senador y ministro, fue también candidato presidencial en 1952, derrotado por Carlos Ibáñez del Campo, y para financiar su campaña le vendió acciones a su pariente Eliodoro Matte Ossa, el padre de Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte, de quien era muy amigo. Y su hermano Luis murió muy joven de peritonitis y su único hijo hombre también optó por la política: Luis Matte Valdés fue ministro de Vivienda del Gobierno de Allende  entre mayo de 1972 y agosto de 1973, lo que le valió ser relegado a la Isla Dawson, estar preso en la Academia de Guerra de la Fach y en el campo de prisioneros de Ritoque. Eran, además, tiempos en los que se pensaba de otra manera. “Mi papá fue gerente general (de CMPC), pero nunca quiso ser accionista mayoritario, porque estimaba que una empresa de la trascendencia de la Papelera no podía estar en manos de una familia. Tenía 618 acciones de un total de nueve mil”, contó Luis Matte a La Tercera.
En efecto, el que detentaba mayor participación era el alemán Ebbinghaus, con 1.350 acciones, pero sus descendientes no conservan ninguna. El técnico papelero vendió una parte para comprar un fundo en Victoria y la política hizo el resto. Cuando asumió la Unidad Popular su hijo Germán vendió las acciones que le quedaban y aquel fundo adquirido por su padre fue expropiado por el Gobierno de Salvador Allende.
Gran jugador de bridge, Eliodoro Matte Ossa, el padre de Eliodoro, ganó campeonatos y premios en dinero, compró una acción de la Bolsa de Comercio en 1936, donde dio sus primeros pasos como corredor de valores. Forjó un patrimonio que le permitió hacerse de las acciones de CMPC de su pariente. Siguió invirtiendo, en 1970 tenía cerca de un 25% de CMPC y en 1978 tomó el control al alcanzar un 55% de la propiedad. También fue accionista de Pizarreño y creó la sociedad Rentas Urbanas.

Gestiones, defensa y apoyo económico a Karadima y O’Reilly

La colusión 3.0, como la calificó Felipe Irarrázabal, el Fiscal Nacional Económico, ha complicado a Eliodoro Matte en los planos más insospechados. El matrimonio de Pilar, su hija menor, periodista y gestora cultural de la U. de Los Andes y socia del conocido blog de modas Cranberry Chic, el próximo 12 de diciembre, con Juan Luis Bulnes León es motivo de preocupación. No hay ánimos para celebrar e incluso existe temor por la reacción que pudieran tener desconocidos. Pero como ha sido la tradición, los matrimonios de la familia no se comunican en las páginas sociales.
No ocurrió con Eliodoro, su hijo mayor, que cursó dos años de Arquitectura en la Finis Terrae, cuando se casó con una de las hijas de Pedro Donoso, el socio de IM Trust y Mall Plaza. En su matrimonio el joven lució su cabeza rapada por sus creencias budistas y aceptó una ceremonia religiosa católica solo a petición de la novia. Eliodoro, su padre, tampoco publicó un aviso, porque quien sería su mujer, Pilar Capdevila, a quien conoció cuando ella trabajaba como secretaria en el grupo Matte, estaba anulada, por lo que se casaron privadamente en la casa de María Larraín, su madre, en una ceremonia que bendijo Fernando Karadima. El cura que la ayudó a obtener, además, la nulidad religiosa, fue muy cercano al empresario y su mujer. Y también a quien será su consuegro, Juan Luis Bulnes Cerda. El hijo del general Schneider aseguró en su oportunidad a El Mostrador que “luego del crimen de mi padre los principales culpables desaparecen y se van de Chile. En esa etapa son ocultados, concretamente Bulnes, por el cura Karadima”. En el libro Karadima, el señor de los infiernos, de María Olivia Monckeberg, se detalla el lugar del escondite: el torreón de color rojo de la Iglesia El Bosque.
Cuando se destapó el largo historial de abusos sexuales de Karadima en contra de los jóvenes que dirigía espiritualmente y que lo ayudaban en las misas de la Parroquia de El Bosque, Matte fue uno de los que costeó su defensa, a cargo del estudio del penalista Luis Ortiz Quiroga. Y le pidió una reunión al Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien pensó que el empresario había sido víctima de un delito, pero no, quería plantearle “una investigación rápida” en el caso Karadima, a lo que Chahuán le respondió que “la Fiscalía hace lo mismo en todas las investigaciones”. Y no hablaron más “porque no correspondía que habláramos más, yo no tenía idea del tema”, aseguró Chahuán. El hecho se supo porque James Hamilton, una de las víctimas que inspiró la película El Bosque de Karadima, contó al panel de 'Tolerancia Cero', después de ser entrevistado, la existencia de presiones de los dueños de CMPC.
En cámara el médico gastroenterólogo afirmó que miembros de la familia Matte habían presionado en su anterior trabajo en la Clínica Alemana para que lo despidieran, sin precisar quién. Fuera de pantalla aclaró que se trataba de Patricia Matte.
Como si no bastara, cuando 'Informe Especial' dedicó un programa a los abusos de Karadima, con el testimonio de Hamilton, y las cámaras de TVN se dirigieron a la Parroquia El Bosque a recoger testimonios frente a las denuncias, hubo una mujer de rostro desconocido para la mayoría de los televidentes que dijo “él es un actor de cine”, refiriéndose a Hamilton. Era Pilar Capdevila.
Eliodoro Matte pidió disculpas públicas a Chahuán en una carta al director de El Mercurio, afirmando que solicitar la entrevista fue un error y presentó sus excusas "en conciencia de que todos los que ostentamos alguna autoridad o poder debemos ser extremadamente cuidadosos al ejercerlo". Reconoció que Carlos Peña tenía razón en los dichos de su columna publicada el domingo anterior. "Su línea de argumentación es correcta, salvo su afirmación de que se hizo a espaldas del público, lo que no es efectivo porque se utilizó el mecanismo regular de audiencias”.
También pidió perdón a los empresarios, a la opinión pública, a los consumidores y a sus colaboradores por “estos hechos tan repudiables” el domingo pasado en una extensa entrevista en El Mercurio.
Por su mujer Pilar Capdevila se ligaría espiritual y económicamente a la orden mexicana de los Legionarios de Cristo. John O’Reilly, el sacerdote condenado a cuatro años de libertad vigilada por abusar sexualmente de una ex alumna del colegio Cumbres, otrora el cura más popular de la elite con su estilo alegre y una visión del catolicismo en la que el dinero no debe ser motivo de culpa, se hizo íntimo amigo de Capdevila cuando ella cambió a su hijo Eliodoro desde el Apoquindo al Cumbres.
Lo invitaban a comer, le regalaron un auto, el llamado Cerro del Medio en La Dehesa para que lo aportara como activo para construir un gran campus cuando los Legionarios entraron a la Universidad Finis Terrae, aunque no sirvió porque fue declarado área verde. Por su cercanía, Matte fue parte de los directores que puso la Legión en el consejo de la Finis Terrae, junto a Juan Obach, aportante del CEP, miembro del comité ejecutivo que se reúne hoy viernes y del comité directivo, que elige al presidente del centro de estudios. Y entre los que se contaban, además, Agustín Edwards, dueño de El Mercurio; Guillermo Luksic, el fallecido empresario presidente de Quiñenco, entre otros personajes poderosos.
La decisión de donarle el Cerro del Medio a la Legión lo distanció para siempre de su íntimo amigo Raúl Ducci, a quien le había encomendado lotear los faldeos del cerro para construir viviendas. Porque de un momento a otro le quitó el negocio a Ducci, sin explicación, provocándole un severo daño económico.
La guerra entre los Legionarios y el grupo fundador de la Finis Terrae, encabezado por su rector Pablo Baraona, cuyo hijo Felipe fue gerente general de SCA, ex Pisa, entre 2005 y 2013 y es parte de los ejecutivos acusados de colusión, fue encarnizada. Duró varios años y atrasó el plan de expansión de la universidad.
En 2003, mientras peleaban los fundadores con la orden a la que invitaron a entrar y a la que le iban a entregar, en un plazo que los Legionarios no aceptaron, el proyecto completo y sin pago de por medio, Pilar Capdevila le entregó la administración del colegio que ella había creado en La Pincoya –el Santa Teresa de Los Andes– a la congregación religiosa.
Durante el juicio oral, Capdevila fue parte del grupo de mujeres que concurrió a darle su apoyo en el Centro de Justicia. Y una de las 1.084 personas que firmó  la inserción publicada en El Mercurioy La Tercera, el 25 de agosto de 2012, dos días antes de la audiencia de formalización por abuso sexual, en apoyo al sacerdote investigado. Declaraban “haber sido testigos de las obras del padre John O’Reilly al servicio de Dios y no podemos callar frente al dolor infinito de un hombre inocente imputado del más vil de los delitos”.
Otros de los suscriptores eran Arturo Mackenna, gran amigo y compañero de Eliodoro Matte en Ingeniería Civil de la U. de Chile, ex gerente general de CMPC, que renunció al directorio una semana antes de conocerse el requerimiento por colusión de la FNE, “por la responsabilidad política”, según él mismo ha reconocido, debido a la cercanía con los ex ejecutivos coludidos, y Patricio Claro Grez, director del Bice Vida, también compañero de carrera.
Matte no figuraba, pero no era porque se hubiese distanciado de O’Reilly. Cinco meses después, en el verano de 2013, él y su mujer lo invitaron a pasar cuatro días de vacaciones a su fundo Aguas Blancas en Los Ángeles, con autorización del tribunal, cuando le levantaron el arraigo domiciliario total.

Matte, el mayor aportante a la Fundación CEP

Hoy se reunirá el consejo ejecutivo del CEP como estaba agendado. Son nueve miembros: Matte, en la presidencia; Wolf Von Appen, en la vicepresidencia; Juan Obach; el abogado Enrique Barros, que atiende a CMPC; Carlo Solari; Salvador Said; Juan Andrés Camus; David Gallagher, Leonidas Montes.
La discusión estará centrada en los costos o beneficios de la permanencia de Matte en la presidencia del CEP.
El empresario es el cuarto mandamás del Centro de Estudios Públicos. No estuvo en la hora cero, en 1980, cuando se fundó. Tampoco fue uno de los aportantes iniciales. Entra en escena hacia fines de los 80, cuando desaparecen los grandes grupos económicos como Vial y Cruzat Larraín, que allegaban recursos.
Tuvo la habilidad y visión de mantener en la dirección a Arturo Fontaine, un filósofo culto, liberal, inclasificable políticamente, que le dio autonomía, incorporó a investigadores de izquierda y logró transformarlo en un centro de políticas públicas defensor del modelo de libre mercado, pero no desde la trinchera sino desde una transversalidad que estaría muy a tono con la transición comenzada en 1990. Un puente entre la Concertación y la derecha económica que alcanzó su máxima expresión durante el gobierno de Ricardo Lagos, un presidente admirado por el empresariado y por Matte por su don de mando, su autoridad y bagaje cultural.
Matte lo dejó hacer hasta que Fontaine cruzó la barrera. Sus artículos en contra del lucro en las universidades; la distancia con el entonces ministro de Educación, Harald Bayer, acusado constitucionalmente, quien había sido investigador del CEP, y su ingreso al directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, le pasaron la cuenta. Y fue despedido.
A juzgar por los hechos, las violaciones a los derechos humanos no son tema para Matte. Cuando el historiador Gonzalo Vial Correa aceptó formar parte de la Comisión Rettig, que investigó los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura, sufrió las consecuencias. CMPC entregaba un aporte mensual cercano a $300 mil de la época a la Fundación Lo Barnechea, sostenedora de dos colegios gratuitos en la comuna, y dirigida por Vial y su señora. De un día para otro, el apoyo económico se terminó sin explicación.
Vial comentó a sus cercanos que no le sorprendía. Sabía que Matte estaba muy enojado por su decisión, ya que fue la única persona de derecha que aceptó integrar la comisión, validando de esa forma la existencia de violaciones a los derechos humanos.
La salida de Fontaine, los problemas posteriores con la encuesta que se suspendió cuando la UDI bajó a Laurence Golborne y, más tarde, fue descalificada por la UDI que alegó que el bajísimo apoyo a Evelyn Matthei (12% frente a 44% de Michelle Bachelet) se debía a que las preguntas se hicieron cuando aún era candidato Pablo Longueira, marcaron un 2013 fatal para el CEP.
Vinieron cambios. El más importante, la creación de la Fundación Centro de Estudios Públicos, que integran diez aportantes que donaron US$42 millones –y no US$50 millones como se ha dicho–, según reveló Pulso al revisar sus estatutos en la notaría de Patricio Zaldívar. El famoso fondo o endowment, que administra la fundación y cuyos intereses se traspasan anualmente al CEP.
Matte aportó US$15 millones; Wolf Von Appen, la Fundación Reinaldo Solari, Jean Paul Luksic, José Said, Luis Enrique Yarur, Roberto Angelini, US$4 millones cada uno; Juan Andrés Camus, Jorge Errázuriz y Juan Obach González, US$800 mil.
La fundación tiene derecho a elegir a ocho de los 24 miembros del consejo directivo. Y al menos tres de los aportantes a la Fundación deben pertenecer al comité ejecutivo, según los estatutos, lo que en la práctica se cumple por partida doble, porque son seis.
Está por verse si Matte permanece en la presidencia del CEP. Su período termina en 2017 y dependerá de los 24 integrantes del consejo directivo esperar a que cumpla el plazo.
A sus 69 años, el hombre que parecía tenerlo todo –poder, prestigio, dinero e influencia– se ve cuestionado en el flanco más relevante del modelo de libre de mercado: la competencia.
Matte, que en su juventud sufrió el dolor de ver alejarse a su novia, a la que le había regalado un anillo de compromiso y a su regreso de Chicago ella se lo devolvió, sufre el escrutinio de sus pares y  de toda la sociedad. Su imperio, su compañía papelera, es investigada en Chile, Perú y Colombia por colusión.
Mientras, sus hijos dedican su tiempo a sus propios emprendimientos. Eliodoro, el mayor, vende accesorios para bicicletas y creó un parque para correr en mountain bike en los terrenos sobre la cota mil del fundo Los Quillayes. El mismo que se hizo famoso cuando junto a sus hermanos, Jorge y Pilar, vendieron las 42 hectáreas que se podían construir en el precio más alto pagado en Chile: US$96 millones, libres de impuestos, ya que lo hicieron como personas naturales. Jorge, soltero, vive fuera de Chile y está dedicado a la equitación. Y Pilar, al negocio de la moda.

jueves, 5 de noviembre de 2015

Faltan otros responsables: 64 condenados por Operación Colombo: pero los medios que desinformaron...¿cuándo?

Por Felipe Reyes
64 nuevas condenas por la participación en la muerte de Washington Cid, acción parte de la llamada operación Colombo, pero cabe la pregunta: ¿y los medios que colaboraron con la difusión de información falsa cuándo pedirán disculpas?
La Operación Colombo es considerada el primer episodio de la Operación Cóndor, que fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores. Un plan derechamente terrorista.

Cuando se dan pasos en el sentido de la verdad y la justicia, el país progresa y avanza en la ruta adecuada y correcta. Cuando se consigue, después de más de 30 años, dictar condenas contra los responsables de la desaparición y muerte de algunos compatriotas definitivamente la Nación se transparenta.

Las sensaciones y el dolor difícilmente desaparecerán en las familias de aquellos asesinados, pero una suerte de calma y tranquilidad puede experimentarse cuando la Justicia determina responsabilidades y encarcelamiento a los responsables.

64 condenados

El juez Hernán Crisosto condenó a penas de prisión a 64 exagentes de la DINA, acusados de la detención y desaparición en el año 1974 de Washington Cid Urrutia, una de las víctimas de la Operación Colombo.

Las penas determinadas por el juez son de 13, 10 y 4 años para los inculpados. A 13 años de cárcel fueron sentenciados los generales retirados César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, todos ellos en prisión cumpliendo penas por más de 200 años tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Otros 35 antiguos agentes, entre ellos varias mujeres, fueron sentenciados a 10 años de prisión, también como autores, mientras 24 más deberán cumplir una pena de 4 años, en condición de cómplices y uno a 541 días de cárcel. También el juez absolvió a 11 procesados por falta de participación.

El caso Cid Urrutia

La sentencia se dictó por el delito de secuestro calificado (desaparición) de Cid Urrutia, de 24 años, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue apresado junto a su cónyuge, María Isabel Ortega y a Hernán Carrasco Vásquez, el 8 de diciembre de 1974, en su domicilio en Renca.

Los tres fueron llevados al centro de torturas y exterminio de Villa Grimaldi, donde según testimonios de sobrevivientes, Cid permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a torturas, hasta que a finales de diciembre nadie lo volvió a ver ni a saber de él.

En julio de 1975 apareció un listado de 119 chilenos fallecidos supuestamente en el extranjero, en luchas internas del MIR, pero en realidad se trataba de detenidos desaparecidos en Chile.

Los nombres corresponden a las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir sus desapariciones, que contó con la colaboración de las dictaduras militares de Argentina y Brasil, donde se publicaron ediciones únicas de dos periódicos, ‘Lea' y ‘O Novo Día' en los que se afirmaba que las víctimas murieron en luchas entre facciones internas del MIR.

La responsabilidad de los medios nacionales es un tema que difícilmente se ha tratado. El manejo informativo tendencioso que constantemente desinformaba y manipulaba los hechos, generando una impresión social falsa de la real que se vivía.

Portadas de diarios que entregaban datos inventados, utilizando fuentes extranjeras confabuladas con las dictaduras que gobernaban América y cuyo desenlace se estructuró en la mortandad dejada por la Operación Cóndor. Los medios de comunicación nacionales no han respondido frente a su participación directa en la dictadura chilena.

Correctamente condenados

Cristian Cruz es abogado de Derechos Humanos, y conversó conCambio21 sobre la situación de la condena de estos 64 ex agentes de la DINA.

"Primero colocarse en el lugar de las víctimas, después reconociendo la tremenda labor que ha llevado en esta causa el juez Hernán Crisosto, y decir que como sociedad y como país se han esperado más de cuarenta años para poder hacer justicia en este caso. Se asienta una verdad, que si bien los familiares y gran parte de la sociedad sabían, esta vez el Estado se hace cargo de lo que hicieron sus agentes", explica el abogado.

Sobre la participación de los medios y su accionar encubridor y de desinformación, Cruz comentó que "queda la sensación de la deuda que tienen los medios de la época que dieron cobertura y facilitaron la conclusión del crimen. Porque el crimen se perpetra, pero se busca cerrar al momento que se comienza a culpabilizar a las mismas víctimas de su muerte y de su desaparición, intentando hacer creer que estábamos frente a actos de venganza de los mismos grupos de izquierda".

"Se trataba de una prensa completamente afín a la dictadura, que maltrató a las víctimas con frases peyorativas, maltrató a sus familiares dando a la luz una verdad completamente falsa. Ellos no fueron engañados, y estos medios nacionales no han siquiera pedido perdón. No hay ningún acto de mea culpa", finaliza el abogado.

Otro abogado identificado con los casos de Derechos Humanos es Héctor Salazar, quien conversó con Cambio21 sobre la participación de los medios de comunicación nacionales en la desinformación relacionada con la Operación Colombo.

"Hay un caso emblemático, que es el de los 119, el que sucedió con supuestos muertos en la Argentina. Este hecho es tan falso que se inventó un medio de comunicación brasileño, desde donde se hizo rebotar la información a los medios nacionales. En esta actuación se prestaron La Tercera y El Mercurio, a través de La Segunda principalmente, de esa forma se llevó a cabo un circuito completo de desinformación tratando de dar cuenta de la situación de los detenidos desaparecidos y haciéndolos pasar como que se estaban matando entre ellos en el extranjero", expresó el abogado.

"En general en Chile los medios no tienen un gran record de reconocer culpa. A lo más aceptan desmentidos, o con algunas explicaciones a pie de página. Pero la historia de nuestros medios, sobre todo los escritos, los muestra reacios a reconocer errores o a hacer aclaraciones. Y en la Operación Colombo se graficó cómo los medios se hicieron parte, consciente o inconscientemente, de una operación de inteligencia que buscó desinformar para ocultar una serie de crímenes que habían sucedido en Chile", finaliza el abogado Salazar.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

ASESINATO Y DESAPARICIÓN EN LA SERENA PASARON POR CHEYRE

Paloma Aqueveque y 5 personas más compartieron un enlace.
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Cristián Cruz se refirió al rol del actual director del Servel en la dictadura.
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ACTIVIDAD POR LA PRENSA INDEPENDIENTE.

Marcos Cariz Villanueva compartió la foto de Arturo Poblete.
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Cristian Levinao Y Felipe Duran serán re-formalizados, el día 27 de noviembre a las 12:00 en le tribunal de garantía de Temuko.

ATENCIÓN: Los lamgen Cristian Levinao Y Felipe Duran serán re-formalizados, el día 27 de noviembre a las 12:00 en le tribunal de garantía de Temuko. La invitación es a Difundir, y Acompañar a nuestros lamgen, ese día, con su presencia. Una vez necesitamos de felipe, y estuvo allí, el nos necesita ahora. A devolver la mano. Así como el weichafe cristian levinao, nos da ejemplo con su lucha, enfrentemos la justicia juntos como pueblo.
fuente
Millaray Garrido Paillalef

Sociedad Guerrero y Compañía, fundada Roberto Guerrero del Río

El informe de la PDI sobre estudio jurídico de ex socio de Jovino Novoa que recibió $600 millones de SQM

por  4 noviembre 2015
El informe de la PDI sobre estudio jurídico de ex socio de Jovino Novoa que recibió $600 millones de SQM
El ex senador está “aflojando” la rígida línea de defensa que lo caracterizó desde que su nombre se vio involucrado en el Caso Penta. A la par surgen nuevos antecedentes de personas cercanas a él que recibieron pagos de SQM. La Fiscalía encargó un informe tributario sobre la sociedad Guerrero y Compañía. Entre 2009 y 2013 emitió facturas a SQM por $600 millones. Guerrero y Cía. ya había aparecido en la contabilidad de “Inversiones y Mandatos S.A” –del ex senador UDI y Carlos Olivo– con 11 facturas por más de $81 millones. Si bien Guerrero y Cía. no está en la rectificación que la minera realizó ante el SII, el fiscal interno de la compañía sostuvo en declaración ante el Ministerio Público que “respecto a Guerrero y Cía., tampoco han sido contratados ni prestado servicios para la fiscalía de SQM. Tampoco he sabido que se hubiera contratado por SQM”.

Ayer declaró por tercera vez el poderoso coronel del gremialismo. Solo que esta vez Jovino Novoa habló ante los fiscales, según ha trascendido, ya que su defensa y el Ministerio Público están en conversaciones para llegar a un juicio abreviado, tal como adelantó El Mostrador la semana pasada. Para que esto suceda, Novoa debe abandonar la rígida defensa que adoptó desde el comienzo del caso y debe reconocer su participación en los hechos que le imputa el Ministerio Público. Estos son: emisión de boletas y facturas falsas, declaraciones de impuestos falsas, y evasión de impuesto a Ley de Donaciones.
Con ese telón de fondo, El Mostrador tuvo acceso a un análisis tributario –incluye declaraciones de impuestos mensuales y anuales– de la sociedad Guerrero y Compañía Ltda. entre los años 2009 y 2013, realizado por la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía. Según consta en el Diario Oficial, la sociedad fue fundada por un ex socio de Jovino Novoa, Roberto Guerrero del Río, el 24 de julio de 1991, junto su hermano Francisco Javier, quien es arquitecto.
En junio de este año, empero, Guerrero del Río quedó solamente en calidad de administrador de la sociedad y como quien puede hacer uso de su razón social. Por lo anterior, los actuales socios son su esposa, María Elena Comandari García, y sus tres hijos: Roberto, Pablo y Luz María Guerrero Valenzuela.
Hasta enero de este año, Guerrero del Río fue socio de Jovino Novoa en el estudio Guerrero Olivos. Este no se dedica a los litigios, por lo que no tienen grandes casos, y tampoco es el más grande de la plaza, pero sí está en el top ten. Han tenido clientes de la talla de La Polar, Azul Azul, Telefónica y Compañía General de Electricidad (CGE), para quienes realiza principalmente asesorías corporativas. El hijo de Guerrero del Río y hasta hace poco decano de la Facultad de Derecho de la UC, Roberto Guerrero Valenzuela, es socio administrador.
Además, los cuatro socios fundadores del estudio coincidieron en diferentes cargos públicos durante la dictadura de Pinochet. Novoa fue subsecretario general de Gobierno, mientras que Hernán Felipe Errázuriz fue vicepresidente del Banco Central y también canciller. 
Por su parte, Roberto Guerrero del Río fue rector de la Universidad Finis Terrae entre 1988 y 1996. Además,  trabajó en el Banco Central y como asesor de los ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura de Augusto Pinochet. Carlos Olivos también trabajó en el Banco Central.

600 millones de SQM

La sociedad de Roberto Guerrero del Río –el señalado ex socio de Novoa– recibió, entre 2009 y 2013, $600 millones de SQM, según dice el informe de la UNAC. Para lo anterior se basa en las facturas emitidas entre 2009 y 2013 que aparecen en el libro de compras de la minera. Los obtenidos por las facturas a SQM corresponden al 42% de los ingresos de la sociedad en los años tributarios 2010 y 2011; y al 45%, 40% y 44% en los años tributarios 2012, 2013 y 2014, respectivamente, de acuerdo al detalle del informe.
“El porcentaje restante de los ingresos ascendente a $ 810.787.135, corresponden a otros clientes”, refiere el informe, sin señalar quiénes son.
Según el informe realizado en su momento, la sociedad de Novoa “emitió en forma correlativa Facturas de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA, desde el folio N° 652 al 710. Dentro de estos folios se encuentran nulos los números 671, y desde el número 690 al 700 correlativos. En relación con estos últimos folios llama la atención que las facturas se encuentran en blanco sin ninguna anotación y escrito nulo manuscrito. De lo que podría dar cuenta esta situación es que estas facturas podrían haber sido reservadas, luego se inició la emisión de facturas en la N°701 y se tuvieron que anular las anteriores por no haberse ocupado”.
El mismo análisis elaborado por la Fiscalía sostiene que al 31 de diciembre de 2009, que corresponde al Año Tributario 2010 (AT 2010), “existen cuentas por cobrar por la suma $212.182.677, lo que significa que las facturas emitidas se encuentran adeudadas. No obstante esto, las facturas fueron consideradas como ingreso y se tributó por ellas”.
Cabe destacar que en la contabilidad de Inversiones y Mandatos –sociedad de Jovino Novoa y Carlos Olivos– aparecen 11 facturas en 2013 a Guerrero y Cía. por $ 81.459.000, según se ha conocido.
Guerrero y Cía. no está entre las sociedades que SQM rectificó ante el SII. Sin embargo, el 27 de abril pasado el abogado Patricio Matías Astaburuaga, fiscal interno de SQM y sindicado como vicepresidente legal de la firma, se refirió a facturas que el estudio de abogados Guerrero y Cía. emitió a la minera durante su declaración ante la Fiscalía: “Respecto a Guerrero y Cía., tampoco han sido contratados ni prestado servicios para la fiscalía de SQM. Tampoco he sabido que se hubiera contratado por SQM”, dijo, al tiempo que agregó que “pagos de servicios por $10 millones mensuales a Guerrero y Cía. yo no los autoricé”.
El análisis de la UNAC establece que “preliminarmente, no existiría perjuicio fiscal porque las facturas exentas fueron declaradas como ingreso” si existe una norma en la Ley de IVA que indica el momento en que debe emitirse el documento tributario en el caso de los servicios. Cita el Artículo 55 de la Ley del IVA, DL 825/74, el cual establece que “en los casos de prestaciones de servicios, las facturas deberán emitirse en el mismo período tributario en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio”.
“Lo que ocurre en este caso, es que las facturas fueron emitidas y al 31 de diciembre de 2009 se encuentran adeudadas, sin haber sido pagada la remuneración”, concluye el informe y agrega que “lo anterior, origina para la sociedad Guerrero y Compañía Ltda. el reconocimiento de un ingreso que no ha sido percibido, y para las empresas que recibieron las facturas, su registro implica el respaldo de un desembolso que no se ha realizado, por lo menos a la sociedad Guerrero y Compañía Ltda.”.
En este sentido el análisis no puede comprobar que lo que sucedió en el AT 2010 se haya repetido en los siguientes años, producto de que en la declaración de renta “no se declara el monto de las cuentas por cobrar, debido a que se eliminaron los códigos, pero sí se podría inferir que el saldo de caja, es el saldo ingresado al 31 de diciembre de cada año, cuyos montos tienen la misma tendencia que para el AT 2010”, algo que se “refuerza además, porque en los Formularios 22 se solicita declarar el saldo de la cuenta banco (en el código 784), dato que la sociedad Guerrero y Compañía no ha declarado en los años revisados”.
El informe termina con una recomendación: “Atendido a lo señalado, para poder conocer, entre otras cosas, quiénes son los otros clientes de la sociedad y verificar si corresponden a empresas relacionadas y también para establecer quiénes emitieron boletas de honorarios a la sociedad, se sugiere incautar la contabilidad de Guerrero y Compañía: libro diario, libro mayor, inventario y balances, libro de retenciones, libro de FUT, Libro de Compras y Ventas”.

Las facturas a la Fundación Jaime Guzmán

Tras la incautación de la contabilidad de Inversiones y Mandatos, la sociedad de Novoa y Olivos, la Fiscalía había realizado un informe en donde aparece con 11 facturas emitidas a Guerrero y Compañía Ltda., junto a otras seis empresas a las que facturó durante el periodo electoral del año 2013. En el caso de la primera fueron 11 facturas por un monto anual de $81.459.000 y se suma la Fundación Jaime Guzmán con $18 millones.
Según el informe realizado en su momento, la sociedad de Novoa “emitió en forma correlativa Facturas de Ventas y Servicios no afectos o exentos de IVA, desde el folio N° 652 al 710. Dentro de estos folios se encuentran nulos los números 671, y desde el número 690 al 700 correlativos. En relación con estos últimos folios llama la atención que las facturas se encuentran en blanco sin ninguna anotación y escrito nulo manuscrito. De lo que podría dar cuenta esta situación es que estas facturas podrían haber sido reservadas, luego se inició la emisión de facturas en la N°701 y se tuvieron que anular las anteriores por no haberse ocupado”.
El mismo documento estableció que “las facturas emitidas durante el año 2013 a la Fundación Jaime Guzmán, no han sido pagadas a Inversiones y Mandatos S.A., no obstante fueron incluidas como ingresos en la contabilidad y también declaradas en el Formulario 22 del Año Tributario 2014 de Declaración Anual de Impuestos”, puntualiza el informe.
Además en la contabilidad, se señala que “también se encuentran adeudados dos facturas del mes de noviembre de 2012, por la suma de $ 3.000.000 en total. En total serían $ 21.000.000 adeudados por la Fundación Jaime Guzmán a la sociedad Inversiones y Mandatos S.A.”.
Finalmente, en la revisión efectuada de los antecedentes recopilados también se observó lo siguiente: “Dos de los clientes de la sociedad Inversiones y Mandatos S.A., le emitieron facturas durante el año 2013 por servicios exentos, a las sociedades SQM y SQM Salar, aunque por montos distintos. La Fundación Jaime Guzmán le emitió facturas a SQM Salar S.A., y la sociedad Guerrero y Compañía Ltda., le emitió facturas a SQM”.

martes, 3 de noviembre de 2015

INVITACIÓN.

El primero de los actos, se realizará el viernes 06 de noviembre a las 12:00 horas. en el edificio de la compañía de Electricidad ( Lugar de su detención). ubicado en Santo Domingo 789 ( Metro Plaza de Armas.
El segundo acto se realizará el sabado 07 de noviembre a las 11:30 horas. en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en el Cementerio General de Santiago.
Esperamos contar con su asistencia.

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