CIPER confirmó que, a partir de su investigación a Manuel Guerra, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, solicitó a la Fiscalía Oriente verificar si en el celular de Hermosilla hay mensajes entre el penalista y otros persecutores, para radicar en su causa todo antecedente de los chats que apunte a delitos cometidos por funcionarios del Ministerio Público. Lo que puso en alerta a Carrera fue un chat en que Guerra le detalló a Hermosilla los nombres de cuatro fiscales regionales de su confianza que, por entonces, estaban en contra de la administración de Jorge Abbott. CIPER consultó a los cuatro exfiscales y solo uno confirmó que mantuvo contactos con Hermosilla, pero descartó irregularidades.
En la celebración del aniversario número 25 del Ministerio Público que el martes 15 de octubre pasado encabezó el fiscal nacional, Ángel Valencia, se exhibió una muestra fotográfica que resume la historia de la institución. En una de las imágenes figura Manuel Guerra, hoy investigado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto. Su aparición causó molestias internas, a tal punto que el fiscal nacional ha transmitido la posibilidad de retirar esa foto de la muestra.
Al interior del Ministerio Público existe especial preocupación por los vínculos de Luis Hermosilla con funcionarios de esa institución que quedarían expuestos en los chats del celular del penalista. Lo que se sumaría a las complicaciones internas generadas no solo por los mensajes entre Guerra y Hermosilla, que fueron publicados por The Clinic (vea uno de esos reportajes), sino también por las revelaciones de los contactos del penalista con la fiscal regional a cargo del Caso Hermosilla, Lorena Parra, y con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Ambos, Parra y Valencia, han reconocido que intercambiaron mensajes con Hermosilla y, en el caso de Valencia, que hasta sostuvo un encuentro con él.
Otro fiscal que se suma a la nómina de persecutores complicados con el celular de Hermosilla es Carlos Palma. El fiscal regional de Aysén es investigado en la arista radicada en Los Lagos por su relación con Gonzalo Migueles, pareja de la exministra suprema Ángela Vivanco, y por sus mensajes con Hermosilla (lea artículo: Chats muestran despliegue de Hermosilla y fiscal Palma por la jefatura del Ministerio Público: «Vine a hablar con Andrés (Chadwick)»).
Según información confirmada por CIPER, el fiscal regional de Arica a cargo de la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra, Mario Carrera, amplió su indagatoria contra otros funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público que han sostenido conversaciones con Hermosilla, en las que eventualmente pudieran haber delitos.
Un chat entre Guerra y Hermosilla, fechado el 29 de diciembre de 2017, alertó al fiscal Carrera sobre la posible vinculación del penalista con otros funcionarios del Ministerio Público. En ese mensaje, Guerra le envía al penalista un listado de fiscales regionales que junto a él se oponían, por ese entonces, a la administración del fiscal nacional Jorge Abbott. En esa conversación Guerra le comenta a Hermosilla que tendría una reunión con Abbott para “convencerlo de flexibilizar” la posición del Ministerio Público en el Caso Penta.
CIPER conversó con los cuatros exfiscales mencionados en ese mensaje. De ellos, dos dijeron que no habían intercambiado mensajes con Hermosilla y otro señaló que sólo una vez le escribió, cuando ya no era fiscal y solo para darle apoyo en su participación en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. Asegura que es la única vez que habló con él. Frente a estas versiones, y porque CIPER no cuenta hasta el momento con evidencia que demuestre lo contrario, para este reportaje se mantendrán bajo reserva los nombres de esos tres exfiscales. En todo caso, CIPER pudo confirmar que Mario Carrera ya pidió a la Fiscalía Oriente, donde está radicada la causa contra Luis Hermosilla, que le informe si existen chats entre el penalista y uno de estos tres exfiscales.
Solo uno de los cuatro persecutores mencionados en el chat de Guerra y Hermosilla indicó a CIPER que mantuvo un intercambio amplio de mensajes con Luis Hermosilla: el exjefe de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Emiliano Arias. El fiscal Carrera también solicitó a la Fiscalía Oriente que le informe si existen esas conversaciones entre Arias y Hermosilla, para luego evaluar si solicita autorización judicial para acceder a ellas.
Consultado por CIPER, Emiliano Arias confirmó que sostuvo comunicaciones con Luis Hermosilla, pero aseguró que no solicitó favores al penalista: “Quiero señalar que yo no tengo chats con Hermosilla pidiéndole favores o enviando currículum. No tengo chats con Hermosilla para favorecer a ninguno de los imputados que (él) representaba, directa o indirectamente. Yo no asumí las investigaciones en las que él tenía injerencia. Los imputados asociados a dichas causas o fueron condenados o fueron formalizados. Tampoco después de mi salida he sido contratado en institución o estudio jurídico alguno y en mi última postulación a fiscal nacional no contacté ni personalmente ni a través de terceras personas a ministro alguno de la Corte Suprema. Obtuve cero votos”.
Al hacer consultas en la fiscalía Oriente sobre la petición del fiscal Mario Carrera, desde prensa señalaron que, de ser una solicitud de la regional de Arica, es en esa repartición donde debiera haber respuesta. CIPER contactó al fiscal Carrera quien declinó referirse a las diligencias.
Fotografía parte de la exposición del Ministerio Público por sus 25 años, a la izquierda ex fiscal Guerra
NUEVE CAUSAS DE GUERRA BAJO LA LUPA
De acuerdo con información confirmada por CIPER, el fiscal Carrera ya está investigando posibles irregularidades en el actuar de Guerra en al menos nueve causas de alta connotación pública. Además, sumó a su indagatoria los antecedentes de dos denuncias hechas por particulares contra Guerra, las que se mantienen bajo reserva. Esta es la nómina de las causas que fueron lideradas por Guerra y que Carrera está revisando:
- Caso Penta: Manuel Guerra estuvo a cargo de la fase final de esta investigación. En sus conversaciones con Luis Hermosilla, reveladas por The Clinic, se mencionan al menos cuatro ocasiones en que hablan sobre la investigación por delitos tributarios en contra del exadministrador electoral de Piñera, Santiago Valdés, en el marco del Caso Penta. En 2018, Guerra eliminó los cargos de soborno contra Carlos Délano y Carlos Lavín, y recalificó el cohecho contra Pablo Wagner. Esas decisiones fueron objetadas, por falta de fundamento, por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y por el Consejo de Defensa del Estado.
- Investigación por abuso sexual en contra de uno de los herederos del grupo Said: en 2021, reportajes de El Mostrador e Interferencia revelaron que la fiscalía dirigida por Guerra recalificó el delito imputado a Juan Cristóbal Said, pasando de violación a abusos sexuales. Ahora, el fiscal Carrera está revisando los fundamentos de ese cambio (lea artículo relacionado: “Fiscal Carrera confirma que revisará rol de Manuel Guerra en una causa contra hijo de Salvador Said cerrada en 2021”).
- Caso Torrealba: la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el exalcalde de Vitacura se inició en agosto de 2021. Manuel Guerra había salido de esas fiscalía solo un mes antes, pero consiguió información reservada de la indagatoria, sobre la autodenuncia de Antonia Larraín Prieto, que compartió con Hermosilla.
- Caso Exalmar: entre 2016 y 2017, bajo el mando de Manuel Guerra, la Fiscalía Oriente indagó al exmandatario Sebastián Piñera por el presunto uso de información privilegiada en el caso judicial de la pesquera Exalmar durante su primer mandato. Esa causa terminó con el sobreseimiento de Piñera, ratificado por la Corte de Apelaciones.
- Caso Dominga: en 2017, Guerra sobreseyó a Piñera por la venta de la minera Dominga, transacción en que la familia del expresidente vendió su parte de ese proyecto a la familia Délano. Guerra dictó el sobreseimiento sin investigar una cláusula que condicionaba uno de los pagos a que no se aplicara protección ambiental a la zona de la mina y su puerto, decisión que debía adoptar el gobierno del propio Piñera. El exfiscal no informó a los jueces sobre esa controversial cláusula que visaron el cierre del proceso.
- Caso Asesorías Parlamentarias: Guerra dirigió la investigación sobre colaboradores del Congreso. Hasta su salida de la fiscalía y durante seis años, la indagatoria no tuvo formalizados.
- Indagatoria por tráfico de influencias en contra del senador Manuel José Ossandón (RN): al parlamentario se le imputó tráfico de influencias por intentar interceder para que la Municipalidad de Pirque aceptara un trato por extracción de áridos con una empresa de uno de sus hijos. Guerra no logró el desafuero del senador. De acuerdo con los chats publicados por The Clinic, el 11 de agosto de 2020, Guerra le preguntó a Hermosilla sobre esta investigación: “Tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto de Ossandon?”. El 17 de octubre pasado, el senador Ossandón estampó una denuncia contra Guerra y Hermosilla respecto de ese chat que hoy revisa el fiscal Carrera.
- Denuncia por inconsistencias financieras en la Corporación Municipal de La Florida: la Fiscalía Oriente, con Guerra a la cabeza, comenzó a investigar a la Corporación Municipal de La Florida (COMUDEF), luego de que la Contraloría objetó el manejo de recursos públicos en esa entidad. Según fuentes conocedoras de la investigación, bajo la jefatura de Guerra la indagatoria no rindió frutos. En la plataforma del Poder Judicial, solo figura una causa radicada en esa fiscalía que indagó a la COMUDEF, la que fue abierta en 2018. En noviembre de 2023, Guerra fue contratado en La Municipalidad de La Florida para encabezar la Defensoría de la Gente.
- Investigación en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa: el ex jefe policial fue investigado por desviar $146 millones de gastos reservados a sus cuentas personales. Según los chats publicados por The Clinic, Guerra ofreció ayuda a Hermosilla para la audiencia del 25 de octubre donde se revocó la prisión preventiva de Héctor Espinosa. “Éxito con lo de Hector. Coméntame quien es el abogado integrante para ver si se puede hacer algo”, le escribió Guerra a Hermosilla ese día.
- Dos denuncias de particulares sobre las cuales CIPER desconoce los detalles.
FILTRACIONES EN CASO TORREALBA
El 28 de agosto de 2021, un mes después de su renuncia al Ministerio Público, el exfiscal Guerra filtró a Hermosilla información reservada de la Fiscalía Oriente relacionada con la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
Los antecedentes que Guerra compartió con el penalista provenían de la autodenuncia de Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura. Los hechos relatados por la exfuncionaria municipal fueron conocidos por la opinión pública cuando los publicó La Tercera el 31 de agosto de 2021. Pero, tres días antes de la publicación de La Tercera, Guerra se los filtró a Hermosilla.
CIPER preguntó a la Fiscalía Oriente sobre la posibilidad de que se investigue administrativamente esta filtración. Junto con descartar la apertura de una indagatoria interna, en esa entidad señalaron que van a esperar “lo que dé cuenta la investigación del fiscal Carrera”. Esto, indicó la respuesta, porque existe la posibilidad de que Guerra haya conocido los antecedentes en el entorno de la comuna de Vitacura. “Efectivamente, esa información ya la tenía Vitacura y Guerra era parte de la AMSZO”, sostuvieron desde la Fiscalía Oriente, en alusión a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente, que integraba Vitacura, entidad a la que Guerra llegó a trabajar después de dejar el Ministerio Público (CIPER dio cuenta de ese arribo, lea ese artículo).
Sobre el rol que pudo tener Carlos Ramírez, fiscal que llevaba la causa cuando Guerra compartió los datos, en la Fiscalía Oriente respondieron que “ya no forma parte del Ministerio Público. Por eso no se abrió investigación administrativa”. Desde 2023, el exfiscal Ramírez se desempeña como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el chat, Guerra le dice a Hermosilla:
Guerra: Lo primero es que no hay plata trazable. El problema es que en la municipalidad hay mucho pituco de pera blanda. La Antonia Larrain brazo derecho de Torrealba fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a auto denunciar a la fiscalía.
Fue luego de ese intercambio, según reveló The Clinic, que Guerra le comentó a Hermosilla su cercanía con el entonces fiscal Carlos Ramírez, le informó detalles de la autodenuncia de Larraín y del allanamiento realizado por la PDI a la casa de Torrealba el 23 de agosto de 2021: “Le encontraron 7 palos en la casa en efectivo explicables y poca plata”.
CIPER intentó conversar con el exfiscal Ramírez, quién, a través de un tercero, rechazó contestar consultas para este artículo.
El 3 de septiembre de 2021, la causa contra Raúl Torrealba se trasladó a la Fiscalía Centro Norte y ahora está en manos del fiscal Francisco Jacir. Este habría ingresado una denuncia formal por violación de secreto, la que hoy está en manos del fiscal Mario Carrera.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que el fiscal regional de Arica solicitó acceso a la carpeta que recopila los antecedentes del caso Torrealba, pero al ser una investigación en curso, el fiscal Jacir solo entregó acceso parcial. CIPER consultó a la Fiscalía Centro Norte al respecto, desde donde señalaron que Jacir no emitirá comentarios.
El pasado 11 de octubre, el fiscal Carrera dirigió una solicitud similar a la Fiscalía Oriente, pidiendo copia íntegra de la carpeta del Caso Penta, además de todas las solicitudes del Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), junto con sus respuestas por parte del Ministerio Público. La diligencia también incluyó todas las solicitudes del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), que contenga esa indagatoria. Esto, con el fin de conocer con exactitud todas las veces en que Guerra intervino en la causa.
EXFISCAL ARIAS EN LA MIRA
A la fecha del chat en que Guerra le mencionó a Hermosilla que Emiliano Arias era uno de los cuatro fiscales regionales que se oponían al fiscal nacional Jorge Abbott, Arias se desempeñaba como jefe de la Fiscalía de la Región de O’Higgins, cargo que ocupó hasta mayo de este año, cuando abandonó el Ministerio Público. Arias fue parte del equipo de fiscales que investigó el caso Caval y también causas de financiamiento irregular de la política, como los casos SQM y Penta. Incluso, junto a los exfiscales Norambuena y Gajardo, Arias participó en el allanamiento a las oficinas de Soquimich el 26 de marzo de 2015, ocasión en la que fueron recibidos por Luis Hermosilla.
Por ese entonces, el penalista era asesor legal de SQM y, según documentos de la investigación, también asumió la representación de Enrique Olivares Carlini, abogado de la minera. Así lo registra una declaración de este último ante fiscalía, en abril de 2015, en la que compareció junto “a su abogado”, Luis Hermosilla.
En un artículo publicado en abril pasado, CIPER reveló que solo entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, Arias recibió en 11 ocasiones a Hermosilla. Para ese reportaje, el exfiscal dijo que en esas reuniones “se hablaba de las investigaciones en que era interviniente y también de otros aspectos públicos de otras investigaciones. Preguntaba por Caval, pero nunca se le entregó información o antecedentes secretos”. Arias recordó que en ese momento Hermosilla representaba a Gonzalo Vial Concha en la indagatoria del caso Caval. “Después de esas reuniones y hasta hoy no he visto a Luis Hermosilla”, agregó.
Pero hay rastros de un encuentro posterior. En 2019, Arias se vio enfrentado a una investigación judicial en su contra por el delito de tráfico de influencias, que terminó con decisión de no perseverar por parte de Eugenio Campos, fiscal que llevó el caso. En el marco de esa indagatoria, Arias declaró como imputado, el 8 de mayo de 2019, en dependencias de la Fiscalía Nacional. En esa oportunidad, dio cuenta de una reunión que habría tenido con Luis Hermosilla en marzo de 2019:
“Recuerdo que, además de ver los temas de la causa por la que concurrió (causa estafa Gonzalo Vial) el abogado Hermosilla me comentó acerca de su experiencia con los fiscales regionales don Cristian Paredes y don Carlos Palma, calificándolos de excelentes profesionales, agregando un comentario acerca de la postulación de Paredes a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y de lo esforzado que resultaba para el fiscal Palma ser fiscal regional de Aysén y tener una causa de la envergadura en Temuco”.
En el marco de la misma declaración, pero un día antes, el 7 de mayo de 2019, Emiliano Arias había sido consultado por su relación con Hermosilla: “Con el abogado Luis Hermosilla, no tengo ninguna amistad y tan solo nuestra relación es técnica profesional (…). En general, es una relación laboral, yo no conozco su casa y él tampoco la mía”.
En esa instancia, el entonces investigador también es consultado por su relación con otros fiscales regionales: “(…) No mantengo relación de amistad cercana con los demás fiscales regionales, quizás un mayor conocimiento porque hemos trabajado juntos con el fiscal Paredes, Palma, Marcela Cartagena, Nayaley, Julio Contardo y Manuel Guerra”.
En esa misma declaración, Arias reveló que alrededor de 2017 el abogado Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, le ofreció el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito en el segundo gobierno de Piñera: “Más que un ofrecimiento, esto se produjo como consecuencia de una conversación en un almuerzo con un amigo de la ciudad de Santiago, nos juntamos y él me indicó que si me gustaría ser o estar en el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito”, aseguró Arias. Y añadió: “Esto me lo expresó el abogado Gonzalo Cisternas, no somos amigos, solo conocidos”.
Una de las sociedades de Gonzalo Cisternas (Cisternas y Cia. Abogados Asesorías y Consultorías Limitada), le pagó honorarios a Manuel Guerra cuando este último recién había salido del Ministerio Público. Las boletas de Guerra para la empresa de Cisternas sumaron cerca de $105 millones, pagos que están siendo investigados por el fiscal regional de Arica (vea ese artículo). Además, Cisternas intervino en una de las causas donde la Comisión de Ética de la Corte Suprema detectó irregularidades de la exministra Ángela Vivanco (lea reportaje relacionado).
En el proceso judicial que enfrentó el exfiscal Arias en 2019, también se investigaron hechos relacionados con un eventual favorecimiento, en el marco del Caso Caval, al síndico Herman Chadwick -sobrino de Andrés Chadwick-, a quién Luis Hermosilla representó durante dos meses al inicio del proceso. Aunque esos hechos fueron desestimados por el fiscal Campos, María Inés Horvitz entonces integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que se hizo parte del Caso Caval, declaró:
“En este proceso se formalizó a Herman Chadwick Larraín, por dos delitos de ventajas indebidas de síndico, sin hacerlo por el delito de soborno, como le solicité en más de una ocasión al fiscal Arias, ya porque no estaba totalmente convencido de hacerlo o porque, a su juicio, debía cerrar a la brevedad la investigación”.
La ahora exconsejera del CDE también señaló que fue posterior a la acusación del Ministerio Público y del consejo -que sí incluyó el delito de soborno- en contra de Chadwick, que el entonces fiscal Arias quiso acordar un procedimiento abreviado contra Chadwick: “Solicitando penas que, en opinión del CDE, eran demasiado bajas”.
Según señaló la penalista en esa declaración, luego de que ella se opuso al procedimiento abreviado para Chadwick y que el tribunal acogiera su posición, Arias cortó comunicaciones con el CDE: “No contestaba mis llamados telefónicos, tampoco recibía en reuniones a los abogados de la procuraduría, lo cual me resultó bastante extraño”.
La investigación si terminó con un juicio abreviado contra Chadwick. Y así lo recordó Horvitz en su declaración: “No hubo ninguna advertencia previa del fiscal Arias sobre el particular”. Y agregó: “Es importante, hacer presente que la posición siempre fue la de manifestarle que a nosotros, como consejo, nos interesaba llevar a Chadwick a juicio oral, y él, en varias ocasiones me manifestó que estaba de acuerdo”.
Para el artículo publicado en abril pasado, el fiscal Arias dijo a CIPER que no fue él quien realizó el cálculo de penas, “sino que varios abogados asesores”. En esa oportunidad, CIPER constató en un informe policial que fueron dos abogados quienes participaron en ese cálculo.
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