Dictan procesamiento contra ex miembros de la DINA por paso de “Caravana de la Muerte” por Valdivia

Pedro Espinoza | Tomas Santander/AgenciaUNO

Publicado por Alberto Gonzalez | La Información es de Erik López, Poder Judicial

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricia González dictó procesamiento en la investigación por la “Caravana de la Muerte. Episodio Valdivia”, por la serie de homicidios cometidos el 3 y 4 de octubre de 1973 en la capital de la región de Los Ríos.
La magistrada determinó procesar a los ex miembros del Ejército y de la disuelta DINA Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito, como autores de los homicidios de 11 personas.
De acuerdo a la resolución, “el 3 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero “Puma” con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos”.
Al día siguiente se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra, Víctor Rudolph, Víctor Valeriano, Santiago García, Luis Valenzuela, Sergio Bravo, Luis Pezo, Víctor Krauss, Pedro Barría, Enrique Guzmán y a José Barrientos.
Una vez fuera del recinto carcelario, a los 11 detenidos “se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe”.
Cabe destacar que en otra resolución al magistrada procesó como autores del homicidio de José Liendo Vera a los ex miembros del Ejército Sergio Arellano Stark, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Carlos López y Juan Chiminelli y como cómplices a Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.

Confirmada la activa participación del dueño del diario El Mercurio pidiendo a EEUU derrocar a Salvador Allende

En nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Estado, aparecen nombres entregados por Agustín Edwards a la CIA para que tomaran contacto con políticos de derecha y militares para fraguar el golpe de Estado de 1973.
Ya en 1999 se había desclasificado el informe de la cita que mantuvo el dueño y luego director de El Mercurio, Agustín Edwards y el entonces director de la CIA Richard Helms, el 14 de septiembre de 1970. Sin embargo, en esa oportunidad el informe había sido ampliamente censurado, quitando nombres, entre otras cosas.

Pero ahora, un nuevo informe sobre la cita ha sido desclasificado por el Departamento de Estado de EEUU, con mucho menos censuras, y que deja al descubierto el intenso lobby del propietario del diario Agustín Edwards para conseguir que Estados Unidos buscara la expulsión del gobierno de Salvador Allende, según informa Ciper en un artículo publicado este martes.

En el informe de diez páginas, Edwards comunicó a Helms sobre la preocupación de los militares chilenos sobre el apoyo de EEUU ante un eventual golpe de estado y entregó información sobre líderes de las FFAA que estaban dispuestos a ayudar en sacar a Allende de La Moneda. Además, habló de los políticos que para entonces "aún tienen buenos contactos con los militares" y que podrían ayudar a la CIA, como los dirigentes del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes.

Durante la cita, el dueño de El Mercurio criticó abiertamente a Eduardo Frei Montalva diciendo que era "indeciso" y que siempre esperaba "que otro de el primer paso". Además, dijo que "probablemente se acobardará a último minuto", en vez de avanzar hacia un golpe.

En esta versión del "memcon" -nombre que se le da a estos informes- se detalla quiénes fueron los que participaron en dicha reunión: Agustín Edwards, Donald Kendall, el presidente ejecutivo de Pepsicola, el director de la CIA Richard Helms y un ayudante no identificado de Helms en la CIA, quien tomó notas y escribió el resumen de la reunión.

Tan clave es la reunión de Edwards y Helms, que el ex director de El Mercurio detalló una reunión entre Frei Montalva, Bernardo Leighton y el candidato presidencial de la derecha, Jorge Alessandri, para tener una salida constitucional para evitar el gobierno de Allende, que implicaba la suma de votos de la derecha y la DC en el Congreso para elegir a Alessandri, quien luego renunciaría para dar paso a nuevas elecciones. Sin embargo, según detalla el informe, el mismo Edwards dudó de la viabilidad de ese plan. "[el plan] podría no funcionar. ¿Entonces qué?", manifestó, evidentemente incitando a otra respuesta por parte de Estados Unidos.

No es casualidad que un día después, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, indicara a Helms una serie de acciones destinada a lograr que "la economía chilena chille" y desestabilizar el país para una irrupción militar.

Durante la reunión, Edwards le comunicó a Helms que mientras estaba en Chile se reunió con el general Camilo Valenzuela y que este le comunicó dos principales puntos que le preocupaba al mundo militar en caso de ejercer la fuerza contra Allende.
1) Si el gobierno chileno fuera derrocado en una acción militar, ¿recibiría el nuevo gobierno el reconocimiento diplomático de Estados Unidos?
2) ¿Recibirían las Fuerzas Armadas chilenas apoyo logístico por una acción contra el gobierno?".

En la misma línea, Helms le preguntó a Edwards cuál era la mejor forma para que el gobierno estadounidense enviara un mensaje de "aliento" a los militares chilenos, a lo que el dueño de El Mercurio respondió que sería "desastroso" se enviara abiertamente. No obstante "si la palabra sobre la actitud de Estados Unidos fuera enviada discretamente, podría ayudar", manifestó Edwards.

Tal como se lee en el artículo, Edwards se habría convertido en un informante de la CIA detallando diversos ámbitos de la situación chilena con el objetivo de conseguir que Allende saliera del poder. En este sentido, los datos develados contradicen la declaración bajo juramente que realizó Edwards ante el juez Carroza donde manifestó que "en ningún caso se pensaba en un Golpe de Estado o algo parecido".

MEDICOS TORTURADORES EN CHILE.

Ana Gonzalez

Amigos, amigas :

Primeramente, les envio a todas (os) un cariñoso abrazo y anhelando que todo en y con Uds. esté como debe ser.

Algunos me conocen , uno de mis compromisos ha sido y será siempre la causa de los Derechos Humanos y el establecimiento de la Verdad y Justicia en nuestro país para con los dolorosos hechos acaecidos bajo la dictadura militar.

Es en relación a esta premisa y principio de vida, que he trabajado durante varios meses con un equipo de periodistas del  Canal de Televisión"Chile Visión" en torno al contexto de MEDICOS TORTURADORES EN CHILE.  Es primera vez que un equipo de periodistas trabaja en este sentido, investigar y enfrentar a los médicos torturadores.. Para mí, no fue una tarea fácil, pues significa traer al presente y re-significar una experiencia  traumática y brutal. Pero y no obstante, tengo  un  deber, una deuda, un compromiso, una consecuencia para con mis compañeros y compañeras Ejecutados y Desaparecidos Políticos en cuyos asesinatos hubo participación de médicos chilenos. Hoy día, aquellos cpmpañeros no tienen voz, pero si, presencia en nosotros que les sobrevivimos.

Es en este sentido que les convoco e invito a hacer todos los arreglos necesarios para el día Miércoles 28 de Mayo ,Canal de Televisión"Chile Visión"  después de las noticias, a observar, ver e informarse acerca de los valientes médicos chilenos que en honor al principio de Hipócrates, se dieron el lujo de matar y asesinar  a chilenos comprometidos con una causa y un gobierno. Traigo aquí el nombre y recuerdo de un compañero con el cual trabajé en las provincias de Atacama y Coquimbo, un hombre que tambíén fue mi amigo,  me refiero al DOCTOR JORGE JORDAN DOMIC. También hago mención a los nombres de dos médicos consecuentes que dieron a conocer al mundo la identificación del médico que lo mató, ellos son también mis amigos  MEDICOS AALEJANDRO JAQUE ARANEDA ( quien ya no está con nosotros ) y EDUARDO ILABACA PLAZA.

Finalmente, les solicitó, re-enviar este correo en forma urgente al mayor número de personas posible. Las redes deben funcionar. Y ojalá, después del programa, me transmitan su opinión y/o punto de vista.

Como siempre, les mando a todos un abrazo de soles y de antemano, muchas gracias.

 

Nuevo informe de reunión entre Agustín Edwards y director de la CIA en 1970 devela su rol clave en el Golpe Militar

The Clinic Online 28 Mayo, 2014

n nuevo informe sobre la cita ha sido desclasificado por el Departamente de Estado de EEUU, con muchas menos censuras, y que deja al descubierto el intenso lobby de Edwards para conseguir que Estados Unidos buscara una salida al gobierno de Salvador Allende, según informa Ciper en un artículo publicado este martes. Según el nuevo informe, Edwards detalló nombres de políticos de derecha -Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes- que tenían buenas relaciones con militares, comunicó la preocupación de las FFAA por el reconocimiento de EEUU al nuevo gobierno tras un eventual golpe de Estado y dudó de una salida constitucional al gobierno de Salvador Allende.

Ya en 1999 se había desclasificado el informe de la cita que mantuvo el director de El Mercurio, Agustín Edwards y el entonces director de la CIA Richard Helms, el 14 de septiembre de 1970. Sin embargo, en esa oportunidad el informe había sido ampliamente censurado, quitando nombres, entre otras cosas.
Pero ahora, un nuevo informe sobre la cita ha sido desclasificado por el Departamente de Estado de EEUU, con muchas menos censuras, y que deja al descubierto el intenso lobby de Edwards para conseguir que Estados Unidos buscara una salida al gobierno de Salvador Allende, según informa Ciper en un artículo publicado este martes.
En el informe de diez páginas, Edwards comunicó a Helms sobre la preocupación de los militares chilenos sobre el apoyo de EEUU ante un eventual golpe de estado y entregó información sobre líderes de las FFAA que estaban dispuestos a ayudar en sacar a Allende de La Moneda. Además, habló de los políticos que para entonces “aún tienen buenos contactos con los militares” y que podrían ayudar a la CIA, como los dirigentes del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes.
Durante la cita, el director de El Mercurio criticó abiertamente a Eduardo Frei Montalva diciendo que era “indeciso” y que siempre esperaba “que otro de el primer paso”. Además, predijo que “probablemente se acobardará a último minuto”, en vez de avanzar hacia un golpe.
En esta versión del “memcon” -nombre que se le da a estos informes- se detalla quiénes fueron los que participaron en dicha reunión: Agustín Edwards, Donald Kendall, el presidente ejecutivo de Pepsicola, el director de la CIA Richard Helms y un ayudante no identificado de Helms en la CIA, quien tomó notas y escribió el resumen de la reunión.
Tan clave es la reunión de Edwards y Helms, que el director de El Mercurio detalló una reunión entre Frei Montalva, Bernardo Leighton y el candidato presidencial de la derecha, Jorge Alessandri, para tener una salida constitucional para evitar el gobierno de Allende, que implicaba la suma de votos de la derecha y la DC en el Congreso para elegir a Alessandri, quien luego renunciaría para dar paso a nuevas elecciones. Sin embargo, según detalla el informe, el mismo Edwards dudó de la viabilidad de ese plan. “[el plan] podría no funcionar. ¿Entonces qué?”, manifestó, evidentemente incitando a otra respuesta por parte de Estados Unidos.
No es casualidad que un día después, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, indicara a Helms una serie de acciones destinada a lograr que “la economía chilena chille” y desestabilizar el país para una irrupción militar.
Durante la reunión, Edwards le comunicó a Helms que mientras estaba en Chile se reunió con el general Camilo Valenzuela y que este le comunicó dos principales puntos que le preocupaba al mundo militar en caso de ejercer la fuerza contra Allende.
1) Si el gobierno chileno fuera derrocado en una acción militar, ¿recibiría el nuevo gobierno el reconocimiento diplomático de Estados Unidos?
2) ¿Recibirían las Fuerzas Armadas chilenas apoyo logístico por una acción contra el gobierno?”.
En la misma línea, Helms le preguntó a Edwards cuál era la mejor forma para que el gobierno estadounidense enviara un mensaje de “aliento” a los militares chilenos, a lo que el dueño de El Mercurio respondió que sería “desastroso” se enviara abiertamente. No obstante “si la palabra sobre la actitud de Estados Unidos fuera enviada discretamente, podría ayudar”, manifestó Edwards.
Tal como se lee en el artículo, Edwards se habría convertido en una especie de informante de la CIA detallando diversos ámbitos de la situación chilena con el objetivo de conseguir que Allende saliera del poder. En este sentido, los datos develados contradiría la declaración bajo juramente que realizó Edwards ante el juez Carroza donde manifestó que “en ningún caso se pensaba en un Golpe de Estado o algo parecido”.

Joven universitario asesinado en cuartel policial en 1985

Caso Randolph: llega a su fin unos de los más misteriosos crímenes de la dictadura

A 29 años de su ocurrencia, el ministro especial de Derechos Humanos Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, se encuentra realizando las últimas diligencias solicitadas por la familia del universitario José Randolph, tras lo cual se estima que cerrará el sumario. Además del crimen del estudiante, que no poseía militancia política alguna, en torno a estos hechos se produjeron dos secuestros e incluso la CIA norteamericana llegó a averiguar al respecto.

por Carlos Basso El Mostrador.

La madrugada del 26 de mayo de 1985, el entonces estudiante de ingeniería civil mecánica de la Universidad de Concepción, José Randolph Segovia, regresaba a su pensión del barrio universitario tras haber participado de una fiesta en Talcahuano.
De acuerdo a la versión oficial, conducía en estado de ebriedad su automóvil, un Seat Fura, y por ello golpeó unos conos de vigilancia ubicados en avenida Colón, frente a un retén de Carabineros que había al frente del Club Hípico de Concepción.
Según la versión recopilada por la periodista María Eliana Vega en su libro No hay dolor inútil, el muchacho siguió su camino y “al llegar a la pensión en que vivía, en calle Chorrillos, fue interceptado por un carabinero de guardia ante la residencia del jefe de la IV zona de Carabineros. Tras un llamado, un furgón policial llegó hasta el lugar y se llevó detenido a José Randolph”. El destino fue el Hospital Regional, donde le practicaron la alcoholemia, y luego de ello la antigua Segunda Comisaría de Concepción, en calle Ongolmo con Brasil, en el sector norte de Concepción.
Como consigna Vega, “desde allí y según el parte policial se habría fugado. Dos días después fue encontrado en los roqueríos de Rocoto, a más de 20 kilómetros del lugar donde estuvo detenido” y a orillas del mar, en lo que hoy es la comuna de Hualpén.
De acuerdo a la policía uniformada, el joven se había escapado en la madrugada, debido a que lo habían dejado en la guardia, en vez de un calabozo. Sin embargo, nada de ello calza. Desde ese sitio, ubicado en el centro de Concepción, habría llegado a pie hasta Rocoto, desde donde se habría lanzado por un acantilado de unos 100 metros de altura, no sin antes escribir una nota de suicidio, que indudablemente se cree fue escrita bajo presión.
“Padres, perdónenme pero la verdad no aguanté esta situación. Siempre he dejado la crema. Adiós. Rigo. Vine al mar pues siempre lo quise. Me marché para no regresar, pero fui feliz pues fui al mar”, rezaba la nota. Un detalle llamativo de ella es que la firmó como “Rigo”, apodo que tenía desde pequeño y que nadie en Concepción (su familia paterna vivía en Iquique en ese momento) usaba, dado que todos lo conocían como “Pepe”. Hasta el día de hoy su hermana Catina cree que fue una suerte de mensaje subliminal para que su familia entendiera que no era él en realidad quien escribió eso, que estaba siendo obligado.
Y, por cierto, la nota suicida no encajaba con lo establecido en la segunda autopsia que se hizo al cuerpo de José, que determinó que las lesiones por las cuales había fallecido eran claramente inferidas por terceros “por la aplicación de una violencia mecánica contundente con inusitada magnitud”, como consigna el libro de Vega, que también recoge otro elemento esencial del caso: Randolph nunca salió de la comisaría por sus propios medios.

Secuestros y amenazas

La investigación, asumida por el ministro en visita José Martínez Gaensly, fue extremadamente compleja. Mirta Navarrete, esposa de Eli Farías, actuario del ministro Martínez, fue secuestrada dos veces por desconocidos que la golpearon y le propinaron diversos cortes en el cuerpo, diciéndole que el juez debía dejar de investigar.
El primer plagio, el 21 de junio, fue cometido por tres encapuchados que la secuestraron en la calle, la subieron a un furgón y le marcaron una cruz en el pecho, con un cuchillo. El segundo, cuando ya se había designado una ministra en visita (Ana Espinosa) ocurrió el 26 de julio, cuando un hombre y una mujer la atacaron en su casa, marcándole ahora una cruz en la frente, esta vez con una hoja de afeitar, y pese a que, por orden de la ministra Espinosa, había una pareja de uniformados que custodiaban su casa.
El abogado que asumió la causa de los Randolph, Julio Sáez, en tanto, decidió dejarla, tras ser amenazado.
Pese a todo ello, Martínez Gaensly sometió a proceso a los dos subtenientes de guardia esa noche, Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, a quienes acusó del homicidio, pero dichas encargatorias de reo fueron revocadas por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Muchos años más tarde, el juez Aldana, que reabrió la causa el 2010 tras una solicitud de Catina Randolph, hermana de José, los sometió a proceso nuevamente y hoy está centrado en investigar –a petición de la querellante– los testimonios de todos los carabineros que estuvieron de guardia esos días en la Segunda Comisaría de Concepción y en la entonces Cuarta Comisaría de Talcahuano.

El cable de la CIA

La versión de una golpiza al interior de un recinto policial se sustenta no sólo en lo que el ministro Martínez investigó, sino también en un documento desclasificado de la CIA, fechado el 21 de junio de 1985 y titulado “Comments on human rights and internal carabinero reforms”, que se refiere al caso.
El texto negro se refiere a una fuente cuyo nombre está borrado, y que “citó el homicidio de José Randolph Segovia, un estudiante universitario de Concepción, Chile, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de mayo, tras haber sido detenido por Carabineros. El capitán de Carabineros a cargo de la unidad donde Randolph estuvo detenido reportó oficialmente que Randolph había sido liberado por los carabineros y no había muerto bajo su custodia”.
No obstante, como segundo punto, el cable señala que “los hechos de este caso (tachado) son que Randolph fue arrestado por cargos de conducción en estado de ebriedad cuando golpeó una barricada de Carabineros en frente de la casa de un oficial. Él escapó de la custodia, fue recapturado y maltratado en la unidad policial y murió allí, después de lo cual se realizó un torpe intento de encubrir el crimen”.

Un elefante blanco

Catina Randolph está confiada en el proceso, en el ministro y en sus abogados (Rafael Poblete y David Vargas), sobre todo luego de que –el año pasado– la misma Corte penquista determinara, ante una petición de los ex carabineros, que el homicidio de su hermano fue un crimen de lesa humanidad.
–Todos estos años luché sola, sin abogados, sin partidos políticos, en contra de un verdadero elefante blanco –relata, recalcando que el hecho tuvo un costo familiar mucho más alto que la muerte de su hermano. Con la voz entrecortada, recuerda que en 1990 su padre, aquejado por el dolor, decidió autoeliminarse, dejando una carta en que explicaba sus razones, camino que en 1993 siguió su madre.
–La muerte de mi hermano no sólo fue “un error”, como lo dijo en su momento el general Mendoza. Significó la destrucción de una familia –puntualiza.
Recalcando que José fue torturado antes de morir, como lo establecen los informes médicos, señala que su principal objetivo es conocer la verdad de lo que sucedió pero, asimismo, lograr que los culpables respondan por sus delitos: “Mientras mi hermana y yo no sepamos el por qué y que los responsables están pagando, no vamos a poder cerrar el duelo”, concluye.

Salidas de libreto han molestado en Ministerios del Interior y Justicia

La agenda oculta de Huenchumilla y su tensión con Peñailillo y Gómez

En La Moneda reconocen que el Intendente de la Araucanía se siente y está en línea directa con la Presidenta Bachelet, la que ha usado varias veces y que ha sido la causante de que algunos ministros se vean sorprendidos por su agenda propia, la que apuntaría a ganarse en el mediano plazo el estatus de secretario de Estado. Dicen que “quiere ser el Mandela de la Araucanía”.

por Marcela Jiménez

Lo que menos ha hecho el Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC), es pasar inadvertido, ya que cada una de sus acciones y decisiones han dado que hablar: desde pedir “perdón” a nombre del Estado, recién asumido, lo que fue un gesto bien valorado en Palacio, hasta su reciente visita a Celestino Córdova en la cárcel de Temuco, condenado como autor del incendio que costó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay. Es que su estilo, su agenda, pero sobre todo sus salidas de libreto, han generado ruido en La Moneda, porque consideran que su excesiva independencia puede poner en el corto plazo en jaque al propio gobierno.
Si uno pregunta en La Moneda por Huenchumilla, la respuesta es unánime: todos dicen que “quiere pasar a la historia” y “ser ministro”. Y no uno cualquiera, agregan, sino que el primero que lleve las riendas del futuro Ministerio de Asuntos Indígenas, una idea que debería cuajar durante el segundo semestre de este año, ya que si bien el tema era parte de las 56 medidas para los primeros 100 días –o sea, debían anunciarse antes del 19 de junio los correspondientes proyectos–, se atrasó por la necesidad de cumplir con requerimientos internacionales de la OIT de realizar un proceso de consulta indígena.
Esa es la lectura que se hace en Palacio, que el intendente “tiene agenda propia”, que “quiere ser el Mandela de la Araucanía”, que a lo que apunta es –recalcan– a legitimarse públicamente para generar un clima que sea favorable para que su nombre sea el elegido de la Presidenta Michelle Bachelet a la hora de designar al ministro indígena. Eso implica un gallito no menor con el actual director de la Conadi, Alberto Pizarro Chañilao, para que la balanza se incline a su favor, ya que originalmente la idea es subir el estatus constitucional de dicha autoridad a rango ministerial.
El tema mapuche no es menor para la administración bacheletista, porque es uno de los reconocidos talones de Aquiles de su primer gobierno –entre marzo del 2006 y marzo del 2010–, especialmente por los hechos ocurridos con jóvenes como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, quienes murieron a raíz de situaciones de excesos de la policía al interior de las comunidades.
Por lo mismo, en el gobierno reconocen que la elección de Huenchumilla apuntó precisamente a querer dar señales específicas, “emparejar la cancha en la Araucanía”, desplegar una nueva forma de aproximación al tema, una gestión cuyo foco no esté en la “criminalización” que impuso la administración anterior respecto de los hechos en la zona.

Hasta ahí todo bien, pero el estilo del Intendente y sus salidas de libreto han complicado a más de una autoridad en Palacio, sobre todo, porque –aseguran– se salta los conductos regulares y se excede en el “empoderamiento” que pidió como requisito para aceptar el ofrecimiento presidencial de llevar las riendas de la región.
De todos los intendentes nombrados, el de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), y Huenchumilla, son los únicos que la Mandataria pidió expresamente en esos cargos. En los demás, aceptó –explicaron– las propuestas de los partidos y consideró equilibrios políticos. Esa condición especial en el caso de la Región de la Araucanía no es menor, porque en parte explica que el intendente en cuestión se sienta y esté en línea directa con Bachelet, reconocen en Palacio, la que usa las veces que sea necesario y que ha sido la causante de que algunos ministros se vean sorprendidos por las acciones del representante regional.
Ese fue el caso de la visita de tres horas a Córdova el 21 de mayo. Dicen que el personero llamó a la Mandataria y le aviso, no así al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, del cual depende directamente, y menos al titular de Justicia, José Antonio Gómez.
No es casual que nadie saliera públicamente a quitarle el piso, aunque la molestia fue evidente y notoria en el gobierno, pero ninguno de los dos ministros vinculados al tema quiso referirse a la reunión, evitaron todo lo posible pronunciarse y el asunto quedó radicado en el vocero, Álvaro Elizalde, quien insistió en que la cita “se enmarcó dentro de la gestión” del Intendente y que “obviamente ejerce las atribuciones en el marco de lo que es su competencia. Lo importante aquí es que el gobierno está comprometido con resolver los problemas en La Araucanía a través del diálogo”.
Esa no fue la primera vez que el Intendente ha dejado públicamente en mal pie a Gómez y Peñailillo. Hace poco más de dos semanas, cuando un grupo de comuneros mapuches ya cumplían casi 40 días de huelga de hambre en el penal de Angol, Huenchumilla los emplazó y dijo que “es la autoridad central la que tiene que tomar una decisión, en concreto, el Ministerio de Justicia, y lo único que digo es que como ya han pasado más de 30 días, me gustaría que hubiera una definición más rápida”.
No fue todo y advirtió que “siempre he señalado que llegué a la intendencia para apurar más el tranco y, a mi juicio, siento que a veces voy un poquito más rápido que muchas instituciones del Estado. Me gustaría que pudiéramos caminar un poco más rápido”.
En La Moneda y en Justicia consideraron “innecesario” el emplazamiento, porque aseguran que en ese momento Gómez ya estaba en negociaciones y a punto de llegar a un acuerdo para cerrar el conflicto, lo que el Intendente sí sabía y que efectivamente sucedió un día después. Que además trató de “sacar la pelota de su cancha” porque él había sido incapaz de solucionar el problema.
Que más innecesaria aún fue la frase de apurar el tranco, que fue “gratuita”, que con ella se quiso poner “por sobre los ministros” y trató de “darles cátedra”, que su actitud no fue propia del lugar que ocupa en la administración del Estado.
El punto en esto, explican en Palacio, es que con situaciones como esta “dejó en una posición incómoda al gobierno” al poner en jaque público a dos ministros, Gómez y Peñailillo. Con el titular de Interior puntualmente, explican en el gobierno, la relación del Intendente “no se puede decir que es mala”, pero reconocen que hay “roces”, que se atribuyen en La Moneda a que Huenchumilla –que pertenece a la vieja guardia de la ex Concertación– con estos gestos evidencia que “le cuesta acostumbrarse a tener un ministro más joven y con menos trayectoria política” que él.

¿Pocas nueces?

Con el nuevo sello que trata de desplegar el Intendente, en La Moneda observan que es necesario “tener controlado el nivel de expectativas” en la Araucanía, porque después puede transformarse en un búmeran. Como la visita a Córdova, que puede abrir el flanco a un posible indulto, en circunstancias que en el gobierno no todos estarían de acuerdo en aplicarlo en este caso y que puede ser, confiesan, un arma de doble filo.
Es más, agregan que la gran señal en el tema mapuche ha sido el compromiso público de que no habrá impunidad pero que tampoco se aplicará la Ley Antiterrorista en la zona, una “concesión grande”, afirman en Palacio.
La molestia evidente en Justicia e Interior con Huenchumilla se grafica en las críticas coincidentes en que, más allá de su despliegue mediático, en términos concretos “no ha aportado mucho” al desarrollo de la agenda gubernamental para la Araucanía. Que “ha venido a un par de reuniones”, pero que en concreto “no ha mandado ni una sola minuta”, dicen.
Esa agenda contemplaría anuncios concretos durante el segundo semestre, como los cambios que se quieren introducir a la Ley Antiterrorista, el Ministerio de Asuntos Indígenas e incluso la compra de tierras para resolver situaciones en la zona.
A pesar de la molestia de los ministros con el Intendente y del ruido gratuito que le genera a La Moneda, dicen que es bastante difícil que el Intendente por ahora “pague los costos” de su excesiva autonomía.
Más allá de algunas críticas puntuales desde su propio partido, lo cierto es que Huenchumilla cuenta, además de la venia de Bachelet, con el piso político suficiente en la DC, donde desde ya advierten que “no hay muchas figuras que puedan reemplazar al intendente, que cumplan con los objetivos políticos y comunicacionales que quiere el gobierno en la zona mapuche”.
Unido a eso, más de un personero en Palacio ya anotó que el Intendente se ha ganado “cierto respaldo” en la comunidad mapuche, razón por lo que creen que, a la ancha cancha con que asumió, el mismo ya le corrió las líneas, transformándose en una piedra en el zapato para La Moneda.

Alberto Cardemil y Sergio Onofre Jarpa deberán declarar por muerte de dirigente FECH

Felipe Fredes | Agencia UNO

Publicado por Solange Garrido | La Información es de Erik López

 

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, y el ex subsecretario de esta cartera, Alberto Cardemil, deberán declarar como inculpados en el caso de la muerte de un dirigente de la FECH, registrada en 1985.
Se trata del alumno de Ingeniería de la Universidad de Chile Patricio Manzano, quien fue detenido el 9 de febrero de ese año junto a más de un centenar de estudiantes que realizaban trabajos voluntarios organizados por esta federación en San Felipe.
Este joven de 21 años murió como consecuencia de los golpes que recibió al interior de la comisaría de Carabineros de la zona.
El caso es investigado por el ministro en visita Mario Carroza, quien se negó a interrogar a ambos ex personeros del régimen militar.
Sin embargo, el abogado de los familiares de las víctimas, Hernán Montealegre, alegó ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que finalmente le admitió la orden para que el juez Carroza toma las declaraciones en calidad de inculpados, a Cardemil y Jarpa.
A la audiencia asistió la presidenta de la FECH Melisa Sepúlveda, quien lamentó que hasta ahora no se hayan identificado los responsables de este crimen.