Juez Urrutia pide “agüita” y esta llega de parte de comunidad de jueces y juezas ligada al Papa

 

27 febrero, 2024

Por: El Mostrador

Días antes de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera conocer el fondo de la polémica decisión del juez Urrutia de conceder beneficios a reos de extrema peligrosidad, un comité de jueces ligados al papa pidió al Presidente Boric interceder para evitar el “hostigamiento” contra el juez.

---

Esta no es la primera ocasión en que, cuando el juez Daniel Urrutia está en problemas, la comunidad internacional sale en su rescate. Y esta vez no ha sido diferente.

Días antes que la Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera acoger el recurso de hecho presentado por Gendarmería, para que los ministros del tribunal de alzada pudieran conocer el fondo del reproche que hizo la institución de prisiones a la decisión del juez Urrutia de otorgar beneficios penitenciarios a reos de extrema peligrosidad, del exterior le llegó una carta al Presidente Gabriel Boric en la que el Comité Panamericano de Jueces y Juezas muestra su preocupación por el “hostigamiento” del cual sería objeto el polémico juez del Séptimo Juzgado de Garantía, de Santiago.

La carta dice así: “Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente, a fin de hacerle llegar la preocupación de este Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), creado por su Santidad el Papa Francisco, con relación a la situación que atraviesa el magistrado Daniel David Urrutia Laubreaux, juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago”, reza el documento que está firmado por seis de los siete jueces integrantes de la junta promotora del organismo, de la que también forma parte el juez Daniel Urrutia, en calidad de vocal.

En la página de la entidad se puede leer: “A raíz de una decisión judicial en materia penal, relativa a la autorización de comunicaciones telefónicas periódicas y visitas regulares de personas detenidas en un lugar de detención de alta seguridad, el Juez Daniel David Urrutia Laubreaux recibió inamisibles calificativos, hasta de funcionarios públicos, en algunos medios masivos de comunicación social, pidiendo su suspensión, y hasta su destitución”.

La carta agrega los hechos:

“Como es de público conocimiento, el citado magistrado, que reviste el cargo de vocal de la Junta Directiva de nuestra entidad y que ha sido designado por el Sumo Pontífice el día 15 de agosto de 2023, ha sido y es objeto de una campaña de hostigamiento con motivo de una decisión judicial adoptada en el marco de sus competencias”.

Y añade: “Sin perjuicio de la evaluación que sobre las medidas judiciales pueda hacer el tribunal de revisión, afirmamos que la amenaza personal, el escarnio público y la persecución mediática no lucen como mecanismos idóneos para un buen funcionamiento de las instituciones republicanas”.

“La independencia del Poder Judicial y su autonomía, van de la mano con políticas de respeto y preservación de la dignidad de las magistradas y de los magistrados. Descartando que comprenderá la sensibilidad del asunto, rogamos que haga todo lo que esté a su alcance para evitar la prosecución de situaciones como las descriptas. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente de la República con la mayor distinción y el merecido respeto”, concluye la misiva, que firman: Roberto Andrés Gallardo, presidente (Argentina); Ana Inés Algorta Latorre, vicepresidenta (Brasil); Gustavo Daniel Moreno, secretario (Argentina); María Julia Figueredo Vivas, vocal (Colombia); Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, vocal (Perú) y Tamila Ebrahimi Ipema, vocal (EE.UU.).

La polémica

La polémica partió cuando el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó –el 25 de enero pasado– la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) y una visita conyugal.

La situación fue cuestionada por Gendarmería ante el juzgado. Sin embargo, Urrutia ratificó su resolución, por lo que la institución interpuso –ante la Corte de Apelaciones de Santiago– un recurso de hecho, para que la Sala de Cuentas se pronuncie sobre si efectivamente no procedía la apelación. 

Este lunes 26, la Corte indicó que es admisible el recurso de hecho interpuesto por Gendarmería contra la resolución del juez. La próxima semana comenzará a analizarse el fondo de esta resolución.

Mientras, la Copaju seguirá observando muy de cerca el desarrollo de este caso, que afecta a uno de sus integrantes. Una acción que realiza constantemente en los distintos países de América y en concordancia con las inquietudes del papa.

Comité franciscano

El Comité Panamericano fue creado el 4 de junio de 2019 en el Vaticano. Sus integrantes fueron designados por el papa Francisco en 2023. La idea surgió un año antes en la primera Conferencia sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que participaron más de 300 magistrados y funcionarios judiciales para discutir sobre la inspiración jurídica arraigada en los documentos fundamentales del Magisterio del papa Francisco.

El Comité Panamericano funciona en relación directa con la Academia Pontificia de las Ciencias, y tiene su sede por dos años en el país en el que reside el presidente de la Junta. Hasta 2025 la sede está en Argentina.

Entre los objetivos y funciones del Comité Panamericano figuran: “Generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables”.

“La denuncia y difusión de situaciones que vulneren los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de las personas, de manera individual o colectivamente. Propiciar la implementación de políticas, medidas y acciones que garanticen el acceso efectivo a la Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación de ningún tipo. La defensa recíproca de magistradas/os que actúan comprometidos por los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que puedan ser amenazadas/os o perseguidas/os”, entre otros.

Primera Sesión de la Junta Promotora del Copaju: Tamila Ipema (EE.UU.), Ana Algorta Latorre (Brasil), Roberto Andrés Gallardo (Argentina), María Julia Figueredo Vivas (Colombia), Daniel Urrutia Laubreaux (Chile) y Gustavo Daniel Moreno (Argentina). Ausente Janet Tello Gilardi (Perú).

 

OPINIÓN

27 febrero, 2024

¿O el asilo contra la opresión?

Por : Diego Pérez de CastroPeriodista, Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos en la Universidad Adolfo Ibáñez.

VER MÁS

Es hora de no solo saberse la letra del himno, sino de comprenderlo y que su significado sea movilizador para quienes dirigen el país.

---

Cuando Estados Unidos apoyó e intervino en el golpe de Estado en Chile el año 73, lo hizo bajo el contexto de una Guerra Fría en que se pretendía evitar la expansión del comunismo en Occidente. Sin embargo, el acto pasaba a llevar su principal bandera de lucha ideológica… la democracia.

Chile era el único país en el mundo en que el socialismo había llegado por los votos y Estados Unidos veía con muy malos ojos que otras naciones se “entusiasmaran” con la idea de seguir el experimento chileno. Por ello, la administración del presidente Richard Nixon vio con buenos ojos el derrocamiento de Allende y estableció rápidamente relaciones con el régimen de Pinochet.  

Ese apoyo comenzaría a dar una voltereta en 1976, cuando el servicio de inteligencia la dictadura militar de Pinochet (DINA) abusó en suelo norteamericano de ese matrimonio anticomunista que le brindó Estados Unidos, asesinando al excanciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier. 

La Operación Cóndor de la DINA ya había asesinado al general Carlos Prats en Argentina y atentó fallidamente contra Bernardo Leighton en Italia. Pero realizar una maniobra de inteligencia en Estados Unidos, sin el consentimiento y conocimiento del dueño de casa, fue pasarse no solo tres pueblos, sino que un continente completo. 

Ya no estaba Richard Nixon, había asumido Jimmy Carter, quien puso énfasis en los derechos humanos y a medida que avanzaba la investigación y se acumulaban las evidencias del involucramiento de agentes de la DINA, Estados Unidos exigió a Chile que extraditara a los responsables y cooperara plenamente con la investigación. El régimen se negó a la extradición, solo llamó a retiro a Contreras y a disolver (momentáneamente) la DINA, hasta que se le cambiara el nombre a lo que fue la posterior CNI. 

Al conocerse la semana pasada sobre el caso del secuestro del exmilitar venezolano refugiado en nuestro país, Ronald Ojeda, la historia parece repetirse (ojalá que no con el mismo desenlace), pero la evolución de los procedimientos de los regímenes totalitarios ya no conlleva la morbosidad de un atentado directo, sino que a camuflarlo con un secuestro, detención con posterior encarcelamiento y/o casos más sofisticados con envenenamientos espontáneos, si no pregúntenle al mandatario ruso Vladimir Putin. 

Especialistas nacionales en materia de inteligencia han dado su diagnóstico sobre lo ocurrido y dan dos alternativas: si no es un autosecuestro, es un arresto político.

La primera alternativa según los analistas es viable debido a lo corto (45 segundos aprox.) y pacífico del procedimiento al ser sacado de su departamento sin oponer resistencia camino al ascensor. No es descabellada la maniobra, considerándose que los refugiados políticos venezolanos son activistas que están en constantes estrategias de derrocamiento del régimen de Maduro.

La segunda alternativa es tanto o más viable aún, considerándose que en Chile quedó de manifiesto, tras el estallido social, que pese a tener una agencia de inteligencia, como la ANI, esta tiene un carácter más testimonial que funcional. Nunca se logró ni anticipar la destrucción de las estaciones de metro, ni las responsabilidades, aspecto que cualquier agencia de inteligencia debería tener. 

Independientemente de que se determine cuál de las dos alternativas fue lo que realmente ocurrió, carecemos gravemente de un organismo que brinde la inteligencia para anticiparse a acontecimientos como el ocurrido la semana pasada. 

Si se comprueba que fue una detención de corte político, sería un símil de lo ocurrido en 1976 en Estados Unidos y una muestra del poco respeto que tiene el régimen por nuestras fronteras y soberanía, creyendo que puede hacer lo que quiera en nuestro territorio, amparándose en el apoyo y simpatía que tiene el régimen con gran parte del oficialismo, especialmente el Partido Comunista. 

¿Dónde quedó la parte de nuestro himno cuando dice o el asilo contra la opresión? ¿Dónde quedó la vuelta de mano a Venezuela en materia de asilo político cuando durante la dictadura cívico militar el país caribeño recibió y entregó protección a miles de compatriotas? Es hora de no solo saberse la letra del himno, sino de comprenderlo y que su significado sea movilizador para quienes dirigen el país. A trabajar para detener todos estos crímenes importados que no existían en el ADN chileno, como los secuestros, y así como dice nuestro escudo nacional, que sea por la razón o la fuerza. 

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Los mitos con que la casta política envuelve al pueblo de Chile

 

La palabra de Héctor Vega es imprescindible. Sobre todo cuando se trata de defender los intereses económicos de la Nación. La minería es un tema muchas veces abordado, cuya nacionalización provocó un golpe de Estado. Desde entonces los gobiernos son obedientes y sumisos.

escribe Héctor Vega - Santiago, febrero 16, 2024 Síntesis El argumento central es que un cambio político es necesario, pero eso no es suficiente, a menos que cambie la conciencia del Pueblo. Recuerdo 1981, me encontraba en Bamako, Mali, África subsahariana (Bamako la coquette la llamaban los colonos) cuando Mitterrand ganó su primera elección. Uno de sus comentarios fue que el Pueblo votaba, pero que al día siguiente volvía a sus casas, como si su responsabilidad llegara hasta allí. La tarea es de tal magnitud que, creo pasarán muchas generaciones, antes que la urgencia de los problemas conlleve a un acuerdo por transformaciones irreversibles. Imaginar aquello hoy en día, es como situarnos en otra galaxia. Mitos Vivimos de mitos, para nombrarlos de manera piadosa llamémoslos sueños. ¿Quién los vende? La casta gobernante. Hay varias, unas son de derecha, otras de izquierda y en algunos casos, como veremos más adelante, estos mitos son producto de la férrea unanimidad de ambas castas. Ello explica que se transfieran alegremente el poder. Ignorar estas negociaciones y trasvasijes del Poder, es simplemente complicidad. Así como procrastinar en ideas y medidas necesarias para salir de este imbroglio y arribar a propuestas capaces de hacer algún sentido a masas empobrecidas. Reconozcamos que escaparse de las luminarias del consumo, es tarea casi imposible. La casa propia por su ambigüedad es el anzuelo del consorcio más exitoso del siglo XX, a saber, inmobiliaria y banca, socios exitosos e indiscutibles en la administración de la Deuda. Millones pagan mensual y religiosamente, 2 o 3 veces el valor de su propiedad, sin chistar, para cumplir con el sueño de la casa propia. Hay otros fraudes, que se venden bajo el respetable concepto de realismo político, uno de ellos es el Crédito con Aval del Estado (CAE), creado por el presidente PPD, Ricardo Lagos, en connivencia con los bancos. Es decir, Bienes Públicos como, la Salud, la Vivienda, la Educación – entre otros – quedan en manos de los bancos. Pero el mayor fraude de todos los tiempos es la venta de nuestros recursos naturales a precios de liquidación – de muestras veamos que sucede con el Cobre. Este mito se instaura a partir de una sensación de culpabilidad. ¿Pero, somos realmente exportadores de cobre? ¿Qué nos muestran las estadísticas? Episodio Uno. Desde el respetable CESCO, Centro de minería de la Universidad Católica, se nos hace saber que en 2006, nuestro cobre representaba un 34% del mercado mundial y actualmente apenas un 26%. Conclusión del Episodio Uno. Como Tarea Nacional: debemos producir más y recuperar el sitial que teníamos hace 18 años atrás. Episodio Dos. Exportamos 12 millones de toneladas de concentrados, es decir no somos exportadores de cobre, somos exportadores de concentrados. El concentrado no se vende en el mercado mundial. Lo que se vende son los Cátodos, i.e., las planchas que todos vemos en la televisión y los videos. Episodio Tres. Los concentrados que pasan por Aduanas, contienen subproductos del cobre, cuyo valor es superior al cobre a saber, oro, plata, molibdeno, iridio, rodio, erbio, torio, platino, paladio ….en los mercados europeos, las refinadoras que importan concentrados de cobre, fabrican aleaciones y otras manufacturas cuyo valor es 4 veces el precio del cobre en los mercados internacionales. Aurubis en Alemania produce más de 1 millón de toneladas de cátodos de cobre anualmente. Conclusión. El negocio no está en exportar concentrados, sino instalar refinadoras en el país y convertirnos en uno de los mayores recicladores de cobre del mundo. Pero el Episodio Uno, nos embarca en producir más cobre y así cerrar la brecha con los niveles históricos. ¿Qué hacer? Primero, resolver en Aduanas. Controlar los subproductos que se escapan sin pagar impuestos y derechos aduaneros. Basta trazarlos mediante la tecnología que existe en el país y en la que se entrenan los alumnos de la Universidad de Antofagasta (espectrómetro de emisión óptica para medir múltiples metales). Segundo. Controlar los tambores con barros anódicos que llegan al Holding JX Nipón, a través de su empresa Nikko (coreana/japonesa), que exporta minerales del grupo PGM. Sólo en 2021, Nikko, “bajo la categoría de polvo seco precipitado sacó del país 2 mil 46 toneladas de este concentrado sin refinar, pese a que Codelco le entregó el 70% de propiedad de la planta de Procesado de Metales de Mejillones, para que extrajera el oro, el platino y otros metales preciosos. Todos eran producidos en la Planta de Metales Nobles de Ventana” (Cfr. Mauricio Becerra. El Ciudadano). Tercero. Obnubilados por los discursos del presidente del directorio de Codelco y CESCO, estamos empeñados, como Tarea Nacional, en producir más concentrados. Ignoramos la riqueza que se escapa por nuestros puertos. Incapaces de asumir el balance metalúrgico de nuestros yacimientos y por ende una nueva política para nuestras fundiciones y refinadoras, nos hemos entregado, a las demandas de las transnacionales mineras que explotan nuestro territorio. En síntesis, continuamos en el papel de factoría, proveedores de materias primas para los centros industriales de Europa, Asia y Norteamérica. Inmersos en esta política extractivista, somos incapaces de cobrar cuentas a la casta gobernante que se sucede en el poder desde hace más de tres decenios. Quienes los sucedieron en 2022, fueron rápidos aprendices, de la antigua casta que llegó al poder anunciando la transición democrática. Pues, no hubo transición, pero sí un aprendizaje de las peores prácticas empresariales. Las mismas que, la nueva generación, tardó apenas dos años en aprender. En poco tiempo nos hemos enterado que un cambio generacional no asegura cambios. El cambio climático, la nueva ecuación energética, la trazabilidad de la huella de carbono, los compromisos que conlleva la COP 25, el incremento de la fuerza laboral y los cambios tecnológicos que deberá hacer frente, los fenómenos migratorios, el regionalismo abierto y los desafíos geopolíticos que enfrenta la Región y, por sobre todo la conciencia que adquirió el Pueblo sobre los Bienes Públicos ….Todo ello es parte de la Nueva Agenda que deberá enfrentar la casta política y, los que llegaron al poder en 2022, que en su conjunto, carecen de medios para resolverla. Pero, el desafío mayor, de este recambio que enfrenta la ecuación política, es para nuestro Pueblo, pues la Nueva Política, ya no se basa en la conciencia de nuestra individualidad, sino de la conciencia que tengamos de los desafíos a que se enfrenta la Humanidad.

©2024 Politika | diarioelect.politika@gmail.com

Argentina. Kicillof irá a la Corte Suprema por los fondos y cargó contra Milei: “Esto se asemeja a la locura”

 By Resumen Latinoamericano on  febrero, 2024

SHARE

TWEET

SHARE

SHARE

0 COMMENTS

Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2024.

La conferencia completa de Axel Kicillof

En conferencia de prensa, el jefe provincial acuso a Milei de robarse “los recursos de las provincias”. El gobernador también respaldó el reclamo de la provincia de Chubut y dejó abierta la posibilidad de una cumbre de todos los gobernadores para frenar los DNU de Milei.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció este lunes que recurrirá a la Justicia -el pedido será a la Corte Suprema- en queja por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández y destinaba al distrito un porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal. Además, Kicillof anunció que se planean otras acciones ante la quita de ese presupesto (más de 30 mil millones de pesos), entre ellas, una cumbre de todos los gobernadores para frenar los decretos de Milei.

“Agotamos las instancias administrativas y de reclamos. Saben que nuestro vínculo con la cuestión de judicializar reconoce todas las limitaciones y salvedades, pero quiero dejar en claro que hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”, anunció el mandatario provincial.

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, dijo que “estamos ante un hecho de tal gravedad que hemos recibido acompañamiento de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y de gobernadores de todo el país”. Se trata de “una situación de una gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales, y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias”, remarcó. Aplaudían, entre otros, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, diputados y senadores de Unión por la Patria y referentes de movimientos sociales.

Y añadió: “El presidente firmó el decreto 192 de manera totalmente sorpresiva, arbitraria e intempestiva, que elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Ese fondo se viene ejecutando hace ya 3 años y como otras acciones del mismo tipo que realizó estos días, no solo el fondo estaba dentro del presupuesto que fue prorrogado sin ningún tipo de salvedad para este caso particular, sino que además el propio gobierno por decisión administrativa allá por enero le asignó fondos. Esto es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días. Y tal como pasó en otras ocasiones, en el caso del Fondo el ministro de Economía tuvo reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este Fondo y a otros que han cortado, y al mismo tiempo se le envió a Caputo hace ya 2 semanas y tal como debía ser ante la falta de diálogo (…) una nota reclamando estos fondos”.

Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Este lunes, a través del Decreto N°192/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, un instrumento creado en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández con el fin de achicar las inequidades entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Lo que le quitó a la Provincia es más de 30 mil millones de pesos.

La decisión de eliminar el Fondo para PBA, dice el decreto de la gestión ultraderechista, se fundamenta en que este “afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.

El conflicto que dio origen a la creación de este Fondo comenzó en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri aumentó por decreto la coparticipación de CABA del 1,4% al 3,75% (un porcentaje que luego bajó a 3,50%), utilizando como justificación la transferencia de la Policía Federal a CABA.

Durante los años que siguieron, se estima que la Ciudad fue beneficiada con un excedente total de 86 millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida. Cabe recordar, además, que durante el Gobierno de Macri la Ciudad prácticamente no tuvo que invertir un peso en seguridad: todo se lo financió Nación, además de las obras públicas y otras transferencias.

Para corregir esa inequidad, en septiembre de 2020 -durante la pandemia y en medio de masivas protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales-, el entonces presidente Alberto Fernández creó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas” de ese distrito.

Fernández estableció que ese Fondo se financiara justamente con el porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo desde 2016 para -supuestamente- cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal. Para concretar ese financiamiento, Fernández publicó el decreto 735/2020, que ordenó que el porcentaje de coparticipación que le correspondía a CABA se retrotrajera al 2,32% e informó que una vez que el Congreso aprobara la transferencia de ciertas competencias, el coeficiente volvería a 1,4%. Esta ley se aprobó en diciembre de ese año.

El caso fue elevado por el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la Corte Suprema, que falló a favor de la Ciudad a fines de diciembre de 2022. En esa sentencia, el máximo tribunal dispuso que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el Estado Nacional le entregue a CABA el 2,95% de la masa coparticipable para solventar la policía porteña.

Sin embargo, Fernández recusó a los jueces, no acató el fallo -al considerarlo de “imposible cumplimiento”- y siguió transfiriendo 1,4%.

“Un avasallamiento al federalismo”

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses por Unión por la Patria (UxP), Teresa García, afirmó este lunes que el retiro de fondos por parte del Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires es un “avasallamiento al federalismo”.

En declaraciones a la AM 750, García señaló que “hay una decisión del Gobierno nacional de tener una cuestión extractiva de los fondos provinciales para quedárselos”. 

En esa línea, recordó que “lo dijo claramente el presidente Javier Milei cuando anunció -como amenaza en el marco del debate por la ley Ómnibus- que iba a ahogar a las provincias”. El problema, lamentó García, “es que no ahoga a la persona del gobernador sino que es el pueblo de la provincia el afectado”.

“Hoy se ve afectada la mayoría de la Provincia, ya que recortaron los fondos especiales, el servicio alimentario escolar, el fondo de seguridad, amenazan con no pagar el subsidio de transporte en el AMBA”, continuó García, quien aseguró que “lo que quieren es que desaparezcan las provincias”.

“Hay una decisión de Milei de tensar al máximo con los gobernadores para doblegar la institucionalidad”, concluyó la presidenta de bloque, al tiempo que recordó que “los recursos no son del Gobierno nacional, sino de las provincias, porque tenemos un país federal”.

“Afecta a los bonaerenses”

La senadora nacional del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, también advirtió este lunes que la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal dispuesta por un Decreto de Necesidad y Urgencia “afecta a los bonaerenses” porque se “quitan recursos para las políticas públicas”.

“Nos quitan recursos para las políticas públicas como seguridad, educación, salud y rutas que son para que el Estado fortalezca el mejoramiento de calidad de vida de los bonaerenses”, aseveró la legisladora por la provincia de Buenos Aires.

Reconoció que “en este caso lo que hace el Presidente es derogar algo que está en el presupuesto nacional y lo hace porque se lo permite el DNU 70”, que el Gobierno nacional denominó “Bases para la reconstrucción de la economía Argentina”.

“Además de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, en el presupuesto nacional figuran las principales empresas del país que reciben fondos y subsidios, como Techint y Mercado Libre. Si el Presidente decidiera hacer un ajuste podría hacerlo en los beneficios impositivos que éstas reciben, no quitándole a los bonaerenses para que los médicos y docentes ganen menos”, planteó.

En ese marco, Di Tullio señaló que “la respuesta política tiene que ser contundente en el Congreso y eso es que se derogue el DNU 70”.

Amnistía Internacional solicita que general Yáñez sea removido de su cargo por Estallido Social

 Por: EFE | Publicado: 26.02.2024

general Yáñez | Agencia Uno

En la misiva enviada al Presidente, AI argumenta que con la «inminente formalización por el delito de omisión de apremios ilegítimos» contra Yáñez, «es urgente que el Gobierno actúe con determinación a favor del país, de las víctimas, de la investigación en curso y de la propia legitimidad de la institución de Carabineros».

Amnistía Internacional (AI) solicitó a través de una carta enviada este lunes al Presidente Gabriel Boric, la remoción de Ricardo Yáñez como jefe de Carabineros, cuya permanencia consideran «preocupante e insostenible», por los cuestionamientos en su contra por la respuesta de esa institución policial en el Estallido Social de 2019.

En la misiva enviada al Presidente, AI argumenta que con la «inminente formalización por el delito de omisión de apremios ilegítimos» contra Yáñez, «es urgente que el Gobierno actúe con determinación a favor del país, de las víctimas, de la investigación en curso y de la propia legitimidad de la institución de Carabineros«.

De acuerdo con Amnistía Internacional, «el Presidente Boric debe hacer todo lo que esté a su alcance para proporcionar garantías de prevención y no repetición respecto de la brutalidad policial con que se respondió a las protestas ciudadanas de 2019”.

[Te puede interesar] Rodrigo Sepúlveda se llena de críticas en redes por rechazar cartel de alcaldesa Ripamonti

Además, “debe resguardar los derechos humanos de las víctimas y la sociedad en conjunto, como también debe asegurar la legitimidad y funcionamiento de la institución de Carabineros para evitar que ciertas acciones contravengan las normas nacionales e internacionales que regulan el ejercicio y la responsabilidad del mando policial”, señaló el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.

Si bien la misiva de AI, firmada también por su directora para las Américas, Ana Piquer, reconoce la presunción de inocencia de la que goza Yañez, advierte que «la acción tomada por la Fiscalía es incompatible con su permanencia en un cargo de autoridad de la administración del Estado, especialmente de la institución que se encarga de hacer cumplir la ley.

Yáñez, que asumió como jefe de la institución en noviembre de 2020, es investigado por la eventual comisión del delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, según la prensa local.

El Ministerio Público también pidió formalizar a Mario Rozas, quien era general director de Carabineros durante el estallido, y al exsubdirector de la institución, Diego Olate.

[Te puede interesar] Para novelista Lemaitre los años 50 son criminales por gatillar el calentamiento climático

La audiencia de formalización de la investigación es un trámite procesal durante el que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que está desarrollando una investigación en su contra.

Chile vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la mayor ola de manifestaciones desde el fin de la dictadura militar, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

Las revueltas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.

La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron además a Carabineros por violaciones a los derechos humanos y se abrieron decenas de causas judiciales.