EL CIUDADANO
Por Jazmín Aguilar, candidata al Senado por Valparaíso
Cada 30 de octubre, Chile hace una pausa para conmemorar el Día Nacional del Ejecutado y la Ejecutada Política. La fecha nos obliga a mirar el pasado, no con el afán de anclarnos en el dolor, sino con la convicción de que solo a través de la memoria podemos avanzar hacia una justicia plena, consolidar la verdad, dignificar a las víctimas mediante la reparación y construir firmes garantías de no repetición. En este ejercicio, la Región de Valparaíso emerge no como un escenario secundario, sino como el epicentro donde se gestó el horror que marcó a nuestra nación.
Aunque a menudo se piensa en Santiago como el corazón de la dictadura, fue en el puerto principal donde se orquestaron las maniobras del quiebre democrático. La Armada, anclada en Valparaíso, fue la vanguardia del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Desde sus buques y comandancias se coordinó el zarpazo que hundiría a Chile en una noche de 17 años, tejiendo una red de represión que se extendió por los cerros y que utilizó la Academia de Guerra Naval y el Cuartel Almirante Silva Palma como eslabones de una cadena de terror que apenas comenzaba.
Esa misma brisa marina arrastraría luego los gritos desde la cubierta del Buque Escuela Esmeralda. Nuestro emblema naval, la «Dama Blanca», fue profanado y convertido en una prisión flotante y centro de tortura. Junto a los navíos Maipo y Lebu, sus bodegas y camarotes se transformaron en un infierno para cientos de detenidos. El horror, sin embargo, no se limitó a la bahía. En tierra firme, el Regimiento N.º 2 Maipo y diversas comisarías de la región se sumaron a este aparato represivo. La Ex Cárcel Pública, hoy un vibrante Parque Cultural, fue un centro de reclusión para disidentes políticos; un lugar cuyos muros, ahora dedicados al arte, aún susurran historias de resistencia y encierro.
La maquinaria de exterminio, además, necesitaba un laboratorio, y lo encontró en Tejas Verdes. En esa localidad de San Antonio, bajo el mando de Manuel Contreras, se sembró la semilla del mal que germinaría en la DINA y la CNI. Tejas Verdes fue la escuela de la tortura, el sitio donde se perfeccionaron los métodos de interrogatorio y eliminación que serían replicados en todo el país. Fue allí donde el horror se sistematizó y se formaron los agentes que secuestrarían, torturarían y asesinarían con metódica frialdad.
Desde ese mismo litoral, el Océano Pacífico fue convertido en una tumba sin nombre. Los «vuelos de la muerte», una de las prácticas más crueles de la dictadura, tuvieron en San Antonio uno de sus puntos de partida. Cuerpos de prisioneros eran arrojados al mar en un intento desesperado por borrar toda evidencia. Y aunque el océano fue concebido como el sepulcro perfecto, la tierra —en lugares como el Fundo Papudo y el Cementerio de Playa Ancha— se ha encargado décadas después de devolvernos fragmentos de esa verdad que se intentó ahogar, piezas clave para alcanzar la justicia.
Por eso, cuando conmemoramos a las víctimas de ejecución política, la Región de Valparaíso resuena con una fuerza particular. Su geografía está marcada por las cicatrices de nuestra historia y hoy nos interpela a través del Memorial de la Avenida Brasil, con los nombres de los ausentes grabados en piedra. Su eco se siente en las placas de la PUCV y la UPLA, que recuerdan a estudiantes y académicos arrebatados. Se expresa en los murales que visten de memoria los muros de nuestros barrios y en la labor incansable de la Casa de la Memoria de Valparaíso.
Recordar estos lugares no es un acto de revancha. Es la hoja de ruta hacia la justicia, la reparación y, fundamentalmente, la no repetición. Pero la memoria, por sí sola, es frágil; necesita de la voluntad política para convertirse en un muro infranqueable contra la barbarie. Que esta memoria, entonces, interpele directamente en el Congreso y se transforme en una agenda decidida: en leyes que aceleren la justicia pendiente, en presupuestos que dignifiquen los sitios de memoria y en una educación cívica robusta para cerrar para siempre los pactos de silencio y financiar la búsqueda de quienes aún nos faltan. Solo así, con acciones concretas que nazcan del corazón de nuestra democracia, aseguraremos que el horror nunca más tenga cabida en nuestra tierra.
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En entrevista con Radio Cooperativa, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que en caso de ser electa, mantendría el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno del Presidente Boric, «pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando» pues, a su juicio, para mucha gente «en realidad no es búsqueda, es venganza».
Las lamentables declaraciones de la exministra de Piñera tienen lugar justo el día en que se conmemora el Día del Ejecutado Político. Una de las primeras en reaccionar fue la candidata Jeannette Jara, quien planteó que «si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado a un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia».
«Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona, es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda», señaló Jara, agregando que con declaraciones de ese tipo, Evelyn Matthei «demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet».
Por su parte, la senadora Fabiola Campillai manifestó que «el Plan Nacional de Búsqueda no es venganza, es un deber ético y un compromiso con la verdad».
«Señora Matthei, sus dichos demuestran ignorancia y una falta de respeto a miles de personas que lo único que buscan es a sus familiares asesinados y desaparecidos por los que alguna vez usted abrazó con una sonrisa», agregó la parlamentaria, en referencia a la icónica foto de principios de los 2000 donde sale Matthei abrazando con admiración a Pinochet.
«Los derechos humanos son innegociables en nuestra democracia, y sus dichos -especialmente hoy en el día del ejecutado político- demuestran la falta de humanidad de su sector», recalcó la senadora Fabiola Campillai.
Finalmente, la diputada Lorena Pizarro dijo «qué peligroso es cuando admiradoras de la dictadura, fanáticas de la muerte, defensoras de la impunidad, se visten de demócratas. Para ella, buscar verdad y justicia es ‘venganza’. Simplemente no le acomoda la democracia. Matthei no es distinta a Kast y Kaiser: son lo mismo», enfatizó la legisladora.
PAÍSPoder JudicialEl ministro Sergio Troncoso, encargado de causas de DD.HH. en La Serena, confirmó que los restos exhumados corresponden a víctimas de la Caravana de la Muerte. Entre ellos se hallaron nuevas partes del cuerpo del músico Jorge Peña Hen. El proceso, parte del Plan de Búsqueda, culminará en diciembre.
El ministro Sergio Troncoso Espinoza, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, se reunió con familiares de víctimas ejecutadas por la “Caravana de la Muerte” en la ciudad de La Serena y de otras tres víctimas en la región de Coquimbo, para informar los resultados de las diligencias realizadas luego de la exhumación de 10 cuerpos, ante incongruencias y sospechas de errores en la identificación tras ser entregados a sus familiares en 1998.
En el encuentro el ministro corroboró que la totalidad de los cuerpos exhumados corresponden a víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por la ciudad de La Serena y no fueron encontrados restos que puedan pertenecer a otros ejecutados políticos.
“Lo que se logró determinar es que los fusilados de Caravana de la Muerte efectivamente fueron todos inhumados en el cementerio de La Serena, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, que ha sido posible identificar de una manera bastante correcta al menos seis cuerpos concretos, completos, y de manera parcial, los restantes”, manifestó Troncoso.
En la oportunidad, el ministro informó además que en la exhumación se encontraron los restos de las extremidades de Jorge Peña Hen, músico ejecutado por agentes pertenecientes a la Caravana, cuyo cuerpo incompleto fue entregado en la década del 90 a su familia.
“Valga recordar que Jorge Peña Hen, cuando le entregaron a su familia las osamentas incompletas que habían sido recuperadas, ellos decidieron proceder a la incineración de estos restos, pero ahora se encontraron otros distintos, que corresponden a algunos huesos de sus manos y de un pie”, agregó el ministro.
Así también, las diligencias confirmaron que una de las exhumaciones no correspondía a la víctima identificada, sino a otra víctima de la Caravana, por lo que sus restos se entregarán a la familia y paralelamente se exhumará el cuerpo cuya identidad se desconoce.
Para los familiares, aunque doloroso, destacaron que el proceso ha sido llevado con respeto y profesionalismo por parte del Poder Judicial y los organismos que participan en el Plan de Búsqueda impulsado por el gobierno.
Así lo manifestó Marcos Barrantes Celedón, hijo de la víctima Marcos Barrantes Alcayaga. “Yo he participado en todo el proceso y hoy día -de todo este proceso- se está dando el paso cúlmine de la información; algunos más contentos que otros, algunos más tristes, pero seguimos unidos como familia. Estas 15 familias que fueron heridas y dañadas seguimos fuerte y vamos a seguir apoyándonos entre todos”.
“El objetivo principal seguir avanzando, en verdad, seguir avanzando en memoria y por supuesto, mantener viva esta historia de la que somos afectados directos porque en este minuto tenemos en nuestro país, discursos negacionistas muy odiosos, violentos, que están poniendo en duda la existencia de toda una vida que hemos llevado las 15 familias de esta región”, indicó por su parte Tatiana Cortés Segovia, hija de la víctima Oscar Cortés Cortés.
En la reunión participaron, además, la directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado Villegas y profesionales de la entidad; el encargado del Programa de Derechos Humanos de la Seremi de Justicia, Álvaro Aburto Guerrero y profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) encargados de dar contención a los familiares que se encontraban presentes.
“Estamos en una etapa preliminar esperando un informe final que va a contener la información genética de identificación que entregamos hoy día, más los informes antropológicos y arqueológicos, todo en un informe integral; para luego, proceder en aquellos cuerpos que ya se encuentran completos, a la inhumación y la entrega a sus familias”, señaló Marisol Prado.
De esta manera, como fecha final comprometida con los familiares, se informó que en diciembre se espera finalizar con el proceso en lo que respecta a los 15 ejecutados en la Caravana de la Muerte, y continuar la búsqueda en el caso de las víctimas restantes de las que no hubo hallazgos en las exhumaciones realizadas.
La candidata oficialista consideró "una deshumanidad tremenda" que su contendora vinculara esta iniciativa de DD.HH. con el concepto de "venganza".
"Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado a un hijo, no dejaría de buscarlo, ni tampoco dejaría de buscar justicia", advirtió.
"En mi Gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer", afirmó la militante comunista.
Daniela Quintanilla refutó la idea de que el Plan Nacional de Búsqueda sea un acto de "revancha", como sostuvo Evelyn Matthei.
Frente a las críticas que apuntan a que el INDH sólo persigue carabineros, la autoridad destacó el amplio trabajo de la institución en materias sociales, culturales y de cambio climático.
Quintanilla insistió en que las políticas de verdad buscan cerrar heridas a través de la justicia, no profundizar enfrentamientos políticos.
