Contratación en SML de hija de presidenta de AFDD genera tensión con sus trabajadores

 Por: Horacio Gutiérrez Areyte | Publicado: 15.04.2024

Contratación en SML de hija de presidenta de AFDD genera tensión con sus trabajadores | Cedida

La tensión en el Servicio Médico Legal (SML) alcanza niveles críticos mientras los trabajadores denuncian un clima laboral marcado por el maltrato y la falta de transparencia. En medio de acusaciones de nepotismo y decisiones cuestionables, la gestión de Marisol Prado ha generado una profunda desconfianza entre el personal, poniendo en riesgo la integridad del servicio y su capacidad para cumplir con su importante labor en la búsqueda de la verdad y la justicia en Chile.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia ha sido un faro de esperanza para los familiares de desaparecidos en Chile.

Sin embargo, detrás de esta noble iniciativa se esconde una trama de irregularidades y tensiones en el Servicio Médico Legal (SML) que ha puesto en entredicho la integridad de la institución.

El reciente nombramiento de Tamara Alvarado como asesora de Gabinete del SML ha generado una ola de críticas y sospechas.

Tamara, hija de Gaby Rivera, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ha sido contratada con un sueldo mensual de $2.700.000, lo que ha levantado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.

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Pero esta contratación no es más que la punta del iceberg en una serie de irregularidades que han plagado la gestión de Marisol Prado, quien asumió como directora del SML en julio de 2023.

The Clinic reveló en un artículo publicado el 13 de abril una serie de problemas de gestión bajo el liderazgo de Prado, incluyendo denuncias por maltrato laboral, contratación de personal sin experiencia y decisiones arbitrarias que han minado la eficacia del servicio.

Los funcionarios del SML han alzado su voz en medio de esta crisis, denunciando un clima laboral tóxico marcado por el hostigamiento verbal y el acoso por parte de la dirección.

Marisol Intriago, quien lideraba la Unidad de Derechos Humanos del SML hasta su disolución el 8 de abril, ha sido una de las voces más críticas, señalando el desconocimiento de Prado sobre las labores del servicio y su falta de interés en abordar las preocupaciones de los trabajadores.

La disolución de la Unidad de Derechos Humanos ha sido vista como un intento de silenciar las críticas y consolidar el control de Prado sobre el SML.

Esta medida, junto con otras modificaciones impulsadas por la directora desde su llegada, ha sembrado la incertidumbre entre los funcionarios, quienes temen represalias por alzar su voz.

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La creación de una Fiscalía en lugar del Departamento de Asesoría Jurídica ha sido interpretada como un intento de blindar a la dirección ante posibles sanciones, desviando las denuncias y evitando la rendición de cuentas.

Los trabajadores del SML han expresado su frustración por la falta de respuesta a sus preocupaciones, denunciando un sistema de justicia interna que parece favorecer a los intereses de la dirección en lugar de proteger los derechos de los empleados.

La reciente defensa de Prado por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha añadido un nuevo elemento de controversia a la situación.

La aparente connivencia entre la AFDD y la dirección del SML ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos políticos y tráfico de influencias que podrían comprometer la integridad del servicio.

En resumen, las denuncias por maltrato laboral, nepotismo y falta de transparencia en el SML han sumido a la institución en una profunda crisis de confianza.

La tensión entre los trabajadores y la dirección ha alcanzado un punto crítico, con serias dudas sobre la capacidad de Prado para liderar el servicio de manera justa y efectiva.