Sabado 16 de octubre 2021
Al conmemorarse dos años del inicio de la revuelta social, el balance en materia
de derechos humanos, resulta poco alentador.
Las justas y legítimas demandas que multitudinariamente se expresaron a partir
del 18 de Octubre, aún no son escuchadas. Aún persiste el abuso
institucionalizado, la grosera desigualdad y un modelo político y económico
incompatible con los derechos humanos, a la vez que continúa la falta de
credibilidad en las instituciones.
Asimismo, la represión policial sigue aplicándose en contra de quienes siguen
manifestándose en las calles. Cabe tener presente que la última víctima de trauma
ocular, se produjo por el accionar de Carabineros, en contra de Cristián Millapán,
el 24 de abril del presente año.
A su vez, la errática estrategia sanitaria del Gobierno para combatir la pandemia
del Covid-19, reafirmó la necesidad de abrir paso a un nuevo proyecto de
sociedad fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos. En efecto,
salvo el exitoso proceso de vacunación, la estrategia sanitaria respondió más a
resguardar los intereses empresariales que a la debida protección del derecho a la
Vida y la Salud de los habitantes de nuestro país, provocando miles de muertes
que pudieron haberse evitado.
En materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de hacer Verdad,
aplicar la Justicia, otorgar la debida Reparación a las víctimas e implementar
Garantías de No Repetición, respecto de las masivas, graves y sistemáticas
violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes estatales, muchas de
ellas constitutivas de crímenes de lesa Humanidad, el Estado de Chile se
encuentra en serio incumplimiento, incurriendo en responsabilidad internacional.
En efecto, así lo reconoce el propio INDH, que informó que de las 3.072 querellas
presentadas por dicho organismo, sólo 4 han recibido sentencias condenatorias,
Cabe agregar que ninguna de ellas, condenó a penas efectivas de cárcel a los
agentes estatales involucrados, a pesar de la gravedad de los hechos acreditados.
A su vez, el comportamiento asimétrico de los órganos mandatados por ley para
investigar y administrar justicia, esto es, el Ministerio Público y el Poder Judicial,
se expresa en la permanencia aún –en inaceptables condiciones carcelarias- de
casi un centenar de jóvenes privados de libertad con ocasión de la revuelta social,
producto del abuso de la prisión preventiva, la vulneración de la presunción de
inocencia y las formalizaciones arbitrarias, entre otras trasgresiones al derecho al
debido proceso. También ha afectado la invocación abusiva de la Ley de
Seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior, en su afán de perseguir
y castigar a quienes legítimamente expresaron su rebeldía durante el estallido
social. Sin embargo, a pesar de su urgencia ética, jurídica y social, el Proyecto de
Ley sobre Indulto General que persigue otorgarles su libertad, poniendo término
así a dichas graves violaciones a sus derechos humanos, sigue estancado en el
Senado injustificadamente.
Los procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos, no avanzan y sus
responsables gozan de las más absoluta Impunidad, lo que nos obligó a presentar
como Institución, junto con tres organizaciones internacionales, una Denuncia
(Comunicación) ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que abra una
investigación para determinar la responsabilidad penal del presidente de la
República, Sebastián Piñera y otras autoridades políticas y policiales, en la
comisión de crímenes de Lesa Humanidad ocurridas durante la revuelta social. Un
reciente Informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados,
concluyó que los crímenes contra la Humanidad cometidos, obedecían a una
política de Estado. La reciente acusación constitucional deducida en contra del
presidente de la República, y la investigación iniciada por el Ministerio Público en
su contra, por hechos constitutivos de delitos asociados a la compraventa de la
Minera Dominga, no hacen sino confirmar el fundado cuestionamiento que tanto a
nivel nacional como internacional, se le hace a quien detenta el cargo de mayor
responsabilidad en el país.
Por su parte, el reciente Estado de Emergencia decretado por el Gobierno en la
Macrozona Sur, resulta contrario a los lineamientos y directrices señalados por los
organismos internacionales para enfrentar el conflicto mapuche. Sólo la
negociación y el diálogo que permita satisfacer las justas reivindicaciones
territoriales del pueblo mapuche así como el establecimiento de un Estado
Plurinacional, permitirán que la Paz en la zona se cimiente en bases sólidas y
duraderas.
Del mismo modo, esperamos que el inédito e histórico proceso constituyente en
curso, iniciado fruto del estallido social, siente las bases de una convivencia
democrática entre todos los habitantes del territorio nacional, fundado en el
respeto y garantía de los derechos humanos, que es la demanda mayoritaria
expresada durante la revuelta social.
Para ello, la Convención Constitucional, como órgano del Estado, tiene el deber
de redactar el nuevo texto constitucional teniendo como marco referencial
obligatorio, los derechos humanos contemplados en los diversos tratados
internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en
virtud del principio de Derecho Internacional que impone a los Estados la
obligación de cumplir lo pactado so pena de incurrir en responsabilidad
internacional.
Por último, queremos hacer un llamado a quienes, en el marco de la
conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social, van a ejercitar el
legítimo derecho a la manifestación, lo hagan pacíficamente sin aceptar
provocaciones de la represión estatal. No queremos que aumente la larga lista de
víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en estos dos años.
Asimismo, queremos expresar nuestra preocupación por la explosiva proliferación
y normalización creciente, de los discursos negacionistas, xenófobos y
neofascistas, a cuyos cultores, -incluidos algunos que ocupan cargos de elección
popular ó aspiran e ellos-, se les da tribuna permanente en los medios de
comunicación masivos, bajo el pretexto de respetar la libertad de expresión.
Queremos recordar que dichos discursos, no sólo son contrarios a los principios y
normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que el Estado de
Chile se encuentra obligado a respetar, sino que además, contrarían los anhelos y
sueños mayoritarios de quienes aspiran formar parte de una convivencia
democrática fundada en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos,
única forma de alcanzar la Paz social y la plena Dignidad de cada uno de sus
integrantes.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 16 de Octubre de 2021.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario