La resolución del Servel ya había encendido alertas sobre la rendición electoral de Miguel Ángel Calisto: detectó más de $11 millones en gastos no declarados y derivó antecedentes para revisar su origen, la efectividad de las prestaciones y su eventual fuente de financiamiento
El escenario que enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) se torna cada vez más complejo. No sólo pesa en su contra una acusación por fraude al Fisco reiterado a raíz de una causa que data de 2022, y por la que la Fiscalía Regional de Aysén pidió 12 años de cárcel, sino que también deberá responder a una segunda investigación penal que abrió el mismo fiscal regional Hernán Libedinsky por el presunto soborno al ex fiscal regional de Aysén Carlos Palma, A este cuadro se suma ahora un antecedente administrativo que cobra relevancia: el Servicio Electoral detectó más de $11 millones en gastos no declarados en la campaña legislativa de 2025 del parlamentario.
La nueva arista penal que complica el panorama para el congresista surgió a raíz de antecedentes que aportaron los coimputados y exasesores parlamentarios Roland Cárcamo y Carla Graf, en la causa referente al fraude. A través de las declaraciones que prestaron el 29 de abril y ratificaron posteriormente el 23 de junio, ambos excolaboradores de Calisto dieron luces de supuestos mecanismos que habría empelado el legislador para intentar que la indagación en su contra no prosperara. A la luz de la información que entregaron, el pasado 8 de mayo el fiscal Libedinsky determinó separar aguas, abrir una nueva arista y dirigir él mismo cada una de las diligencias.
Informe del Servel abre dudas sobre ruta del dinero, origen de gastos y fuente de financiamiento
La resolución del Servel del 9 de abril de 2026—que cobra relevancia tras la conocerse la nueva arista penal— aprobó con observaciones la cuenta electoral de Calisto, correspondiente a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2025. El documento, al que accedió El Ciudadano, revela que la candidatura declaró ingresos por $31.851.021 y gastos por $31.851.336, pero el organismo electoral detectó la existencia de gastos no declarados asociados a diversos documentos tributarios —facturas y boletas de honorarios emitidas por múltiples proveedores— que no fueron incorporados en la contabilidad electoral presentada.
El informe del Servel detalla que, tras someter los documentos tributarios a validación en el sitio electrónico del Servicio de Impuestos Internos (SII), se verificó que éstos se encuentran recibidos y que los datos consultados coinciden con los registrados. El monto total de los gastos no declarados asciende a $11.084.309, correspondientes a diversos documentos tributarios emitidos entre agosto y noviembre de 2025 por distintos proveedores, cuya naturaleza da cuenta de prestaciones vinculadas a propaganda, difusión, producción y otros propios de la actividad electoral.
La resolución del organismo electoral establece que no se acreditó la fuente de financiamiento de esos gastos, por lo que corresponde mantener la observación y derivar los antecedentes a la Unidad de Procedimientos Sancionatorios, a fin de que se «evalúe la instrucción de las actuaciones correspondientes para determinar el origen del gasto, la efectividad de la prestación y la eventual fuente de financiamiento, así como las responsabilidades que pudieren proceder conforme a la Ley N° 19.884″.
El ente comicial solicitó a la candidatura «enviar respaldos y/o documentos que acrediten el pago de los gastos a los que le
fue otorgado el reembolso» e indicó que se había determinado la existencia de «inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral»
Los hallazgos del Servel abren preguntas sobre la ruta del dinero, el origen de los gastos y la fuente de financiamiento, sin que exista hasta ahora una conexión entre los $11 millones no declarados ante el Servel y los $14 millones del presunto pago al exfiscal Palma. Sin embargo, este antecedente adquiere importancia ante la nueva arista penal que compromete al senador y a su entorno más cercano.
Indagan presunto pago de $14 millones del senador Calisto al exfiscal Carlos Palma
Entre los puntos que actualmente se someten a escrutinio judicial, destacan las declaraciones de Roland Cárcamo acerca de un presunto desembolso de $14 millones de dólares que el senador Calisto habría efectuado a favor de Palma, quien en 2022 ocupaba la jefatura de la Fiscalía de Aysén cuando se puso en marcha la indagatoria inicial contra el otrora militante de la DC. En el desarrollo de esta nueva línea investigativa, el ente persecutor examinará los movimientos bancarios tanto del parlamentario como de su núcleo más cercano, con el fin de corroborar o desmentir las afirmaciones de los integrantes de su círculo.. Paralelamente, resurgen con fuerza las interrogantes sobre la actuación del exfiscal, quien dejó el cargo y afrontó una formalización en octubre de 2025 por facilitar información reservada al abogado Luis Hermosilla.
Por su parte, según consignó La Tercera, los testimonios aportados por Cárcamo han servido para consolidar la hipótesis que maneja la Fiscalía. Tal como se ha expuesto en diversas audiencias, Graf declaró que en realidad no desempeñaba funciones de asesoría legislativa ni tareas vinculadas a la labor territorial de Calisto en Aysén, sino que todo aquello constituía una fachada. El abono que recibía Graf, según sostuvo el persecutor Luis Contreras durante la sesión del martes en la que se evaluaron las medidas cautelares solicitadas por la defensa del senador, estaba destinado a fines estrictamente políticos.
Aunque este elemento ha reforzado la acusación contra el legislador, la información revelada por Cárcamo ha sido catalogada como un antecedente de extrema gravedad. Conforme a datos difundidos por el medio Fast Check, el excolaborador señaló que, durante 2024, tres asesores del entonces diputado pagaron los $14 millones de pesos en efectivo al otrora fiscal Palma con la intención de que este archivara dos expedientes judiciales, entre ellos el que pone a Calisto en riesgo de una condena de 12 años de prisión. Con el propósito de disimular el origen de esos fondos, Palma habría simulado brindar asesorías a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, valiéndose de un abogado de su confianza.
Desde la defensa de Calisto han descartado tener mayores antecedentes sobre este nuevo proceso, y señalaron que primero se enfrentaron a la reserva de las referidas declaraciones, y segundo que cuando intentaron presentar el patrocinio correspondiente en este nuevo caso se les señaló que el expediente no tenía mayores detalles.
El abogado del senador, César Ramos, indicó a La Tercera que «esos hechos son absolutamente falsos«. Sin embargo, el cerco judicial contra el parlamentario se hace cada vez más pequeño.
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