Fundación del presidente de Codelco vinculada con trolls de redes sociales recibió más de $1.900 millones en donaciones anónimas e ingresos desde el extranjero
La Fundación Ciudadanos en Acción (FCEA) apareció en el radar público el año pasado, cuando una investigación de Reportea y Vergara 240 —de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales— reveló que había recibido financiamiento de la Asociación de AFP para sus campañas en defensa de la industria previsional en medios de comunicación y redes sociales.
En las campañas de la fundación participó el influencer Matías Lorca, uno de los trolls que difundió mentiras en las redes sociales durante la última campaña presidencial. Un informe de Chile Vamos apuntó a la cuenta que él manejaba, “Canal de Mati”, como una de las que lideró el ataque contra la entonces candidata Evelyn Matthei, diciendo que sufría de alzheimer.
Reportea solicitó vía Ley de Transparencia las memorias de la fundación creada y liderada por Bernardo Fontaine, actual presidente de Codelco y quien el año pasado integró el comité estratégico y el equipo económico del comando de José Antonio Kast. En esas memorias, la FCEA señala haber recibido donaciones por $1.906 millones entre 2015 y 2024, incluyendo $209 millones recibidos desde el extranjero durante ese último año.
Los mayores aportes se registraron en 2022 y 2024, periodos en que la FCEA desplegó campañas en redes para apuntalar la opción Rechazo en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional, y en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Gabriel Boric. En 2024, la fundación difundió una campaña contra la Estrategia Nacional del Litio desarrollada durante el periodo de Boric, criticando el rol que se le daría a Codelco y apoyando la idea de que el negocio fuera manejado exclusivamente por privados.
La información que no se transparenta en los documentos de la fundación es el origen del dinero recibido, pues no se identifica a ningún donante.
Bernardo Fontaine no estuvo disponible para responder preguntas para este reportaje. Desde el área de comunicaciones de Codelco explicaron que no se pueden referir a asuntos personales de su presidente.
Cuando el año pasado se reveló el uso de trolls en redes sociales para interferir en la campaña presidencial, el Ministerio Público activó una investigación que quedó a cargo de la Fiscalía de Valparaíso. Sin embargo, esa indagatoria se archivó en enero pasado, según informó La Tercera.
En paralelo, la Superintendencia de Pensiones intentó fiscalizar el financiamiento de la Asociación de AFP a la fundación de Fontaine, pero no llegó lejos porque las administradoras de pensiones se ampararon en la libertad de expresión para no entregar ningún dato (revise nota de Reportea).
Ahora la discusión sobre el uso de campañas sucias en las redes se reactivó a partir de la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, un operador de derecha que ha reconocido públicamente el uso de trolls en elecciones desarrolladas en distintos países del continente, y que en Chile operó campañas de desinformación durante el proceso constitucional, según documentó un reportaje de La Bot. El diputado socialista Juan Santana presentó una denuncia en su contra y la Fiscalía Centro Norte analizará si existe mérito para abrir una causa penal.
La industria de la desinformación opera a nivel mundial y es un problema que enfrentan las democracias. El Oxford Internet Institute, de la Universidad de Oxford, indicó que en 2020 se detectaron campañas organizadas de manipulación de la opinión pública, a través de redes sociales, en 81 países. El mismo informe subrayó que esas campañas muchas veces provienen de empresas de relaciones públicas, y también de gobiernos y partidos políticos.
Hasta ahora, en Chile no existe una legislación específica que sancione las campañas de desinformación en redes sociales, aunque recientemente el diputado Jaime Bassa (FA) anunció un proyecto de ley para castigar el uso de bots en campañas electorales.
También en la Cámara de Diputados acaba de aprobarse una comisión investigadora para indagar el uso de bots y trolls en campañas electorales en Chile desde 2020 en adelante. Eso necesariamente incluirá las operaciones desplegadas por Cerimedo en el país, pero también la actuación de la red de trolls que funcionó durante la campaña presidencial del año pasado. La indagatoria podría llegar hasta Bernardo Fontaine, cuya fundación realizó pagos a uno de esos trolls, y se ha negado a transparentar quiénes son los donantes que financian sus performances en las redes.
Si es que es citado a la comisión, Fontaine estará obligado a asistir, debido a su nuevo rol como presidente del directorio de Codelco, una empresa estatal.
$1.906 millones en donaciones anónimas
La fundación liderada por Fontaine impulsa distintos tipos de campañas en redes sociales. Las que trabajaron junto a la Asociación de AFP, por ejemplo, consistían en mensajes grabados por influencers que no transparentaban que se trataba de una campaña pagada, y en la que no mencionaban ni a la FCEA ni a la gremial de las AFP. Y también están los mensajes que se incluían directamente en los perfiles en Facebook, Instagram o YouTube de la misma fundación.
El financiamiento proveniente de la Asociación de AFP tampoco se transparenta en ninguno de los documentos de la fundación revisados por Reportea. Pero el origen de los fondos fue confirmado por dos personas que han ocupado cargos directivos en esa agrupación gremial, y también por la agencia de comunicaciones Artool, que se encargaba de impulsar las campañas de la FCEA en redes como Facebook e Instagram. La misma información fue corroborada por fuentes que participaron de reuniones donde se coordinó el despliegue digital de la industria para oponerse a las reformas del sistema previsional.
Las memorias de la fundación sí mencionan la cantidad de dinero recibida a través de donaciones durante los últimos años. En 2018, cuando las protestas organizadas por el movimiento “No + AFP” convocaban a miles de personas y la gremial desplegaba una campaña en defensa del modelo de capitalización individual, la fundación reconoce haber recibido $80 millones en donaciones (ver aquí el documento).
Dos años después, la fundación registró el primer peak de donaciones: $207,6 millones, de acuerdo a la memoria de 2020 (ver aquí). De ahí en adelante, el financiamiento por esa vía fue al alza. En 2021 se reportaron $285,6 millones; en 2022, $335,1 millones; y en 2023, otros $318,4 millones.
La memoria de 2024 señala que ese año recibieron $344,2 millones, incluidos $209,7 millones desde el extranjero (ver aquí).
En todas las memorias aparece Bernardo Fontaine como presidente del directorio y representante legal de la fundación, excepto en 2021, cuando se presentó a las elecciones y ganó un cupo en la Convención Constitucional como representante de la zona oriente de Santiago (vea ese documento).
Lo que no aparece es la identidad de los donantes. A pesar de que a partir de 2021 entre el 39% y el 74% de los ingresos de la FCEA fueron donaciones que se acogieron a beneficios tributarios, el Servicio de Impuestos Internos rechazó una solicitud vía Ley de Transparencia para conocer la identidad de los donantes. El argumento fue que la divulgación de esa información vulneraría el secreto tributario (vea aquí la respuesta completa).
Contenido dudoso visto por millones de usuarios
La fundación ha publicado en redes sociales piezas de propaganda política en fechas clave de campañas electorales. Entre octubre y diciembre de 2021, en la recta final de la presidencial de ese año que enfrentaba a Gabriel Boric y José Antonio Kast, la FCEA pagó un anuncio en Facebook que se titulaba “con Boric perderás la propiedad de tus cotizaciones”. Según la biblioteca de anuncios de Meta, la empresa propietaria de redes como Facebook e Instagram, se desembolsaron cerca de US$3.000 para que esa pieza alcanzara cerca de 700.000 visualizaciones.
En agosto de 2022, justo antes del plebiscito de salida del proceso constitucional, la fundación difundió un video en que se indicaba que “420.000 personas viven en tierras que podrían ser restituidas a pueblos indígenas”.
Estos son solo un par de ejemplos. Los avisos políticos se cuentan por decenas en los registros de la FCEA en Meta. Y a pesar de que se trata de propaganda política en época electoral, y que incluye mensajes cuya veracidad puede ser discutible, el dinero que se utilizó en su elaboración y difusión no fue declarado ante el Servel como gasto de campaña.
Según los documentos de la fundación, sus campañas han llegado a millones de ciudadanos. La memoria de 2018 indica que la ofensiva que desplegaron ese año para investigar, difundir y “explicar” en redes sociales el “sistema de pensiones y la reforma previsional”, alcanzó a 3.200.000 usuarios. Mientras que una segunda campaña sobre el sistema tributario habría alcanzado a otros 2.100.000.
Dos años después, en 2020, la situación era distinta. El estallido social había impuesto una agenda de cambios sociales y de fuerte crítica al empresariado. En paralelo, el país enfrentaba la pandemia del Covid-19, y junto con ella, una coyuntura especialmente sensible para la industria de las AFP: los sucesivos retiros del 10% de los fondos de pensiones.
Según la memoria de 2020, el foco de la FCEA ese año estuvo en la discusión previsional. Los videos generados por la fundación alcanzaron 12.252.000 visualizaciones. En el documento se indica que “logramos imponernos como una voz independiente y fuente experta en la reforma previsional, dado que nuestros expertos y representantes fueron fuentes en los medios de comunicación masivos nacionales y regionales, con un total de 157 publicaciones entre entrevistas, artículos, cartas y columnas en medios de comunicación”. También se resalta que fueron invitados a exponer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Ya en 2024, la difusión de la FCEA se volcó a una explícita oposición a la reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric. Aun así, en la memoria de ese año también se auto describen como una fundación sin ideología política: “Somos una organización ciudadana y transversal, de carácter privado y cívico, sin fines de lucro, desvinculada de intereses partidistas o empresariales”.
En los videos de la campaña que la FCEA desplegó en redes sociales ese año, aparecen Bernardo Fontaine y Matías Lorca, quien controlaba la cuenta “Canal de Mati” —que participó de la campaña de desinformación durante la última elección presidencial— apuntalando la postura de las AFP frente a la reforma.
Los influencers en el Congreso
Parte de estas campañas fueron financiadas por la Asociación de AFP. Según ya informó Reportea, además de Lorca también participaron otros influencers como Catalina Olivares (“Cata Libre”) y Benjamín Peña y Lillo. Hoy, ambos son asesores parlamentarios.
Olivares es la jefa regional en Valparaíso de la Fundación Para el Progreso, el think tank ultraliberal financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, y actualmente asesora al diputado republicano Sebastián Zamora, según los registros de Transparencia del Congreso. El perfil en X de Olivares registra cerca de 50 interacciones con las cuentas trolls denunciadas por Evelyn Matthei por difundir mentiras sobre su candidatura (ver aquí).
Benjamín Peña y Lillo figura como asesor de los diputados republicanos Luis Sanchez y Alejandro Riquelme.
El actual diputado Francisco Orrego (RN) también participó en iniciativas de la fundación de Fontaine. Fue rostro y vocero de “Con mi plata no”, la campaña que lanzaron en 2022 para oponerse a los cambios al sistema previsional.
Consultado por Reportea, el diputado señaló que ya no trabaja en la fundación desde hace varios años, y evitó responder preguntas sobre los pagos que percibió por esa labor.
Que Codelco no administre el litio
Entre abril y mayo de 2024, cuando Fontaine era presidente y representante legal de Ciudadanos en Acción, hicieron circular publicidad pagada en Facebook e Instagram contra la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el gobierno de Boric.
“El gobierno insiste en entregar la explotación del litio a Codelco y Enami, dos empresas en números rojos. Mejor, que se encarguen los privados, que ya saben de litio, y paguen impuestos al Estado. O si no, los recursos del litio podrían terminar pagando las deudas de Codelco y Enami”, decía un anuncio por el que se pagaron entre 200 y 300 dólares.
Bernardo Fontaine también se manifestó personalmente en contra del plan en su cuenta de X y en una carta publicada en El Mercurio, argumentando que la fabricación de baterías podría no ser rentable en Chile, y que ningún privado querría aportar capital para la administración estatal. También criticó a los “operadores políticos” de las empresas estatales.
Desde Codelco tampoco accedieron a referirse a estas declaraciones.
Activismo digital
Bernardo Fontaine Talavera constituyó la Fundación Ciudadanos en Acción el 23 de marzo de 2015, fecha en la que quedó anotada en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, del Registro Civil. Los estatutos se formalizaron dos meses antes en una notaría de Curicó, ciudad en la que fijó su domicilio.
Fontaine, ingeniero comercial de la Universidad Católica, construyó su carrera como ejecutivo y director de empresas —estuvo en el Citibank, Falabella, La Polar, Lan y Bicecorp, entre otras—, hasta que en 2014 comenzó a involucrarse directamente en política. Ese año estuvo entre los representantes de la oposición al gobierno de Michelle Bachelet que negociaron cambios a la reforma tributaria, y por primera vez, realizó rondas de entrevistas en medios para criticar la iniciativa.
En un perfil que le dedicó la extinta revista Qué Pasa en 2014, un amigo de Fontaine comentó entonces que “lo que a él le interesa es ser parte de la opinión pública, estar en el debate de ideas”. Y fue justamente lo que hizo a partir del año siguiente, cuando creó Ciudadanos en Acción.
En un inicio, el nombre de la fundación no fue público, pero sirvió como vehículo legal para las campañas que Fontaine desplegaba en redes y medios. La primera fue “Reforma la reforma”, la plataforma desde la que hizo oposición a las reformas del segundo gobierno de Bachelet. Ese primer año, indica la memoria de la FCEA de 2015, la organización recibió $129,4 millones en donaciones (vea memoria 2015 aquí).
En los documentos de la fundación hay una idea se repite con fuerza: son una organización transversal, desvinculada de cualquier ideología política o interés empresarial, y que vela por educar e informar a los ciudadanos sobre materias de interés público. Pero los hechos contradicen esa definición.
Mientras la memoria de 2015 indica que ese año la fundación centró sus esfuerzos en estudiar y simplificar la reforma laboral impulsada por Bachelet, “para su conocimiento masivo”, las entrevistas que entonces otorgaba Fontaine dan cuenta del tono que tenía la campaña, donde por lo general se extremaban los argumentos: “Por ejemplo, si se aprueba la reforma, Metro podrá paralizar su servicio durante una huelga, afectando a 2 millones de pasajeros al día porque prohíbe el reemplazo de trabajadores”, dijo a El Líbero en abril de ese año.
Junto a Fontaine, por el directorio de la FCEA han pasado nombres como Diego Fleischmann Chadwick, sobrino del exministro del Interior, Andrés Chadwick, que ha compartido sociedades con los creadores de Sosafe y Predictable Media, empresa experta en big data electoral; Manuel Hurtado Rourke, socio histórico de Fontaine en sus negocios; Luis Fernando Ovalle, uno de los dueños de Predictable Media; Lorena Medel González, asesora de confianza del empresario Nicolás Ibáñez; y Carmen Luz Assadi, quien también ha integrado el directorio de Pivotes.
Según el registro de 2024, en el directorio también aparece Fernando Del Sol Santa Cruz, quien hasta mediados del año pasado era el gerente general de la administradora de fondos Sigma, según publicó Estrategia.
De acuerdo a la información alojada en el Registro Civil, la fundación sigue vigente. En Meta continúan apareciendo piezas de propaganda pagadas, claro que ahora en defensa de las iniciativas del gobierno.
REPORTEA.CL
No hay comentarios:
Publicar un comentario