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lunes, 10 de agosto de 2026

Durisíma reacción de exministros de Boric, Elizalde, Tohá y Grau en contra de Kast por poner en duda cifras de la pobreza: "Nunca un presidente hizo algo así", “ignorancia e irresponsabilidad” y “es una mirada de una dictadura”

 11 August 2026

Las críticas del presidente Kast a los resultados de la Encuesta Casen 2024 motivaron reacciones de exautoridades del gobierno de Gabriel Boric. Carolina Tohá, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau salieron a defender la medición de la pobreza y cuestionaron que el mandatario siembre dudas sobre sus resultados, luego de que apuntara al efecto de los subsidios estatales en la caída registrada durante la administración anterior.

El estudio situó en 17,3% la tasa de pobreza en 2024, una baja de 3,2 puntos respecto del resultado de 2022. Kast puso en duda que la reducción de la pobreza responda al impacto real de las transferencias públicas:

“Nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios (…) esa buena noticia que se dio en un minuto de las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana, y después no se habló más de ese tema”.

Exministros tachan de irresponsables dichos de Kast por Casen
La respuesta más extensa vino de la exministra del Interior Carolina Tohá, quien defendió el respaldo técnico de la encuesta y rechazó la idea de que las transferencias del Estado estén simplemente “inflando” los ingresos de las familias.

Tohá cuestionó los reparos del presidente Kast y recalcó que los resultados de la Casen no dependen únicamente del gobierno que se encuentre en La Moneda.

“La Casen no es algo que hace un gobierno, es algo que hacen los mayores expertos que Chile tiene en materia social”, afirmó.

La exministra también entró al fondo de uno de los cuestionamientos planteados por Kast: cuánto de la reducción de la pobreza se explica por los ingresos que generan directamente las familias y cuánto corresponde a ayudas estatales. Para Tohá, separar ambos elementos desconoce precisamente el objetivo de las políticas sociales.

“Cuando una persona tiene bajos ingresos (…) y nos ponemos todos de acuerdo para que existan subsidios para ir en apoyo a esas familias, eso no es inflar los ingresos, eso es una decisión social de que nadie se quede atrás”, sostuvo.

La exsecretaria de Estado fue más allá y manifestó preocupación por la orientación que, a su juicio, está tomando la actual administración.

“Es una señal muy preocupante que la palabra igualdad social, la palabra inequidad hayan desaparecido del léxico de las autoridades”, afirmó en ADN Radio.

En esa línea, Tohá sostuvo que el crecimiento económico por sí solo no garantiza progreso social y advirtió que una política centrada exclusivamente en facilitar la inversión sería “un retroceso” respecto de los avances alcanzados en materia de protección social.

“El lenguaje de las actuales autoridades, da la idea que nada de eso importa. Lo único que importa es que los inversionistas tengan facilidades, impuestos bajos, no tengan problema, que nadie les diga nada, y eso nos va a hacer progresar a todos por chorreo. Esa mirada creo que es muy compleja, y es un retroceso, porque es la que tuvimos en la dictadura, pero se suponía que ya la habíamos superado”, cerró.

“Nunca un presidente hizo algo así”

A las críticas se sumó el exministro Álvaro Elizalde, quien a través de redes sociales calificó directamente como una “irresponsabilidad” poner en entredicho los resultados.

“Cuestionar los resultados de la CASEN es una irresponsabilidad”, sostuvo. Elizalde defendió además la importancia que ha adquirido la encuesta para medir la situación social del país y orientar las decisiones del Estado.

“Encuesta CASEN es una herramienta fundamental para conocer la realidad social de Chile y orientar políticas públicas”, señaló, para luego emplazar directamente al Mandatario: “¿Qué pretende el presidente Kast al sembrar dudas sin sustento?”.

“Ignorancia e irresponsabilidad”

El exministro de Hacienda Nicolás Grau, fue muy duro y aseguró que no existen antecedentes académicos que respalden los cuestionamientos del presidente:

“No lo tienen. No hay ningún académico serio que haya respaldado algo así”, afirmó.

Grau calificó los dichos como “ignorancia e irresponsabilidad” y advirtió que la controversia puede terminar dañando un logro que, a su juicio, trasciende a una administración determinada.

Se trata, dijo, de “uno de los activos relevantes de nuestro país: la reducción de la pobreza entre 1990 y 2024”.

“Nunca un presidente hizo algo así antes”, cerró el exministro.

Corrupción en la República: Esa red de poder que captura el poder judicial

 

COLUMNISTAS


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Las nuevas investigaciones sobre corrupción en Chile revelan algo más profundo que una sucesión de casos individuales: la existencia de redes capaces de penetrar los mecanismos de decisión del Estado. Los chats de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla muestran gestiones sobre decenas de postulantes y al menos 21 nombramientos efectivamente concretados, incluidos ministros de la Corte Suprema, abogados integrantes y fiscales judiciales. En paralelo, la investigación por el caso Fundamenta examina un depósito de $13 millones realizado a Gonzalo Migueles, pareja de la entonces ministra Ángela Vivanco, pocos días después de un fallo favorable a una inmobiliaria vinculada a los abogados investigados. Como informa Reportea, “Parte de lo nuevo es un mensaje enviado de Guido Girardi para impulsar el nombramiento de Patricia Manríquez como notaria”.

Lo decisivo no es solamente determinar si existió cohecho, tráfico de influencias o algún otro delito: corresponde establecer qué ocurre con una democracia cuando las relaciones personales, los favores y las “reciprocidades” sustituyen los procedimientos institucionales. Los chats revelan precisamente ese lenguaje: candidatos considerados “nuestros”, gestiones realizadas desde el poder político y favores reclamados como reciprocidades. En un caso, Hermosilla calificó a Carlos Mora Jano como “totalmente nuestro” antes de que llegara a la Defensoría Penal Pública.

Aquí resulta especialmente pertinente el investigador francés jurista y especialista en sociología de la corrupción, Pierre Lascoumes. Su análisis de la “zona gris” de la democracia muestra que la corrupción no se reduce al soborno clásico: también comprende favoritismos, arreglos, conflictos de interés y usos privados de posiciones públicas. Para Lascoumes, estas prácticas erosionan progresivamente la confianza ciudadana porque convierten la probidad —una condición de la legitimidad democrática— en una variable negociable. La corrupción, por tanto, no solamente roba recursos: altera las reglas mediante las cuales se distribuye el poder.

“Entre los nombres que sí consiguieron el puesto que buscaban, hay, al menos, tres ministros de la Corte Suprema —Ángela Vivanco, Mario Carroza y Jean Pierre Matus—, tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago —Lilian Leyton, Verónica Sabaj y Alejandro Aguilar—, 11 abogados integrantes de distintas cortes y dos fiscales judiciales, además del exdirector nacional de la Defensoría Penal Pública, Carlos Mora Jano,” menciona el medio citado.


El caso chileno adquiere así una dimensión institucional mayor. Cuando un ministro del Interior y un abogado con acceso privilegiado pueden intervenir informalmente en la selección de jueces, fiscales o abogados integrantes, la separación de poderes deja de funcionar como principio material y corre el riesgo de convertirse en una mera arquitectura formal. Los antecedentes muestran incluso discusiones sobre cómo ordenar candidatos políticamente afines y sobre quién debía ser considerado para determinados tribunales. La cuestión democrática es entonces quién controla a quienes controlan el Estado.

Francia ofrece un contraste significativo. Allí la justicia ha demostrado que el poder presidencial no constituye una inmunidad política permanente: el expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado en 2025 a cinco años de prisión por asociación de malhechores en el caso relativo al financiamiento libio de su campaña presidencial de 2007. Más allá de la valoración que pueda hacerse de cada sentencia, el hecho institucional fundamental es que un antiguo jefe de Estado puede ser llevado ante los tribunales y condenado. La separación de poderes adquiere sentido cuando el poder judicial puede juzgar al poder político.

El contraste con Estados Unidos bajo Donald Trump es preocupante por una razón diferente. No puede afirmarse rigurosamente que toda la justicia estadounidense haya quedado bajo el “control absoluto” del presidente: los tribunales federales continúan bloqueando o limitando medidas ejecutivas. Pero la independencia de la persecución penal ha sufrido una presión extraordinaria: el Departamento de Justicia (DOJ) ha reducido mecanismos internos de control, mientras aumentan las denuncias de interferencia política y de incumplimiento de órdenes judiciales. La reciente confirmación de Todd Blanche —antiguo abogado personal de Trump— como fiscal general refuerza las preocupaciones sobre esa politización.

La lección para Chile es contundente: una democracia no se defiende únicamente mediante elecciones, sino mediante instituciones capaces de limitar al poder cuando éste transgrede las reglas. Lascoumes advierte que la tolerancia social frente a los pequeños y grandes arreglos puede convertir la corrupción en algo simultáneamente escandaloso y normalizado. Cuando los ciudadanos perciben que los cargos se obtienen mediante contactos, que los favores generan deudas y que la justicia puede ser influida, la desconfianza deja de ser un efecto secundario y se transforma en una crisis de legitimidad.

Por eso, las investigaciones sobre Vivanco, Migueles, Hermosilla, Chadwick y Manuel Guerra deben ser observadas más allá de sus eventuales responsabilidades penales individuales. Lo que está en juego es si Chile dispone de una justicia suficientemente independiente para investigar las redes que atraviesan la política, los negocios y el aparato estatal. La democracia exige que ningún presidente, ministro, juez, fiscal, empresario u operador político pueda situarse por encima de la ley. Cuando la separación de poderes es reemplazada por la captura del Estado, la corrupción deja de ser una desviación del sistema: comienza a convertirse en una forma de gobierno de los poderosos. Y no le pidamos a la ultraderecha que arregle las cosa. Están ahí por el statu quo ante.

 

Leopoldo Lavín Mujica

Defensa de Gabriel Zaliasnik pide al Colegio de Abogados no admitir denuncia en su contra por violación del código de ética

 

CHILE AL DÍA PORTADA


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Mediante un escrito dirigido al Consejo general de la entidad profesional, el defensor de Zaliasnik solicita declarar prescrita la denuncia presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, debido a que han transcurrido 2 años desde que Zaliasnik le pidiera a Luis Hermosilla influir en jueces para obtener un fallo favorable a uno de sus entonces clientes.  «Lucho si me pudieras ayudar para que confirme la PP (prisión preventiva) sería genial«, le expresó aquella vez el hoy diplomático designado por el gobierno como el representante de Chile en Israel.

Pero, además, la defensa del actual embajador pide que esas comunicaciones se declaren parte del secreto profesional.

Al respecto el abogado Rendón señaló: «Zaliasnik pretende aprovecharse de que Fiscalía tuvo estos antecedentes durante bastante tiempo sin investigarlos. Por otra parte, aspira a que el secreto profesional cubra su tentativa de influir ilícitamente en jueces».

«Esperamos que el Colegio establezca que el secreto profesional cubre la información del cliente, pero no sirve para ocultar los delitos que cometa el propio abogado. El muy dañado prestigio de la profesión, después del caso Hermosilla, está en juego en este caso. Esperamos que el Colegio no se preste para encubrir a abogados delincuentes», concluyó.




 

Galy Chávez

domingo, 9 de agosto de 2026

Luego de menospreciar y de tratar de "señora de feria y cuma" a senadora Campillai, RN lleva al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores

 09 August 2026

La directiva regional de Renovación Nacional (RN) en Valparaíso resolvió elevar al Tribunal Supremo del partido los dichos de la senadora Camila Flores, (RN) luego que calificara a la senadora Fabiola Campillai como “señora de feria” durante un tenso enfrentamiento registrado al interior del Senado.

La senadora Flores -que está siendo investigada por la justicia por fraude al fisco y otros delitos- dio a conocer varios epitetos descalificadores en contra de la senadora Campillai entre ellos,  "necesitas un psiquiatra en vez de un médico para lo que te pasó", "eres una cuma total", y remató con la expresión: “Se te salió lo poblacional, señora de feria”. Recordar que Campillai quedó ciega y sin olfato por un disparo de un carabinero a su rostro el año 2019, mientras esperaba la locomoción.

La decisión fue adoptada tras recibir, según explicaron desde la colectividad, un importante número de reclamos y manifestaciones de incomodidad por parte de militantes y dirigentes respecto de las expresiones utilizadas por la parlamentaria.

El secretario general regional de RN, Eduardo Urbina, señaló que corresponde al máximo órgano disciplinario del partido determinar si las declaraciones constituyen una eventual infracción reglamentaria, estatutaria o una conducta alejada de la ética partidaria.

La dirigencia regional agregó que existe preocupación por el comportamiento y las expresiones de las autoridades parlamentarias de la colectividad. Por esto, hizo énfasis en que deben mantenerse lo más apegadas posible a los principios del partido.

Las declaraciones de Flores también provocaron la reacción de la Confederación Nacional de Ferias Libres, organización que expresó su “profundo dolor” por el uso de la frase “señora de feria” como una descalificación y frase despectiva.

La presidenta de Asociación de Feriantes de Chile, Paula Morales, resaltó que el debate político debe desarrollarse desde el respeto, rechazando que el trabajo de feriante sea utilizado de forma despectiva.

El episodio se originó tras una fuerte discusión entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai, en la que ambas intercambiaron acusaciones personales, referencias a investigaciones judiciales, familiares e insultos.

Durante el altercado, Flores lanzó expresiones como “cuma total”, “ya se le salió la poblacional” y finalmente “señora de feria”, mientras Campillai la calificó reiteradamente de “delincuente”.

El inédito Estado de Excepción de Seguridad Pública impulsado por el ministro Arrau

 

El inédito Estado de Excepción de Seguridad Pública impulsado por el ministro ArrauPAÍSFoto: AgenciaUNO


El nuevo Estado de Excepción que elabora el Gobierno incorporaría una serie de medidas administrativas, como interceptación de comunicaciones sin orden judicial, incautación más ágil de bienes, restricciones a la movilidad y reunión, toque de queda para menores. También otros 15 proyectos de ley.


Resumen

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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la propuesta para crear un nuevo “Estado de excepción constitucional de seguridad pública”, que el Ejecutivo busca implementar como una inédita herramienta contra estructuras delictivas permanentes y violentas que no existían hace 30 años.

Según explicó en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el quinto Estado de Excepción Constitucional que diseña la Secretaría de Estado está concebido específicamente para combatir el crimen organizado y el terrorismo en lugares que sufran una grave alteración de la seguridad pública.


A diferencia de las cuatro herramientas constitucionales que existen actualmente —Estado de Catástrofe, de Emergencia, de Asamblea y de Sitio—, el nuevo estado de excepción que se diseña busca entregar respuestas operativas y estratégicas más precisas, rápidas y estrictas frente a las bandas criminales.

Según expresó Arrau, el Estado de excepción de seguridad requerirá al menos tres modificaciones constitucionales e incorporaría una serie de medidas excepcionales contra la inseguridad, tales como la interceptación de telecomunicaciones sin orden judicial, una incautación más ágil de bienes, restricciones a la movilidad y a la libertad de reunión y toques de queda para menores, entre otras.

Las 15 iniciativas de ley de Arrau

La reforma constitucional que habilita el Estado de excepción de seguridad pública se encuentra ad portas de ser presentada oficialmente al Congreso. Forma parte de una agenda legislativa prioritaria que contempla alrededor de 15 iniciativas de ley —algunas de ellas, fusiones de proyectos ya existentes— que ingresarán progresivamente durante los próximos dos meses.

“Lo que estamos pensando acá son herramientas muy precisas y muy duras donde haya graves alteraciones a la seguridad pública. Se diferencia de los que existen en que entrega más herramientas. Primero, limitar la movilidad con toque de queda. Algunos han pensado en toque de queda diferenciado por edad para los menores”, señaló Arrau.

Frente a las aprensiones de sectores de la oposición, que apuntan a que estas atribuciones constitucionales pudiesen transformarse en un “chipe libre” policial, el ministro Arrau enfatizó que el sistema contará con estrictos contrapesos democráticos. El modelo funcionará mediante un decreto fundado del Presidente de la República, quien estará obligado a designar por decreto a un responsable de administrar estas facultades excepcionales de manera transitoria y rendir cuentas públicas de sus actos.

Y agregó: “Queremos poder investigar las telecomunicaciones de manera más amplia, en un polígono, en un barrio o en una zona rural, sin orden judicial en la excepción constitucional. Y mecanismos de incautación de bienes más eficaces, para organizaciones que estén en un listado y cuyos bienes se puedan incautar de manera precautoria. Y como hay agilidad, es un permiso para actuar de manera excepcional, pero de esto hay un responsable y después se rinden cuentas. No es un chipe libre”, dijo Arrau.

Atribuciones sin precedentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el jefe de la cartera de Seguridad, el nuevo estado de excepción se sustenta en la premisa de que las actuales herramientas de excepción constitucional fueron diseñadas bajo lógicas tradicionales de orden público —como desórdenes o desastres naturales— que quedan cortas ante fenómenos de control territorial y crimen transnacional.

Para subsanar esta situación, la propuesta contempla la implementación de medidas excepcionales especialmente severas que requerirán al menos tres modificaciones constitucionales para su viabilidad penal y procesal.

La primera de estas medidas, y una de las más controvertidas, es la facultad para realizar la interceptación de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial previa. Esta atribución de carácter excepcional permitiría a las policías investigar, monitorear e intervenir comunicaciones telefónicas y digitales dentro de la zona delimitada, agilizando de manera drástica las labores de inteligencia y persecución penal.

Asimismo, el proyecto introduce mecanismos para la incautación temprana y ágil de bienes. Esta herramienta facultaría a las policías e instituciones persecutoras para decomisar de forma precautoria bienes, vehículos y dineros sospechosos durante el transcurso de una investigación criminal dentro del área de intervención, emulando estrategias de la legislación internacional en países como Estados Unidos.

En el plano del control de la movilidad ciudadana, el Estado de excepción de seguridad pública permitirá dictar restricciones a la movilidad y a la libertad de reunión. Sin embargo, la principal novedad es que se discute formalmente la opción de aplicar toques de queda diferenciados por edad. Esta fórmula permitiría decretar restricciones horarias aplicadas exclusivamente a menores de edad en ciertos sectores identificados con altos índices de reclutamiento delictivo o vulnerabilidad extrema.

Zona geográfica y rol de las Fuerzas Armadas

A diferencia del Estado de Emergencia convencional, que suele aplicarse a regiones o provincias enteras, este nuevo régimen operará bajo la lógica de “polígonos” o zonas geográficas acotadas dentro de una comuna.

De este modo, la restricción de libertades civiles no afectará necesariamente a toda una provincia o comuna, sino a territorios muy focalizados, tales como un barrio tomado por un cartel en la capital, zonas fronterizas críticas o sectores rurales bajo asedio de organizaciones terroristas.

Según sostuvo Arrau, en estos polígonos, que suelen caracterizarse por ser de difícil acceso debido a barreras físicas como “casas búnker”, la propuesta abre la puerta para que las Fuerzas Armadas entreguen apoyo y capacidades especiales a las policías. Si bien Arrau aclaró que las Fuerzas Armadas no cuentan, en principio, con la capacitación para hacerse cargo directamente del control cotidiano del orden público, detalló que su rol se centraría en aportar capacidades de inteligencia militar, establecer perímetros de seguridad táctica y colaborar coordinadamente en operativos especiales de alto riesgo.

Gobierno ingresará modificaciones reforzadas a las RUF para su debate esta semana

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) entrarán formalmente a discusión legislativa durante esta misma semana. El secretario de Estado adelantó que el Ejecutivo se integrará al debate presentando “algunas modificaciones reforzadas” al proyecto.

Aunque el secretario de Estado no desglosó el contenido técnico de esos cambios artículo por artículo, expuso su estrategia y expectativas parlamentarias. Arrau vinculó directamente la relevancia de las RUF con la propuesta de la ley Naín-Retamal 2.0, calificando ambas normativas como herramientas muy prácticas que “le hacen mucho sentido a la gente” en el actual contexto de seguridad.

El ministro proyectó que los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, se mostrarán “contestes con apoyar” la iniciativa gubernamental. No obstante, asumió que durante el debate legislativo los parlamentarios podrían incorporar modificaciones adicionales o sumar otros temas complementarios al proyecto.

Aguinaldo Fiestas Patrias 2026: quiénes lo reciben, el monto y multa por cobro indebido

Aguinaldo Fiestas Patrias 2026: quiénes lo reciben, el monto y multa por cobro indebidoDATOS ÚTILESEl Mostrador


Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 entrega $25.280 a pensionados del IPS, PGU, ex cajas, Dipreca, Capredena y otros regímenes, más $12.969 por carga familiar. El pago es automático en septiembre y quienes lo reciban sin derecho deberán devolverlo multiplicado por cinco.


Resumen

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A pocas semanas de las Fiestas Patrias, aumenta el interés por los beneficios económicos que entrega el Estado durante septiembre. Entre ellos, el aguinaldo para pensionados se mantiene como uno de los aportes más esperados, ya que se deposita de forma automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias 2026

El pago le corresponde a las y los pensionados que al 31 de agosto de 2026 pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

  • Instituto de Previsión Social (IPS): Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.
  • Ex cajas de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
  • Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y Mutualidades de Empleadores (Ley Nº 16.744).
  • Leyes de reparación: Ley Valech, Ley Rettig y exonerados políticos (Ley Nº 19.234).
  • Dipreca y Capredena.
  • AFP o compañías de seguro: Siempre y cuando reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de vejez o invalidez) o pensiones mínimas con garantía estatal.

Cabe aclarar que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, aun cuando reciba más de una pensión, subsidio o indemnización.

¿Cuáles son los montos del aguinaldo 2026?

El beneficio contempla un monto base de $25.280, el cual se incrementa en $12.969 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 31 de agosto de 2026.

Este monto no tiene ningún tipo de descuento, ya que no es imponible ni tributable, y se paga automáticamente junto a la pensión de septiembre.

¿Qué pasa si recibes el aguinaldo 2026 sin cumplir los requisitos?

Desde las autoridades advierten que si una persona recibe el aguinaldo sin que le corresponda, deberá devolver 5 veces el monto cobrado.

El aguinaldo de Fiestas Patrias constituye un importante apoyo económico para miles de pensionados en Chile. Por ello, es fundamental verificar que se cumplen las condiciones exigidas por la ley para acceder al beneficio y evitar inconvenientes o sanciones por un cobro indebido. Al tratarse de un pago automático, quienes reúnan los requisitos recibirán el dinero junto con su pensión de septiembre, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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