El golpe a Alvaro Corbalán que puso en duda el cierre de Punta Peuco

14/03/2016 |

Por Equipo Cambio21

"Aunque no queramos, tenemos que protegerlos". Los gendarmes tienen que garantizar la seguridad de cada interno y la agresión al exagente de la CNI en la CAS puso en duda el traslado del resto de los militares que están en el recinto especial para criminales de la dictadura. ¿Es posible trasladarlos si no se puede garantizar su integridad física? Diputado que igual se debe cerrar Punta Peuco.

Desde hace varios años que agrupaciones de derechos humanos han instado a los gobiernos a cerrar los recintos penitenciarios especiales para militares condenados por crímenes de la dictadura. La administración Piñera puso fin al Penal Cordillera y sus internos fueron trasladados a Punta Peuco.

Hoy es ese penal del que se espera su cierre. En primera instancia serían trasladados a Santiago 1. El único interno que dejó Punta Peuco fue el mayor (r) del Ejército Álvaro Corabalán (64), ex CNI que fue derivado a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), por las constantes faltas disciplinarias, como tener elementos prohibidos en la habitación.

Sin embargo, la situación de cierre queda en duda luego que se conociera que el agente de la dictadura fue agredido por otro interno con un certero cabezazo en su cara. Situación que obligó a Gendarmería a una investigación y una sanción de 30 días al autor.

Además, el director regional metropolitano, coronel Sergio Alarcón, fue enfático en asegurar que el interno Corbalán no regresará a Punta Peuco debido a las reiteradas faltas graves a la disciplina que cometió en ese recinto al ser sorprendido en tres oportunidades con teléfonos celulares y a que la dependencia en la que se encuentra en la actualidad garantiza su seguridad.

El plan "B"

La situación plantea inquietudes. Gendarmería está obligada a garantizar la integridad física de todos los internos y en caso de trasladar a los más de cien internos de Punta Peuco, este punto está en entredicho.

Así lo cree  el teniente coronel Alberto Figueroa Quezada, presidente de la  Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP). En entrevista conCambio21, consideró que, con lo acontecido, el Estado debe estudiar llevar a los internos a un anexo especial de un penal, y no mezclarlos con el resto de la población carcelaria.

"El Estado chileno podría evaluar esa posibilidad en vez de internarlos en una cárcel para que se sienta en la comunidad de que todos los internos son iguales. Insisto, tenemos que velar por la integridad física de ellos sin perjuicio de los delitos que han cometido o no".

"Creo que debería implementarse un sistema distinto al que tienen actualmente porque el penal posee condiciones diferentes al resto de los recintos penitenciarios, deben tener las mismas condiciones del resto de la población penal, pero sí en un sistema distinto al de la población común, al poder haber algún tipo de resentimiento o de maltratarlos sicológicamente", agregó Figueroa, haciendo hincapié en que no hacen defensa de los delitos de los militares, pero deben protegerlos, aunque no quieran.

Sin obstáculo

Por su parte, el diputado de la comisión de Derechos Humanos, Sergio Ojeda (DC), desestimó que el caso pueda perjudicar o retrasar el traslado de los uniformados de Punta Peuco, al considerarlo un caso aislado. Eso sí, llamó a revisar las circunstancias en que ocurrió.

Ojeda dijo que "toda cárcel tiene que tener seguridad para cada uno de los presos. No creo que sea algo repetido o que suceda siempre. Debe ser circunstancial y que no justifica algún cambio (...) No podemos dar lugar a la situación que puede ser creada artificialmente con el objeto de justificar una duda sobre el fin de Punta Peuco".

Además, el parlamentario aseguró que la CAS es un recinto de alta seguridad, no está en duda, "Es un tema fuera de discusión. No hay circunstancia que pueda evitar el fin de Punta Peuco", concluyó.