Escrito el 16 marzo 2016
La Directora del Instituto nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, se reunió esta mañana con representantes de diversas organizaciones sociales, para analizar y establecer un diagnóstico común sobre la cuestionada figura del “control de identidad preventivo”, contemplada en la Agenda Corta Antidelincuencia, a pocos días de votarse en la sala del Senado.
Al encuentro acudieron Camila Rojas, presidenta de la FECH; Daniel Gedda, presidente de la FEUC; Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y vocera de la CONFECH; Carolina Figueroa, presidenta de la Federación de Estudiantes U. Diego Portales; Luís Larraín, presidente de Fundación Iguales; Rolando Jiménez, vocero del Movilh; Vasili Deliyanis, vocero de Acción Gay; Herminda González, presidenta de Fundación Margen; Patricia Loredo, directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras; Rodolfo Noriega, presidente del Comité de Refugiados Peruanos; Cristina Paillal Pilquineo, vicepresidenta de la Red de Mujeres Mapuche, y Sandra Huentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Indígenas.
Lorena Fries explicó que durante la cita se intercambiaron opiniones sobre la eventual aprobación de la “agenda corta” y las disposiciones de dicho proyecto que podrían afectar los derechos humanos. Además se establecieron algunas coordinaciones para monitorear las eventuales vulneraciones de derechos que se pudieran producir, en caso de aprobarse la iniciativa.
“Pensamos que no se puede legislar en términos tan generales, no estamos de acuerdo con que en cualquier minuto, en cualquier lugar y a cualquier persona se le pueda obstruir su derecho a caminar por este país, porque para hacerlo se deberían tener hipótesis bastante objetivas, que hoy día la ley no tiene”, dijo la Directora del INDH.
Por su parte, la vocera de la CONFECH Marta Matamala, expresó que “esta es una legislación que afecta los derechos fundamentales que tenemos todas las personas por la simple dignidad humana. Las personas que nos vamos a ver más afectadas son las que en los últimos años nos hemos dedicado a exigir y construir un nuevo Chile. Quienes en los últimos años hemos salido a las calles a manifestarnos por nuestros derechos somos justamente quienes nos vemos afectados, pues los controles serán aplicados a quienes tienen diferentes zapatillas, se ven de otra manera o tienen otro color de piel”.
En tanto Patricia Laredo, representante de las personas migrantes, señaló que: “Este proyecto incumple garantías básicas que tienen las personas, en este caso las personas migrantes, que son muchas veces detenidos y maltratados”.
Complementando lo anterior, Sandra Huentemilla, presidenta de la Asociación de Profesionales Indígenas afirmó que “nosotros como pueblos originarios pensamos que este proyecto de ley atenta contra todos los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios. No respeta el Convenio 169 de la OIT que exige que el Estado les consulte sobre las medidas legislativas y administrativas que les afecten. Este proyecto de ley no ha sido consultado por ningún ente del Estado y permite el abuso en los territorios del pueblo mapuche, facilitando su aplicación a dirigentes que están en lucha”.
Finalmente, el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, aseguró que se trata de un proyecto de ley “populista”. “La verdad es que todos los expertos coinciden en que este va a ser un proyecto de ley inútil pues las policías ya tienen las facultades para controlar la identidad. Vemos con especial preocupación las consecuencias que podría sufrir la población trans, que ha sido históricamente detenida y por eso hoy estamos acá con las organizaciones”, sostuvo.
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