En el Poder Judicial permanecen en pleno ejercicio jueces y magistrados que fueron cómplices de las graves violaciones contra los Derechos Humanos durante la Dictadura.

Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo y Director de la Radio Universidad de Chile, lanza un grito de alarma: el cogobierno de la Nueva Mayoría y de la derecha dura sigue atentando contra los más elementales derechos ciudadanos. Ese contubernio garantiza la impunidad de los criminales, y su mutua defensa ante los intentos de hacer justicia.

Graves atentados del Servicio Exterior Escribe Juan Pablo Cárdenas - Miércoles 10 de febrero 2016 Publicada en Radio Universidad de Chile - www.radio.uchile.cl Con la misma perseverancia demostrada por los gobiernos de la Concertación para liberar de un juicio internacional al ex dictador Augusto Pinochet hoy el actual gobierno se empeña en repatriar a uno de los presuntos culpables del homicidio del ex fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz. Para ello, intentan que el nuevo gobierno transandino revoque el estatus de asilado político del ex frentista Galbarino Apablaza y lo extradite a Chile para que enfrente judicialmente aquí las acusaciones que se le imputan. No debe tener preocupación mayor el ex ministro y parlamentario José Antonio Viera Gallo que, de subsecretario del gobierno de Salvador Allende y militante del jacobino partido Mapu, ha devenido en un abnegado embajador del Gremialismo en Buenos Aires. Por más que digan otra cosa, no escapa a las actuales autoridades la falta de garantías que existen en Chile para un juicio justo para Apablaza cuando todavía en el Poder Judicial permanecen en pleno ejercicio jueces y magistrados que fueron cómplices de las graves violaciones contra los Derechos Humanos durante la Dictadura. Cuando el propio Pinochet logró morir en la impunidad después de su regreso a Chile, y cuando todavía se mantienen indemnes los responsables y autores del Golpe Militar de 1973, partiendo por los que implementaron el cruento bombardeo y asalto a La Moneda. Tampoco escapa a quienes se empeñan en esta extradición a Chile que el propio Guzmán fue uno de los principales instigadores de la asonada militar, así como de un gran e irreductible defensor de esos 17 años de horror cuando, entre otros despropósitos, nos prevenía de la posibilidad de que la dictadura pudiera derivar en una “dictablanda” que pudiera favorecer a marxistas y comunistas. Aunque hoy se dice que él fue ultimado en su calidad de senador de la República, el ministro del Interior, Jorge Burgos, el propio Viera Gallo y otros voceros del gobierno saben perfectamente que este rango lo obtuvo gracias al espurio y antidemocrático sistema binominal heredado del régimen castrense y mediante el cual hasta los actuales integrantes del Parlamento fueron nominados. No hay duda que nuestro orden institucional y, en particular, nuestro sistema judicial están lejos de ser idóneos para que se procese y se condene en Chile a quienes lucharon contra la Dictadura, cuando todavía no se hace justicia con los responsables de nuestro más severo y criminal quiebre institucional. Aunque el gobierno argentino es de signo derechista, pensamos que la buena disposición del presidente Macri hacia la solicitud chilena no debiera prosperar si es que en ese país realmente existe un estado de derecho. Resulta muy curioso que los que supuestamente sufrieron los rigores de la Dictadura hoy se empeñen en rendirle tanto tributo a los instigadores del régimen que los mató, torturó y los exilió, aun cuando tal defección se explique, ahora, en los ingentes recursos que empresarios ultraderechistas han destinado para sobornarlos, perpetuar la Constitución de Pinochet, así como el régimen económico social que los favorece. Por otro lado, resulta también escandalosa la forma en que nuestro Gobierno ha suscrito el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un acuerdo comercial de 12 países concebido por los Estados Unidos y sus grandes aliados, enteramente congruente con sus objetivos geopolíticos, a los cuales sirve con tanto ahínco nuestro Canciller Muñoz, que siempre se ha demostrado un heraldo servidor de los dictados de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Un tratado, por cierto, inconsulto, elaborado en el mayor secretismo y tan lesivo a la dignidad de nuestro Congreso Nacional, cuyos integrantes ahora han quedado obligados a aprobar o rechazar la iniciativa, sin posibilidad alguna de hacerle enmiendas. Por lo que lo más probable sea que, pese a la oposición de algunos legisladores, el Ejecutivo consiga una aplastante mayoría para ratificarlo con los votos de la derecha y del oficialismo que, en éstas y otras materias, muestran tantas coincidencias y defienden los mismos intereses. De larga y compleja redacción, este acuerdo internacional tendrá ventajas solo para un puñado de países que lo suscriben, pero no para el nuestro, que ya tiene consolidada una gran cantidad de acuerdo comerciales similares y, por supuesto, mucho mejor negociados. Se trata aquí de hacer partícipe a nuestro país de una estrategia norteamericana para atenuar el impacto mundial del desarrollo económico chino, indio y de otras naciones que con su crecimiento están amenazando la hegemonía estadounidense. Lo curioso es que Chile asuma el riesgo de agraviar a estas naciones emergentes con las cuales hoy tenemos una balanza de pagos tan favorable a nuestra economía. Pero sabemos que en el ámbito internacional la corrupción de la diplomacia corre a la par de la de los políticos que operan en el ámbito interno. No sería raro, por lo tanto, que en medio de la graves preocupaciones de La Moneda la propia Jefa de Estado no tenga cabal conciencia de lo que el Ministro de RR.EE. ha firmado en su nombre, cuanto en representación del estado y la nación chilena. Cuando sabemos que en los últimos comicios presidenciales se abstuvo casi un 60 por ciento de los ciudadanos y la falta de legitimidad se ha pronunciado posteriormente con los escándalos de corrupción que han dejado en el piso la credibilidad y confianza en nuestras instituciones y clase dirigente.