11 agosto 2020
Diputados de la UDI decidieron presentar este martes un proyecto de ley que concrete la idea una reforma al Artículo 130 de la Constitución, eliminando la opción de la Convención Constituyente, para ser reemplazada por Congreso Nacional.
Toda esta acción es previendo una durisíma derrota que tendrá la UDI en el plebiscito del 25 de octubre próximo.
Se trata de eliminar la opción Convención Constitucional por secretaría la Asamblea Constituyente de la segunda pregunta que se contempla para el plebiscito del 25 de octubre, instancia que busca zanjar si la ciudadanía aprueba o rechaza una nueva Constitución.
Según lo estipulado de manera transversal en el histórico acuerdo del 15 de noviembre de 2019, las personas pueden elegir entre una instancia 100% electa que redacte una nueva Constitución, o bien, por una instancia mixta, integrada por personas electas exclusivamente para este fin y parlamentarios que asumirán en 2022.
“La ciudadanía no va a compartir que existan dos congresos funcionando en paralelo, con financiamiento propio, con contratación de asesores, con dietas parlamentarias. Si gana el Apruebo, somos partidarios de que la gente elija entre una Convención mixta y un Congreso Constituyente, sobre todo porque las formas de elección de ambos son iguales: mismo número, mismo sistema electoral, mismas listas partidarias”, afirma el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Consultados si es que la idea suscitará apoyo en RN o incluso en Evópoli, el diputado Fuenzalida dice que “hay varios parlamentarios de Renovación Nacional que piensan que hoy, dada la situación, los recursos públicos se tienen que destinar para lo que es realmente necesario”.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto de ley -que será ingresado por medio de una reforma constitucional, consta de cinco páginas, en las que se realiza un análisis de los gastos que significaría una Convención Constitucional.
Así, primero, los diputados dan cuenta del cambio de contexto en medio de la pandemia y que, ahora, agregan, los expertos han consignado que esta crisis económica no será breve. Por eso, se sostiene en el texto que “se vuelve necesario hacer una revisión total al presupuesto de la nación, a fin de reasignar recursos y lograr un gasto fiscal eficiente”.
“El presente proyecto de reforma busca generar un ahorro fiscal, modificando las opciones de órganos que puedan redactar la nueva Constitución, reemplazando la alternativa Convención Constitucional por la de Congreso Nacional, a fin de que sea la ciudadanía quien tome dicha decisión”, afirman.
Asimismo, consignan que “la comisión técnica estableció que los integrantes de la Convención Constitucional tendrán una remuneración de $2.513.600 (50 UTM), cuestión que multiplicada por las 155 personas que deberán resultar electas, se traduce en un gasto superior a las 4.500 millones de pesos en remuneraciones, si el funcionamiento de la convención se extiende por doce meses”.
Finalmente, los diputados enfatizan en que el presente proyecto de reforma constitucional “no busca desconocer los acuerdos alcanzados por los distintos partidos políticos sino perfeccionar y adecuar el mismo, puesto que las condiciones fácticas que hoy rodean al plebiscito son diametralmente distintas a las que se encontraban vigentes en el año 2019. De esta forma, se busca entregar a la ciudadanía la posibilidad de elegir, de forma democrática, el órgano redactor de la nueva Constitución”.
Toda esta acción es previendo una durisíma derrota que tendrá la UDI en el plebiscito del 25 de octubre próximo.
Se trata de eliminar la opción Convención Constitucional por secretaría la Asamblea Constituyente de la segunda pregunta que se contempla para el plebiscito del 25 de octubre, instancia que busca zanjar si la ciudadanía aprueba o rechaza una nueva Constitución.
Según lo estipulado de manera transversal en el histórico acuerdo del 15 de noviembre de 2019, las personas pueden elegir entre una instancia 100% electa que redacte una nueva Constitución, o bien, por una instancia mixta, integrada por personas electas exclusivamente para este fin y parlamentarios que asumirán en 2022.
“La ciudadanía no va a compartir que existan dos congresos funcionando en paralelo, con financiamiento propio, con contratación de asesores, con dietas parlamentarias. Si gana el Apruebo, somos partidarios de que la gente elija entre una Convención mixta y un Congreso Constituyente, sobre todo porque las formas de elección de ambos son iguales: mismo número, mismo sistema electoral, mismas listas partidarias”, afirma el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Consultados si es que la idea suscitará apoyo en RN o incluso en Evópoli, el diputado Fuenzalida dice que “hay varios parlamentarios de Renovación Nacional que piensan que hoy, dada la situación, los recursos públicos se tienen que destinar para lo que es realmente necesario”.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto de ley -que será ingresado por medio de una reforma constitucional, consta de cinco páginas, en las que se realiza un análisis de los gastos que significaría una Convención Constitucional.
Así, primero, los diputados dan cuenta del cambio de contexto en medio de la pandemia y que, ahora, agregan, los expertos han consignado que esta crisis económica no será breve. Por eso, se sostiene en el texto que “se vuelve necesario hacer una revisión total al presupuesto de la nación, a fin de reasignar recursos y lograr un gasto fiscal eficiente”.
“El presente proyecto de reforma busca generar un ahorro fiscal, modificando las opciones de órganos que puedan redactar la nueva Constitución, reemplazando la alternativa Convención Constitucional por la de Congreso Nacional, a fin de que sea la ciudadanía quien tome dicha decisión”, afirman.
Asimismo, consignan que “la comisión técnica estableció que los integrantes de la Convención Constitucional tendrán una remuneración de $2.513.600 (50 UTM), cuestión que multiplicada por las 155 personas que deberán resultar electas, se traduce en un gasto superior a las 4.500 millones de pesos en remuneraciones, si el funcionamiento de la convención se extiende por doce meses”.
Finalmente, los diputados enfatizan en que el presente proyecto de reforma constitucional “no busca desconocer los acuerdos alcanzados por los distintos partidos políticos sino perfeccionar y adecuar el mismo, puesto que las condiciones fácticas que hoy rodean al plebiscito son diametralmente distintas a las que se encontraban vigentes en el año 2019. De esta forma, se busca entregar a la ciudadanía la posibilidad de elegir, de forma democrática, el órgano redactor de la nueva Constitución”.
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