Por El Clarín de Chile|agosto 16, 2020
La revuelta popular y ciudadana de octubre 2019 en la sociedad chilena abrió una gran grieta en la estructura política-jurídica del Estado neoliberal: la posibilidad de cambiar la Constitución Política del Estado establecida por la dictadura cívico-militar en 1980. Por tanto, la posibilidad de realizar por primera vez, en Chile un cambio constitucional a través de una instancia democrática, participativa, plural, paritaria, incluyente, es un hecho histórico relevante y expectante. Aunque este proceso se encuentra en pausa como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Se ha programado para octubre (al año de la rebelión) próximo la realización de un plebiscito de entrada que conduciría a la realización de una Convención Constitucional. Órgano encargado de redactar una nueva constitución política de aprobarse, por cierto, en el plebiscito la opción “Apruebo”.
CIPPSAL /OTEC SAN MARTÍN & BROWN
Seminario Internacional
ÉXITOS Y FRACASOS DE LOS PROCESOS CONSTITUYENTES LATINOAMERICANOS: LECCIONES PARA CHILE 24-8 al 14-9 2020. Vía Zoom, 18.00 a 20.00 hrs. Chile
La historia política constitucional chilena nos señala que, desde la conformación del Estado nacional en el siglo XIX, tres constituciones han regido su devenir, todas ellas de larga duración, la Constitución de 1833, duro 92 años; la Constitución de 1925, 48 años y la Constitución de 1980, ya tiene 40 años de funcionamiento. Comparativamente, Chile posee una sorprendente estabilidad constitucional a diferencia de otros países de la región. Ninguna de la tres CPs fueron elaboradas y redactadas con la participación activa y directa de las y los ciudadanos nacionales. Por lo general, estas fueron escritas, producidas, por comisiones nombradas por el poder ejecutivo. A pesar que todas ellas tuvieron una génesis autoritaria y carecieron al principio de legitimación política terminaron imponiéndose y siendo reconocidas por todos los actores políticos y sociales. Y, paradojalmente, muchos analistas e historiadores constitucionalistas, reconocen que ellas posibilitaron la conformación de un régimen democrático.
En efecto, las constituciones políticas en Chile, desde 1833 hasta la actualidad, han configurado regímenes políticos democráticos defectuosos, limitados, excluyentes, en donde la combinación de instituciones (reglas y normas) políticas de carácter autoritarias y/o antidemocráticas con las democráticas ha sido lo habitual. En el siglo XIX, durante la vigencia de la CP1833, el régimen político predominante fueron los autoritarismos semi-competitivos, que algunos denominan democracias oligárquicas. En el siglo XX, la CP1925; posibilito la conformación de cuatro regímenes políticos: la democracia electoral excluyente, 1932-1948; el autoritarismo electoral, 1948-1958; la democracia semiplena, 1958-1967; y la democracia plena, 1967-1973. Mientras que la CP80 ha regido a la democracia electoral protegida, 1990-2020. De manera que en Chile la democracia plena ha tenido una vigencia de apenas seis años y, en 1973 fue destruida por el golpe de Estado de septiembre que derroco al gobierno de Salvador Allende, instalando una terrorífica dictadura cívico-militar durante de 17 años. Dicha dictadura fue la que promulgo e impuso a la sociedad chilena la CP80 y la democracia protegida. Un particular régimen autoritario electoral. Que fue institucionalizado y consolidado por los gobiernos de elección popular desde 1990 hasta la fecha. Chile se constituyó el único país de la región latinoamericana que “salió” de régimen autoritario sin cambio constitucional.
Sin lugar a dudas, los procesos constitucionales más atractivos e influyentes en la sociedad chilena fueron aquellos que se realizaron por la acción del poder constituyente directo u originario a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como fueron los casos de Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En estos tres últimos países, los procesos constituyentes fueron la expresión de un cambio político en perspectiva revolucionaria: la revolución bolivariana (Venezuela), la revolución social-cultural (Bolivia) y la revolución ciudadana (Ecuador).
Nos interesa indagar en el presente Seminario ¿cuáles son las razones políticas qué explican las actuales crisis institucionales o constitucionales en estos cuatro países? Nuestra pregunta a punta a dilucidar si esas razones están relacionadas con las formas adoptadas por el cambio constitucional realizado. Queremos explorar cuales son los límites de ese cambio en la perspectiva de una cambio político e histórico de carácter revolucionario anti-capitalista, por ejemplo. Nos interesa saber cuáles fueron los éxitos de dichos procesos constituyentes.
Este conjunto de preguntas las queremos revisar con el objeto de saber cuáles serían las lecciones políticas que dichos procesos podrían entregar a los diversos sectores políticos y sociales chilenos interesados en realizar el cambio constitucional a través por ejemplo de una Asamblea Constituyente.
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