Tras ocho meses en toma, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez entregó un ultimátum al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el fin de que en 30 días máximos recupere el edificio ubicado en Providencia, que permanece ocupado por un pequeño grupo de estudiantes secundarios y miembros de organizaciones sociales, desde el 8 de julio del 2021. 

El plazo fue establecido por el contralor por medio de un documento con fecha de 18 de febrero, el cual fue motivado por una consulta que realizaron tres diputados UDI, Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, quienes acudieron pidiendo un pronunciamiento sobre dos puntos, uno referente a la legalidad de la ocupación del INDH y el  otro, que se centra en la compra de un WC y otros accesorios por más de $ 1,5 millón.

Sobre este último punto, la Contraloría desistió hacer algún comentario, pero sobre la toma del IDNH, Bermúdez sostuvo en el dictamen: “Resulta contrario a esa finalidad (el desarrollo de sus funciones propias) y, por ende, a derecho, que un inmueble destinado a la satisfacción de necesidades públicas de la colectividad en su conjunto en una labor tan trascendental como el resguardo de los derechos humanos y la custodia de documentos reservados o secretos, y en el que se gastan recursos estatales pagando una renta de arrendamiento, no pueda ser utilizado por el respectivo organismo”.

De acuerdo al medio mencionado, los archivos a los que hace alusión el documento corresponden a textos, testimonios y antecedentes aportados por víctimas de la dictadura ante la Comisión Valech, los cuales por mandato legal, deben ser resguardados y custodiados por el INDH.

En esas misma línea, el contralor agregó que “resulta evidente que la ocupación del instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos que corresponden a ese servicio, generando por tanto una afectación a los integrantes de la comunidad nacional, particularmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que más requieren la intervención de este órgano público”.

“Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para que se contrató, informando al respecto a esta entidad de control dentro del plazo de 30 días a contar de la recepción de este pronunciamiento”, se estableció el contralor en su dictamen.

En tanto, se confirmó que los consejeros del INDH están al tanto de este pronunciamiento de la Contraloría y al ser consultados por La Tercera, el organismo solamente respondió que el tema será analizado en una sesión extraordinaria del consejo, el lunes 28 de febrero.

Aún así, en privado, algunos consejeros de la institución reconocieron que el pronunciamiento de la Contraloría solo tiene una salida: pedir de inmediato la orden de desalojo a Carabineros.