OPINIÓN
El uso de la dignidad en la retórica política chilena ha sido inconsistente y excesivo.
Dignidad. Desde el inicio del estallido social hasta la actualidad, este término ha sido empleado cientos de veces, especialmente en medios de comunicación y protestas, siempre en conflicto y permanentemente como bandera de reclamo de derechos. Quienes también dicen aspirar al respeto y a una mejora en la vida de los demás, emplean la dignidad como una suerte de paraguas debajo del cual cabe todo y no sobra nada, excepto aquello que les perjudica. Lo que no logra alinearse con sus convicciones morales o éticas, cuando ni ellos parecen conocer sus propias, ni mucho menos las de otros, es algo de lo cual desdeñan.
Entonces, la dignidad, que es en realidad uno de los principios más importantes en una democracia, deviene en una hipocresía simplista que se mira como un resultado y no como un valor que permite ponderar entre personas libres que se deben respeto en la elección de sus planes de vida. Casualmente, muchas veces estas personas sí exigen cuestiones que permitirían vivir una vida digna, con bases mínimas humanitarias que solamente unos pocos resistirían, pero ignoran a quienes no piensan como ellas dentro de su ejercicio distributivo.
La dignidad y el autorrespeto no pueden alcanzarse en la medida de que no se respete a la humanidad misma en todas sus formas y expresiones. Aquí recae la diferencia entre aquello que es digno de lo que no lo es. Cuando se trata de ciudadanos, un grupo no actúa dignamente en la medida que no respeta el plan de vida de las demás personas, incluso si en ese irrespeto al otro esgrime su propia dignidad como excusa. Otros agregarían que, cuando se omite dicho proceso, se abandona también en ese camino la justicia, puesto que elegimos nuestro plan de vida, convicciones, derechos y banderas de lucha por encima de las del resto.
El uso de la dignidad en la retórica política chilena ha sido inconsistente y excesivo. Sin duda, no podríamos construir una propuesta seria de dignidad o no-dignidad en una columna de opinión, dicho sea de paso, tampoco en una franja política. Pero hay un par de cuestiones que sí se pueden apuntar.
Por una parte, la dignidad y el autorrespeto, cualquiera sea el significado que tengan para cada uno de nosotros, son condiciones indispensables del vivir bien. Esto dice relación con el valor de vivir bien en sí mismo, siendo este valor el que nos diferencia de los otros animales en el planeta. Por muy absurda que parezca la vida a algunos, es esencial, para vivir bien, contar con dignidad y autorrespeto.
Ello nos lleva a dos principios políticos fundamentales en una democracia. El primero, que el Estado, entendido como el Gobierno, debe tratar a todas las personas con igual consideración, lo que además demanda que este respete las responsabilidades éticas, sean cuales sean, de sus ciudadanos. Estas responsabilidades éticas no pueden construirse, a su vez, si las personas no toman en serio sus propias vidas, es decir, que estas personas comprendan y acepten que la forma o el modo en que viven es objetivamente importante, sin importar si estas personas enfrentan el diseño de sus vidas en una forma negativa o no. En segundo lugar, las personas deben tomar en serio su propia responsabilidad ética; el derecho a tomar –y a que se les permita tomar– decisiones éticas por sí mismas.
Dignidad y responsabilidad, entonces, son dos conceptos absolutamente relacionados. En este orden, las personas solamente son responsables cuando deciden teniendo en cuenta los costos que sus decisiones implican para otros.
No exige dignidad –ni se comporta dignamente– quien no actúa de manera responsable. No es responsable la persona que, viviendo alejada de la ciudad, debe ir a pie a comprar su comida cruzando por un empedrado por falta de caminos pavimentados, por lo que exige una política pública o la consagración de un principio constitucional que disponga que todas las personas tienen derecho a calles pavimentadas mientras, al mismo tiempo, ignora que dicha consagración o política pública solamente puede ejecutarse retirando dineros de otras políticas públicas o dejando fuera consagraciones constitucionales que otros quieren, perjudicándoles, como las relativas a educación o pensiones, por ejemplo, o causar la imposibilidad de que más problemas de salud puedan agregarse al GES, como otro ejemplo.
En democracia, todos los días los gobiernos hacen ejercicios de justicia distributiva que nos hacen discriminar quién recibe qué cosas, y quiénes dejan de recibirlas. Dichos ejercicios nunca son motivados por pretensiones inocentes, ni ejecutados de manera accidental. Pero la justicia distributiva es, como se ve, una solución a ecuaciones simultáneas, donde la dignidad es un factor relevante.
En resumen, quien cree que exige dignidad al pedir que las autoridades políticas le entreguen algo que le favorece e ignora las consecuencias que eso va a tener y a quiénes desfavorece, en realidad no exige dignidad, sino que se priorice, en la distribución del dinero público o las políticas, a su persona en desmedro de otra. Dicho de otra forma, esta persona, entendiendo que el modo en cómo vive es objetivamente importante y que obtener lo que reclama le permitirá vivir mejor, no quiere dignidad para los otros ni para sí misma en la medida que no pueda hacerse responsable al entender cómo su solicitud de ser beneficiada perjudica o deja de beneficiar al resto.
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