Cuellar y Lastra: Los ejecutores de la barbarie en Buin que Kast pretende perdonar
Los ex cabos cumplen 12 años de cárcel por dejar en estado vegetal a Mario Acuña, en un crimen que ahora tensiona la agenda de impunidad del Ejecutivo.
Los ex cabos cumplen 12 años de cárcel por dejar en estado vegetal a Mario Acuña, en un crimen que ahora tensiona la agenda de impunidad del Ejecutivo.
La noche del 23 de octubre de 2019, mientras los vecinos de la población Jorge Washington en Buin protestaban a cacerolazos, los entonces cabos segundos Henry Cuellar Vega y Víctor Lastra Marguirott transformaron un procedimiento de rutina en una brutalidad desmedida. Bajo la oscuridad y el silencio de su mando, los uniformados de la 61ª Subcomisaría interceptaron al temporero Mario Acuña en una plaza, le ordenaron lanzarse al suelo y, una vez que la víctima estuvo indefensa y sometida, procedieron a agredirlo con puntapiés directamente en su cabeza y cuerpo.
Ambos exfuncionarios compartían una trayectoria en las filas de Carabineros, marcada por la operatividad en zonas periféricas. No eran novatos, pero esa noche actuaron fuera de cualquier protocolo institucional, ignorando los gritos de «¡Sin pegar!» que quedaron registrados en los audios periciados por la PDI. Su formación policial, lejos de servir para la protección civil, se volcó en una técnica de reducción que la justicia calificó como brutal e injustificada, carente de humanidad frente a un hombre desarmado.
La sentencia del Tribunal de San Bernardo fue tajante al describir la conducta de estos hombres como autores directos de lesiones graves gravísimas. Durante el juicio, se desmoronó la versión oficial que intentaron sostener, la cual sugería que Mario «se había caído» o que ellos solo lo habían «ayudado a levantarse». La frialdad de los cabos fue tal que, tras moler a golpes al «Mariachi» —como es conocido Acuña— , lo abandonaron ensangrentado en la plaza, sin prestarle auxilio ni reportar la detención, permitiendo que el daño neurológico se sellara.
En su momento, la abogada Mariela Santana señaló que «es intolerable que se plantee un beneficio para quienes actuaron con tal nivel de saña contra un ciudadano que ya estaba reducido», mientras la defensa de los uniformados intentó infructuosamente llevar el caso a la justicia militar, pero la Corte de Apelaciones ratificó que sus actos fueron delitos comunes cometidos contra un civil en tiempos de paz.
En el entorno de la 61ª Subcomisaría, el silencio sobre el comportamiento previo de estos cabos fue la tónica, aunque el fallo judicial dejó en evidencia una cultura de encubrimiento liderada por su superior, el ex capitán Juan Rosales. Mientras Cuellar y Lastra ejecutaban la golpiza, el mando no solo omitió su deber de vigilancia, sino que validó el actuar de sus subordinados. Esta dinámica de «manada» uniformada es la que hoy el Presidente José Kast intenta restablecer bajo el concepto de «defensores de la patria», ignorando el daño neurológico irreversible de Acuña.
Los ex uniformados cumplen su condena en recintos penitenciarios especiales, mientras Mario Acuña sobrevive gracias a una sonda de alimentación, comunicándose únicamente mediante el parpadeo. El historial de Henry Cuellar y Víctor Lastra no muestra arrepentimiento, sino una estrategia judicial que buscó anular el proceso hasta la última instancia. Al rechazar el recurso de nulidad en 2023, la justicia confirmó que no hubo «error» ni «confusión», sino una voluntad clara de causar daño.
La trayectoria de estos hombres terminó abruptamente con su baja, pero su sombra persiste en el debate público sobre la seguridad y el autoritarismo. Al ser coautores de un traumatismo encéfalo craneano irreversible, Cuellar y Lastra dejaron de ser uniformados para convertirse en el símbolo de lo que sucede cuando el Estado pierde el control sobre sus propias armas. Sin embargo, el Mandatario ha insistido en que «en algunos casos de violencia extrema, sí voy a utilizar la facultad de indulto», colocando a estos dos ex carabineros en una lista de espera.
Henry Cuellar y Víctor Lastra permanecen en prisión, mientras Mario Acuña continúa en un estado de salud irreversible que le impide cualquier tipo de autonomía, marcando un precedente sobre la responsabilidad policial en el uso de la fuerza.
EL CIUDADANO
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