Y vuelta… la reunión de Rabat y Mira con los jueces de DDHH

 Luego de varias semanas con una serie de ácidas polémicas, relativas al desarme de las directivas del Programa de Derechos Humanos, la recomendación de Hacienda de hacerlo desaparecer y las instrucciones de no apelar a decisiones favorables a exagentes de la dictadura, el jueves comenzó en Santiago el VII Encuentro Nacional de Ministros en Visita en Causas de DDHH.

Allí estaban presentes magistrados como Paola Plaza (Santiago), Marianela Cifuentes (San Miguel), Álvaro Mesa (Temuco) o Waldemar Koch (Concepción), así como el ministro de Justicia y exabogado de Augusto Pinochet, Fernando Rabat, el subsecretario de DDHH, Pablo Mira, y la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido. También estaban presentes oficiales de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

• Por parte del Poder Judicial, la cita la encabezaba el ministro de la Corte Suprema Omar Astudillo, coordinador de causas de DDHH. Según informó el ese Poder del Estado, en la ocasión “el ministro Rabat Celis reiteró el compromiso del Gobierno con la continuidad del apoyo a las investigaciones de causas por graves violaciones a los derechos humanos y el Plan Nacional de Búsqueda”.

Astudillo, a su vez, recordó que “este encuentro no solo se concibe como instancia de trabajo, sino que como un espacio de reflexión, una reflexión que nos remite a la vigencia universal de la dignidad de la persona humana, del derecho a la verdad, y a partir de ello la necesidad de consolidar las garantías de no repetición”.

• Todo lo anterior ocurrió teniendo como telón de fondo la decisión de la Corte Suprema de acoger un amparo presentado por la defensa del exagente de la DINA César Manríquez (de 95 años y condenado en 49 causas), gracias al cual fue entregado al cuidado de su esposa, debido a que –a juicio de los jueces– padece de enajenación mental, mientras que cerca de 80 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) pronunciarse respecto de la actuación del Estado chileno en la materia a partir del 11 de marzo de este año.

Para lo anterior, argumentaron –entre otras cosas– “el desmantelamiento y eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado”, dado que a lo sucedido en el Programa de DDHH se suman la disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales y el cierre de la Unidad de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones.