PAÍSFoto: AgenciaUNOFallos de la Corte Suprema han condenado a exagentes de la DINA y la CNI por asociación ilícita, figura vinculada jurídicamente al crimen organizado, lo que abre dudas sobre el eventual alcance de las nuevas restricciones de derechos que propone el Gobierno.
La reforma constitucional de seguridad ingresada este martes por el Gobierno abrió un flanco inesperado para La Moneda: la amplitud del concepto de “crimen organizado” podría alcanzar casos distintos a las bandas narco y terroristas que el Ejecutivo busca combatir, incluidos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La iniciativa contempla ocho medidas y una de las más controvertidas permite restringir derechos y beneficios penitenciarios a condenados por delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), advirtió que el problema está en la definición. “Crimen organizado” no es un delito específico, sino una categoría cuyo correlato penal incluye figuras como asociación ilícita, asociaciones criminales y delictivas.
Ese punto toca directamente la jurisprudencia sobre la DINA y la CNI. La Corte Suprema ha establecido en distintos fallos que integrantes de ambos organismos represivos conformaron asociaciones ilícitas u organizaciones criminales.
En 2023, en la causa por el asesinato del diplomático Carmelo Soria, la Suprema consideró acreditada la existencia de una “agrupación criminal” en la DINA. También calificó como asociación criminal la estructura de la CNI involucrada en la denominada Operación Alfa Carbón, por la que fue condenado, entre otros, Álvaro Corbalán.
Araya acusó al Ejecutivo de una deficiente redacción. “A ratos da la impresión de que estos proyectos los están redactando con la versión gratis de un chat de inteligencia artificial”, afirmó. Según consigna La Tercera, agregó que una fórmula demasiado amplia incluso podría alcanzar casos de criminalidad económica, como Sartor.
El diputado Marcos Barraza (PC) sostuvo, en la misma línea, que si el Gobierno pretende establecer un listado de organizaciones criminales debe definir con precisión cuáles serán sus criterios y someter esa calificación a control judicial.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió que las nuevas restricciones no tendrían efecto retroactivo. Sin embargo, consultado en CNN Chile sobre una futura condena por delitos de lesa humanidad, reconoció que si la organización correspondiente está incluida en el listado que deberá aprobar el Presidente con acuerdo de dos tercios del Senado, el condenado entraría bajo el nuevo régimen.
Republicanos salió a acotar el alcance de la propuesta. El diputado Benjamín Moreno aseguró en un comunicado que no se pretende afectar derechos básicos como salud o alimentación, sino limitar determinados beneficios adicionales. Como ejemplo mencionó la posibilidad de impedir temporalmente que un condenado perteneciente a una organización criminal acceda a una beca Fondecyt.
La discusión recién comienza, pero el Gobierno ya enfrenta una pregunta clave: cómo delimitar el crimen organizado sin abrir la reforma a consecuencias que excedan el objetivo declarado de perseguir a las grandes estructuras criminales y terroristas.
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