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Los primeros pasos de coordinación entre trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y partidos de oposición abren una posibilidad política que no debería desaprovecharse. La reunión entre la CUT y la CONFECH, junto al encuentro de la central sindical con los secretarios generales de los partidos opositores, muestra que comienza a configurarse una respuesta común frente a la ofensiva neoliberal del Gobierno de José Antonio Kast. La tarea ahora es transformar esa convergencia inicial en una fuerza social y política capaz de defender los derechos conquistados y, a la vez, parar la ofensiva de la ultraderecha.
Es una evidencia: la mal llamada Megarreforma es en la práctica un Paquete Neoliberal. Este no puede ser enfrentado como una suma de proyectos aislados. La posibilidad de contratos por hora, el debilitamiento de la indemnización por años de servicio, la polifuncionalidad y modificaciones a la jornada de 40 horas afectan directamente las condiciones de vida y de trabajo del pueblo. La CONFECH ha advertido, además, que estas medidas golpean especialmente el primer empleo juvenil en sectores como comercio, turismo, hotelería y gastronomía.
La reunión CUT-CONFECH constituye, por eso, un paso significativo: trabajadores y estudiantes empiezan a comprender que la defensa del empleo digno, la educación y los derechos sociales forma parte de una misma batalla. Pero esta articulación debe extenderse a las organizaciones territoriales, profesionales, feministas, culturales y de derechos humanos, construyendo redes nacionales y regionales capaces de informar, debatir y actuar. La oposición social no puede limitarse a reaccionar ante cada iniciativa gubernamental: necesita anticiparse y elaborar alternativas.
También resulta relevante la coordinación entre la CUT y las fuerzas políticas opositoras. La propia secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, ha planteado que se trata de acompañar al movimiento sindical, no de sustituirlo, y que la unidad social y política es indispensable para levantar una alternativa frente a la agenda del Ejecutivo. Ese principio debería orientar una nueva relación entre partidos y organizaciones sociales: autonomía de los movimientos, pero también cooperación democrática frente a una ofensiva que afecta derechos fundamentales.
Para que esa unidad tenga consistencia, sin embargo, hace falta un programa común, construido desde abajo y discutido democráticamente. Lo ideal es que sea el resultado de un debate que arme políticamente y no salido de intercambios en cuatro paredes entre dirigentes partidarios ni reducido a una plataforma electoral. Una amplia reunión nacional, conferencia o Congreso democrático de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, municipios y fuerzas progresistas podría debatir las prioridades, establecer líneas rojas frente a los planes neoliberales del Gobierno de Kast y formular una propuesta alternativa de desarrollo, empleo, protección social y fortalecimiento de los servicios públicos.
La respuesta debe tener también una dimensión territorial. Los municipios gobernados por fuerzas opositoras poseen una responsabilidad política que va más allá de la administración cotidiana: pueden convertirse en espacios de información, debate ciudadano y coordinación con sindicatos, federaciones estudiantiles y organizaciones sociales. Una red de municipios democráticos podría impulsar encuentros territoriales, campañas de educación cívica y defensa de los derechos sociales, articulando las demandas locales con una respuesta nacional frente al programa neoliberal.
La ofensiva no se limita al terreno laboral. Los antecedentes reunidos sobre derechos humanos revelan una preocupación todavía más profunda: cuestionamientos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, afectaciones al Plan Nacional de Búsqueda, respaldo presidencial al fallo absolutorio del exoficial Claudio Crespo y propuestas de indulto para agentes condenados por graves violaciones de derechos humanos. La CIDH ha recibido denuncias y antecedentes sobre retrocesos en verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición. En este contexto, defender los derechos sociales y defender los derechos humanos son dimensiones inseparables de una misma lucha democrática.
El desafío, entonces, es impedir que Chile vuelva al clima social y laboral impuesto por el Plan Laboral de la dictadura y, al mismo tiempo, evitar cualquier retroceso en materia de derechos humanos y garantías democráticas. La unidad entre trabajadores y estudiantes, la convergencia entre organizaciones sociales y partidos progresistas, y una red de municipios de oposición pueden constituir los primeros pilares de una respuesta nacional. Pero esa respuesta necesita programa, deliberación y democracia: un gran Congreso social y político que permita pasar de la resistencia fragmentada a una alternativa capaz de defender los derechos conquistados y abrir un nuevo horizonte para Chile.
Leopoldo Lavín Mujica
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