Siete miembros (r) de la Armada son condenados por secuestro
El ministro (s) en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, condenó a 7 funcionarios (r) de la Armada por su responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño en contra del miembro del MIR, Abelardo Enrique Zamorano Barrera, hecho ocurrido entre marzo y abril de 1974 en la ciudad porteña.
En el fallo, el juez condenó a Ricardo Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Bertalino Castillo Soto, Héctor Santibáñez Obreque, Jaime Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez a 5 años y un día de presidio efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, así como también para profesiones titulares mientras dure la condena.
Cabe destacar que Cancino no accedió a la solicitud de la defensa en orden a que el cumplimiento se hiciera efectivo en los domicilios de los sentenciados.
Zamorano fue detenido en la Plaza Victoria de Valparaíso el 25 de marzo de 1974 y conducido al Cuartel Silva Palma por tres personas del Servicio de Inteligencia Naval que vestían de civil. El único antecedente que tenían para ello era su militancia en el MIR.
En dicho recinto de torturas, «un grupo de sujetos, mayormente pertenecientes al cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de Chile, lo sometió a crueles y repetidos tormentos, apremios, amenazas y extensos interrogatorios con golpes y corriente eléctrica, incomunicación e inclusive se le privaba de alimento y agua», se lee en el fallo. Junto con ello, mientras estaba encapuchado en su celda era obligado «a escuchar los interrogatorios y torturas de otras personas».
Dichos procedimientos -agrega Cancino- «fueron utilizados por el grupo de interrogadores de manera sistemática y como medio de obtener información acerca de la individualización y ubicación de otros integrantes del movimiento».
Abelardo Zamorano permaneció detenido en ese lugar por un mes, aproximadamente, siendo trasladado posteriormente a un campo de detención denominado «Isla Riesco».
El juez destaca que los apremios físicos y psicológicos sufridos por el miembro del MIR durante su encierro en el Cuartel Silva Palma fueron corroborados por los testigos Alfredo Saieg y Rodrigo Alcázar Zuanich, quienes vieron «cuando la víctima era sometida a interrogatorios y torturas».
En el aspecto civil, el fallo ordenó al fisco pagar una indemnización de $70.000.000 por concepto de daño moral a la víctima.
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