15.10.2021
Las pesquisas del Ministerio Público en la causa por eventuales delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social, en la que se investiga al Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades, avanzan con lentitud. CIPER revisó la carpeta investigativa y constató que hasta el primer semestre de este año las diligencias incluían declaraciones de cinco autoridades civiles y de seis jefes policiales, además de la recopilación de circulares de Carabineros y la solicitud de informes que ya habían sido difundidos por el INDH o la prensa. Abogados de DD.HH. critican que esas diligencias no apuntan a establecer si hubo una política -adoptada por acción u omisión- que facilitó la vulneración generalizada de derechos de los ciudadanos.
La investigación de la Fiscalía sobre el Presidente Sebastián Piñera -y otras autoridades civiles y policiales- por su responsabilidad en la eventual perpetración de delitos de lesa humanidad durante el Estallido social, se ha desarrollado con escasos avances. Así lo corroboró CIPER, luego de revisar las más de tres mil hojas que acumulaba la carpeta investigativa hasta el primer semestre de este año. Las diligencias efectuadas se reducían a cinco declaraciones de autoridades civiles -entre ellas la de Piñera- y de seis jefes policiales, además de la recopilación de circulares de Carabineros y la solicitud de informes o reportes que ya habían sido difundidos hace meses por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la prensa.
La indagatoria está en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien ahora quedó a cargo de la nueva investigación que se abrió al Presidente Piñera por la compraventa del proyecto minero Dominga, a raíz de las revelaciones difundidas por CIPER y LaBot dentro de la investigación periodística internacional Pandora Papers.
En la indagatoria por eventuales delitos de lesa humanidad, la fiscal Perivancich tardó meses en concretar los interrogatorios a los mandos policiales y lograr que los órganos públicos le devolvieran sus requerimientos de información, debido, entre otras razones, a errores en el envío de estas solicitudes, como informó CIPER en septiembre de 2020 (vea el reportaje “Investigación al Presidente Piñera por delitos de lesa humanidad casi sin avances en nueve meses”). De hecho, fue recién en octubre de ese año, después de publicado ese reportaje de CIPER, que el Ministerio Público decidió solicitar una serie de antecedentes, en su mayoría públicos, al Congreso, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a la Contraloría General de la República y a los ministerios del Interior, Justicia y Salud.
Estas diligencias, en su mayoría propuestas en la querella presentada en enero de 2020 por el abogado Mauricio Daza, hoy constituyente independiente por Punta Arenas, incluyeron desde las actas de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja hasta las comunicaciones institucionales entre distintas reparticiones del Estado referidas a violaciones a los derechos humanos (vea los requerimientos).
Sebastián Piñera
De esta forma, y recién en octubre de 2020, la fiscal Perivancich logró incorporar a la carpeta investigativa el registro de civiles heridos a noviembre 2019, según el catastro elaborado por el INDH (vea el listado). Hasta antes de esta fecha, como comprobó CIPER, los requerimientos enviados al INDH habían sido despachados a una dirección errada, por lo que no habían sido respondidos.
Abogados especializados en derechos humanos piden un fiscal con dedicación exclusiva y critican que las diligencias realizadas hasta ahora no apuntan al objetivo principal que tiene esta investigación: determinar si hubo una política -adoptada por acción u omisión- que facilitara la vulneración generalizada de los derechos de los ciudadanos.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es parte en este proceso, emitió una declaración señalando que el Ministerio Público debe designar, en reemplazo de la fiscal Perivancich, a un prosecutor con dedicación exclusiva, como “una forma de protección a las víctimas”.
En paralelo, la abogada de derechos humanos Karinna Fernández sostuvo que el estándar que deben tener este tipo de investigaciones es bastante claro en el derecho penal internacional, por lo que a su juicio se debe estructurar la indagatoria tomando como referencia los elementos probatorios aceptados en la Corte Penal Internacional (CPI). Es necesario, dijo, probar la existencia de conductas de las autoridades que, por acción u omisión, generaron violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos que están tipificadas en la normativa internacional relativa a crímenes de lesa humanidad (vea la columna de opinión “Crímenes de lesa humanidad y responsabilidad del superior bajo la ley chilena y el Estatuto de Roma”).
LOS INFORMES E INTERROGARIOS INICIALES
Entre octubre y diciembre de 2020, la Fiscalía comenzó a recibir una serie de respuestas a sus requerimientos de información, aunque a veces parciales. Por ejemplo, el 15 de octubre de ese año el director administrativo de la Presidencia de la República, Julio Maiers, eludió enviarle directamente a la fiscal Perivancich el listado de reuniones del presidente Sebastián Piñera durante el estallido social, limitándose a informarle que ella misma podía obtener esa información desde el portal web del gobierno (vea la respuesta).
En octubre, la prosecutora decidió interrogar al exministro del Interior Andrés Chadwick y al otrora general director de Carabineros Mario Rozas, casi un año después de que esta diligencia fuera solicitada en la primera querella de la causa. Ambos, sin embargo, se excusaron de asistir en las fechas indicadas por la fiscal Perivancich, lo que obligó a aplazar sus interrogatorios para noviembre. La misma conducta sostuvieron posteriormente diversos mandos policiales, entre ellos los generales Ávila y Bassaletti.
En ese contexto, y hasta diciembre de 2020, la fiscal sólo logró reunir información sobre los criterios del Consejo para la Transparencia respecto de la obligación que tenía la policía de hacer públicas las listas de detenidos, además de interrogar a los exministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y al exgeneral director de Carabineros Mario Rozas.
Todos ellos, como respaldo de sus versiones, entregaron oficios sobre las medidas que, a su juicio, adoptaron para evitar o investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante sus gestiones. Pero nuevamente en aquellos documentos la información era parcial.
Crédito: Migrar Photo
Por ejemplo, Blumel aportó a la fiscalía copia de las comunicaciones por escrito que mantuvo con el general Rozas, luego de que una bomba lacrimógena provocara la perdida de la visión a la trabajadora Fabiola Campillai, hoy candidata independiente a senadora por la Región Metropolitana. En ese oficio, el general Rozas entregaba la versión policial de los acontecimientos y aportaba el listado de funcionarios de la comisaría de San Bernardo, pero sin especificar el dato clave de quiénes estaban facultadas para usar escopetas antidisturbios (vea documentos entregados por Blumel).
En este período, otras informaciones relevantes recabadas fueron las comunicaciones institucionales sostenidas entre el director del INDH, Sergio Micco, y las diversas autoridades ejecutivas y judiciales del país, a quienes el primero envió diferentes informes sobre cómo evolucionaba la situación de derechos humanos en Chile.
Carabineros en esta etapa informó las medidas adoptadas para contener las agresiones a civiles, entre ellas reuniones con miembros de las policías de Ecuador, Israel, Colombia y Turquía, todas ellas instituciones que han sido apuntadas por excesos en el manejo de revueltas o manifestaciones sociales (vea reporte de ese encuentro).
En diciembre de 2020, y tras una larga espera, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó a la fiscal Perivancich de las medidas e intercambios sostenidos con el gobierno de Piñera, en el marco de la situación de derechos humanos en el país. En su respuesta, Bachelet, además, explicó a la prosecutora cuáles eran los mecanismos formales para solicitar información a la institución que ella encabeza (vea respuesta).
EL POSTERGADO INTERROGATORIO DE LOS GENERALES
El primer semestre de 2021 estuvo marcado por los sucesivos aplazamientos en los interrogatorios de los altos mandos policiales, quienes reiteradamente pidieron postergar esta diligencia. De hecho, aunque las primeras citaciones fueron efectuadas en febrero de este año, las declaraciones iniciales se tomaron en abril, cuando compareció el general director Ricardo Yánez (ver declaración).
Los abogados del general Yáñez, Jorge Martínez y Camila Motta, entregaron a la fiscal Perivancich un peritaje privado que desacreditaba por completo un estudio efectuado en 2012 por Carabineros en el que se advertía que el disparo de perdigones a menos de 30 metros era potencialmente letal. Según el informe del perito privado Héctor Casanova, las conclusiones del informe de Labocar eran “subjetivas” y tenían fallas metodológicas “críticas” (ver documento).
Entre abril y junio, en tanto, la fiscal Perivancich logró interrogar a los generales Jorge Ávila (ver declaración), Enrique Bassaletti (ver interrogatorio), Diego Olate (ver testimonio) y el jefe de la zona metropolitana oeste, Enrique Monrás (ver documento), entre otros.
A estas diligencias, se sumó el testimonio del presidente Sebastián Piñera, prestado el 19 de julio de 2021 y difundido por La Tercera el mes siguiente. En su declaración, señaló que no recibió advertencias concretas que previnieran los sucesos ocurridos a contar del 18 de octubre y sostuvo que su “preocupación principal” fue “recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar respeto a los derechos humanos”. También dijo que hubo una preocupación permanente por evitar excesos policiales y citó como ejemplo la decisión del mando de Carabineros de limitar el uso de la escopeta antidisturbios (vea la declaración completa).
Consultado si hubo coordinación del gobierno con el INDH para informarse y atender el alto número de lesiones oculares provocadas por la acción de Carabineros, el Presidente respondió:
“El ministro del Interior, frente a este tipo de hechos, solicitaba información a Carabineros, al INDH y al Minsal (…). El gobierno pedía esta información para evaluar la situación, para corroborar información que a veces era confusa y contradictoria, y para asegurar el cumplimiento del objetivo de respeto a los derechos humanos de todos. También requeríamos información para verificar el inicio de los sumarios correspondientes, la separación provisional del funcionario afectado de las labores operativas y la entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público. Esta información también era útil para evaluar las necesidades de asistencia médica, de rehabilitación y reinserción (de los lesionados)”.
Por esas fechas también declararon la ministra Karla Rubilar (ver comparecencia) y el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (ver testimonio). También fue citado como testigo el director del INDH, Sergio Micco (ver documento).
El primer semestre de 2021, la fiscal Perivancich solicitó una variedad de informes a distintas instituciones. Por ejemplo, pidió a Carabineros el contenido de los cursos de reentrenamiento en el uso de escopetas (vea el reportaje de CIPER “Carabineros revela que disparó 104 mil tiros de escopeta en las primeras dos semanas del estallido social”) y copia de las querellas presentadas por el INDH. También demandó al fiscal nacional Jorge Abbott información sobre las causas iniciadas por violaciones de los derechos humanos, antecedentes publicados por CIPER en julio de 2020 (vea el reportaje “Balance penal del estallido: Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado y gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos”).
Asimismo, pidió al Consejo de Defensa del Estado antecedentes sobre eventual corrupción en la adquisición de balines de goma por parte de Carabineros e información sobre los daños en sus territorios a las juntas de vecinos de los barrios San Borja y Lastarria, aledaños al sector de Plaza Baquedano. También demandó información a Supermercados de Chile A.G. sobre los siniestros que afectaron al gremio durante el estallido social.
La fiscalía, además, requirió a Carabineros información sobre la composición y uso del gas irritante CS (vea el reportaje “Manual interno de Carabineros reconoce alto riesgo para la salud por uso intensivo de gas irritante”). Esa diligencia se despachó el 7 de junio de este año y Carabineros se tomó casi dos meses para responder, el 30 de julio, pidiendo a la fiscalía que aclarara los alcances de su requerimiento (ver intercambio).
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