Las grandes mayorías asisten con recelo y desconfianza al segundo proceso constituyente en marcha hoy en Chile, en que desde ya la nueva Constitución asoma como un fiasco para las aspiraciones populares que exigen una Carta Magna democrática identificada con valores imprescindibles como la justicia, la igualdad y la restitución de los derechos sociales de todos los ciudadanos.
Abiertamente se teme que la ausencia del pueblo desplazado por la casta política anquilosada, el protagonismo absoluto auto atribuido por las cúpulas de los partidos tradicionales y la fuerte presencia de tantos “expertos” conservadores en la elaboración de la Carta Fundamental instalen otra versión del gatopardismo, esto es, aparentar cambios para que todo siga igual.
Está claro que no será considerado el clamor de los millones de personas que repletaron las calles durante el estallido social en demanda de una vida digna, en razón de que ese inédito acontecimiento histórico pretende ser ignorado por la minoría ricachona y los partidos, políticos y medios que se mueven a su servicio, bien pagados y bien mantenidos.
No hay esta vez listas del pueblo ni de los movimientos sociales, ni de la clase trabajadora, tampoco de las regiones, de los territorios ni pueblos originarios, porque este proceso ha sido secuestrado por la oligarquía y el modelo servil que se encuentra a su disposición – Congreso incluido – lo que de antemano descarta cualquier transformación estructural y dista mucho de los aires refundacionales que el año pasado entusiasmaron a la población.
Aquí ha habido un impedimento infranqueable para llevar listas de independientes más allá de las ambiciones partidistas de los mismos de siempre. Ello profundiza la enorme brecha existente entre las élites y la ciudadanía, en medio de las múltiples calamidades cotidianas que esta debe afrontar a raíz de la actual crisis generalizada.
Los poderosos han movido cuanto tienen para conservar intacto en la nueva Constitución el actual sistema socioeconómico sin asomos de querer distribuir equitativamente las enormes riquezas acumuladas por menos del 10% del país. La desigualdad es factor preponderante que ocasiona el malestar, la frustración y las protestas de las mayorías que los medios de comunicación tradicionales acallan.
A comienzos de año se supo que el sistema bancario tuvo en 2022 utilidades por 6.396 millones de dólares, cantidad con la que solo pueden competir las empresas mineras, las AFP y las Isapres, todas ellas pertenecientes al sector privado. Paralelamente se incrementa la pobreza de muchos y cada día hay más familias en campamentos de tránsito y cientos de miles de comerciantes ambulantes sin otra alternativa que trabajar en la calle.
Con certeza puede anticiparse que la Constitución pinochetista será sometida a un maquillaje somero para que siga rigiendo sin que nada cambie. De tal modo continuarán vigentes el modelo neoliberal, el mercado desregulado abusivo, la concentración económica de unos pocos, las empresas que solo enriquecen a sus dueños, los recursos naturales del país en manos extrañas, las desigualdades, la discriminación y la corrupción, en suma, lo que quería y legó el dictador.
Todo eso será defendido por la comisión de expertos, instalada a la fuerza por la derecha y el pinochetismo en sus afanes gatopardistas. La comisión tiene 24 integrantes, de los cuales 21 son abogados, 9 vienen de la Universidad Católica de Santiago y fueron cercanos al gobierno de Piñera, 2 pertenecen a Libertad y Desarrollo, entre ellos Hernán Larraín, ex presidente de la UDI y – como ironía – ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. A Larraín (77) se le aseguró la presidencia del organismo por ser el más longevo.
Ninguno de ellos ha sido nunca experto en democracia, derechos humanos o bienestar de la población. Fueron designados a dedo y la mayoría sí conoce y tiene experiencia en dictadura, desigualdad e impunidad. No se ha sabido que alguna vez hayan alzado la voz en favor de la descentralización y la regionalización, que se reclaman desde todo el territorio nacional.
También el consejo constitucional dará prioridad a veteranos políticos del pasado, jubilados hace mucho tiempo: por lo que llaman centro izquierda postula Zaldívar, que fue ministro de Hacienda hace casi 60 años, y Schilling, que al comienzo de la Concertación formó parte de “La Oficina”, servicio de soplonaje destinado a desbaratar a grupos de jóvenes que habían luchado contra la dictadura. A su vez, en la lista de la ultraderecha aparecen los diputados del siglo XX, Ibáñez y Eluchans, furibundos pinochetistas, además de Sutil, multimillonario ex presidente del gran empresariado. De ellos y otros de su misma calaña, el pueblo no puede esperar nada en su favor.
No es coincidencia que los mismos que fracasaron durante 30 años y motivaron el estallido social de octubre de 2019, los mismos que declaran sacrosanta la propiedad privada y son contrarios a restituir los derechos ciudadanos, sean los encargados de la Constitución esperada por las mayorías por largas décadas. El dinero de los dueños de Chile lo arregla todo a su amaño.
Una Constitución que se proponga superar la actual crisis social y política no puede ser solo un maquillaje de la de 1980, que todavía administra la vida de los chilenos según los recursos económicos de cada cual. La voluntad popular está a punto de ser otra vez gravemente agredida.
Por Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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