Abogados solicitan al Consejo General del Ministerio Público un registro público de las inhabilidades del nuevo fiscal nacional
Karinna Fernández y Alberto Precht pidieron que el Consejo General del Ministerio Público discuta elaborar un registro público de las inhabilidades del fiscal nacional. La idea es prevenir que pida antecedentes, imparta instrucciones o se reúna con intervinientes en causas que involucren a personas o entidades con las que ha mantenido vínculos. Por ejemplo, actualmente la Fiscalía investiga a las municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea, dos organismos con los que el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia ha tenido nexos. Además, los abogados pidieron antecedentes sobre la situación laboral de María José Taladriz, la esposa de Valencia. En la Fiscalía Nacional informaron a CIPER que ella renunció a su puesto en la Fiscalía Oriente tres días antes que ingresara el requerimiento de los abogados.
Una inédita solicitud para que se haga público un registro de inhabilidades del fiscal nacional, fue presentada por los abogados Alberto Pretch y Karinna Fernández. Hace cinco días, el jueves 16 de marzo, ambos ingresaron un requerimiento para que el Consejo General del Ministerio Público elabore un registro de las inhabilidades del fiscal nacional Ángel Valencia, ante sus diversas conexiones con personas y entidades relacionadas con causas de alta connotación pública.
Valencia estuvo relacionado con la defensa del exministro Mario Desbordes, en una causa originada por sucesos del estallido social que sigue vigente. También mantuvo relaciones contractuales con municipalidades como Lo Barnechea y Vitacura, que hoy son investigadas por corrupción. Además, participó en la defensa del exjuez del caso Caval, Luis Barría, formalizado por abusos sexuales en 2022.
El requerimiento suscrito por la abogada Fernández y su colega Precht solicita que el Consejo General declare la inhabilidad de Valencia en estas causas. Además, pide antecedentes sobre la situación contractual de su esposa, María José Taladriz Eguiluz, quien cuando asumió Valencia seguía siendo parte del Ministerio Público. En respuesta a una consulta de CIPER, la Fiscalía Nacional informó que ella presentó su renuncia a la Fiscalía Oriente el 13 de marzo pasado y que la hizo efectiva el 17 de marzo, un día después del ingreso del requerimiento. Valencia fue ratificado por el Senado en el cargo de fiscal nacional más de dos meses antes, el 9 de enero, y asumió formalmente el cargo el 23 de ese mismo mes.
La elaboración y publicación de la lista de inhabilidades “resulta indispensable a modo de rendición de cuentas y garantía del valor público de la justicia, resguardando los derechos de la ciudadanía frente a eventuales conflictos de intereses”, destaca el requerimiento. También solicita transparentar la metodología, diseño y resultado de este registro, a objeto de que “se dé a conocer públicamente para que pueda ser objeto del correspondiente proceso de escrutinio”.
El abogado Alberto Pretch explicó a CIPER que esta es una solicitud inédita al Consejo General del Ministerio Público, que se realiza “en virtud del derecho a petición que tenemos todos”, y que surge a partir de distintas informaciones en la prensa sobre las causas de alta connotación pública en las que fue parte Ángel Valencia.
Aunque no existe un límite de tiempo para que el Consejo responda a su solicitud, ni tampoco el fiscal nacional está obligado a materializar la decisión que tomen los fiscales integrantes, Precht recalca que “esperamos que esta carta la conozcan los fiscales regionales”.
Respecto a la solicitud de crear este nuevo registro público de inhabilidades, en la Fiscalía Nacional señalaron a CIPER que “la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público emitirá un informe técnico sobre el requerimiento para el próximo Consejo General de Fiscales”.
Sobre las causas en las que intervino Valencia antes de asumir en la Fiscalía Nacional, en esa repartición explicaron que “de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, por sólo ministerio de la ley se configura una causal de inhabilidad y, por ende, se extingue cualquier tipo de representación legal que haya tenido. Ahora bien, de todas formas y antes de asumir su cargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, renunció al patrocinio de las causas activas”.
La respuesta de la Fiscalía Nacional no abordó los requerimientos que piden que Valencia no pueda solicitar antecedentes, impartir órdenes o reunirse con interesados en aquellas causas que involucren a personas o entidades con las que ha estado relacionado.
INHABILITARSE DE CUALQUIER ACCIÓN
Karinna Fernández es abogada en causas por violaciones de derechos humanos durante el estallido social y Alberto Precht es especialista en transparencia. Una de las innovaciones que plantea su solicitud es que la prevención del conflicto de interés no se limite a impedir que el fiscal nacional tome directamente en sus manos una causa, sino también que se le prohíban otro tipo de actuaciones: pedir informes sobre una investigación que afecte a personas o entidades con las que ha tenido nexos, determinar un cambio de fiscal en un proceso de ese tipo, reunirse o conceder audiencias a personas interesadas en estas causas o dar instrucciones en estos casos.
En la historia del Ministerio Público se han dado situaciones en las que el fiscal nacional interviene en una causa. Ocurrió, por ejemplo, cuando el exfiscal Jorge Abbott decidió remover al fiscal José Ortiz de la investigación por la desaparición del niño Tomás Bravo y designó a Marcela Cartagena. También sucedió cuando Solange Huerta, en calidad de subrogante en 2015, sacó al entonces fiscal Carlos Gajardo de la cabeza del caso SQM para nombrar al fiscal Andrés Montes, mientras el fiscal nacional titular, Sabas Chahuán, estaba de vacaciones.
El objetivo del requerimiento hecho ahora es que el “fiscal nacional no se entrometa cuando pudiese tener alguna vinculación pasada” con la causa, explicó Precht.
El fiscal Valencia ya solicitó un informe en una causa en particular: la autodenuncia de la diputada Maite Orsini. Aunque en este caso no tiene relaciones previas con los intervinientes y no hay un eventual conflicto de interés, esta solicitud muestra que se trata de un tipo de actuación propia de su cargo que Valencia va a ejercer. Lo que busca el requerimiento es que no lo haga en un caso donde sí puede haber un conflicto.
Uno de los argumentos de Fernández y Precht se funda en el artículo N° 91 de la Constitución, que define al Ministerio Público como una institución de carácter jerárquico, cuya principal autoridad tiene la “superintendencia directiva, correccional y económica de todo el Ministerio Público”, lo que le permite adoptar acciones que impacten en las investigaciones.
Por esta razón, les parece fundamental: “Disipar cualquier duda que pudiere existir respecto de la incorporación de intereses del jefe superior del Ministerio Público a las investigaciones penales, con todas las delicadas consecuencias que ello podría acarrear para nuestro sistema de justicia criminal e, incluso, para el propio Estado de Derecho”, destaca el documento.
“El efecto de un catálogo de casos incluidos en el referido registro debería implicar que el Sr. Fiscal Nacional se vea impedido de acceder al contenido de las carpetas de investigación, así como requerir información de aquéllas (…). De otro modo sería tan sencillo burlar la norma como que, simplemente, el fiscal nacional nunca asumiera una investigación directamente, pero sí pudiera, en función de su cargo, acceder completamente a ella y tener injerencia en su curso, alterando completamente el espíritu de la Iey y la autonomía propia de los fiscales regionales en ejercicio de sus funciones constitucionales, constituyendo, en definitiva, una burla para la ciudadanía”, agregaron los abogados en su requerimiento.
Finalmente, también solicitan que se proceda a resolver la inhabilitación inmediata del fiscal nacional de todas aquellas causas vigentes donde haya intervenido en representación de alguna de las partes o haya ostentado relación contractual con alguno de los involucrados, “iniciando por aquellas en las que el Sr. Fiscal Nacional presentó renuncia a su patrocinio y poder tras su designación como Fiscal Nacional del Ministerio Público”.
CASOS CONECTADOS AL FISCAL
Entre los nexos del actual fiscal nacional que podrían generar potenciales conflictos de interés están sus vínculos con municipalidades que están bajo investigación judicial.
En la causa por corrupción que el Ministerio Público desarrolla en el municipio de Vitacura, el testigo clave, Domingo Prieto, declaró que Felipe Guevara (RN), exedil de Lo Barnechea, fue el ideólogo del mecanismo para desviar recursos municipales a las cuentas del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ex militante de RN. También dijo que dineros de Vitacura terminaron a disposición de Guevara.
“No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens (…). No lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con él”, fue la respuesta que dio Valencia ante el Senado, cuando se le consultó por su relación con el municipio de Lo Barnechea.
Los vínculos laborales entre Valencia y la Municipalidad de Lo Barnechea, cuando era dirigida por Guevara, son varios. En febrero del 2015, Ángel Valencia fue contratado en esa municipalidad durante la segunda administración de Guevara. Allí, estuvo bajo las órdenes de Patricio Lazcano Silva, quien se desempañaba como director jurídico del municipio, y quien estuvo imputado en la causa por financiamiento ilegal de la política.
Más tarde en 2019, Valencia nuevamente habría asesorado a Guevara cuando este asumió como intendente metropolitano en pleno estallido social. La función de Valencia fue descrita en los registros como “asesorar y apoyar al Sr. Intendente en materias judiciales en donde el Gobierno Regional Metropolitano sea parte o tenga interés”. Por esa asesoría recibió $2 millones. Al ser consultado por esta asesoría Guevara dijo que no conocía a Valencia y que vio que el contrato “era para representar al gobierno regional, no necesariamente al intendente”.
Pocos días después de que Valencia fuera ratificado como fiscal nacional, CIPER reveló que en el Poder Judicial habría registro de una causa en que éste defendió personalmente al exalcalde, y de otras en que patrocinó querellas del municipio. La relación del fiscal con esa municipalidad se extendió, al menos, hasta noviembre del año pasado. Valencia aparece recibiendo 57 pagos mientras Guevara estuvo al frente de esa comuna (vea el reportaje “Fiscal Nacional emitió 57 boletas a Lo Barnechea mientras Felipe Guevara era alcalde”).
En total, en el Poder Judicial hay registros de más de diez querellas de la Municipalidad de Lo Barnechea patrocinadas por el actual fiscal nacional entre 2015 y 2019.
Años antes de su paso por Lo Barnechea, entre 2007 y 2010, Valencia integró el equipo de abogados que, encabezados por Juan Domingo Acosta, representaron los intereses del municipio de Vitacura en los tribunales, mientras Raúl Torrealba era la máxima autoridad de esa comuna. Hoy, el exedil es investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos (vea el reportaje “Valencia, el favorito del Senado: las causas pendientes de la Fiscalía que se cruzan con sus vínculos políticos”).
Dos días antes de ser ratificado como nuevo fiscal nacional, Valencia renunció al patrocinio del exministro de Defensa, Mario Desbordes, en una causa relacionada con el estallido social y violación de derechos humanos. En este proceso también figuran como querellados el expresidente Piñera y el exintendente metropolitano y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara.
La querella contra Desbordes la presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa suscribió un contrato con Valencia, para que representara al entonces ministro. En enero pasado CIPER accedió a ese acuerdo: se le pagarían poco más de $11 millones en dos cuotas, una al inicio de la causa y otra si esta se sobreseía, si había una sentencia definitiva o si el Ministerio Público decidía no perseverar. Ese proceso sigue en curso. (vea el reportaje “Los desconocidos nexos de confianza del Fiscal Nacional con las autoridades clave de Vitacura y Lo Barnechea que están en la mira de la justicia”).
En la cartera de clientes que tuvo Valencia antes de asumir como jefe del Ministerio Público, también figura el exjuez del caso Caval, Luis Barría, a quien en septiembre del 2022 la Fiscalía formalizó por abusos sexuales contra una funcionaria judicial. En la nómina figura además el exdirector del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMO), Francisco Miranda Guerrero, con quien Valencia suscribió un acuerdo para representarlo desde fines de marzo del 2022 en cualquier juicio que pudiera iniciar un funcionario del Instituto Traumatológico. En esa fecha, Patricio Lazcano, exdirector jurídico de Lo Barnechea y hombre de confianza de Guevara, figuraba como subdirector administrativo del SSMO.
LA PERMANENCIA DE MARÍA JOSÉ TALADRIZ
Uno de los cuestionamientos que se abrió a partir del nombramiento de Ángel Valencia fue la permanencia de María José Taladriz, su esposa, en el Ministerio Público.
Cuando Valencia asumió en enero de este año, su esposa, María José Taladriz, dejó su cargo como abogada de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, debido a que no podía ser subalterna de su cónyuge. Para evitar el conflicto de interés fue trasladada a la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Haciendo uso de los principios de la Ley de Transparencia, los abogados Fernández y Precht solicitaron en su reciente requerimiento “conocer la situación laboral concreta de la Sra. María Taladriz Eguiluz con todos sus antecedentes (actos administrativos, finiquitos, etc.)”. El objetivo de esta petición, según dice el mismo documento, era prevenir que “posibles conflictos de interés afecten el normal desempeño de instituciones vitales dentro del sistema de justicia, como lo es el Ministerio Público”. Por ello, escribieron los abogados, “manifestamos nuestra preocupación ante la situación de la Sra. María José Taladriz Eguiluz”. Y agregan que “necesariamente debió haber cesado el mismo día que el Sr. Fiscal asumió en su cargo”.
CIPER consultó al Ministerio Público sobre la situación contractual de María José Taladriz Eguiluz y confirmaron que “renunció al Ministerio Público el 13 de marzo de 2023. Dicha renuncia se hizo efectiva el 17 del mismo mes”.
21.03.2023
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