OPINIÓNAgenciaUno
El oficialismo se desordenó al momento de votar y, además, en el Senado la derecha tuvo de aliado a un parlamentario que tiene como relato el ser independiente. A Bianchi junior le gusta reforzar esa característica, pese a que hace ya un rato vota siempre alineado con ese sector.
La serie política de Netflix que estamos viviendo como país este año no deja de sorprendernos. El último capítulo nos trajo todos los ingredientes que requiere una megaproducción para mantenernos expectantes en relación con qué nos golpeará el capítulo siguiente de esta serie, que llamaremos El año que perdimos la inocencia (por completo).
En los capítulos anteriores pudimos ver la desfachatez de abogados, jueces, asesores, empresarios, universidades y otros actores que intentaban poner en duda la inteligencia de los chilenos, conspirando para conseguir fallos de la justicia, corrompiendo funcionarios públicos y jactándose de cómo conseguían el poder y pagando sueldos a través de una universidad.
Pero, claro, a la serie le faltaba la truculencia, la venganza y el abuso de herramientas, definidas por la institucionalidad pública, para cobrarse revancha y golpear a otro poder del Estado.
La truculencia vino de la mano de dos hechos de naturaleza distinta, pero hacen, a la serie chilena del momento, competitiva con los culebrones venezolanos de los 70. Primero, vimos a una exalcaldesa que desbancó al municipio que representaba, llenándolo de peluches y joyas Swarovski para comprar conciencias, grabando videos para adultos, en medio de su arresto domiciliario total.
Vergüenza ajena ha causado el caso, pero especialmente sembró un manto de dudas acerca de qué cosas puede hacer una persona que ha tenido el privilegio de estar arrestada en su casa y no en la cárcel, como correspondería. Mejor ni menciono a Lavín junior, para no meterme en líos de parejas.
El segundo hecho no es solo condenable y dramático, sino que lo protagonizó uno de los personajes que mayor potencial tenía en la política chilena, provocando un sismo mayor en La Moneda y dejando al descubierto la escasa capacidad del Gobierno para reaccionar en una crisis, más aún, teniendo la información 48 horas antes. Un error comunicacional tras otro, incluido el enredo en que se metió el propio Presidente en una bizarra conferencia de prensa y la insólita despedida de Monsalve –ya renunciado–, pese a estar investigado, con el Patio de los Cañones de fondo.
Además de perjudicar la imagen de La Moneda –¿quién ve las comunicaciones o asesora al Gobierno en estas materias?–, el caso quedará de ejemplo de lo que no se debe hacer en una crisis de estas características.
Sin embargo, el issue político que ha marcado el último capítulo de la serie es el desfile de acusaciones constitucionales (AC) presentadas por la oposición, además de varios amagos que se han desinflado al no tener acuerdos internos, incluida una contra el Presidente Boric por el tema de seguridad, algo tan inviable como absurdo.
De esta forma, los mismos que criticaron ácidamente a quienes hoy están en La Moneda por usar la herramienta, han replicado la misma conducta. Solo recordemos que, en el segundo Gobierno de Piñera, la entonces oposición presentó siete AC. Hasta ahora, la derecha lleva seis. Empate total, y eso que a Boric le queda casi un año y medio en el poder.
Después del papelón que hizo la oposición con la acusación constitucional contra Carolina Tohá –que incluyó la férrea defensa del otrora general director de Carabineros a la ministra– y un intento fallido de acusar al Mandatario, vinieron las destituciones de los supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz a través del mismo mecanismo.
Lo de Vivanco era tan esperable –ya estaba abierto el cuaderno de remoción en la Suprema, era cuestión de días su expulsión–, que la derecha jugó una carta política. Juntó a los dos ministros en un solo libelo, pese a que los casos eran a lo menos incomparables.
El objetivo de Chile Vamos y Republicanos era obvio y predecible, logrando encubrir el caso Vivanco y consiguiendo una revancha que tenían guardada y jurada por años contra Muñoz, debido a sus fallos en materia de derechos humanos, contra las isapres, a favor de comunidades indígenas por el agua, el caso Riggs (que involucró a la familia Pinochet) y, por supuesto, el coraje para condenar a los asesinos de Tucapel Jiménez. Una de las argumentaciones que los parlamentarios de Chile Vamos repitieron hasta el cansancio durante la AC exprés fue que Muñoz era un “activista de izquierda”. Del caso que originó la acusación constitucional, muy poco.
La derecha daba por descontado que Vivanco caería antes, por lo que su AC tenía un destinatario claro: el ministro Muñoz. Por supuesto que el supremo había cometido una falta, como entregar información privilegiada a su hija, pero incomparable con los casos de la jueza. En términos circenses, Vivanco fue incluida como parte de una “cachetada del payaso”, que sonara fuerte y que pareciera equilibrada entre ambos acusados.
En paralelo, el ministro Matus era absuelto, pese a que su relación con el caso Hermosilla/Chadwick era bastante evidente. Aunque las sospechas eran grandes, la derecha se cuadró con quien había defendido a Chadwick en la AC –aún no se ha establecido de dónde salieron las platas para pagar esa defensa, aunque sí es claro que fueron trianguladas por unos de los involucrados en el caso Audios–.
El oficialismo se desordenó al momento de votar y, además, en el Senado la derecha tuvo de aliado a un parlamentario que tiene como relato el ser independiente. A Bianchi junior le gusta reforzar esa característica, pese a que hace ya un rato vota siempre alineado con ese sector.
Lo cierto es que en la AC se mezclaron peras con manzanas, juzgando la cuestión previa como si fueran casos similares. Lo que vendría después ya es conocido.
La mayoría que tiene la derecha en el Senado+Bianchi le garantiza el éxito en cualquier juicio político, que es lo que ocurrió con la destitución de Muñoz. Pese a los intentos de los parlamentarios de argumentar el hecho desde la Constitución –con poco éxito–, lo concluyente es que Chile Vamos y Republicanos actuaron y votaron alineados, dejando en evidencia el objetivo perseguido. ¿Es posible que ni un solo parlamentario de derecha, ni uno, haya encontrado al menos un argumento para “salvar” al ministro?
En un año en que hemos visto lo peor de la política, el lado oscuro y sórdido que evidenció el caso Hermosilla y sus derivados, creo que es el momento de revisar en profundidad la herramienta incluida en la Constitución. Así, las 30 acusaciones constitucionales presentadas desde el retorno de la democracia dejan en evidencia que el instrumento está viciado y es utilizado para dañar al rival, desde una tribuna a la que nadie puede criticar –argumentando que es un poder autónomo–, pero que sigue dando un espectáculo penoso, ocupando, por lejos, el último lugar entre las instituciones en las que confía la gente.
Por cierto, veremos qué sorpresa nos depara esta semana que comienza la serie que cautiva a los chilenos: El año que perdimos la inocencia (por completo).
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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