OPINIÓNArchivoEn las democracias, la separación de poderes entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial es un elemento central en esta tarea ineludible de control. Es también clave la función y desarrollo de una prensa libre, que cuestione e interrogue al poder.
Distintos hechos de la coyuntura nacional, exdirector del SII incluido, han hecho renacer la pregunta: ¿quién vigila a nuestros vigilantes? ¿Dependemos solo de su ética y moral de funcionarios públicos?
Si bien el significado original es muy diferente a como se usa hoy y escapa a nuestro contexto cultural, sigue siendo vigente en una sociedad cruzada por intereses de distinto tipo y su relación con el poder, pues la expresión latina Quis custodiet ipsos custodes es entendida como “¿Quién vigilará a los vigilantes?”, “¿Quién guardará a los guardianes” y otras similares.
Es una pregunta legítima, que plantea el cómo se puede controlar a aquellos que tienen el poder de controlar a otros. Esta idea se remonta a la Antigüedad y sigue siendo relevante en la actualidad, en relación con el control del poder político y la corrupción. En un contexto más amplio, la pregunta “¿Quién vigila a los vigilantes?” se refiere a la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas para aquellos que ostentan posiciones de autoridad.
Hoy, en las democracias, esto se logra a través de instituciones como la separación de poderes, el Estado de derecho, mecanismos sistematizados de control interno y la participación ciudadana.
En las democracias, la separación de poderes entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial es un elemento central en esta tarea ineludible de control. Es también clave la función y desarrollo de una prensa libre, que cuestione e interrogue al poder. Por estas mismas razones, suelen ser los primeros en ser criticados y atacados, cuando no censurados o intervenidos directamente.
En gobiernos autoritarios las críticas y la vigilancia ciudadana no son bien recibidas –apenas toleradas– y suelen ser catalogadas como antipatriotas y otros calificativos de ese tono. No hay que mirar muy lejos para constatar lo señalado. La prensa libre y los medios de comunicación independientes pueden ser un importante contrapoder, investigando y denunciando casos de corrupción o abuso de poder por parte de las autoridades.
La participación ciudadana, a través del voto (incluso la protesta pacífica) y otras formas de participación política pueden ayudar a responsabilizar a los líderes políticos y a exigir transparencia y rendición de cuentas. Las ONG, los grupos de defensa de los derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil, con sus propias misiones u objetivos, pueden actuar como observadores y defensores de los derechos de los ciudadanos en determinadas áreas (lo ambiental es un ejemplo claro de esto), colaborando en fiscalizar y responsabilizar a las autoridades cuando corresponda.
El desarrollo de oficinas propias –por ejemplo– de ética y órganos de control interno en las administraciones públicas pueden ayudar a prevenir y detectar la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones. Auditorías serias y formales, tanto externas como internas, claramente ayudarían a cuidar que los fondos públicos –la plata de todos– se utilicen de manera eficiente y transparente.
No es necesario ser mal pensado para interesarse en este tema, ni mirar con atención solo a gobiernos que sean de otro bando. Por el contrario, es una pregunta cada vez más legítima y que debiera obligar a cada funcionario con algún grado de poder a responder por sí, ante sí y principalmente frente a la ciudadanía. No corresponden aquí lavados de imagen por “buen comportamiento anterior”, como suelen decir los tribunales de justicia en decisiones que muchas veces sorprenden. También parece evidente que, a mayor poder, esta obligación ética crece exponencialmente.
Dada la naturaleza humana y su fuerza histórica, parece ineludible la importancia del control ético y mutuo (no al estilo 1984, por cierto) y la necesidad de sistemas de control y rendición de cuentas para garantizar que aquellos en posiciones de poder actúen de manera ética y responsable. Y, por cierto, volviendo a Roma, “la mujer del César…”.
PAÍSFoto: AgenciaUNOLa medida pone fin a una excepción vigente desde hace tres décadas y fue visada sin objeciones por el Tribunal Constitucional, pese a los intentos de última hora de los funcionarios por frenar su aplicación.
Por décadas, un selecto grupo de notarios, conservadores y archiveros judiciales operó bajo un régimen excepcional: podían permanecer en sus cargos indefinidamente, sin estar sujetos al límite de edad que rige para el resto de los funcionarios judiciales. Esa situación, heredada de una normativa especial tramitada hace más de 30 años, está a punto de llegar a su fin.
Con la entrada en vigencia de la reforma al sistema notarial y registral —ya revisada por el Tribunal Constitucional (TC)—, la inamovilidad de esos cargos dejará de existir. La nueva ley impone el retiro obligatorio a los 75 años para todos los auxiliares de la administración de justicia, poniendo fin a los llamados “cargos vitalicios” que se mantenían por excepción desde la dictación de la Ley N° 19.390 (promulgada en mayo de 1995).
De acuerdo a un catastro elaborado por el Ejecutivo, consignado este jueves por La Tercera, son 49 los notarios, conservadores y archiveros en distintas regiones del país que deberán cesar sus funciones en las próximas semanas. El promedio de edad de ese grupo es de 81 años, aunque algunos casos superan con creces esa cifra: el conservador de Bienes Raíces y archivero judicial de Los Andes, Alfonso Barrientos Díaz, encabeza el listado con 95 años.
En Santiago, dos nombres emblemáticos también figuran en la nómina: Luis Maldonado Croquevielle (80) y Kamel Saquel Zaror (89), conservadores de la capital y protagonistas de diversas polémicas por los altos ingresos que han percibido durante años.
Antes de que la reforma quedara a firme, varios de los funcionarios afectados intentaron frenar la medida recurriendo al Tribunal Constitucional. Enviaron informes jurídicos, presentaciones y cartas amicus curiae para defender lo que consideraban su derecho adquirido a mantenerse en el cargo, a pesar de no ser parte directa en el control preventivo.
El pleno del TC debió resolver si acogía esos documentos como parte de los antecedentes del caso. La mayoría —integrada por las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht y el ministro Miguel Ángel Fernández— votó a favor de incorporarlos. En contra estuvieron el ministro Héctor Mery y la ministra Catalina Lagos, quienes consideraron que eran improcedentes.
Una vez zanjada esa discusión, el tribunal pasó al fondo del asunto. La revisión avanzó sin sobresaltos. De acuerdo al citado medio, fuentes del TC indicaron que la norma que impone el límite de edad no fue calificada como orgánica constitucional, por lo que el tribunal no tenía obligación de realizar un control especial sobre ella. La causa quedó en acuerdo, y la sentencia definitiva se notificará durante agosto.
PAÍSFotos: Agencia UNOEn medio de investigaciones por fallas en la entrega de información y millonarias sanciones en curso, la Comisión Nacional de Energía ofició al CEN exigiendo detalles sobre pólizas contratadas con recursos que provienen de las cuentas de luz de los usuarios. Tienen cinco días hábiles para responder.
La polémica por el eventual uso de recursos de los usuarios para cubrir sanciones a directivos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) sumó un nuevo capítulo este miércoles.
A través de un oficio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) —organismo que asesora al Gobierno por intermedio del Ministerio de Energía— solicitó al presidente del Consejo Directivo del CEN, Juan Carlos Olmedo, una completa rendición de cuentas sobre las pólizas de seguros contratadas por la institución en los últimos cinco años.
La solicitud, firmada por el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, se produce luego de que El Mostrador Semanal revelara que las eventuales multas que podrían aplicarse a los consejeros del CEN —en el marco de procedimientos iniciados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)— podrían ser cubiertas por un seguro contratado por el Coordinador, cuyo costo es financiado a través de las cuentas de la luz que pagan los consumidores.
En el documento, la CNE hace referencia explícita a “lo recientemente publicado en el medio de prensa El Mostrador”, así como a antecedentes entregados por el propio CEN el 23 de agosto de 2024, cuando se informó sobre la existencia de seguros “para cubrir riesgos en responsabilidades de operaciones y actividades del CEN”.
La CNE exige información detallada respecto a siete puntos:
Asimismo, se instruyó que el proyecto de presupuesto del CEN para 2026 —que debe enviarse antes del 30 de septiembre— incluya expresamente toda la información proyectada sobre seguros, especificando montos y condiciones en el ítem correspondiente a servicios financieros y seguros.
El oficio llega en un momento especialmente tenso para el CEN. Como ha publicado El Mostrador, la entidad enfrenta dos procesos sancionatorios iniciados por la SEC, y se anticipa un tercero relacionado con el masivo apagón de febrero de 2025. Los cinco integrantes del Consejo Directivo —incluido su presidente, Juan Carlos Olmedo— arriesgan multas millonarias, que según fuentes del sector podrían superar los $100 millones por persona.
La controversia ha escalado luego de conocerse que el CEN contrata seguros de responsabilidad civil cuya prima es financiada con un cargo a los usuarios en sus cuentas de electricidad. Críticos advierten que esto permitiría que los clientes —sin saberlo— terminen pagando tanto las compensaciones por cortes como las sanciones a los propios responsables.
Desde el CEN, hasta ahora, no han emitido declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, dos de sus consejeros, bajo reserva, defendieron ante El Mostrador la práctica, asegurando que es común en empresas públicas y que las primas no cubren directamente las multas, sino la defensa y responsabilidad civil.
En el documento enviado por la CNE, se otorga un plazo de cinco días hábiles al CEN para responder. El resultado de este requerimiento podría ser clave para despejar o confirmar si, en efecto, los usuarios del sistema eléctrico están financiando la defensa —y eventualmente las multas— de los máximos responsables del ente que coordina el sistema eléctrico nacional.
By Resumen Latinoamericano on 30 julio, 2025
Por Carlos Aznàrez, Resumen Latinoamericano, 30 de Julio de 2025.
Cobertura fotográfica: Agustìn Dieguez para Resumen Latinoamericano.
Salvando las distancias geográficas y el número de mártires, hay similitudes lacerantes entre el gobierno sionista de Netanyahu y el de Milei. Ambos son sionistas, es decir criminales de lesa humanidad. Ambos utilizan armas para intentar aniquilar demandas populares legítimas. Armas, que por otra parte, son israelíes, en uno y otro caso. Y por último, ambos practican un genocidio. El gobierno de «Israel» masacrando al pueblo palestino. El gobierno de los Milei generando un genocidio social. En los dos casos, los pueblos resisten y seguirán peleando por su dignidad.
¿Por qué este encuadre es necesario? Porque en Argentina, no hay miércoles en que la teoría de imponer el «orden» a costa del autoritarismo policial es un clásico. Y para ser sinceros, solo un milagro hizo que hasta ahora, no se tenga que lamentar muertos en la confrontación desigual entre policías y gendarmes «sacados» por algún incentivo químico (solo hay que ver los rostros de los represores para no dudar de «como llegan de puestos» al escenario donde reparten golpes indiscriminadamente.
Este miércoles no fue distinto, aunque mucho más letal. La unidad perversa de la ministra Patricia Bullrich con el gobernador porteño Jorge Macri, generó que cientos de policías armados como si fueran a una guerra, agredieran indiscriminadamente a abuelos y abuelas que reclaman un aumento a sus sueldos de miseria (alrededor de 200 dólares mensuales). Y de paso, también la jauría policial se ensañó con la prensa.
La idea del aparato represivo del gobierno fascista de los Milei y el ministro de economía Santiago Caputo, es meter terror en la población. Mostrar en un show macabro de perdigones contra el cuerpo y gas pimienta a discreción contra los ojos, que «al que salga a protestar le va a ocurrir lo mismo que a los jubilados». Pero se equivocaron otra vez, estos viejitos y viejitas valientes no retroceden, para vergüenza de los miles y miles que deberían acompañarlos, o para señalamiento de aquellos politiqueros oportunistas que van un día, se sacan la foto y luego no aparecen más.
Ellos, los abuelos y abuelas, no faltan un miércoles, saben que van a una guerra desigual, como la de los palestinos con los sionistas, pero no aflojan. Los que sí lo hacen y pasan de largo de las luchas, son aquellos que «se matan» por figurar en tal o cual puesto de una lista electoral. Esos, son «los todos» que desoyeron la consigna que se viene repitiendo desde el 2001, y que advertía «que se vayan». Esos, vividores y logreros, habitan en otro país, no saben de hambre ni represión. El país real está en la calle, en los barrios, donde la compañerada no tiene para comer más que un plato diario, o en los trabajos donde se acumulan los despedidos.
En el país de los Milei y Caputo, de Pettovello y la Bullrich, al igual que hace el genocida Netanyahu, en lo único que piensan los enemigos del pueblo es en policializar la sociedad, disciplinar a palos, atropellar a la prensa que busca que esos hechos brutales no pasen desapercibidos. Así está la Argentina de hoy, saqueada, vendida, colonizada por EE.UU e Israel. Pero todos los miércoles frente a ese edificio donde abundan los «ñoquis» y los camaleones, y que se hace llamar «Parlamento», un grupo de veteranos y veteranas, que no por casualidad fueron jóvenes guerreros en los años 70, dejan en claro, que aún hay reservas morales y coraje para que el resto del pueblo pueda tener esperanzas. Son ellos y ellas, los que con su ejemplo, permiten que el resto puedan vislumbrar la luz al final del túnel.
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