Por Mario López M.
En los 20 años de vida de ese penal y tres desde que se transformara en el único que alberga a criminales de lesa humanidad, nunca ha estado más cerca de cerrarse, pero a su vez jamás había contado con tan impúdica defensa, que proviene incluso de sectores que se la han jugado por los DDHH.
No solo su existencia como cárcel de privilegio es lo que se discute, también si los asesinos y delincuentes que allí están recluidos tienen los mismos derechos que cualquier preso por delitos comunes y, aún más, si la edad o la salud justifican que, sin arrepentirse, puedan regresar a sus casas.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por 7 votos a favor y 5 en contra (los de Chile Vamos), una indicación al proyecto de ley sobre libertad condicional, que tiene por objeto excluir a los condenados por violaciones a los derechos humanos del beneficio de acceder a la libertad que se otorga a presos enfermos o ancianos. Esta se dio en el marco de la solicitud presentada por el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff ante la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones, quien pretendía acceder a este beneficio.
La indicación aprobada busca que condenados por delitos contra los derechos humanos cumplan la totalidad de sus condenas en prisión, incluyéndose delitos como el homicidio, el secuestro y la tortura, entre otros. Igualmente fija como límite temporal que estos hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, sumando el hecho de que los condenados hayan actuado como agentes del Estado o "con el consentimiento o instigación" de un agente del Estado, explicó aCambio21 el diputado Jorge Sabag (DC), miembro de la Comisión y que además estuvo por el voto de mayoría.
De paso, la totalidad de los presidentes de partidos oficialistas solicitaron al gobierno el cierre, durante la actual administración, del penal Punta Peuco.
No es una discusión baladí la de esta cárcel y los privilegios de que gozan sus moradores. Tampoco lo es si se mantiene recluidas allí a personas de más de 75 años o que están enfermas. No es un tema que parezca añejo tras 43 años del golpe; tanto así que hoy en el Congreso se discute -acaloradamente-, un proyecto de ley que, por la vía del resquicio, pretende concederles beneficios intrapenitenciarios o darles derechamente la libertad -cumplimiento del resto de la pena en su casa- de acreditarse que los presos tienen más de 75 años "o" que están enfermos en carácter terminal.
"Segregar" es el verbo
Que exista una cárcel solo para militares no debiera llamar la atención, porque existen ciertos segmentos delincuenciales que por seguridad -para el resto de los reclusos o para ellos mismos- deben necesariamente estar separados de la población penal general. Los violadores, los homosexuales, los policías, los menores, los primerizos, etcétera, son segregados para precaver que no sufran atentados.
Sin embargo Punta Peuco no es una cárcel que albergue a funcionarios uniformados que han resultado formalizados o condenados por delitos funcionarios. Se trata de peligrosos criminales que cometieron delitos de lesa humanidad en su calidad de agentes del Estado en contra de personas desarmadas y que estaban sometidas a su poder. Es más, que con grosera alevosía los hicieron sufrir solo para dar "escarmiento" a aquellos que pensaban como ellos.
Aun así, es necesario separarlos de la población penal por dos razones: porque su conocimiento de tácticas militares unidas a delincuentes comunes en condiciones de aplicarlas podrían ser una explosiva combinación que, por ejemplo, en cárceles del Perú con Sendero Luminoso conllevó terribles consecuencias, y además porque sus propias vidas corren peligro de estar con la población penal, que podría atentar en su contra, como suelen hacerlo con violadores.
El diputado Jorge Sabag (DC) aseguró a Cambio21 que de ponerlos con los reos comunes es muy posible que los linchen, por la naturaleza de sus crímenes de lesa humanidad.
Iguales hasta por ahí no más
Pero una cosa es brindarles protección -que ellos no dieron a sus víctimas- y otra muy distinta es que gocen de los mismos beneficios del resto de la población penal. En Chile, en pleno Estado de Derecho, somos todos iguales ante la ley y ello es válido incluso para quienes están privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido. Ningún reo puede gozar de derechos que lo distingan de otros sin excusa alguna, salvo aquellos que, como los de Punta Peuco, atentaron en contra de los Derechos Humanos.
Lo anterior es un tema que debiera estar zanjado legalmente de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por nuestro país y vigentes en Chile, según los cuales ningún condenado por delitos de lesa humanidad tiene derecho a beneficios intrapenitenciarios, prescripciones, medias prescripciones, indultos o amnistías que eviten que cumpla íntegramente la pena que se le asigne. No importa el color político o la motivación patriótica, de clase o étnica que haya esgrimido para cometerlos.
Rudolf Hess, el solitario prisionero de la cárcel de Spandau durante 40 años (veinte de los cuales los pasó en absoluta soledad), es el caso más emblemático que da cuenta de la aplicación de este aserto. Murió en la cárcel -por suicidio- a los 93 años, cuando había perdido buena parte de la memoria y su salud mental estaba deteriorada. No importó el millón de dólares que significaba mantener a este único criminal aislado de la sociedad por ser un peligro para ella, por el magnicidio cometido y como un mensaje a la sociedad internacional, que quien atenta en contra de la humanidad no tendrá ni perdón ni olvido.
¿Son "peligrosos" los viejitos de Punta Peuco?
La edad avanzada y enfermedades que aquejan a muchos de los internos de ese lugar son hechos indesmentibles. Incluso la existencia de alzheimer en varios de ellos, que no les permite saber por qué están allí o recordar los crímenes horrorosos que cometieron.
Internacionalmente un delito de lesa humanidad constituye un acto de genocidio (cualquier acto perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal) y en nuestro país la dictadura cometió genocidio contra quienes no pensaban como Pinochet y aquellos civiles y militares que estuvieron detrás de su gobierno y cometieron o avalaron los crímenes. Se ha justificado que sucedieron en el marco de una guerra interna. Sin embargo, el fin de toda guerra es desarmar o someter al enemigo, no destruirlo ni exterminarlo.
Esos delitos siguen causando el dolor que buscaron provocar, ahora ya no en quienes mataron, sino que en sus familiares, que no saben dónde están sus seres queridos, o en todas y todos quienes fueron ejecutados, violados, torturados, mutilados. Incluso algunos han llegado a declarar que, de enfrentarse a las mismas circunstancias, esta vez no dejarían a nadie vivo, como reivindicó orgulloso el "Guatón" Romo, uno de los más sádicos represores y que murió encarcelado.
Son escasos los casos de arrepentimiento entre los internos de Punta Peuco. Quizás el más notorio pareciera ser el de Carlos Herrera Jiménez, asesino de Tucapel Jiménez.
No deben... pero pueden
Si bien fue parte del voto de mayoría, el diputado Sabag expresó a nuestro medio que él se inclina por que, "independiente del tipo de delito, tiene que haber una excepción para los mayores de 75 años y que tuvieran una enfermedad terminal; ellos pueden ir a morir en compañía de sus familiares. Se trata de dos requisitos copulativos: mayor de 75 años y con una enfermedad acreditadamente terminal, quienes podrían cumplir el resto de la pena en su casa", sostuvo.
En ello coincidió con su par Arturo Aquella (UDI), pero con una muy importante diferencia: "El diputado Squella la ‘y' la cambió por ‘o' y, por lo tanto, bastaba acreditar solo uno de los requisitos. Y se daba la ilógica que si una persona era condenada hoy por un delito de lesa humanidad y tenía 75 años o más, se iba de inmediato a su casa sin estar un minuto en la cárcel, lo que era una aberración", afirmó.
En la indicación presentada por Sabag no quedó estipulado que existiera un "arrepentimiento eficaz" por parte del ofensor como un tercer requisito copulativo, comprometiéndose a reponer el tema en la sala, "pues evidentemente tiene que haber un arrepentimiento eficaz, lo que no es menor al momento de lograr la reconciliación", afirmó el parlamentario falangista.
La idea de la indicación de excepciones "es un actuar humanitario para alguien que está en sus últimos días. Qué sentido tiene tener una persona entubada en la cárcel agonizando, si no le permitimos que vaya a morir con sus familiares. Una señal como esta le haría bien a nuestra sociedad después de tanto sufrimiento y tanto dolor, tener un gesto de humanidad que ellos no tuvieron con sus víctimas", indicó Jorge Sabag.
Punta Peuco ¿es o no "cárcel"?
No es el hotel 5 estrellas que era el penal Cordillera (cerrado, irónicamente, por un gobierno de derecha en 2013). Sin embargo, quienes están en Punta Peuco han gozado -con periodos de más o menos restricciones-, de privilegios que ningún reo ha tenido en otra cárcel del país. De hecho, Álvaro Corbalán Castilla fue trasladado a un centro penitenciario normal -aunque en aislamiento-, justamente por abusar y mantener reiterada y descaradamente celulares, internet, computador, documentos de identidad falsos, etcétera, todos ellos prohibidos por Gendarmería o la ley.
Para los ministros de Justicia, Javiera Blanco, y de Defensa, José Antonio Gómez, dicho "recinto tiene condiciones de un penal como cualquier otro en Chile (...), en donde cumplen condena criminales y cumplen las reglas de Gendarmería". Es más, el actual Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, ha señalado que "Punta Peuco es un penal que cumple con las medidas de seguridad" y que "cumple para la función para la cual fue diseñado". El propio vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, negó que se encuentre en condiciones favorables respecto de los otros recintos penitenciarios del país.
Por su parte el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que "razones presupuestarias" justificarían que no se pudiera cerrar Punta Peuco. La excusa fue desmentida por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), quien aseguró que "no creo que sea tan así, tengo información de que se hicieron inversiones en Colina para los efectos de eventualmente recibirlos (...) Mi impresión es que no tiene que ver con recursos, sino que tiene que ver también con no hacer un lío con las Fuerzas Armadas".
Para el diputado Sabag no hay problema en que se cierre el penal; "el tema es cómo garantizar que esas personas que están bajo la custodia del Estado tengan la seguridad de que no van a sufrir ataques, linchamientos, etcétera. Si uno de ellos muere, el Estado deberá indemnizar a los familiares de las víctimas. Eso no justifica la existencia de privilegios, los que son inadmisibles desde el punto de vista de igualdad de trato entre todas las personas que están privadas de libertad y, si en otra cárcel con la debida segmentación se garantiza eso, no tengo problema de cerrar Punta Peuco", aseguró.
Por su parte, el director del Instituto de DD.HH., Branislav Marelic, aseguró que el penal cuenta con "diferencias evidentes a la vista" respecto de otros recintos, haciendo referencia al informe 2015 elaborado por el organismo -que entonces presidía la actual Subsecretaria de DDHH, Lorena Fríes- que consigna la existencia de canchas de tenis y hasta televisión satelital.
Marelic indicó que "es una cárcel para todos los efectos, pero obviamente es muy diferente a las otras cárceles, son diferentes instalaciones, diferentes tratamientos y menos densidad poblacional".
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