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En medio de la conmemoración en Estados Unidos, de los 40 años del crimen del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, se desclasificaron archivos de la CIA que revelan que el dictador Augusto Pinochet “ordenó personalmente realizar el asesinato” del personero el 21 de septiembre de 1976 en Washington.
También se advierte que el tirano presionó entonces a la Corte Suprema chilena para que se evitase la extradición de Manuel Contreras y otros agentes de la dictadura implicados en el crimen.
Respecto a esto, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en su columna semanal en el diario El Mercurio, dice que lo más impactante de esto es que, “según relatan esos documentos, la Corte Suprema de la época, con amable docilidad, aceptó las instrucciones de Pinochet para impedir la extradición de los militares que participaron en el homicidio, hasta el extremo de mostrar a Pinochet, y someter a su previa aprobación, la sentencia que la denegaba. ¡La Corte sometiendo a la revisión de una de las partes interesadas la sentencia que dirime el conflicto!”
“Es decir, la Corte Suprema de la época no solo se habría doblegado ante Pinochet; se habría mostrado, además, solícita para cooperar con sus designios. Una cosa es doblegarse, ceder frente a una amenaza (algo que, atendida la naturaleza humana, puede ser comprensible); otra cosa es la conducta solícita, cooperar con un designio ajeno renunciando a los propios deberes (algo que no puede ser calificado sino de indigno)”, añadió.
Y agregó que “a la luz de la información revelada, la Corte Suprema -es decir, quienes entonces la integraban- no solo se doblegó (y por eso fue víctima), sino que además fue solícita (es decir, se comportó de manera indigna)”.
Aclaró que si bien es cierto que los actuales integrantes de la Corte no participaron en esa época, “una de las características de los órganos del Estado es su continuidad, el hecho de que su vida y su trayectoria van más allá de la vida y trayectoria biológica de quienes la integran. Como lo saben los abogados, y los jueces, los actos formales (como la dictación de una sentencia) que ejecutan los integrantes individuales de un órgano, especialmente si es del Estado, se consideran como si fueran conductas ejecutadas por el propio órgano. Así, cuando los integrantes de la Corte Suprema, de acuerdo a los informes desclasificados, se doblegaron primero, y se genuflectaron luego, frente a las demandas de un dictador afanoso en ocultar un crimen que habría personalmente ordenado, fue la propia Corte Suprema, la misma que tiene una larga historia que se estira hasta el siglo XIX, la que se habría doblegado primero y genuflectado después”.
“Salvo, claro está, que los actuales integrantes expliciten esa conducta de quienes les antecedieron y la rechacen”, añadió.
En esa línea, indicó que esto último es lo que debe hacer ahora la Corte Suprema, ayudándose quizás del mismo informa desclasificado de la CIA.
“En Chile, casi todos los sectores sociales y políticos han declarado el juicio que la dictadura les merece, la opinión que tienen ante un complejo proceso de cambio y modernización llevado adelante con las armas de la violencia, que llegó a desconocer los derechos del adversario político. Incluso la derecha -que durante mucho tiempo retuvo la respiración y aspiró a la invisibilidad en este tema- se pronunció por boca del ex Presidente Piñera, quien denunció a los cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos (agregando, de paso, que el Poder Judicial no había estado a la altura)”, consignó.
Según el abogado, algo como esto “merece un juicio, un pronunciamiento, de la actual Corte, única forma de sacudirse la sombra de esa sospecha de la que sus actuales miembros, que han de mirar esa conducta de entonces con distancia y con desprecio, simbólicamente participan”.