24/10/2016 |
Por Mario López M.
Setenta y ocho sentencias condenatorias fueron dictadas entre el 30 de julio de 1974 y el 27 de enero de 1975 por el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea (causa rol 1-73), por delitos de traición a la patria. Cuarenta y tres años después, la Corte Suprema las anula.
Antecedentes de las comisiones Rettig y Valech y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron los fundamentos. Cargos ficticios, límites a las defensas, testigos falsos, confesiones obtenidas por torturas y nula investigación fueron la tónica.
Un fallo unánime en la causa rol 27.543-2016, dictado por la Segunda Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Milton Juica, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y Julio Miranda- terminó acogiendo el recurso presentado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Juan Escobar Zepeda, para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Chile en el caso caratulado: "Omar Humberto Maldonado Vargas y otros v/s Chile" a anular los consejos de guerra de la Fuerza Aérea efectuados a principios de la dictadura.
La Suprema no está haciendo con ello un mea culpa ni reconociendo que de haber actuado a tiempo estas aberraciones jamás se habrían cometido, sino que solo constata un hecho: debe cumplir una sentencia internacional que sanciona al Estado de Chile por denegar justicia. Nuevamente han sido tribunales extranjeros los que la han hecho, la misma que el máximo tribunal del país les negó a miles de chilenos, de los cuáles más de mil doscientos continúan hasta hoy desaparecidos. Varios de los hoy declarados inocentes ya han muerto, asesinados o por el transcurso del tiempo, bajo el estigma de "traidores".
El "complot"
El Consejo de Guerra que originó la sentencia buscaba determinar la traición a la Patria que habrían cometido funcionarios de la FACH, entre ellos generales como Alberto Bachelet (padre de la Presidenta de la República), Ernesto Galaz y otros dos, además de decenas de uniformados y civiles -entre los cuales se encuentra el exsenador y ministro Carlos Ominami- que, según la acusación, habrían actuado concertados para atentar en contra de unidades de la Fuerza Aérea y sustraído información.
La acusación aseguraba que Bachelet, Galaz y otros aviadores se reunían en secreto en las dependencias del Banco Estado con funcionarios superiores de ese organismo y políticos del gobierno de Allende Gossens -como los entonces senadores socialistas Carlos Altamirano y Erik Schnake- para complotar en contra de las FFAA. También concurrían cubanos, según los denunciantes, los llamados "testigos de oídas", personas que relatan algo porque dicen haberlo escuchado de alguien que lo vio o a quien se lo contaron, aunque a ellos no les consta.
Supuestamente los "conjurados" buscaban "infiltrar marxistas" dentro de la FACH con el fin de crear células conjuntas con el MIR, "tomarse la Escuela de Aviación y otras unidades militares" y, de paso, "destruir las FFAA y construir una Fuerza Armada Popular". Entre las acciones se incluía "apropiarse luego de atacar la Base 10 de la FACH y la mencionada escuela de oficiales mediante el ataque de unos mil extremistas del MIR fuertemente armados". Nada se comprobó. No importaba.
Las faramallas
Al inicio de la dictadura y para evitar el repudio internacional se instruyó a las ramas de las FFAA y Carabineros que se llevaran a cabo, aunque fuera en apariencia, Consejos de Guerra en contra de aquellos que fueron parte del gobierno del depuesto Presidente Salvador Allende. Importaba la apariencia, el resultado era conocido, aplicando la misma lógica que la oferta de avión hecha por Pinochet al exmandatario para que abandonara el país, aunque después ordenara que "se mantiene el ofrecimiento... pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando".
"Los Consejos de Guerra convocados a partir de 1973 actuaron, en la práctica, contraviniendo su propia normativa, pues sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, al no reconocer el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponente. Tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra", señala la sentencia, reproduciendo buena parte de los considerandos de la CIDH.
Si bien el fallo "(...) ha centrado su estudio en las torturas de que fueron víctimas los acusados ante el Consejo de Guerra Rol N° 1-73 para obtener sus confesiones y, por ende, en la imposibilidad de que sus condenas se hayan fundado en aquéllas, no puede dejar de expresar esta Corte que dicha vulneración no es sino una de las tantas que se encuentra acreditado se cometieron en (...) dicho juicio (...) las que evidencian que las autoridades militares deliberadamente mal aplicaron las normas de la jurisdicción militar en tiempo de guerra con el único objeto de dar visos aparentes de legitimidad", añade.
Venganza y terror
"Los imputados por los tribunales militares en tiempo de guerra a contar de 1973 casi nunca gozaron de los derechos antes señalados, puesto que en tales tribunales militares la norma fue la de desconocer esos derechos y garantías; no se sabía con certeza de los hechos imputados; apenas se conocía la causal de detención, incluso en los casos en que existieron delitos reales de por medio. A veces se detenía por pertenecer a una institución o empresa", indica el fallo unánime de los jueces nacionales.
Poco importaba la relevancia política del procesado; en oportunidades se condenó "sólo por ser o haber sido funcionario de una repartición pública determinada. En general, la intervención de los abogados en las distintas actuaciones de la investigación se restringió al final de las mismas, y cuando podían actuar era por un corto tiempo. Los juristas, a quienes habitualmente se les impedía el acceso a sus defendidos, debían partir por rastrearlos en los distintos centros de prisión; luego, intentar obtener algún documento que acreditara su detención; posteriormente, presionar para que se les sometiera a alguna modalidad de juicio que concluyera la etapa de "investigación", que solía traducirse en torturas", concluye.
Al menos para algunos existía la esperanza de no desaparecer sin más. "Así como estaba la situación, la convocatoria a un consejo de guerra podía aparecer como un paso adelante. Éste al menos admitía la posibilidad de la defensa, si bien no siempre inmediata, pues fue común la práctica, por parte de los fiscales, de reservar sólo un día al mes para la atención a los abogados y era corriente en todo caso, que no concurrían a dicha cita en la fecha prevista, con lo cual los asuntos a tratar por éstos se postergaban, prolongándose el cautiverio de sus defendidos. Por añadidura, tampoco era posible solicitar diligencias y decisiones. No era permitido conocer las actuaciones", indica el revelador fallo.
Aparentar era la idea
Quien años más tarde y ya llegada la democracia y desde el Partido Socialista llegara a ser senador y ministro, Carlos Ominami -en 1973 militante del FER, ala estudiantil del MIR-, es hijo de una de las personas que resultó absuelta por el fallo de la Corte Suprema, pues se encontraba condenado en el señalado Consejo de Guerra 1-73 implementado por la FACH. Al coronel Ominami -detenido el 19 de octubre de 1973 por los oficiales Edgar Ceballos y Ramón Cáceres- se le imputaba haber obtenido documentos secretos de la Fuerza Aérea con información vital que habría entregado a fuerzas marxistas.
El coronel, víctima de crueles torturas, permaneció desaparecido casi tres semanas. Lo tenían en la Academia de Guerra Aérea. Los interrogatorios versaban sobre el destino del Plan Lanceta, que supuestamente "había entregado a marxistas". Según la sentencia, una copia del ejemplar No 13, que había recibido el coronel como jefe de las fuerzas antisubversivas del Departamento Pedro Aguirre Cerda, fue encontrado en un allanamiento realizado en un departamento de la remodelación de las Torres de San Borja. Los represores aseguraban que los documentos habían sido filtrados por su hijo, el ahora exsenador.
Huellas de las torturas permanecieron por mucho tiempo en su cuerpo; las otras, las que no se ven, aún más. El Consejo de Guerra lo condenó a 541 días de prisión. Tras su liberación el coronel Ominami partió al exilio a Bélgica, donde ya se encontraba su hijo. Murió en junio de 1992. Paradojalmente, fue sepultado con honores militares.
Ominami hijo recuerda el juicio pero no compareció, porque durante el pseudo proceso se encontraba asilado en la Embajada de Bélgica, lo que se extendería por meses, transformándose en el solitario habitante de esa repartición diplomática hasta que en junio de 1974 se le permitió abandonar el país. En diálogo con Cambio21 Ominami recuerda haber intentado muchas gestiones antes que se recurriera en contra del Estado de Chile ante la CIDH. En particular, una reunión con el expresidente de la Corte Suprema Servando Jordán a la que asisitó en compañía de su propia madre y la de la Presidenta Bachelet, Ángela Jeria.
"El objetivo era obtener la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra. Se nos señaló que la Suprema no tenía atribuciones para aquello, pues las sentencias habían sido adoptadas en tiempos de guerra en que la Corte Suprema no tenía jurisdicción sobre lo resuelto por tribunales militares en esas condiciones bélicas". Esa respuesta y el nulo compromiso de las autoridades de la época obligaron a los condenados a recurrir a la CIDH.
Ominami recuerda que mientras fue parlamentario estaba inhabilitado para demandar al Estado de Chile, por lo que debió, más allá del apoyo, mirar el caso a la distancia. Más adelante, ya sin la envestidura, viajo a Estados Unidos para gestionarlo frente a los organismos internacionales y coordinó a parte de los condenados.
"El objetivo del Consejo de Guerra era dar una apariencia de legalidad. El fiscal, que era un demente, Orlando Gutiérrez Bravo, además torturaba, torturó a mi padre al general Bachelet", relata Ominami.
"Se le acusó, entre otras cosas, de tener un plan para secuestrar a los hijos del general Gustavo Leigh (exmiembro de la Junta de Gobierno y comandante en jefe de la FACH), lo que es una mentira inventada de la A a la Z", comenta.
La tortura fue la tónica
Al abogado Roberto Garretón le tocó asumir seis de las defensas en este Consejo de Guerra, incluida la de un suboficial contra quien se pedía pena de muerte. La logró rebajar a 10 años, lo que aparece como mal menor en esos tiempos de locura, dice. En total participó en 103 de estos procedimientos.Incluso fue amenazado por un abogado de la FACH de apellido Cruzat, quien participó directamente en torturas: "Tengo orden de denunciarte a la Fiscalía de Aviación por haber dicho que aquí se ha torturado", le espetó.
"Desde luego, todo lo que se hizo en esa época viola las normas del debido proceso de derecho y en este proceso mismo destaca la tortura. La inmensa mayoría fue torturado de una manera inimaginable, a tal extremo que tres de los 66 no llegaron al Consejo de Guerra, porque murieron producto de los tormentos, entre ellos el propio general Bachelet, un sargento de apellido Espinoza y otro militar; un cuarto quedó con demencia por efecto de la tortura. Todos o casi todos los acusados fueron torturados, había mucho odio hacia ellos", relata Garretón a Cambio21.
"Estaba todo decidido, preparado de antemano. Al mismo Bachelet lo detuvieron inmediatamente el 11 de septiembre, por lo que estaba todo listo para condenarlos. Nos censuraban, aunque en la FACH fue menos. En general en los Consejos de Guerra nos obligaban a entregar previamente nuestras defensas, las que eran devueltas todas rayadas: eso no se puede decir eso tampoco, nos señalaban, teníamos que leerlas. Los jueces nos decían que no nos refiriéramos al Código de Justicia Militar, porque ellos ya lo conocían, era aberrante. Incluso en otro Consejo se llegó a afirmar que la guerra en Chile había comenzado cuando Allende ganó la presidencia, en 1970", recuerda el profesional.
"En el proceso declararon sobre 300 personas como imputadas, de las cuales 66 llegaron al Consejo de Guerra, unas pocas de las cuales eran civiles, que no tenían por qué estar juzgados por un tribunal militar en tiempo de guerra. La brutalidad y sectarismo llegó a tal nivel que mientras estábamos en el proceso, los abogados alegamos que no se puede juzgar por delitos de traición a la Patria en tiempo de paz, pues los supuestos ilícitos se cometieron durante la administración del Presidente Allende y nadie puede dudar que en ese tiempo no existía la figura de guerra en Chile", dice Roberto Garretón.
"El argumento fue que existían casos en que se condenó por ese delito en tiempo de paz. Recurrieron a precedentes aberrantes extranjeros, como el caso Dreyfus (1898) o el caso Tkachenko, un oficial de Stalin que fue fusilado por oponerse al régimen, e incluso el del matrimonio Rosenberg (1953), en estados Unidos, casos que fueron un affaire jurídico, los más brutales de la historia judicial humana y éste, el Consejo de Guerra de la Fach era el cuarto", asegura el abogado de Derechos Humanos.
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