19/10/2016 |
Por Felipe Reyes
La situación está fuertemente criticada por organizaciones de Derechos Humanos, pero no ha surgido ninguna autoridad para aclarar la equivocación.
Esta semana la Segunda Sala de la Corte Suprema escuchaba los alegatos de la defensa del exsubdirector de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann. Su representante presentó un recurso de amparo después de que la Corte de Apelaciones de Santiago le concediera el beneficio de la libertad condicional.
Si se hubiese resuelto a su favor el recurso de amparo esta semana (fue rechazado por la Corte Suprema), el exsubdirector de la DINA, preso en Punta Peuco, podría acudir a las urnas el domingo a votar en las elecciones municipales.
¿Democracia?
En medio del revuelo que ha generado el "ajuste informático" que realizó arbitrariamente el Registro Civil, el medio digital El Dínamo revisó la nómina del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, específicamente las estadísticas del año 2015, de los condenados por delitos de lesa humanidad que estaban en ese momento cumpliendo condena efectiva.
Lo que pudo recabar ese medio fue que 49 de los 163 condenados por delitos contra los Derechos Humanos, de acuerdo al sitio web del Servicio Electoral, estarían habilitados para votar.
De acuerdo a la Constitución, en sus artículos 16 y 17, una persona que ha sido condenado a pena aflictiva (sobre tres años y un día) ve suspendido su derecho a sufragio.
La semana pasada, específicamente el viernes 14 de octubre, se le concedió la libertad condicional a José Rafael Aguirre Aguirre, condenado a 7 años de cárcel por el episodio "Porvenir", por el homicidio de tres personas. También él figura habilitado para votar, según el sitio web del Servel.
Reacciones
Conversamos con Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre la situación que evidenció el error del Registro Civil.
"El terma del Registro Civil se debe ver en un enfoque general de la realidad que vive Chile, un país que se encuentra anclado a un posdictadura de la cual no se sacude. Donde los cambios no se hacen de fondo y esto hace que nos enfrentemos a este tipo de situaciones", comenta la dirigente.
"Todavía seguimos cautivos de la institucionalidad que nos dejó la dictadura, lo que deviene en que estas y otras aberraciones no se definen porque se sigue gobernando no en pleno poder, sino que todo se hace en la medida de lo que se legó. Si uno observa, el Estado se muestra débil en muchos ámbitos porque sigue cautivo de una lógica que es poco democrática", explica.
"Mi primer pensamiento cuando me enteré de la existencia de este listado de nombres de violadores de Derechos Humanos con derecho a voto fue de pensar en los miles de chilenos y chilenas que resistieron y lucharon contra la dictadura y que muchos de ellos siguen con penas de extrañamiento, que muchos de los exprisioneros políticos no tienen derecho a voto siendo esta una de las paradojas de un país que sigue con esta herencia dictatorial", concluyó Pizarro.
Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la situación la tomó por sorpresa.
"Realmente es indignante y sorprende el desconocimiento. Se sabe que un ciudadano pierde sus derechos civíles cuando ha sido condenado por crímenes y queda inhabilitado en sus derechos de votar y de sufragar", plantea.
"Duele profundamente que exista la posibilidad de que se dé este trato deferente con estos criminales contra los Derechos Humanos. Hay que recordar que hay presos políticos en dictadura que aún no tienen su derecho de votar. Alguien que se resistió al terrorismo de Estado en los 17 años. Y sin embargo, que estos criminales que asesinaron a personas con un fin político, con un fin de Estado, pueden estar votando. Eso nos parece de una gravedad última, y lamentablemente la mayoría de la población de los chilenos no sabe esto", aseguró.
El abogado Cristián Cruz también tuvo tiempo para comentar esta situación.
"Esto es una isla en un mar de impunidad, particularmente por la falta de consecuencia del discurso del órgano del gobierno. También demuestra lo que ya se ha dicho, que hay una falta de prolijidad, de seriedad por parte del Servel, quienes son finalmente responsables. Pero también están las autoridades que van eligiendo a aquello", asegura.
"El Estado en su conjunto nunca le ha querido tomar el peso a la materia de Derechos Humanos, porque ni la Suprema ni la Corte de Apelaciones ha habilitado a estos condenados. Aquí en definitiva, en democracia ha habido protección a los violadores a los Derechos Humanos, hacia su entorno, y hacia sus negocios", afirmó.
Entre algunos de los que podrían sufragar este fin de semana se encuentran Álex Ambler, condenado por el asesinato de los Hermanos Vergara Toledo; el "Fanta", Miguel Estay Reyno figura habilitado para sufragar en Til-Til, comuna donde está emplazado el recinto penal Punta Peuco. Misma situación presenta el exFiscal Militar Fernando Torres Silva, condenado por su participación en el crimen de Eugenio Berríos, exquímico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
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