Alicia Lira abordó las perspectivas de la lucha contra la impunidad en el próximo Gobierno. Dijo que era “preocupante” que Hernán Larraín lidere la cartera de Justicia.
Daniela Pizarro. Periodista. En entrevista con ElSiglo.cl la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, se refirió al nuevo escenario que se delineará para la lucha por la verdad y justicia a partir del 11 de marzo cuando asuma la administración de Sebastián Piñera. Dijo que en esta oportunidad el panorama “es más complejo” que la primera vez del magnate, ya que ahora cuenta con figuras vinculadas a la “familia militar” y a la dictadura.
Tildó como “nefasto” el nombramiento de Hernán Larraín en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por sus vínculos con Colonia Dignidad. Asimismo abordó los dichos del futuro ministro a favor de tratar el indulto para criminales de lesa humanidad, por lo que afirmó que la Afep está “alerta” y con “temor” frente a esa situación.
Además, la activista aseguró seguirán bregando por las mismas demandas que no se cumplieron en el Gobierno saliente como el cierre del penal Punta Peuco y se mostró optimista con la nueva configuración del Congreso para poder tratar los proyectos de ley que buscan erradicar la impunidad.
¿Cuáles son las perspectivas en materia de derechos humanos frente al nuevo Gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo?
Nosotros vamos a seguir insistiendo en las demandas que estaban en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno saliente que no fueron cumplidas, por ejemplo el cierre del penal Punta Peuco. Actualmente como agrupación estamos viendo cómo enfrentar este Gobierno de derecha, porque las señales que se han dado hasta el momento son claras, este nuevo Gobierno de (Sebastián) Piñera no tiene nada que ver con su primera administración, ya que en esta oportunidad viene junto al sector que apoyó al ex candidato José Antonio Kast que más que conservador es fascista, eso se vio en la reunión que sostuvo Andrés Chadwick y el mismo Kast con las organizaciones de militares en retiro, quienes han sostenido insistentemente con las campañas para dejar a las víctimas en el lugar de victimarios y viceversa.
También, para nosotros es nefasto que se haya nombrado como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Hernán Larraín por su trayectoria de complicidad frente a los hechos horrorosos de Colonia Dignidad, recordemos que él junto a Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma formaron un grupo de amigos, una red de protección, para Paul Schäfer, donde acusaron montajes en contra de ese criminal, por tanto su figura en dicho Ministerio nos parece a lo menos preocupante.
Además, tenemos varios proyectos de ley pendientes que no se tramitaron, como por ejemplo la interpretación del Código Penal para que los jueces otorguen condenas a los violadores de derechos humanos como corresponde para un crimen de lesa humanidad y no las que dan hoy que son penas de crímenes comunes. Asimismo la degradación de los uniformados condenados por estos crímenes.
El panorama en general es más complejo con este nuevo Gobierno por eso nos reuniremos a nivel nacional con todas las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos para determinar los pasos a seguir con este nuevo escenario.
¿Cómo recibió el nombramiento de Lorena Recabarren como la nueva subsecretaria de Derechos Humanos?
Solo sabemos que es académica y que ha hecho trabajos no en el ámbito de derechos humanos, pero sabemos que es el ministro el que delinea los parámetros y es el que tiene mayor incidencia, por tanto el nombre de Hernán Larraín es el más preocupante.
¿Qué le parece que Hernán Larraín descartara el cierre de Punta Peuco y dejara abierta la puerta para posibles indultos?
Creo que ellos obviamente no van a querer cerrar Punta Peuco y por el contrario van a querer acondicionarlo aún más para la comodidad de los criminales, porque ese fue el acuerdo que se transó en la reunión con los militares en retiro que mantuvo Chadwick y Kast durante la campaña presidencial, porque sabemos que la “familia militar” insiste con la teoría de que ellos salvaron Chile y que somos nosotros los que estamos llenos de odio y venganza.
Nosotros vamos a confiar en la justicia, pero seguiremos haciendo movilizaciones y vamos a pedir entrevistas con las nuevas autoridades para dar a conocer nuestras propuestas para exigir nuestros derechos, pero estamos en alerta porque no queremos más impunidad y con este Gobierno tenemos el temor de que se implanten los indultos a estos criminales lo que por derechos internacional está prohibido, pero de todas maneras corremos ese riesgo.
¿Cree que puedan también correr riesgo los procesamientos por violaciones de derechos humanos que estén pendientes con la próxima administración?
No, nosotros en ese sentido tenemos confianza porque el poder judicial es autónomo, además tenemos confianza porque a la cabeza de la Corte Suprema está el señor Haroldo Brito, quien el primer día que asumió en el cargo envió un aviso a los jueces para que ellos no opinen sobre los presos de Punta Peuco. Lo otro es que los jueces que están a cargo de las causas de derechos humanos están con el compromiso de investigar y llegar a la verdad.
¿Cuál es la expectativa que hay frente a la nueva configuración del Congreso a partir de marzo respecto a los proyectos que usted nombró como pendientes en materia de justicia y derechos humanos?
Tenemos más esperanza porque muchos de los que se han servido de la política durante 27 años quedaron afuera, por lo cual eso ya nos da la fuerza para retomar una agenda legislativa para hablar con estos nuevos legisladores, entre ellos los parlamentarios del Partido Comunista y de los sectores más progresistas para que se comiencen a mover los proyectos que están pendientes como el de la degradación para militares condenados por violaciones de derechos humanos, porque es lo que corresponde para una democracia real acorde a los tratados internacionales.