El orden público pareciera seguir siendo un fin en sí mismo y no una consecuencia del diálogo democrático que los gobiernos han pregonado durante las últimas décadas.
Sea en La Araucanía, en una toma o en cualquier manifestación, el Estado, a través de diferentes gobiernos, ha condicionado de forma sistemática la posibilidad de diálogo a la densidad del capital político de quien reclama.
En este escenario, niños, niñas y adolescentes tienen una barrera de entrada adicional, que los coloca en la posición de sujetos sometidos a un régimen adultocéntrico, que históricamente los ha excluido. De este modo, hoy terminamos viendo a un grupo de efectivos de fuerzas especiales dentro de una sala de clases, amenazando a quienes estaban dentro, en una versión muy torcida de lo que nuestras autoridades hoy, entienden por diálogo.
Se devela con ello la pobre formación de las fuerzas policiales, el escaso criterio y la autonomía con la que ejercen su función. En particular el caso del Instituto Nacional estas semanas, ha evidenciado que el control de la acción policial depende casi exclusivamente de cuántas personas estén grabando un desalojo, de si estás detectan alguna acción desproporcionada y la denuncian.
En este mismo contexto, el uso de gases lacrimógenos se sigue aplicando de forma indiscriminada a adolescente y la comunidad escolar completa del Instituto Nacional. Esta es una herramienta de acción disuasiva en espacios abiertos, que hoy se sigue ocupado para asfixiar escolares dentro de sus propias salas de clases.
Pese a las recomendaciones de organismos como el INDH, estas prácticas siguen siendo permitidas, pese a solicitarse la inclusión de límites para el uso de estas herramientas, no siendo considerados en la última actualización de protocolos.
Niños, niñas y jóvenes siguen siendo sometidos además, a un juicio público que los mide desde la obediencia, sin nunca haber considerado invitarlos a una conversación en donde se les escuche como un actor social demandante de derechos.
La instrumentalización política de las fuerzas de orden ante la incapacidad de generar espacios de diálogo debe terminar, ya que si las policías siguen absorbiendo la efervescencia y el malestar ciudadano, seguirá creciendo también la lista de víctimas de violencia policial.
La acción policial no puede continuar siendo la cortina de hierro con que las autoridades políticas se blindan del diálogo. Muy por el contrario, si queremos reconstruir las confianzas y hacer retroceder el desfonde institucional, las fuerzas policiales son el primer hito de reforma con que el establishment político debe comprometerse para seguir hablando de fortalecimiento democrático.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario