10.01.2022
Los nombres, direcciones y teléfonos de informantes reclutados por la inteligencia de Carabineros en La Araucanía aparecen en decenas de archivos que forman parte de la mayor filtración de documentos de la policía uniformada, a la que CIPER tuvo acceso. La lista la componen comuneros mapuche, estudiantes, funcionarios de universidades, de la Conadi, de Junaeb, de municipalidades, gendarmes y también un oficial de la PDI. La revisión de los documentos permite entender cómo operan los agentes de la policía para reclutar colaboradores, los pagos que realizan a cambio de información y la desprolijidad con que Carabineros maneja esos delicados antecedentes.
Poco antes de las 15:00 del viernes 12 de enero de 2018, un teniente de Carabineros llegó hasta el centro comercial Portal Temuco, en la capital de La Araucanía. Su misión era formalizar el vínculo con Paloma (no es su nombre real), una comunera mapuche que hacía meses venía colaborando con los agentes de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), quienes ahora estaban interesados en reclutarla como informante pagada.
Los detalles de esa reunión aparecen en el informe “Plan de reclutamiento”, el que forma parte de una masiva filtración de documentos de la Dipolcar. Son cientos de miles de archivos que totalizan más de 220 GB de información, a los que CIPER tuvo acceso. Los registros fueron analizados durante más de un año y ahora se presentan en esta serie especial de reportajes bajo el título “Archivos Secretos de Carabineros” (vea aquí la primera entrega: “Actual general director de Inteligencia estuvo a cargo del monitoreo a los líderes estudiantiles que ahora llegan a La Moneda”).
Los datos personales de Paloma, la comunera mapuche que iba a ser reclutada, no son los únicos que aparecen en los expedientes revisados por CIPER. En los archivos figuran los antecedentes de al menos 72 informantes o colaboradores que operaron en La Araucanía entre 2008 y 2018. Carabineros no puso claves de acceso a los documentos que contienen los datos de estas personas ni un sistema de cifrado para proteger sus identidades, direcciones, teléfonos y ocupaciones, por lo que quedaron expuestos con la masiva filtración. Por razones de seguridad, CIPER mantiene bajo reserva sus nombres y otros datos personales.
Entre los informantes figuran funcionarios de universidades, estudiantes, comuneros mapuche y hasta un oficial operativo de la PDI, lo que confirma la competencia entre la policía uniformada y la civil, señalada como uno de los problemas del sistema de inteligencia en Chile.
Entre el cúmulo de antecedentes que forman parte de la filtración, hay fichas con los datos de los informantes, documentos que detallan cada uno de los encuentros que sostuvieron con sus agentes encargados y presentaciones de PowerPoint que muestran la evolución de los casos donde estas personas habrían proporcionado información.
CIPER contactó a varias personas que aparecen en estos archivos de Carabineros, quienes matizaron la versión que entregan los documentos. Paloma, por ejemplo, si bien reconoció la reunión en el mall de Temuco, señaló que ella nunca aceptó ser informante. Agregó que fue hostigada por agentes policiales para inculpar a comuneros mapuche por hechos que ella no presenció.
No es extraño que quienes forman parte de esos círculos nieguen su vinculación. Los informantes establecen una relación con los agentes que se supone secreta. Y si ese nexo sale a la luz pueden correr peligro. Paloma dijo a CIPER que, si su nombre era revelado, su familia corría riesgo de muerte. Por eso, llama la atención que Carabineros haya hecho un manejo descuidado de estos datos. Si bien hay documentos donde se protege la identidad del informante, a veces su nombre completo es revelado en el título del archivo.
Según el informe “Plan de reclutamiento” referido a Paloma, ella “aportó antecedentes de interés para esta organización, específicamente en el mes de septiembre del año 2017, donde dio a conocer identidades de comuneros mapuche, los cuales estarían involucrados en el atentado a (menciona una empresa de transportes), como a su vez identificar los domicilios de cada uno de estos, asimismo dio a conocer reuniones de coordinación y posible ejecución de manifestaciones relacionadas con la visita de S.S. Francisco” (el Papa).
Pero ella lo niega: “Nunca acepté ser informante. Me persiguieron y acosaron, pero me negué. Me ofrecían $4 millones por entregarles información sobre personas de mi comunidad, por decir que había visto a un comunero en un cruce de caminos, pero yo no quise porque nunca vi a esa persona en ese lugar”.
Uno de los documentos sobre Paloma expone antecedentes sobre su personalidad (“es una persona seria, sociable, adaptable, y muy cuidadosa”), señala que su motivación para ser informante es la “empatía con su reclutador” y también “la necesidad económica por la que se encuentra pasando”. Además, establece las supuestas condiciones que ella fijó: “Que el agente de control no visite frecuentemente su domicilio particular, que cuando se realice una entrevista, sea el agente de control y si lo hace acompañado, sea el mismo de siempre, y que la información que aporte sea trabajada y no olvidada”.
Aunque otros informantes recibieron pagos, las sumas que aparecen en los archivos revisados por CIPER son mucho menores a la mencionada por Paloma ($4 millones). En algunos expedientes encontramos menciones a recargas de teléfono para estudiantes universitarios ($5.000), o bien boletas de compra de mercadería supuestamente entregada a comuneros mapuche, por sumas que no superan los $15.000.
Hasta el cierre de este reportaje, Carabineros no había respondido las preguntas enviadas por CIPER para conocer su versión oficial sobre las fórmulas expuestas en estos documentos para reclutar y operar con informantes, y sobre los límites que la ley le impone a esta figura.
INFORMANTES EN LA PDI Y GENDARMERÍA
Los archivos evidencian que la Dipolcar fichó informantes de otras instituciones del área de la seguridad e, incluso, de otras reparticiones de la misma policía uniformada. Tan solo en un documento, titulado “Ficha de contactos” y creado en 2013, se registra la identidad de tres de estos colaboradores: uno de la PDI, otro de Gendarmería y un carabinero que entrega información de contrainteligencia (vea aquí ese documento). Aunque el archivo data de hace nueve años, no se puede descartar que estas relaciones continúen vigentes, ya que, según los documentos, los informantes pueden establecer vínculos de larga duración con los agentes.
Al igual que el resto de las fichas de informantes, este documento registra el nombre de los colaboradores, su dirección, RUT, teléfono personal, profesión y antecedentes familiares. Se agrega un recuadro con el “nivel de acceso” a información que maneja la fuente, su “clasificación” (si es de confianza o no) y su agente de control de Carabineros.
El funcionario de la PDI, que según el registro de 2013 se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), es un contacto que de acuerdo con el archivo revisado entregó datos en los ámbitos “laboral, étnico, ambiental-subversivo”, que contó con acceso “alto” de información y que era “generalmente de confianza”.
CIPER le consultó a la Policía de Investigaciones si este contacto se hizo bajo su conocimiento y si su institución tiene algún canal de comunicación oficial con la inteligencia de Carabineros. En su respuesta, la PDI afirmó que “no existen vinculaciones” con la Dipolcar y que “todos los funcionarios de organismos de inteligencia están obligados, por la Ley de Inteligencia, a guardar secreto de los antecedentes que conozcan y la vulneración de ello es un delito”.
La policía civil explicó que difícilmente el funcionario fichado pudo tener acceso a información relacionada con los ámbitos “laboral, étnico, ambiental-subversivo”, ya que la BIPE “es una unidad estrictamente operativa, que además investiga delitos como secuestro, extorsión, conductas terroristas, infracciones a la ley de armas y explosivos y otros semejantes”. No obstante, agregó que “si lo indicado en el documento se comprobara como algo cierto, se pueden aplicar responsabilidades administrativas y eventualmente penales”.
Otro documento hallado por CIPER muestra la competencia entre la policía uniformada y la PDI. El “Informe de diligencias N° 582” de Carabineros, de agosto de 2017, explica que un ex comando del Ejército se transformó en blanco de la PDI: “A contar del día miércoles 16 de agosto de 2017, personal de la BIPE Araucanía se encuentra en monitoreo y vigilancia, en el sector de Chol Chol”, y luego enumera los antecedentes de ese ex integrante del Ejército que ahora era investigado por la policía civil.
La conclusión de ese informe establece que esa persona se transforma también en blanco de Carabineros, “hasta saber el motivo del monitoreo por parte de la PDI, a fin de corroborar si existe vinculación a la violencia rural” (vea aquí).
Los documentos de la Dipolcar también enumera como uno de sus informantes a un mayor de Gendarmería que entonces, año 2013, trabajaba en la Dirección Regional de la institución en La Araucanía. Esta persona habría entregado información relacionada con tres áreas: “intrapenitenciario, étnico, contrainteligencia”. En el archivo se le calificó con un nivel de acceso a información “alto” y como “de confianza”. Si bien en este registro solo se individualiza a esta fuente de Gendarmería, CIPER revisó cerca de una docena de documentos que según la Dipolcar fueron entregados por gendarmes. Entre esos registros se encuentran las visitas que reciben en la cárcel los comuneros mapuche imputados por hechos de violencia, como Celestino Córdova, condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
Muchos reportes de la Dipolcar muestran cómo Carabineros determinó nuevos blancos de interés entre quienes visitan a los presos, iniciando seguimientos para conocer sus vínculos y actividades.
Respecto de estos antecedentes, Gendarmería señaló que “los hechos que se denuncian son considerados graves por nuestra institución, ya que el vínculo de coordinación de las policías con Gendarmería de Chile es de orden interinstitucional, y no de colaboradores o informantes unipersonales. Todo antecedente que se relacione con lo denunciado, deberá ser investigado a través de los mecanismos definidos en el marco legal respectivo”.
En su respuesta a CIPER, la Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional de Gendarmería, explicó que “existe una relación de colaboración interinstitucional entre Gendarmería de Chile con los órganos y servicios que forman parte del Sistema de Inteligencia del Estado, entre ellos, la Agencia Nacional de Inteligencia y las Direcciones de Inteligencia Policial, en el marco de la normativa vigente (…). En este sentido, todas las informaciones que se generen desde Gendarmería al sistema de inteligencia, principalmente asociadas a la seguridad pública del Estado, se enmarcan en la normativa vigente, guardando el debido secreto de las mismas”.
INFORMANTES EN UNIVERSIDADES
En otro documento, fechado el 18 de abril de 2011, justo cuando comenzaban las protestas del movimiento estudiantil exigiendo educación de calidad y sin lucro, la entonces sección de inteligencia (Sipolcar) de Cautín (La Araucanía), traspasó al área estudiantil a tres contactos que originalmente colaboraban en el área ecológica. El trabajo de inteligencia de Carabineros se divide en distintos ámbitos, además del ecológico y el estudiantil, también existen el étnico, laboral, poblacional, subversivo, etc.
Esos tres contactos que estaban siendo traspasados correspondían a funcionarios de la Universidad Católica de Temuco (UCT). La agente de Carabineros encargada de controlarlos era identificada como “Claudia”. En el documento se menciona que “producto de las diversas manifestaciones realizadas por los alumnos de la Universidad Católica de Temuco, se logró tener como contacto de esa área a los encargados del (menciona un área de trabajo) de dicha casa de estudios”.
En el informe se especifican los nombres, cargos dentro de la universidad, números de teléfono y correos electrónicos de los tres contactos. Y se detalla que ellos “al momento de registrarse algún desorden, pancartas o afiches en el interior de la UCT”, comunican estos hechos “telefónicamente o vía mensajes de texto” (vea aquí ese documento).
CIPER se contactó con el funcionario de la UCT de mayor jerarquía mencionado en ese informe:
-Nosotros teníamos una relación con Carabineros, porque ellos mantienen programas preventivos de drogas y todo eso. Seguramente, ahí en la conversación con ellos salieron otros temas, pero no con la figura que usted me menciona. Porque imagínese, yo era la persona de confianza de los estudiantes.
-¿No es cierto que ustedes avisaban a la Dipolcar cuando aparecían afiches en la universidad o se realizaban marchas?
-Alguna vez, a lo mejor, pudimos haberlo hecho, pero no era algo sistemático ni que estuviese convenido con ellos. Nosotros no podemos entregar ninguna información de los estudiantes si no es con la venia de la secretaría general de la universidad.
Agregó que mantuvo esa relación con Carabineros hasta fines de 2014.
Frontis campus Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco
Desde la UCT señalaron a CIPER que en 2011 eran otras las autoridades directivas y que no tienen antecedentes de que funcionarios del plantel hayan sido reclutados por Carabineros. Sobre si mantienen algún tipo de coordinación con agentes de inteligencia policial, aseguraron que “actualmente no existe una coordinación de tipo permanente con las características que usted señala. Sólo coordinamos acciones y/o denuncias con Carabineros, PDI o Fiscalía, según corresponda, cuando se ha verificado la ocurrencia de hechos que podrían revestir caracteres de delito, y a ello se limita. Finalmente, cabe señalar que la información de nuestros estudiantes, funcionarios y académicos es tratada como información personal sensible, de tal manera que solo hacemos entrega de ella cuando se verifican las causales legales para ello, como, por ejemplo, un requerimiento judicial».
También hay documentos con datos de estudiantes que fueron reclutados como informantes. Es el caso de Pedro (no es su nombre real), quien se juntó con un agente de Carabineros en la mañana del 24 de mayo de 2012. La cita se concretó en el local de comida rápida “Como en casa”, ubicado en el centro de Temuco.
Pedro vivía en el Hogar Estudiantil Pelontuwe, para jóvenes mapuche que estudiaban en la Universidad de La Frontera (UFRO). Según los documentos, en la primera reunión le propusieron que se infiltrara como oyente en la Red de Apoyo de la CAM y él entregó el nombre de la persona que entonces lideraba esa agrupación. Le encargaron otra misión:
“Se le dieron a conocer algunas pautas de trabajo, con la finalidad de que rescate información útil para procesarla y evaluar su continuidad en el sistema. Estas consisten en recoger la telefonía celular, identificación de alumnos regulares radicales y residentes del Hogar Mapuche Pelontuhue (SIC), y casa de estudios donde cursa la carrera de (menciona su unidad académica)”. Al finalizar esa reunión, el agente le habría entregado dinero para cargar su celular y para alimentación (vea aquí el informe completo).
Una semana después de la primera reunión con Pedro, los agentes no tenían novedades del estudiante, por lo que decidieron buscarlo: “En la Avenida Alemania con calle Thiers, se tomó la determinación de abordarlo en la vía pública”, señala otro informe. Él les dijo que “su telefonía celular estaba mala y que los correos pasaban varios días y no los revisaba”, pero que todo estaba “piola”. Ese documento informa que “manifestó su interés de seguir contando con la ayuda primaria (alimentación) y la necesidad de disponer de una telefonía celular”. El informe finaliza señalando que Pedro tiene miedo de asumir como informante (vea aquí).
Un tercer informe relacionado con Pedro es de junio de 2012. Carabineros informa que volvió a abordarlo en la calle (esta vez en Prieto Norte) y que el joven decidió ser “informante mercenario”. Acordaron una reunión dos días después para “coordinar tareas” (ver aquí).
Tercer informe sobre el caso de «Pedro»
INFORMANTES EN COMUNIDADES MAPUCHE
Muchos de los informantes registrados en documentos de la Dipolcar entre 2008 y 2018 entregaban datos periódica o circunstancialmente sobre comunidades y organizaciones mapuche. Luego, la inteligencia policial confeccionaba “informes de contacto” con lo más relevante y decidía si valía la pena profundizar en los antecedentes aportados.
La red de colaboradores estaba compuesta por fuentes cerradas provenientes de las propias comunidades monitoreadas, vecinos de ellas, personas vinculadas al mundo eclesiástico, de las municipalidades, de la Conadi, y la Junaeb. En los registros también aparece un familiar cercano de un parlamentario. En conversación con CIPER, esta persona señaló que nunca ha actuado como informante, y que como cualquier ciudadano, circunstancialmente se ha comunicado con Carabineros para entregar información relacionada con seguridad.
Para llevar un registro de esta red, la policía elaboraba fichas con su información personal, donde incluía nombres, apodos, direcciones, ocupaciones, números de contacto, antecedentes penales y el ámbito para el que podrían ser útiles.
Los archivos revisados entregan pistas sobre cómo eran fichados los colaboradores y bajo qué condiciones trabajaban para Carabineros. Pablo (no es su nombre real), por ejemplo, residía en Padre las Casas y sus primeros registros como informante datan de 2008. El último documento que redactó la Dipolcar con información aportada por él es de junio de 2015. Caratulado como “secreto”, en ese archivo se menciona que esta persona ya “había entregado información en relación a la Contingencia Social Étnica, referente a las distintas asociaciones de carácter mapuche que (…) integra”
En el informe de 2015, Pablo entregó el número de teléfono del comunero Sergio Catrilaf Marilef, un nombre que entró al radar de Carabineros en 2009, cuando protagonizó un corte de camino en la Ruta 5 Sur, a la altura de Padre Las Casas. Fue acusado de atacar un vehículo de la empresa Tur Bus y luego de participar en el ataque incendiario en contra del matrimonio Luchsinger Mackay, en 2013. Fue investigado y absuelto en ambas causas judiciales. Los documentos revisados indican que otro informante fichado por la Dipolcar, que entregó datos en 2016 y 2017, tenía como única misión recolectar antecedentes sobre la ubicación de Catrilaf.
El mismo informe redactado en 2015 con datos aportados por Pablo, consigna que como mantiene “comunicación constante con personal de esta patrulla”, se le entregaron $10.000 por su “buena predisposición” (ver aquí).
El pago en dinero o especies materiales a los colaboradores era una práctica extendida en la Dipolcar, de acuerdo con los archivos revisados por CIPER. Un informe de junio de 2015 relata una reunión con un informante mapuche que pertenecía a una comunidad de Carahue. En la cita los agentes le preguntaron por la comunidad José Loncoli y él les señaló que los comuneros habían desistido del hostigamiento sobre el Fundo Toquihue. El informante agregó que la idea de la comunidad era obtener la propiedad, a través de la Conadi, de otros dos predios vecinos. Y que en esa labor estaban siendo asesorados por un concejal de Carahue. Al finalizar la reunión, los agentes le entregaron mercadería avaluada en $8.770.
Si por una parte están los “informantes mercenarios”, que entregan información a cambio de pequeñas sumas de dinero, mercadería o recargas de celular, por el otro están los colaboradores, quienes entregan datos de forma esporádica y cuya motivación no necesariamente es material.
Entre las decenas de documentos revisados para esta investigación, aparecen las historias de un gerente general de una empresa maderera en Galvarino, quien se comprometió a entregar la identidad de los habitantes de la comunidad Antonio Peñeipil Cuel Ñielol; de una persona que en 2016 informó que había visto en un asado a Fidel Tranamil -blanco de interés de inteligencia-, aportando fotografías del evento; de una mujer residente de Quepe, sindicada como “dirigente mapuche”, que en 2010 fue fichada como colaboradora en el “ámbito étnico”; o de una fuente no identificada que el 10 de febrero de 2014 comunicó que escoltas del Presidente Sebastián Piñera acudieron al Aeropuerto Internacional La Araucanía, en Freire, para realizar una inspección previa al aterrizaje que haría el mandatario 15 días después, cuando fue recibido en medio de manifestaciones de comuneros que reclamaban que la nueva terminal aérea se construyó sobre terrenos que consideran sagrados.
MANUAL DE RECLUTAMIENTO
Entre los archivos que quedaron expuestos, aparece un manual de reclutamiento de informantes, fechado en 2005. Luego de identificar a personas con acceso a información de interés, dice el documento, “es necesario efectuar una investigación acabada de ella o ellas, abarcando temas como familia, situación laboral, antecedentes penales o policiales, de él y su familia, ingresos económicos, religión, roce social, afinidad política (…). Uno de los aspectos más relevantes de esa indagatoria era “encontrar algún aspecto vulnerable de su persona, herramienta necesaria para nuestros fines”.
El manual explica que las vulnerabilidades sirven para conocer la motivación de la persona que va a entregar información, la que puede variar: “bienestar de la familia”, “venganza”, “patriotismo”, “espíritu aventurero”, “necesidad de ser escuchado” o “deseo de ser reconocido”, entre otras.
El texto también detalla varios tipos de “acercamientos” del agente. Una posibilidad es un contacto “en seco”, donde no hay trabajo previo. La otra es un “acercamiento progresivo”, con varias reuniones antes de revelar las verdaderas intenciones: “En la última reunión debe plantearse abiertamente esta posibilidad. Si es aceptada, la necesidad de subordinarse al controlador, seguir algunos procedimientos de seguridad. (El informante) deberá acostumbrarse a actividades clandestinas y a actuar en forma encubierta”.
El documento profundiza en cada paso que deben dar los agentes luego de reclutar a un informante. Y a pesar de que inicialmente el manual indica que el chantaje está “prohibido”, luego señala que “el chantaje, aunque no es aconsejado, sirve para retener a un informante después de reclutado” (vea aquí ese documento al detalle).
Extracto del manual de reclutamiento de un informante, orientado al agente
UN INFORMANTE EN LA IGLESIA
Dentro de los colaboradores habituales de la Dipolcar, destaca “Juan”, alias de una fuente con acceso a información vinculada a la Iglesia Católica y catalogada como “A-1”, debido a la calidad de los antecedentes que aporta.
“Juan” fue la base de dos informes que redactó inteligencia en 2008 y 2009 sobre el sacerdote Fernando Díaz Fernández, misionero del Verbo Divino que trabaja en Quepe y que ha hecho público su apoyo a comunidades mapuche y sus críticas a las policías en casos de alta connotación pública.
En esos informes, “Juan” identificó a Díaz como párroco de Metrenco y como una persona con “vínculos oscuros”, apuntando a la CAM. Dijo, además, que Díaz entorpeció las labores investigativas de Carabineros y la PDI luego del asesinato de Matías Catrileo (ocurrido en enero de 2008); que era visitado por la ex esposa de un comunero seguido por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de la policía uniformada (OS9); y que participó en una reunión junto con el entonces obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, y con funcionarios del Instituto Indígena -fundado por la Diócesis de Villarrica-, en la que se conversó sobre una deuda que esta fundación contrajo por $200 millones.
“En definitiva y atendiendo los informes anteriores sobre el tema, a juicio de JUAN, existe dos fugas de dineros de la Iglesia, las que como se mencionó anteriormente benefician al párroco FERNANDO DIAZ FERNANDEZ”, se concluye en el informe.
CIPER contactó a Fernando Díaz para conocer su versión sobre estas acusaciones y preguntarle si sabía que Carabineros tenía un informante que reportaba sus acciones: “Todo lo que se relata en esos informes es totalmente falso y demuestra que la calidad investigativa que estableció Carabineros a través de este colaborador es primitiva”.
Díaz aclaró que nunca ha sido párroco de Metrenco, sino que presta servicios litúrgicos en Quepe. Además, niega haber obstaculizado la investigación por la muerte de Catrileo:
-Apenas conocí de la noticia conversé con don Camilo (Vial) y don Sixto (Parzinger), entonces obispos de Temuco y Villarrica, respectivamente, y acordamos apoyar a la familia y a las comunidades que luego de eso fueron constantemente hostigadas mediante allanamientos muy violentos. Es más, colaboré con el detective de la PDI que luego probó que nunca hubo un enfrentamiento, sino que fue un ataque de Carabineros el que mató a Catrileo. Decir que entorpecí o me dediqué a que las policías hicieran mal su trabajo es una aberración, alguien derechamente lo inventó.
Respecto de las “fugas de dinero” institucionales con las que sería beneficiado, y sobre sus eventuales vínculos con la CAM, Díaz afirma que “la deuda mencionada en el informe ($200 millones) se produjo por una muy mala gestión interna del Instituto Indígena, pero que en ningún caso obedece a traspasos de dinero a mí o a otra persona. Plantear eso, y que tengo conexión con la CAM, me hace pensar que se trata de una narrativa inventada exclusivamente para enlodar el trabajo de la Iglesia con comunidades. Además, se le otorga un carácter muy privado a esas reuniones, cuando eran instancias públicas en las que no teníamos, ni tenemos, nada que esconder”.
Fernando Díaz dijo que dentro del ambiente eclesiástico en que se desenvuelve “se comentaba la posibilidad de estar ‘pinchados’ o espiados, pero nunca le hemos tomado importancia, porque no tenemos cosas que ocultar”.
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