Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 34 segundos
El comunicado difundido este martes por la empresa canadiense Los Andes Copper Ltd. confirmó que su actual CEO, Santiago Montt, asumirá como ministro de Minería del gobierno de José Antonio Kast. El anuncio reactivó el debate sobre conflictos de interés, puerta giratoria y captura del Estado por intereses privados. Sin embargo, conviene hacer una precisión incómoda pero necesaria: esto no es una anomalía en la historia reciente de Chile. Lo verdaderamente nuevo no es la subordinación del Estado al capital minero, sino la absoluta falta de pudor con que ahora se ejerce.
Desde hace décadas —bajo gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y también del progresismo reciente— la política minera chilena ha estado condicionada por las necesidades de la inversión privada. Permisos ambientales diseñados para no “afectar la competitividad”, marcos regulatorios flexibles, comunidades convertidas en variables de ajuste y un Estado más preocupado de “dar certezas al mercado” que de ejercer soberanía efectiva sobre sus recursos estratégicos. Nada de eso comenzó con Kast.
La diferencia es que hoy ya no se intenta disimular.
Un ministro salido directamente de la empresa
Santiago Montt no llega al Ministerio de Minería desde el mundo académico ni desde una carrera pública. Llega desde la dirección ejecutiva de una minera privada activa, promotora del proyecto Vizcachitas, uno de los mayores yacimientos de cobre greenfield del país. La propia empresa informa que Montt renunció formalmente al cargo, pero permanecerá vinculado para asegurar una “transición ordenada” hasta febrero de 2026.
El mensaje es brutal en su franqueza: el Estado y la empresa son, en los hechos, partes de un mismo engranaje.
En otros tiempos, estos vínculos se ocultaban bajo el lenguaje tecnocrático o se postergaban hasta después del ejercicio del cargo público. Hoy se anuncian en comunicados corporativos, celebrados por directorios empresariales, sin que medie siquiera el intento de una narrativa republicana.
La puerta giratoria como programa de gobierno
La llamada “puerta giratoria” entre el mundo privado y el Estado no es nueva en Chile. Exministros convertidos en directores de empresas reguladas, exgerentes transformados en autoridades sectoriales, asesores que pasan sin transición del lobby a la política pública. Pero lo que antes se justificaba como una anomalía inevitable del modelo, hoy parece convertirse en doctrina oficial.
El gobierno de Kast no propone un Estado árbitro ni siquiera un Estado “subsidiario” en el sentido clásico. Propone un Estado gerente, administrado por quienes han hecho carrera defendiendo los intereses del capital. No hay mediación, no hay distancia simbólica, no hay tensión productiva entre lo público y lo privado. Hay alineamiento.
Minería estratégica, democracia debilitada
La minería no es un sector cualquiera. Define el modelo de desarrollo, la relación con los territorios, el acceso al agua, la matriz energética y la capacidad fiscal del país. Cuando quien debe regular ese sector proviene directamente de una empresa con intereses activos, el problema no es solo ético: es estructural.
La pregunta no es si Montt actuará “de buena fe”, sino si el diseño institucional permite siquiera la imparcialidad. ¿Puede un ministro evaluar con independencia estándares ambientales, relaciones comunitarias o concesiones futuras cuando su trayectoria inmediata está ligada a maximizar rentabilidad privada?
El largo camino hacia este descaro
Sería hipócrita atribuir esta situación solo a la derecha. Durante años, los gobiernos que se presentaron como progresistas administraron el modelo heredado, aceptando como dogma que sin inversión privada no hay desarrollo posible. Se habló de “crecimiento con equidad”, pero rara vez de control democrático de los recursos naturales.
Ese largo proceso de claudicación política explica por qué hoy el descaro es posible. El terreno fue preparado durante décadas.
Kast no rompe con ese modelo: lo radicaliza y lo vuelve explícito. Donde antes había retórica socialdemócrata, ahora hay franqueza neoliberal. Donde antes había equilibrios discursivos, ahora hay alineamiento sin complejos.
Un Estado que renuncia a sí mismo
El nombramiento de Santiago Montt no es un error administrativo ni un desliz comunicacional. Es una señal de rumbo. El Estado deja de pretender representar el interés general y asume, sin intermediarios, la defensa de la inversión como prioridad absoluta.
En ese sentido, el conflicto de interés no es una anomalía: es la consecuencia lógica de un proyecto político que entiende la democracia como un estorbo y la regulación como un obstáculo.
Chile ha convivido demasiado tiempo con la subordinación del Estado al mercado. La novedad del ciclo que se abre no es esa subordinación, sino su normalización abierta, sin relatos compensatorios ni promesas de corrección futura.
Lo que antes se hacía en silencio, hoy se anuncia con orgullo.
Simón del Valle
No hay comentarios:
Publicar un comentario