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Santiago de Chile, 9 ago (EFE).- Los violadores de derechos humanos deben estar en una cárcel común, afirmó hoy la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) ante el posible cierre del penal Punta Peuco, que alberga en Chile a los criminales de la dictadura.
El diario local La Tercera publicó este miércoles un trascendido que asegura que el Gobierno alista para septiembre próximo la clausura de Punta Peuco, una cárcel especial para violadores de los derechos humanos, ubicada al norte de Santiago, y el posterior traslado de sus 130 internos a un centro penitenciario común.
“Ojalá que el Gobierno no dilate más lo que debió haber hecho desde el día uno, los presos de Punta Peuco deben estar en una cárcel común, porque es lo que corresponde en un Estado de Derecho y a una democracia que se jacta de llamarse así”, afirmó a la radio Cooperativa la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.
El cierre del recinto, considerado por las víctimas una “cárcel cinco estrellas” por las comodidades que tienen los reclusos y que está al límite de su capacidad, fue uno de los más importantes compromisos de la presidenta Michelle Bachelet, quien lo reafirmó el pasado 6 de julio en una entrevista televisada con CNN Chile.
“Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho”, sostuvo entonces la mandataria, quien estudia junto a los Ministerios de Justicia, Interior y Defensa mover a los represores recluidos a un sector acondicionado en el centro penitenciario Colina 1, situado en una localidad a 30 kilómetros al norte de Santiago.
Desde principios de 2017, la enfermería de ese recinto está sometida a una remodelación para recibir a los presos por crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La mayoría de ellos tienen más de 75 años y muchos padecen enfermedades crónicas propias de su edad o terminales, han señalado sus familiares y abogados defensores.
Según la prensa local, los agentes no convivirían con el resto de la población penal de Colina 1, sino que tendrían habitaciones individuales o para dos personas, baños nuevos, salas de estar y acceso a la televisión, entre otras comodidades.
Raúl Meza, un abogado que defiende a violadores de derechos humanos, reveló a los periodistas que preparan informes médicos según los cuales el traslado de los reos adultos mayores con enfermedades crónicas o terminales “pondrá en riesgo la vida, la salud y la integridad física y psíquica” de los exuniformados.
Añadió que solicitará formalmente la intervención del exmandatario y candidato derechista a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, para que se postergue la decisión de cerrar Punta Peuco para una próxima administración.
Durante su primer gobierno (2010-2013), Piñera ordenó el cierre del penal “Cordillera”, una prisión de lujosas instalaciones situada en el sector santiaguino de Peñalolén, y el traslado de los reclusos a Punta Peuco.
Entre los reclusos de Punta Peuco hay varios que acumulan penas de 500 o más años de cárcel tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Según Lorena Pizarro, la defensa y familiares de violadores de derechos humanos “quieren desviar la atención”, mediante “una gran campaña comunicacional”, con el acento puesto en la edad y salud de los criminales.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. EFE
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