Carlos Astudillo, sobreviviente de violencia militar durante el estallido social |
A más de tres años del estallido social, el militar Pedro Lavín enfrenta a la justicia por el caso de Carlos Astudillo. “Junto a la Fiscalía estamos pidiendo 12 años de cárcel para obtener justicia, reparación y para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas violaciones a los DD.HH.”, dijo el sobreviviente de violencia militar, quien declarará este jueves en el juicio.
El 20 de octubre de 2019, cerca de las 17:00 horas, las personas que se encontraban en la Plaza de Armas de la comuna de Colina, manifestándose en el marco del estallido social, creyeron que Carlos Astudillo había muerto.
A 28 metros de distancia, un funcionario del Ejército disparó su arma de guerra en dirección a Carlos, impactando su espalda. La bala le fracturó el fémur y le destruyó la arteria femoral, por lo que estuvo en riesgo vital.
El ataque tuvo como consecuencia que Carlos presentara una hemorragia severa y debiera ser reanimado en siete ocasiones en las operaciones. También atravesó cinco episodios de muerte clínica y debió pasar una semana en la UCI. Además, estuvo dos meses hospitalizado y debió pasar una larga rehabilitación.
A más de tres años del hecho, el militar Pedro Lavín enfrenta a la justicia desde este martes 30 de noviembre, arriesgando 12 años de presidio, en el inicio del juicio oral contra este integrante del Ejército por delitos relacionados a violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social.
En el juicio está citado a declarar el actual comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, quien se desempeñaba el 2019 como Jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana. Y para este jueves se espera el testimonio de este sobreviviente de violencia militar.
Carlos Astudillo es cientista político, activista de DD.HH. y actualmente se desempeña como asesor de la senadora Fabiola Campillai.
“Lavín me disparó durante el estallido social y hasta el día de hoy me mantiene con una movilidad reducida, no voy a poder caminar con normalidad, una infección crónica en el fémur y una lesión vascular en mi pie derecho”, señaló la víctima en un video difundido en redes sociales.
Astudillo es representado por el abogado Eduardo Picand. De acuerdo con el querellante, y tomando en cuenta el poco avance de este tipo de causas, este caso toma relevancia ya que significa “una comisión de delitos graves que afecta los derechos fundamentales, pero en democracia”.
“Este es un crimen que pone en juego los principios más elementales que están contenidos en la Constitución en orden a que la soberanía reconoce como límite, e impone a los órganos del Estado, incluido al Ejército, a respetar y promover los derechos fundamentales. Eso es lo que precisamente no ha ocurrido, no hubo respeto a los derechos fundamentales”, explica el abogado.
Pese a la importancia de este caso, la investigación no logró avanzar en primera instancia. Esto cambió cuando la Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, se hizo cargo de la causa, logrando avances significativos y llevando a juicio finalmente a Lavín.
Así lo explica Picand, quien detalla que “acá hay un antes y después desde que el caso pasa a la fiscal Ximena Chong”, haciendo el punto en que “llama la atención que la causa haya avanzado de manera tan seria en manos de una fiscal y sin embargo haya dormido en manos de otra durante tanto tiempo”.
Ahora, la Fiscalía y los abogados querellantes solicitan 12 años de presidio para el militar acusado del delito de “apremios ilegítimos”. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también se hizo parte de la causa, solicita 15 años para el funcionario militar.
“Junto a la Fiscalía estamos pidiendo 12 años de cárcel para obtener justicia, reparación y para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer estas violaciones a los derechos humanos”, dijo el sobreviviente de violencia militar.
Para Picand, este caso también tiene un “valor fundamental” para la historia judicial nacional, que al igual que las graves violaciones a los derechos en dictadura, estas causas deben marcar un hito.
“Va a marcar un hito para dejar absolutamente en claro, no solo al Ejército, sino a todos los órganos del Estado, que los derechos fundamentales de las personas están antes y son superiores al propio Estado”, concluye el abogado.
Hace un par de semanas, el conocido actor y guionista Alex Rivera sorprendía, una vez más, interponiendo una millonaria demanda contra Canal 13 y Max Luksic, en calidad de su máximo responsable, por el plagio de la teleserie, que este canal estrenó -en pleno litigio- con el nombre de Veinteañero a los cuarenta; y cuyo director fue nada menos que Herval Abreu. El mismo que fuera acusado de acoso, agresión sexual y violación por siete mujeres. Caso que se destapó el 28 de abril de 2018 la revista Sábado (El Mercurio), causando verdadero impacto en la opinión pública nacional.
Todo ello, luego de un largo periplo de más de ocho años y que, como contábamos en una noticia anterior, tiene francamente ribetes de thriller sueco, tal y como veremos más adelante.
En efecto, Alex Rivera luego de que denunciara al Canal 13 en 2014 por el referido delito, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, condenó al guionista de Canal 13 Sergio Andrés Díaz Mora a 204 días de presidio, el pago de una multa de 10 UTM y la suspensión de su cargo u oficio público mientras durare la condena (con el beneficio de la remisión condicional de la pena) como autor del delito consumado de plagio. Tal y como apareció, profusamente, en diferentes medios de comunicación locales.
Seguidamente, vino un insólito e inesperado vuelco procesal. Tan solo unos meses después, en noviembre de 2018, mediante un recurso presentado por parte de la defensa del condenado Sergio Andrés Díaz Mora, la Corte Suprema anuló el fallo y ordenó la realización de un nuevo juicio. ¡Insólito!
Un (nuevo)juicio cuya realización, como era previsible, estuvo plagada de graves irregularidades y que terminó con la absolución del condenado, nada más y nada menos que, por “falta de pruebas”: las mismas (pruebas) que, misteriosamente, desaparecieron del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Tribunal encargado de velar por su custodia. ¡Insólito!
En este tema hay una investigación abierta.
“Hemos solicitado, por Ley de Transparencia, como parte acusatoria, el nombre de la empresa encargada de la custodia de las pruebas para este tribunal y seguimos esperando; ya que, en la preparación del juicio oral, que es en donde se incorpora la prueba, “se borraron” los audios relativos a la incorporación de la prueba fundante del delito y nos gustaría saber qué hubo detrás de esta maniobra”, señala Alex Rivera.
En el “interregno” Rivera, ha sido víctima de toda clase de coacciones (amenazas, seguimientos, etc.), hackeos de todas sus cuentas y teléfono, etc.… Llegando, incluso, a poner en riesgo su integridad física y a temer por su vida, como hemos denunciado en más de una oportunidad; por lo que han tenido que solicitar, en más de una ocasión, las medidas de protección de rigor.
Todo lo cual está siendo investigado en un proceso cuya carpeta investigaba arroja sorprendentes revelaciones, las cuales por la fase investigativa en que se encuentra aún no pueden ser reveladas en su totalidad.
Coincidentemente, Alex Rivera fue objeto de un peligro y extraño incidente por parte de un (desconocido) conductor que se dio a la fuga. Su letrada consultada al respecto señaló: “Esto, por supuesto, que da paso a tomar las acciones legales correspondientes. Ya han sido oficiadas las cámaras de la UOCT, Municipalidad de Las Condes y un local privado que tiene las imágenes guardadas a la espera de entregarlas una vez iniciada la vía legal”.
Para hablar en profundidad de este caso, hemos sostenido una intensa entrevista en exclusividad -vía Zoom– con el protagonista de esta espeluznante historia, Alex Rivera; dado que, hoy por hoy, Clarín es, prácticamente, el único medio chileno que se ha atrevido a abordarlo íntegramente; ante el silencio cómplice de los otros medios de comunicación de comunicación y de una buena parte del medio teatral de este país.
Nos consta lo complicado y hasta peligroso que puede llegar a ser el hecho de denunciar ciertas irregularidades e ilícitos en este país. Este caso es un claro ejemplo de ello. Un caso que, como hemos prefigurado, manifiesta ribetes francamente aterradores y de insospechadas conexiones, que apuntan a una poderosísima “asociación criminal capaz de “comprar” policías, funcionarios judiciales y periodistas tras sus oscuros intereses y propósitos”, señala Rivera.
Muchos se quedaron con el contundente fallo que condenóal guionista del Canal 13, Sergio Andrés Díaz Mora,por el delito deplagioy pensaron que allí acabó todo. ¿Cómo se llegó hasta acá?
En el 2014 cuando nos percatamos del plagio, solicitamos insistentemente una reunión con la gente de Canal 13. Luego de bastante tiempo nos recibió un sujeto de apellido Arnold (Ignacio Arnold Urzúa, entonces, jefe del área de ficción de Canal 13, sociólogo de la UC más tarde creó una productora que bautizó con el sugestivo nombre de “Plagio”; de modo tal que, si se asocia en internet este concepto a su nombre, no aparece este desafortunado episodio, sino la productora Plagio. Vinculada, por lo demás, a trabajos con la Fundación Futuro con el proyecto Defendamos La Ciudad, del cual, en la actualidad, difícilmente se puede obtener alguna información adicional -¡otra coincidencia!-; en donde trabajó codo a codo con Magdalena Piñera.).
Este nos dijo: “miren esta gueá es muy simple, tú nos hacís una demanda y nosotros te demandamos de vuelta. Porque todo esto no es más que una lamentable coincidencia”. Ahí se acabó la reunión.
A reglón seguido, nosotros presentamos una querella y un recurso para frenar el estreno de la teleserie (estuvimos a una semana de hacerlo) y mi, entonces, abogado (extrañamente) no se presentó a defender el recurso. ¡Más coincidencias!
¿Vino una nueva defensa y nuevas acciones?
Efectivamente, con una nueva defensa continuamos con lo de la querella y concurrimos a las audiencias de preparación del juicio, en donde aportamos todas las pruebas del caso (los originales, las pruebas investigativas de la PDI, peritajes, etc.); y, como sabemos, todo este proceso -y el juicio son orales- queda registrado (se graba) y la fiscal nos dice: “Uds. tienen un caso sólido de plagio, pero nosotros no vamos a perseverar”.
¿Y qué ocurrió?
Y ahí comienzan a producirse una sarta de irregularidades: cambios de sala, incorporación de un juez a última hora, cambio de procedimiento de un juicio oral a uno simplificado, etc. En el Octavo Juzgado de Garantías nos despojaron de un montón de pruebas mediante este expediente y, a pesar de ello, se ganó el juicio por unanimidad: tres votos contra cero (julio de 2018). Transformándose este caso en el primer juicio de la historia penal chilena, en donde se hizo uso de la Ley de Propiedad Intelectual. ¡Histórico!
Muchos se quedaron hasta ahí, pero la cosa estaba (y está) lejos de quedar allí. Cuéntanos, ¿qué vino después?
¡Así es! Pocos meses después, ellos presentan un recurso ante la Corte Suprema, amparados en el fundamento de que algunos testigos presentados (en concreto una conocida colega del medio, cometió flagrantemente perjurio. ¡Mintió!) habrían sido sobre-interrogados y el máximo tribunal judicial ordena -con ese débil fundamento- la anulación del fallo y la repetición del juicio. El juicio se repite en el Tribunal Oral Penal, con un tribunal compuesto por los magistrados Blanca Rojas Arancibia (presidenta), Claudia Santos Silva y Félix Asencio Hernández (redactor).
¿Qué pasó en ese nuevo juicio?
El desarrollo de este nuevo juicio fue un verdadero despropósito y se cometió una irregularidad monumental. En la parte del juico en que son solicitas las pruebas, nos enteramos de que las cintas, en donde estaba registrada la prueba fundante de la acusación (y que habían sido presentadas en el juicio anterior), habían sido borradas.
Ante lo cual la magistrada Blanca Rojas, en vez de aceptar nuevamente la incorporación de estas, dado que habían sido borradas bajo custodia del tribunal, hace caso omiso y se niega, absolviendo descaradamente al plagiador por “falta de pruebas”, como no culpable.
Recordemos, asimismo, que Blanca Rojas Arancibia, magistrada del Tercer Tribunal Oral en lo Penal llevó el caso del ex portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, cuando en el 2009 atropellara con resultado de muerte a la joven Macarena Casassus. La jueza Blanca Rojas, entonces, presidenta del Tribunal,votó por absolver al futbolista de todos los cargos, como difundió la prensa local. ¡Otra coincidencia!
…
Pero ahí hay un detalle, no menor, en ese momento ella plantea que no hay culpable y agrega, lo cual no quiere decir que (el acusado) Sergio Andrés Díaz Mora haya sido declarado inocente; sino que el tribunal no pudo tener certeza más allá de la duda razonable de su culpabilidad.
¿Y esto es lo que ha ocurrido con esta demanda millonaria interpuesta contra Max Luksic y el Canal 13?
¡Así es! Porque Canal 13 a sabiendas de la existencia del plagio y estando en desarrollo todas las acciones e investigaciones que se llevaban a cabo, decide lanzar al aire la teleserie. ¿Quién tomó esa de decisión y por qué? Estuvimos a una semana de frenarla, pero, como ya te expliqué antes, mi -entonces- abogado extrañamente no concurrió a defender el recurso. De tal modo que, además, Canal 13 vendió la teleserie a Ecuador, Paraguay, EE. UU. (Miami), etc., lucrándose indebidamente con todo ello. Este es el mérito y el fondo de la acción que motiva lo hemos emprendido recientemente.
En tu caso se ha denunciado (hay querellas presentadas) por todo tipo de graves coacciones (seguimientos, amenazas, etc.,) y hackeos de teléfonos, cuentas de mail y redes sociales. Tanto que has llegado a temer por tu vida ¿Cuándo empiezan a operar estos espeluznantes episodios?
No sé exactamente cuando empiezan, pero hay un momento en donde me doy cuenta de que están sucediendo cuestiones muy raras…. Voy a hacer un taller de actuación frente a cámaras a Valdivia y al llegar me encuentro con la reserva del hotel ha sido cancelada. Cuando llego al taller de más de cien inscritos previos, me encuentro con que asisten unos doce alumnos. Descubrimos que han sido enviados correos (por un hacker), supuestamente, de mi parte, en donde se decía que se había suspendido la actividad o que no había cupos. En principio no entendía nada, hasta que la responsable de la actividad, Verónica Cabezas directora de la Fundación Entre Puentes y Ríos, recibe una misteriosa llamada de un número privado diciéndole que tenían un problema muy serio conmigo y que si me “bajaba” de todas las demás actividades le pagarían cinco millones de pesos.
¿Y han logrado identificar a los posibles responsables?
Si, ¡por supuesto! La policía determinó que el número del cual se hizo la llamada correspondía al +56 931402XX y la investigación arrojó la identidad de su dueño, que resultó ser un delincuente habitual, de alias “Rola Ramírez”; un sujeto peligroso con un nutrido prontuario policial por los delitos de lesiones y amenazas contra personas y la propiedad, como consta en su ficha policial.
Entonces la pregunta que uno se hace, ¿quién puede estar detrás de estos sicarios o qué pinta este sicario en todo esto?
Con decirte que una vez me topé con uno de ellos en el supermercado y me andaba siguiendo. Lo tengo grabado y andaba rapado al cero, como el otro sujeto que, también, ha estado detrás de estas actividades delictivas. Un otro sujeto que, también, está plenamente identificado y que registra antecedentes por los mismos graves delitos que el otro, tal y como figura en la carpeta investigativa, a la cual tú has tenido acceso.
¿Quién pudo hackearte la cuenta de correo y mandar falsos mail por ti?
Se ha determinado, mediante pericias policiales, que las IP de los dispositivos desde donde accedieron a mis cuentas, son de propiedad de un sujeto de 67 años, ingeniero comercial (de la USACH), dueño de una empresa de informática, domiciliado en la calle Pontevedra de comuna de La Reina y que el hackeo salió de la calle Fidel Oteiza en Providencia. Este sujeto, como verás se encuentra plenamente identificado e insólitamente ha sido llamado a declarar por la PDI como ¡testigo! O sea, se determina que desde sus dispositivos e IPs entra a mis cuentas, las hackea, y en la denuncia, en lugar de ser investigado e imputado por el delito de sabotaje y espionaje informático (Ley 19.223), es citado como testigo. ¡Insólito!
…
Los hackeos de mis teléfonos, de todas mis cuentas, las llamadas insistentes con números de procedencias de diferentes lugares del mundo, a toda hora y a todo mi entorno familiar y afectivo apuntan a este sujeto. Insisto, y, aun así, aparece en la investigación como “testigo”.
¿Y esta línea parece estar estancada pese a todo lo descubierto… ¿Por qué no se ha avanzado más?
Porque lisa y llanamente la policía no ha realizado su trabajo. ¡En cualquier país del mundo estos (presuntos) delincuentes debieran estar en la cárcel!; y acá no solo están libres, sino que siguen hostigándome bajo total impunidad. Y es evidente que esta parte del caso es clave, porque es la punta del hilo que hay que tirar para descubrir y castigar a quién o quiénes está o están detrás de todo esto. Sabemos que si a estos delincuentes y sicarios se les aprieta un poco entregan hasta su madre.
Sabemos, además, que has llegado a temer por tu vida y que has sido, recientemente, víctima de un atropello. ¡Un cuasi delito de homicidio en toda regla! ¿Qué medidas has adoptado frente a la gravedad de este asunto?
¡Efectivamente! Sin ir más lejos, en el contexto de presentar esta demanda fui objeto de un extraño accidente: fui atropellado por el conductor de un vehículo que, luego, se dio a la fuga. Hemos presentado la denuncia porque fue, claramente, un hecho intencional y así lo acreditan los innumerables testigos que presenciaron el hecho; cuestión que quedará ratificada cuando nos entreguen las cintas de las cámaras que ya hemos solicitado. Igualmente, hemos solicitado medidas tendientes a resguardar mi integridad física y ¡seguimos a la espera!
¿Qué nos puedes decir respecto de la (aparente) indiferencia y el silencio (cómplice) de los medios de comunicación en general y del medio teatral, en concreto, respecto de este caso?
Un hecho que lo ilustra todo. Cuando empezó este caso había un periodista de The Clinic que cubría todos los entretelones del caso con mucho entusiasmo, porque me decía que publicar sobre él le otorgaba cientos de likes. De un día para otro dejó de interesarse en este tema. Le llamé un día y le conté de los seguimientos, le restó importancia y me dijo que me estaban haciendo algo que llamó “como marcación japonesa” y que no me preocupara… ¡Hoy trabaja en Canal 13!
¡Otra coincidencia!
Si googleas esos artículos que él hacía, hoy aparecen firmados “Por The Clinic”. Ha desaparecido el nombre de este periodista en relación con ese medio y este caso. ¡Más coincidencias!
Es evidente que la impunidad indica indiferencia, cobardía y otros intereses que les impiden entrar en el tema. Como decía Redolés, “Nadie se va a meter en gueás por el Gaete”. ¡Jajaja…! ¡Muy típico de Chile!
¡Jajaja…! Algo parecido, en este país el individualismo campea a sus anchas y a nadie le importa lo que le ocurra al otro. En el medio teatral sucede, lamentablemente, con más énfasis.
Un medio endogámico y de camarillas… ¡Cada cual se rasca con sus propias uñas!
Mis colegas de los sindicatos, por ejemplo, están dirigidos por gente que tiene (o pretende tener) estrechas relaciones con Canal 13; además, hay gente que tiene una íntima amistad con una conocida actriz, que fue de “testigo” en este caso en favor de Canal 13, que cometió perjurio, porque mintió todo el tiempo. ¡Y todo el mundo sabe que ella es mujer de confianza del demandado y responsable del Canal 13, Max Luksic!
…
Los demás directivos de SIDARTE que prometieron apoyarme son penosos. Me decían, cuando salgan las pruebas, te apoyamos; luego, cuando pongas la querella; luego, cuando empiece el juicio; más tarde, cuando salga condena juicio, etc.… La cuestión es que nunca hubo una sola declaración de apoyo. Es obvio, en muchos casos estamos hablando, además, de gente desconocida que tiene la ilusión de que les llamen para una teleserie. ¡Pobre gente! ¡Me dan pena por mediocres y por cobardes!
Y más preguntas que uno se hace… ¿Y todo esto por un simple plagio?
La respuesta es fácil, se trata de un caso emblemático y que puede sentar precedente; porque en este medio se han cagado a mucha gente con los derechos de autor, y permitir un triunfo y una condena por plagio puede abrir la caja de pandora…
Por otro lado, no es de extrañar la soberbia y prepotencia con que pueden llegar a reaccionar los poderosos cuando son desafiados.
Efectivamente, además, sabemos que quien está detrás de todo esto, en defensa de Sergio Díaz Mora, es quien -seguramente- le debe muchos favores a este señor y algunos no muy edificantes que digamos. Les remito al libro Impunidad Diplomática y lo dejo ahí porque esto aun lo estamos investigando y acumulando pruebas. Lo haremos público llegado el momento.
¡A buen entendedor, pocas palabras!
No olvidemos que el libro Impunidad Diplomática (1993) del periodista Francisco Martorell, se acusaba al embajador argentino de entonces (Oscar Spinoza Melo) de extorsionar aimportantes personalidades de la política y el empresariado chileno, luego de participar en sus licenciosas fiestusas, regadas con sexo, drogas y rock and roll. El mismo día en que debía aparecer el libro, Adrónico Luksic presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, quien dictó orden de no innovar y el libro fue censurado. Prohibición que se perpetuó hasta nuestros días dado que su autor perdió su apelación ante la Corte Suprema y que luego acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recomendó al gobierno chileno levantar el veto al libro y este no admitió tal recomendación argumentando que “no puede considerarse que una decisión independiente adoptada por el poder judicial que admite un recurso prescrito por la Constitución constituya violación de un derecho humano”.
Estamos hablando derechamente que detrás de toda esta maldad hay todo tipo de perversiones… No olvidemos que la señora Isabel Troncoso Guillen, guionista y dupla de Sergio Andrés Díaz Mora, fue, en este mismo tiempo, denunciada por acoso sexual y bullying por de alumnas de la UNIACC; quienes, además, denunciaron haber sido objeto de toda clase coacciones, de hackeos y sabotajes informáticos. ¡Otra coincidencia! Un caso que, además, actualmente está tapado en Internet, porque lo han hecho desaparecer, y que en su momento fue reporteado por El Desconcierto. Es cuestión de hacer la prueba de googlearlo y este reportaje sencillamente no aparece. Intentar obtener una foto de algunos de estos dos personajes por internet y es virtualmente imposible.
¡Otra coincidencia!
Lo cierto es que todo apunta a que detrás de toda esta trama corrupta hay gente muy muy poderosa y perversa. Capaz de “comprar” a policías, jueces y a periodistas. Y esto está pasando en el Chile de hoy y le podría ocurrir o estar ocurriendo a cualquier persona más. O bien, pueden usar esta misma trama con otros fines. Seguramente, así ocurre. Me niego a creer que solo me ha ocurrido a mí. Y por ello es porque es importante llegar hasta el final y descubrir quién está detrás de todo esto y con qué propósito. Porque hay que ser muy muy poderoso para poner en marcha una trama corrupta semejante (dotadas muchos recursos y capaz de tocar muchísimas teclas), prolongada en el tiempo, en defensa de alguien o algo y con total impunidad. E, insisto, ¿quién? y ¿por qué?
¿Y luego qué viene para adelante, después de esta demanda presentada últimamente?
Más adelante volveremos por la vía penal (criminal), ya que existen nuevas e interesantes pruebas y antecedentes que ameritan la reapertura del caso, y esta vez veo muy difícil que lo puedan tumbar.
Mantienes intacto tu sentido del humor y optimismo, tanto como tu espíritu de lucha y la convicción, ¿te sientes obligado a tener que llegar hasta el final y hasta las últimas consecuencias?
¡Así es! Es evidente que hacer todo esto, otorgándole el máximo de publicidad posible a cada una de las acciones, es, a estas alturas, para mí un verdadero escudo frente a lo que me puedan intentar hacer. No olvidemos que estamos frente a gente muy muy poderosa y (muy) mala, y debemos estar muy atentos y preparados para hacerles frente.
Al cierre de esta conversación pudimos constatar que los seguimientos y coacciones se siguen produciendo con total y absoluta impunidad en este mismo momento.
“Sin mediar ninguna provocación un carabinero empezó a patear por la espalda a mi amigo. Fue en eso cuando empecé a grabar con mi celular y le dije al carabinero que tenía grabado su nombre”. Sin embargo, esta advertencia nada importó, por supuesto, menos importó la vida e integridad de estos jóvenes, porque en cosa de segundos Renzo Inostrozan (en la imagen) pasó a ser el blanco del ataque.
Claramente las grandes marchas y movilizaciones masivas dejaron de tomarse las calles de Chile. Pareciera ser que atrás quedó el estallido social de 2019. Incluso algunos se esmeran por olvidar, minimizar e incluso negar las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese periodo. Sin embargo, lo que es evidente es que el estallido social no ha quedado atrás para las víctimas y sus familias, quienes día a día tienen que sobrevivir a la pérdida, al dolor, al miedo, a las secuelas físicas y psicológicas de tan tremendo daño ocasionado por agentes del Estado.
El caso de Renzo Inostroza grafica muy bien lo anterior. Él era un joven de 24 años, universitario y deportista al momento del ataque. A eso de las 18:00 horas del domingo 21 de octubre de 2019 todo estaba tranquilo en la Gran Avenida José Miguel Carrera, incluso muy pocas personas transitaban por el lugar; a diferencia de lo que ocurría en otros lugares del país donde abundaban las protestas. Por allí caminaba Renzo junto a un amigo en dirección a su casa ubicada en La Cisterna.
“Sin mediar ninguna provocación un carabinero empezó a patear por la espalda a mi amigo. Fue en eso cuando empecé a grabar con mi celular y le dije al carabinero que tenía grabado su nombre”. Sin embargo, esta advertencia nada importó, por supuesto, menos importó la vida e integridad de estos jóvenes, porque en cosa de segundos Renzo pasó a ser el blanco del ataque, e incluso fue víctima de mayor brutalidad. Tras varios disparos de la policía, 19 balines impactaron en su rostro y cuerpo. Carabineros, como ocurrió en varios otros casos, no lo auxiliaron; fueron los bomberos quienes lo asistieron.
Tras más de 40 días hospitalizado y 10 operaciones e intervenciones para sacarle los balines de su cuerpo, Renzo intenta rearmar su vida con la pérdida casi total de la visión de uno de sus ojos y múltiples lesiones. “No solo me dispararon y me afectaron a mí. El daño también fue para toda mi familia. Ha sido ella la que ha tenido que hacerse cargo de todo, incluido de la totalidad de los gastos médicos”.
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó la investigación por el delito de lesiones graves gravísimas en el caso de Renzo y de abuso contra particulares en el caso de su amigo. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó otra querella por tortura agravada. Actualmente hay dos funcionarios de carabineros formalizados. En cuanto al sumario administrativo de Carabineros de Chile, y a más de tres años de sucedidos los hechos, sigue pendiente.
“Cuando veo a carabineros se me tensa el cuerpo y no es porque esté haciendo algo malo. Sentir su presencia cerca me pone mal. Además, quienes me atacaron siguen en funciones, así que tengo el miedo latente de sufrir alguna represalia por mi denuncia”.
No obstante el temor, Renzo Inostroza decidió visibilizar su testimonio a través de Amnistía Internacional. La organización documentó el caso en su informe “Ojos sobre Chile” y actualmente lo ha incluido en la campaña “Escribe por los derechos”, la cual lleva más de 20 años movilizando a la gente a actuar a favor de otras personas cuyos derechos están en riesgo.
“Tengo la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. No puedo bajar los brazos”, menciona el joven, pese a que en el marco del aniversario del estallido social, Amnistía Internacional advirtió que la impunidad es generalizada, pues tan solo el 0,1% de las denuncias ha terminado en condenas.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric en la ceremonia de conmemoración de esta fecha, marcó la agenda al reconocer la existencia de violaciones de derechos humanos, precisando incluso los tipos de abusos cometidos, y afirmó que no son aceptables. Un acto tremendamente importante y necesario viniendo de la primera autoridad del país. También aprovechó la instancia para dar su apoyo a la labor de Carabineros en el combate contra la delincuencia y el control del orden público, aspecto que no está mal en sí mismo porque indiscutiblemente la labor de esta institución es esencial y, por lo mismo, se requiere una policía altamente preparada, que actúe bajo un efectivo control civil y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
No obstante, llama la atención algunas decisiones y espaldarazos hacia ciertos funcionarios de Carabineros de Chile, en especial hacia los altos mandos. Por ejemplo, preocupa que mantenga en su cargo al general director a pesar de haber sido llamado a declarar como imputado en unas de las querellas por crímenes de lesa humanidad y en otra relativa a la responsabilidad de mando que investiga su rol cuando se desempeñaba como director de Orden y Seguridad en pleno estallido social.
Es esperable que cualquier persona con indicios serios de haber ordenado o tolerado la violación generalizada de derechos humanos fuera apartada de su cargo hasta que se determine judicialmente su responsabilidad. Sin embargo, el general director y otros altos mandos siguen fijos en sus puestos como si nada hubiera pasado. Este tipo de decisiones generan suspicacia, más aún cuando el Gobierno se ha propuesto llevar adelante una reforma a la institución.
“Los carabineros que me dispararon fueron los responsables directos, pero creo que ellos venían con una orden específica de más arriba. Era un tema general”, menciona Renzo; sin embargo, a la fecha ningún alto mando estratégico ha sido formalizado por su responsabilidad en la mayor crisis de derechos humanos desatada tras la dictadura de Pinochet.
Sin duda, hasta que no se llegue a la total verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el estallido social seguirá siendo un tema contingente.
Por Ilsen Jara
directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile
El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, aseguró que los datos presentados por la investigación del Centro de Investigación Periodística, CIPER, sobre el mal uso de la tarjeta para combustibles en el ítem traslación del gasto mensual parlamentario, eran “inexactos”.
La jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar y esposa del senador, Sandra Ibáñez, cargó, el pasado 18 de abril, $74.000 de bencina de 95 octanos en una estación de servicio en Concón, región de Valparaíso. La carga fue al Kia Station Wagon que Chahuán tiene inscrito como automóvil parlamentario en la Cámara Alta. Esa jornada, el congresista estuvo todo el día en Santiago.
“Siempre he sido riguroso en el cumplimiento de la ley y la normativa y he usado siempre el combustible que entrega el Senado para el despliegue de mi equipo territorial y mi trabajo parlamentario. Durante mis 16 años de trabajo parlamentario, siempre ha sido una característica mía el cumplimiento irrestricto de la ley y la norma. No se me había planteado qué día era y por tanto, quiero asegurar que siempre los vehículos que están acreditados en el parlamento han sido utilizados, cuando se ha cargado combustible, para los efectos del trabajo parlamentario”, se defendió el senador.
Luego añadió: “Ella (Sandra Ibáñez) cargó combustible, efectivamente, pero porque al día siguiente (yo) debía salir temprano. Ella no ha usado el vehículo con recursos públicos”.
Sobre las cargas hechas en el sur que podrían haber permitido el uso del vehículo inscrito en el Congreso para la campaña del Rechazo en agosto pasado, el senador aseguró que “ese vehículo se devolvió desde Chillán, es una avanzada de la PDI, quienes cargaban bencina en ese entonces eran funcionarios de la PDI”. Esto, pues viajaba a fiscalizar la cárcel en Angol hasta que el director de la policía civil le aconsejó que no fuera, a propósito de la detención de Héctor Llaitul.
Este argumento del senador Francisco Chahuán no se condice con los registros de bencina con carga a Congreso que ocurrieron en Los Ángeles (región del Biobío), ni menos con Villarrica (región de La Araucanía).
Con todo, precisó que no podría entregar los nombres de los funcionarios de la PDI que cargaron combustible porque “eran seis y siempre rotaban”.
Carlos Astudillo, sobreviviente de violencia militar durante el estallido social |
