El suboficial mayor de carabineros, Luis Castillo Fernández, recibió una condena de 11 años por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves contra Aalondra Carvajal Jaramillo en noviembre de 2019. El exuniformado golpeó con una luma en el cráneo a la menor, que entonces tenía 14 años. Según el relato del INDH, Carvajal no estaba en una manifestación cuando fue agredida.
Fuente: THE CLINIC.
Este lunes se realizó la lectura de la sentencia a Luis Antonio Castillo Fernández, suboficial (r) acusado por dejar con ceguera legal a una menor de edad durante el estallido social. El exuniformado fue condenado a once años de presidio por golpear a la menor de 14 años con una luma en el cráneo, generándole ceguera total en su ojo derecho, y pérdida parcial en el izquierdo.
Esta sentencia marca un precedente, quedando en el registro como una de las condenas más altas por casos de agresión policial en el contexto del estallido social.
La agresión fue en contra de Aalondra Carvajal, quien posteriormente sufrió graves secuelas. Según constata el fallo, los familiares de la menor afectada -hoy mayor de edad-, relataron que posterior al episodio tuvo muchos problemas para adaptarse a la ceguera, incluyendo retrocesos de aprendizaje, y fue víctima de bullying escolar. Hasta la fecha ha registrado problemas para dormir, y tuvo grandes repercusiones psicológicas.
En el momento en que sufrió la agresión por parte de Castillo, la menor no estaba en una manifestación.
La sentencia ratifica que “se condena al acusado Luis Antonio Castillo Fernández, ya individualizado, a la pena de once años de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y a la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de un delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, perpetrado en la persona de Aalondra Vaitiare Carvajal Jaramillo, hecho ocurrido el 21 de noviembre de 2019 en la comuna de La Cisterna”.
La reacción de la familia tras la condena contra el carabinero Luis Castillo
Tras conocerse la condena, The Clinic conversó con la familia de Aalondra para conocer las sensaciones post sentencia.
En términos generales valoraron la expresión del Tribunal, aunque están expectantes a la ratificación de la Corte Suprema. Su mamá, Johanna Jaramillo, señala que “si fueran los 11 años estaría bien. Pero hoy día hablé con el abogado y me dice que ellos apelarán a la Corte Suprema para que sean tres, y de ahí le descuenten lo que ha estado con el arresto domiciliario”. Según estiman, Castillo lleva hoy cerca de dos años con arresto domiciliario, por lo que su defensa apela a que cumpla menos de un año de cárcel.
En cuanto a la reacción de Aalondra, comentó que “no le he contado nada todavía. Ahora estuvo mejor, después del juicio se recuperó, pero ahora no le he dicho nada. No le he querido decir nada y a la abogada le dije también que no le dijeran nada hasta que supiéramos que hacer”.
En estos casi seis años de que quedó con ceguera legal desde el estallido social, ha tenido muchos problemas para adaptarse. Considerando que solo perdió la visión total de un ojo, y tiene 75% por el otro, no ha tenido que usar bastón, pero si lentes, y ha tenido que aprender a medir la dimensión de las cosas con la visión reducida. “Aprendió a vivir así, se acostumbró”, comenta su madre.
Durante el juicio, la familia de Aalondra Carvajal vio por primera vez al carabinero e miraba nomás así con ganas de matarme. Me miraba todo el rato”.
La historia de Aalondra
El caso de Aalondra permaneció en silencio durante meses, lejos de la atención que recibieron agresiones durante el estallido social como las sufridas por Fabiola Campillai o Gustavo Gatica. Tenía apenas 14 años cuando, en noviembre de 2019, quedó atrapada en medio de una manifestación en La Cisterna. Venía de cotizar telas con su hermana mayor para el vestido que usaría en su graduación de octavo básico, cuando un piquete de Carabineros irrumpió en el lugar. Entre ellos estaba el suboficial mayor Luis Castillo Fernández, hoy condenado a 11 años de prisión.
Según la querella del INDH, el carabinero la golpeó con su bastón en la frente y en el pecho. El impacto fue fulminante: Aalondra cayó al suelo con el rostro hinchado y sin visión en su ojo derecho. Testigos señalaron que, instantes antes, otro uniformado había golpeado a una mujer embarazada que estaba cerca de ella.
Voluntarios de la Cruz Azul, que asistían heridos en la zona, intentaron estabilizarla con hielo y analgésicos. La inflamación no cedía y su ojo comenzó a enrojecerse. “Nunca había visto una lesión de esa magnitud”, relató una estudiante de derecho que la acompañó hasta la llegada de su madre.
El primer diagnóstico en el consultorio Eduardo Frei Montalva registró un hematoma en el cráneo y contusiones en el tórax. Luego fue derivada al hospital Exequiel Fernández y, finalmente, a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, donde se confirmó el desprendimiento de retina y la pérdida irreversible de visión en el ojo derecho.
La noticia fue devastadora para su familia. Aalondra ingresó al Programa Integral de Reparación Ocular, creado para atender a las víctimas del estallido social. Fue una de las primeras pacientes en recibir apoyo psicológico. En los registros médicos de esa Navidad quedó consignado que dormía apenas tres horas por noche y que sufría “flashbacks” que la devolvían una y otra vez al momento del ataque.
Las duras secuelas tras el ataque
Su vida cotidiana cambió radicalmente. La fiesta de graduación de octavo básico se suspendió y, en vez de apoyo, recibió burlas y hostigamiento de algunos compañeros. En redes sociales apareció incluso un perfil de Instagram con imágenes de sus lesiones, que alcanzó miles de seguidores y la expuso a insultos y humillaciones.
El acoso agravó su depresión. Su rendimiento académico se desplomó: pasó de un promedio 6,0 en octavo a un 4,8 en primero medio. Su salud física también se deterioró; desarrolló problemas de alimentación y debió recibir atención psiquiátrica. En 2020, en medio de una fiesta de Halloween, intentó quitarse la vida.
El trauma no fue solo físico. En su ficha clínica quedó registrado que tenía miedo de salir sola, que sufría crisis de pánico y que aseguraba ver sombras durante la noche. En su nuevo colegio, además, debió enfrentarse al miedo de cruzarse con Castillo, quien seguía trabajando en la 39º Comisaría de El Bosque, a pocas cuadras del lugar.
La investigación judicial confirmó que el suboficial fue parte del piquete que actuó en La Cisterna ese día y reveló varias irregularidades: no había hoja de ruta del operativo, no existía registro en el libro de guardia y la cámara asignada al oficial a cargo no contenía imágenes de la jornada.
En su fallo, el tribunal consideró el impacto que tuvo la agresión en la vida de la adolescente: “A consecuencia de la pérdida de su capacidad visual sufrió una serie de situaciones que afectaron gravemente su cotidianeidad y su desarrollo personal y social. No podía desenvolverse de manera autónoma, requirió tiempo para acostumbrarse a ver con un solo ojo, padeció episodios de acoso escolar y debió recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico”. Con esos antecedentes, el tribunal estimó razonable y proporcional la condena de 11 años de presidio solicitada por el Ministerio Público.
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