El tribunal calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles según el derecho internacional. Además, se ordenó al Estado el pago de una indemnización de $300 millones a los familiares de una de las víctimas, como reparación por el daño moral causado.
Esta semana la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas contra trece militares en retiro, quienes fueron hallados culpables por su participación en el asesinato de dos jóvenes en octubre de 1973, en un caso calificado como crimen de lesa humanidad.
Los hechos
Los hechos se remontan al 4 de octubre de ese año, cuando Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, estudiante universitario de 22 años, y Luis Raúl Cotal Álvarez, alumno de enseñanza media de apenas 14, fueron ejecutados tras ser detenidos en las inmediaciones del Regimiento Húsares de Angol.
Las detenciones se produjeron luego de que se escuchara un disparo en las cercanías del cuartel.
La investigación, liderada por el ministro en visita, Álvaro Mesa, permitió establecer la responsabilidad de los exuniformados en los homicidios, considerados delitos de lesa humanidad, lo que impide su prescripción según el derecho internacional.
Indemnización a la familia de una de las víctimas
En el ámbito civil, la Corte también ratificó que el Estado deberá indemnizar con $300 millones a los familiares de Luis Raúl Cotal Álvarez, como reparación por el daño moral causado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario