Organizaciones sociales y académicos denuncian que la abogada de derechos humanos Karina Riquelme Viveros, reconocida por su labor en causas vinculadas a comunidades mapuche y violencia estatal, está siendo sometida a persecución judicial y vigilancia policial, tras la apertura de una investigación penal en su contra.
Según reveló Interferencia.cl, el proceso indaga un supuesto delito de “violación de reserva procesal” a raíz de declaraciones que la profesional realizó a medios de comunicación en el marco de su representación legal a la familia de Julia Chuñil Catricura.
La dirigente mapuche de 72 años fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en las inmediaciones de la “Reserva Cora Número Uno-A, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos y Riquelme asumió la representación legal de sus familiares en medio de una búsqueda que hasta hoy no ha dado respuestas.
La investigación inició en octubre de 2025 y fue impulsada por la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien contraparte en el proceso judicial de Chuñil.
El abogado Rodrigo Pizarro Rosales, quien ejerce como representante legal de Riquelme, señaló que se encuentran analizando todas las alternativas para ejercer el derecho a defensa.
“En relación con la investigación que se lleva adelante por la supuesta falta a la reserva del secreto de una investigación, y además para solicitar un pronunciamiento en cuanto a las vigilancias de las que ha sido objeto por parte de la policía —que implica ser fotografiada en vía pública mientras ejercía su labor como abogada”, declaró a Interferencia.
Pizarro añadió que han realizado gestiones administrativas con el Ministerio Público para acceder a los antecedentes de la causa, pero “se nos han puesto trabas infundadas”.
Persecución, criminilización y hostigamiento
Esta nueva causa generó rechazo inmediato por parte de organizaciones y académicos que la describen como un nuevo episodio de persecución contra una profesional que durante más de una década ha litigado en causas de alta sensibilidad política.
Myrna Villegas Díaz, profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, advirtió que el proceso “puede tensionar garantías esenciales para el funcionamiento democrático”.
Advirtió que perseguir penalmente a una defensora por declaraciones públicas en casos de alto impacto como el de Chuñil genera un riesgo de efecto inhibitorio para todo el gremio, afectando el debido proceso y el acceso a la justicia «no solo respecto de esa profesional, sino también de todos aquellos que ejercen defensa jurídica en casos sensibles».
Desde la organización internacional Front Line Defenders, con sede en Dublín, Irlanda, expresaron preocupación por el escenario de vulnerabilidad que enfrentan los activistas en el país.
“La situación de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales en Chile es preocupante. Los casos de criminalización, hostigamientos y amenazas generan un escenario de mucha vulnerabilidad”, declaró Julia Lima, coordinadora de Protección para las Américas.
A su juicio “el intento de criminalización a Karina Riquelme es un ataque a la defensa de derechos en el país”.
Historial de vigilancia policial
Este nuevo proceso no es un hecho aislado. En 2023, informes de inteligencia policial revelaron seguimientos a Riquelme y a la abogada Patricia Cuevas en las inmediaciones del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, registrando marcas de vehículos, patentes y movimientos como sujetos de interés.
Antecedentes similares se remontan al año 2010 y otros específicamente durante la denominada Operación Huracán —donde se acusó falsamente a dirigentes mapuche mediante pruebas implantadas—, Riquelme denunció seguimientos por agentes de civil, luces láser hacia su domicilio e interceptaciones telefónicas bajo la Ley de Inteligencia. En 2016, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y ordenó proteger el libre ejercicio profesional de la abogada, reconociendo que la vigilancia policial constituía una perturbación ilegítima.
Global Witness, ONG internacional con sede en Londres, también alertó sobre la persecución contra Riquelme. “Conocemos el valioso trabajo que realiza Karina Riquelme representando a la familia Chuñil. Global Witness ve con preocupación el aumento de la criminalización contra abogados y abogadas con el fin de dificultar su labor de representación de víctimas”, puntualizó Javier Garate, asesor senior de la organización, según consignó Interferencia.
Finalmente, el defensor Rodrigo Pizarros advirtió que estos hechos reiterados demuestran un alarmante patrón sistemático de vigilancia y criminalización en contra de los abogados, como Karina Riquelme que litigan en el Sur de Chila causas vinculadas con la violencia estatal, conflictos territoriales y los derechos de las comunidades mapuche.
No hay comentarios:
Publicar un comentario