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jueves, 1 de febrero de 2018

GÉNESIS: 6:12 Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.

Abogados denuncian "tratos vejatorios" en programa de la Subsecretaría de DDHH

ARCHIVO | Sebastán Beltrán | Agencia UNO
Publicado por 

Un grupo de 17 abogados de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, denunció una serie de maltratos que, dijeron, vienen sufriendo desde julio de 2017.
Los juristas, del área jurídica de la unidad, sindican como la responsable de los “tratos vejatorios y degradantes” a la jefa de dicha repartición, la abogada Karen Margarita Tapia Villa.
“Hasta el momento, han sido despedidas siete personas, algunas de ellas, con años de trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, y sin respeto alguno a sus derechos laborales”, afirmaron los juristas.
Asimismo criticaron la salida de Franz Alfonso Möller Morris, quien se desempeñó como jefe del área jurídica cargo que fue eliminado y que, según denunciaron los abogados, “ha generado un evidente desmedro hacia el trabajo jurídico”.
La declaración fue firmada por los abogados Álvaro Benavides López, Gabriel Aguirre Luco, Javier Contreras Olivares, Loreto Meza Van Den Daele, Ilan Sandberg Wiener, Paulina Zamorano Valenzuela, Joaquín Perera Campusano, Jimena Agurto Díaz, Lorena Valenzuela Contreras, Lilian Díaz Calvillo, Juan Pablo Delgado Díaz, Álvaro Aburto Guerrero, Patricio Robles Contreras, Carolina Contreras Rivera, Enrique Ross Leiva, Carolina Etcheberry Schrader e Israel Meliqueo Castillo.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, en tanto, afirmaron que “es la primera noticia que tenemos, ya que hasta la fecha no hemos recibido ninguna denuncia formal por estos motivos a través de los canales institucionales”.
Por ello, la repartición explicó que activará los mecanismos para investigar los hechos y “de ser necesario, adoptar las medidas correspondientes, con la mayor responsabilidad y celeridad posible”.

“GANARON LOS CORRUPTOS”

“GANARON LOS CORRUPTOS” LA INCISIVA COLUMNA DEL PERIODISTA DANIEL MATAMALA

(Vía ciperchile.cl) Por Daniel Matamala / Periodista
“No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción social. Para sus pares, los corruptos son ‘gente como uno’, esa que a lo más comete ‘errores’, y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en perseguirlos por ello”.
Fue bonito mientras duró. Por más de tres años, se abrió la esperanza de investigar y castigar la corrupción en la élite política y económica. Las refriegas tuvieron idas y vueltas, y aún quedan aristas pendientes, pero la conclusión ya es inequívoca: los corruptos ganaron.
Ganaron por goleada. Por paliza.
Es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes, redactadas por la propia élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la colusión, ni siquiera se consideraban delito. Otros, como los delitos electorales, tenían plazos de prescripción ridículos. La evasión tributaria estaba resguardada por un candado que impedía perseguirla si la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo impedía.
Y, si todos estos resguardos fallaban, las penas para la corrupción, incluso en los casos más graves, eran siempre remitidas, jamás penas de cárcel efectivas.
La batalla fue dura. Y los corruptos usaron todas sus armas. Su primer éxito fue cooptar para su defensa a gran parte de la élite. No todos los políticos, empresarios ni lobistas son corruptos, por cierto. Pero, por distintos motivos, la defensa fue cerrada.
Algunos tenían esqueletos en sus armarios; otros, defendían a los miembros de la casta: del partido político, del gremio, del club de golf. La endogamia que caracteriza a la élite chilena la hizo cerrarse como un cascarón: la espada de Damocles pendía sobre un correligionario, un ex compañero de colegio, un primo, un socio. Otros veían en riesgo la estabilidad, la institucionalidad misma, que entienden como indivisible de la élite a la que ellos mismos pertenecen.
Personeros de gobierno trabajaron codo a codo con SQM. La izquierda y la derecha, unidas, no fueron vencidas.
¡Ay de los insurrectos! Marisa Navarrete, la abogada que comenzó todo al denunciar el fraude al FUT, perdió su trabajo. Cristian Vargas, que dio la batalla por defender al SII, fue despedido. El fiscal Carlos Gajardo y su colega Pablo Norambuena debieron renunciar después de años de acusaciones y persecuciones.  Dos veces intentaron sacar al molesto Gajardo de las investigaciones. Cuando el escándalo público lo impidió, se le recortaron sus casos: le quitaron Corpesca y SQM, y lo subordinaron en Penta.
No quedó arsenal sin usar: denunciaron persecución política en cada intento de investigar, inventaron leyes mordaza, amenazaron con acusaciones constitucionales a los fiscales. Cortejaron a los candidatos a Fiscal Nacional con el premio mayor, de maneras tan impúdicas como una reunión con uno de los defensores de las causas.
En el fragor de la batalla nada importó. Destruyeron el prestigio del Servicio de Impuestos Internos. Dinamitaron la independencia de la Fiscalía. Hubo de todo: hasta un oficio del Senado pidiendo el pronto cierre de la causa contra Iván Moreira. Un mes después, la tuvieron.
El último triunfo, el definitivo, fue adormecer a la ciudadanía. El fragor de la campaña electoral sirvió para eso. Para convencer a la opinión pública de que todo es una pelea entre «fachos» y «zurdos», donde la teoría del empate campea, y solo importa defender a mi bando, aunque eso pase por minimizar o ignorar casos de corrupción flagrantes.
Ese fue el último clavo del ataúd. Cuando el clivaje ciudadanía versus elite fue reemplazado por el de fachos versus zurdos, la opinión pública se compró la teoría del empate, y la derrota de la democracia se consumó.
No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción social. Para sus pares, los corruptos son «gente como uno»,  esa que a lo más comete «errores», y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en perseguirlos por ello.
Los dueños y ejecutivos de las empresas involucradas se pasean por sus clubes y restoranes de siempre. SQM firma nuevos contratos con el Estado. Penta pone a su presidente a la cabeza de los empresarios en la CPC. Y aquí, como en la película, no ha pasado nada.
«Los de Penta hacen lo que hacen todos. ¿Quién no le pide a la señora una boleta para justificar gastos?», dice el arquitecto favorito de la élite, Cristián Boza. El «Choclo» Délano «es del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza», escribe en su defensa el empresario y columnista de El Mercurio, Gerardo Varela. Y Luis Larraín, director de Libertad y Desarrollo, ampara a Moreira argumentando que «todos los políticos se financiaron así».
Niégalo. Si no puedes negarlo (porque te pillaron suplicando plata por mail), minimízalo. Si no puedes minimizarlo (porque la gente se enoja cuando saben que se legisló a favor del grupo económico que ponía la plata), generalízalo. Como en el colegio: todos fuimos.
Todos son culpables, por lo tanto, nadie es culpable.
Total, el lobista en jefe, Enrique Correa, asegura que el financiamiento irregular no es corrupción. Sépanlo, chilenos: cuando un político mendiga plata ilegal a grandes grupos económicos, haciéndose cómplice en un esquema de evasión tributaria, y usa ese dinero para hacer trampa en una elección para su propio beneficio, eso no es corrupción.
El hijo de la Presidenta obtiene un crédito fabuloso para un negocio oscuro tras reunirse con el hombre más rico del país, pero eso no es corrupción. Senadores y diputados ganan elecciones con plata sucia a cambio de genuflexiones inconfesables, y eso no es corrupción.  SQM y Corpesca pagan por leyes hechas a su medida, pero eso no es corrupción. Las farmacias, las papeleras y los pollos les meten la mano al bolsillo a todos los chilenos, pero no hablemos de corrupción.
A la corrupción no se le castiga con cárcel. No se la penaliza simbólicamente. No se la  sanciona socialmente. De hecho, ni siquiera se llama así.
Y cuando a la corrupción ni siquiera se la llama por su nombre, la victoria es total.
La de los corruptos. Ellos ganaron. Game over.

desde el Monolito del Presidente Salvador Allende, apoyando a nuestros dirigentes nacionales

Una vez mas nos manifestamos en las calles y avenidas, las trincheras del pueblo, desde el Monolito del Presidente Salvador Allende, apoyando a nuestros dirigentes nacionales, conoceremos la respuesta del Gobierno a nuestro petitorio, esperamos haya cordura y voluntad política, para dar solución justa y digna, si no es así, seguiremos luchando, por una reparación justa,,hasta la victoria siempre!!
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MARCHA POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO EN MARZO 2018

Jueves 01 de Febrero 2018
ATENCIÓN LAS MARCHAS POR EL CIERRE DE PUNTA PEUCO VUELVEN EL VIERNES 02 DE MARZO 2018.
por su atención gracias.
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CUMPLA PRESIDENTA CIERRE PUNTA PEUCO


JUEVES 01 DE FEBRERO 2018.
Restan a partir de hoy 38 días para que mandataria entregue el mando a Sebastián Piñera.
Y TODAVÍA NO CUMPLE CON EL CIERRE DE PUNTA PEUCO
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Tras hora y media en La Moneda salió en pleno ejercicio de sus funciones

Las siete vidas del general Villalobos

por  1 febrero, 2018
Las siete vidas del general Villalobos
Lo sucedido durante los últimos días fue un verdadero huracán. Este comenzó la semana pasada, cuando la Fiscalía de La Araucanía acusó un supuesto “montaje” –intervención de conversaciones de WhatsApp– respecto de las pruebas que presentó Carabineros para detener a ocho comuneros mapuche. Previamente, su permanencia a la cabeza de la institución ya había sido cuestionada por el “Pacogate”, pero estos días nuevamente fue criticado duramente por la crisis con el Ministerio Público: se habló públicamente de removerlo y se advirtió del peligroso olor a deliberación que había en este episodio. Así lo dijeron analistas políticos, editoriales de medios de comunicación, parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría, y exautoridades de varios gobiernos anteriores.

Se veía venir. El indicio era lo ocurrido el martes en la tarde, cuando la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se solicitaría un peritaje externo para dirimir la pugna entre el Ministerio Público y Carabineros por la eventual manipulación de pruebas en la Operación Huracán. Con esa frase, en el seno del Gobierno se entendió que La Moneda –a pesar de las públicas presiones de los últimos cuatro días para que lo removiera– finalmente se había inclinado por mantener en su cargo al jefe de la policía uniformada, general Bruno Villalobos, y así sucedió ayer, cuando el director general se reunió con las autoridades del Ministerio del Interior y se retiró del palacio en pleno ejercicio de sus funciones.
Lo sucedido durante los últimos días fue un verdadero huracán. Este partió la semana pasada, cuando la Fiscalía de La Araucanía acusó un supuesto “montaje” –intervención de conversaciones de WhatsApp– respecto de las pruebas que presentó Carabineros para detener a ocho comuneros mapuche. Acto seguido, el director de Inteligencia Nacional de Carabineros, general Gonzalo Blu, dio el viernes en la mañana una conferencia de prensa, sin aceptar preguntas, en la que hizo una férrea defensa del trabajo realizado por la policía uniformada. Eso, a pesar de que en este plano son una institución supeditada a las órdenes del Ministerio Público, que posee el monopolio de las investigaciones judiciales. Horas después, una unidad de Temuco, con fuerzas especiales mediante, se negó a que la Policía de Investigaciones –por orden del tribunal– requisara sus computadores, apelando a que no se les había notificado con 48 horas de anticipación como señala la ley en su caso, lo que solo se hizo efectivo al final de esa tarde, a instancias del Gobierno, que a esas alturas trataba de bajar los decibeles de la crisis y encauzarla institucionalmente.
No solo eso, pues al día siguiente Villalobos partía de vacaciones por un mes a Miami, lo cual se supo públicamente el domingo en la noche, hecho que motivó que el lunes en la mañana la Subsecretaría del Interior “le indicara” que suspendiera su descanso y regresara al país. Villalobos no estaba obligado legalmente a pedir permiso, pero sí a notificar, cuestión que ahora en el Gobierno afirman que hizo bastante tarde el general.
Ya el liderazgo de Villalobos a la cabeza de Carabineros había sido puesto en tela de juicio durante todo el 2017, a medida que el monto del desfalco que se realizó en la policía uniformada por más de una década aumentaba mes a mes –al igual que la cantidad de involucrados–, llegando hasta ahora a la cifra de 26 mil millones de pesos. Pero con lo sucedido estos días, nuevamente fue cuestionado. Se habló públicamente de crisis, de removerlo, de exceso de protección de parte de la Mandataria con el general, y se advirtió del peligroso olor a deliberación que había en este episodio. Esto lo dijeron analistas políticos, editoriales de medios de comunicación, parlamentarios y dirigentes de la Nueva Mayoría, y exautoridades de varios gobiernos anteriores.
Una suerte de “pauteo” público que nunca ha sido del agrado de Bachelet y, según confesaron desde el seno del Gobierno, este caso no habría sido la excepción. Tampoco habría seguido la recomendación inicial de su comité político, que el lunes tras varias horas de reunión a puerta cerrada analizando la situación, se inclinó por plantearle la necesidad de remover al general de su cargo, usando la facultad que le otorga la ley a través de un decreto fundado, previo aviso a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
El aire era tenso ayer en La Moneda. El nerviosismo y la incomodidad se palpaban tanto en las autoridades de Gobierno como en Fernández, que perdió los estribos por unos minutos mientras hacía declaraciones posteriores. Así también los mismos escoltas del general, que exacerbaron sus cuidados y medidas de resguardo al interior de los patios de Palacio. Villalobos se fue y a las 15:00 horas encabezó una reunión con su cuerpo de generales para explicar las instrucciones del Gobierno. Una hora después, el ministro Fernández salió para tratar de explicar las razones por las que el general no fue removido.
Desde el Gobierno dicen que además del conocido “empecinamiento” que caracteriza a la Mandataria y su tendencia a no zanjar de cuajo los conflictos rápidamente, también habría pesado el hecho de que Bachelet no le creería del todo ni a la Fiscalía ni a Carabineros. “Cuando se dice que vamos a esperar las pruebas, es que no se cree en ninguno de los dos”, explicó ayer un alto asesor de Palacio.
Una mirada compartida por algunos. El diputado PS, Osvaldo Andrade, sostuvo ayer que no cree que el Gobierno haya tenido más opción, por ahora, que mantener al general director, porque “no le cree a Carabineros ni al Ministerio Público, por eso recurre a tercero, y en ese cuadro no puede ir en contra de ninguno. Lo que se hizo es una solución de corto plazo”.
Pero también se dice mayoritariamente en el Gobierno que en el fondo la Presidenta sí respalda a Villalobos, que habría dado la instrucción interna de no cuestionarlo ni en privado, que por eso el martes al final de la tarde –vía comunicado– informó que el Ministerio del Interior, en su calidad de querellante, se opondría al sobreseimiento definitivo de la Operación Huracán y solicitó la reapertura de la investigación cerrada por el Ministerio Público argumentando que esta no se encuentra agotada. “Sin perjuicio de los argumentos que serán planteados en la audiencia fijada para el 9 de febrero, nos opondremos al sobreseimiento definitivo y solicitaremos la reapertura de la investigación, porque nos asiste la convicción que lo contrario equivale a impunidad”, sentenció el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
En el Gobierno eso fue visto y entendido como una señal clara de alineamiento con la postura que ha defendido Carabineros, lo que fue casi en paralelo a las declaraciones de la propia Mandataria, quien puso el foco en la necesidad de llegar al fondo de los hechos. Desde Palacio reconocieron que fue el influyente Pedro Güell –director de políticas públicas– quien la asesoró respecto a que el mejor camino a seguir en este momento era poner como objetivo el concepto de la verdad como prioridad, estrategia que sí adoptó a la luz de la decisión de solicitar un peritaje externo para las pruebas.
Una fórmula que coincide con las escuetas declaraciones que dio ayer el propio director general al retirarse de La Moneda, al afirmar que esperarán “la verdad judicial de este proceso” para tomar “las medidas necesarias”.
Desde el primer momento de esta crisis en La Moneda un sector abogó siempre por sacar a Villalobos del cargo, postura que finalmente no se impuso, y ayer algunos de ellos plantearon que el momento para haberlo hecho ya había pasado. “El minuto para sacarlo fue cuando el general Blu dio esa conferencia de prensa, eso fue de extrema gravedad. Todo lo demás solo agudizó las cosas, pero eso no sucedió, el daño ya se hizo”, explicaron en Palacio.
Esa misma evaluación se hace desde el oficialismo en relación a que el manejo de esta crisis “ha sido el manual de cómo hacer las cosas mal”, que aquí hubo soberbia de parte de Villalobos y que el capítulo completo es “impresentable”.

Cortar con cuchillo

Ayer, pasadas las 8:30 de la mañana aterrizó en Santiago el avión que trajo de regreso a Villalobos. Al mediodía ingresó en silencio y con un severo rictus a La Moneda, rumbo al Ministerio del Interior. No fue citado a Palacio, sino que fue él mismo quien avisó que vendría a la sede de Gobierno a pedir una audiencia. Estuvo durante una hora con el subsecretario Aleuy, mientras el ministro del Interior Mario Fernández se hallaba en el despacho de Bachelet.
Recién pasadas las 13:00 hrs. el ministro y el general se encontraron en las dependencias de Interior. Las cámaras de televisión fueron llamadas a ingresar para registrar imágenes del encuentro y, media hora después, Villalobos salió por el entrepatio explicando: “El ministro me impartió instrucciones sobre la celeridad y la rapidez en las investigaciones que se están llevando a cabo. Ese fue el fundamento de la reunión”.
El aire era tenso ayer en La Moneda. El nerviosismo y la incomodidad se palpaban tanto en las autoridades de Gobierno como en Fernández, que perdió los estribos por unos minutos mientras hacía declaraciones posteriores. Así también los escoltas del general, que exacerbaron sus cuidados y medidas de resguardo al interior de los patios de Palacio.
Villalobos se fue y a las 15:00 hrs. encabezó una reunión con su cuerpo de generales para explicar las instrucciones del Gobierno. Una hora después, el ministro Fernández salió para tratar de explicar las razones por las que el general no fue removido.
Fue categórico al decir que “el Gobierno no ha creído en ningún momento que se esté ante una insubordinación”, que “sobre una petición de renuncia no se habló de eso. Nunca el Gobierno ha hablado de eso", que no iba a haber “valoración de conductas” en relación a Villalobos por irse de vacaciones en medio de esta crisis con la Fiscalía, y que “serán las conclusiones judiciales las que establezcan la existencia de delitos y las responsabilidades. No hay responsabilidades institucionales en derecho penal”.
Reconoció sí que el Gobierno está “preocupado” por esta situación, que es muy delicado que en un Estado de Derecho dos instituciones “ofrezcan una controversia como la que estamos viviendo, por eso es importante una reforma constitucional, no hay una modalidad institucional de solución de competencias” y que la Presidenta Bachelet “habló fuerte y claro ayer (martes) y hay que repetir lo que dijo: hay un asunto grave que se debe resolver”.
El punto, advierten algunos en el Gobierno y en el oficialismo, es que La Moneda se expuso a una posible derrota judicial, ya que el 9 de febrero se llevará a cabo la audiencia en la que se evaluará la continuidad de la Operación Huracán. Hasta entonces, la administración bacheletista transitará por el ojo de este tornado.

OPINIÒN

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La xenofobia de Carabineros

por  1 febrero, 2018

Carabineros de Chile, una de las instituciones más prestigiosas del país en términos de confianza ciudadana e imagen de incorruptibilidad, ha estado transitando el último tiempo por un lamentable y peligroso espiral de decadencia institucional. Este alcanza ribetes casi novelescos con el desfalco de 26 mil millones de pesos en el denominado “Pacogate”. Y más aún con las pruebas falsas y esta suerte de “insurrección” institucional que se vino con la “operación Huracán”.
En lo que atañe a la implantación de elementos probatorios, la verdad cuesta encontrar un adjetivo apropiado porque la palabra gravísimo se queda corta. Más allá de las aristas penales y su connotación francamente delictual que este caso posee, hay un tema ya ampliamente conocido, que por diversas razones no se le ha hecho frente y debe solucionarse con urgencia ya que pareciera estar arraigado en el ADN de la justicia y sociedad chilena. Me refiero a la xenofobia y la discriminación constante, francamente alevosa y sistemática hacia el pueblo mapuche.
Obviamente no se puede calificar la “operación Huracán” como un hecho aislado. Basta hacer un poco de memoria: Tenemos la “operación “Paciencia” que precisamente por inconsistencia de pruebas terminó con los imputados absueltos; el 2017 la “operación Tauro” concluyó igual. Por otro lado, la biblioteca del Congreso envió un oficio a solicitud de un senador en donde se da cuenta de 65 comuneros mapuches una vez más encarcelados, para luego terminar absueltos. Y todo esto da lugar a las condenas que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.
Son innumerables las denuncias y registros gráficos que existen de abuso, violencia, detenciones ilegales y, en general de una sistemática vulneración a los derechos civiles de personas mapuche que incluye incluso dispararle perdigones a un menor de edad que estaba ya reducido en el suelo. Ante esto cabe preguntarse, ¿A qué se debe? La respuesta pareciera ser una sola. Es la xenofobia inconfesada que existe contra el pueblo mapuche, lo cual se revela en ese afán permanente de maltratos e inculpación de crímenes que en muchas ocasiones resultan en procesos fallidos.
Son innumerables las denuncias y registros gráficos que existen de abuso, violencia, detenciones ilegales y, en general de una sistemática vulneración a los derechos civiles de personas mapuche que incluye incluso dispararle perdigones a un menor de edad que estaba ya reducido en el suelo. Ante esto cabe preguntarse, ¿A qué se debe? La respuesta pareciera ser una sola. Es la xenofobia inconfesada que existe contra el pueblo mapuche, lo cual se revela en ese afán permanente de maltratos e inculpación de crímenes que en muchas ocasiones resultan en procesos fallidos.
Lo de la operación Huracán es dramáticamente demostrativo de una odiosidad profunda que emana en cada acción de los efectivos de Carabineros cada vez que enfrentan una situación con participación de personas mapuches. Parecen obedecer a una lógica de ponerlos tras la rejas a como dé lugar. No importa con qué fundamentos se haga. Tanto es así, que se ha llegado a lo más insólito: Implantar conversaciones falsas en celulares que ni siquiera eran utilizados por los presuntos responsables.
Carabineros forma parte de un núcleo institucional completamente clave en el funcionamiento normal de un Estado democrático. Por eso mismo es que resulta tan indispensable que esta institución desenvuelva su accionar en el marco de la mayor transparencia y probidad. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles por corregir con celeridad, su desempeño en el manejo financiero y atacar con ímpetu todos los excesos en el uso de la fuerza.
También se debe extirpar de raíz el germen de la discriminación que están mostrando en ciertos cometidos. Todo ello en función de que Carabineros se adapte a los tiempos actuales, valorando la diversidad de nuestros pueblos originarios y, a la vigorosa demanda por parte de la población, a que todos los factores de poder queden estrictamente sometidos a la ley, que ha de ser igual para todos.
  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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