¡¡¡¡ PIÑERA "APOYANDO AL DICTADOR PINOCHET!!!

Justicia nada más, presenta a Piraña apoyando al asesino Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, esto es lo que nos espera, si gana este badulaque.

¡¡¡¡ PIÑERA "APOYANDO AL DICTADOR PINOCHET!!!

Sírvanse pinchar el linkhttp://www.youtube.com/watch?v=VBGwQX34oeo

Sistema de Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Chile

José Aylwin
Co director del Observatorio Ciudadano.
http://www.observatorio.cl/

El 2009 fue un año especialmente relevante para los derechos humanos en Chile. Desde las reiteradas condenas de los 70 y 80 al gobierno de Pinochet por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por graves violaciones a los derechos humanos, el Estado chileno no había sido objeto, como hasta ahora, de una interpelación tan categórica por el Sistema de las Naciones Unidas.

La interpelación, consecuencia del incumplimiento de compromisos adquiridos por nuestro país en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado y que se encuentran vigentes, provino del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, así como del Comité Contra la Tortura (CCT) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la misma entidad, que este año analizaron la observancia por parte del Estado chileno de tales compromisos internacionales. También provino del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, que visitó el país en abril pasado.

Se trata de una situación claramente indecorosa para un gobierno como el de la Presidenta Bachelet, que ha hecho pública su adhesión y compromiso con los derechos humanos, posesionándolos, al menos en el discurso, como una piedra angular tanto en su programa de gobierno y como en su política pública. Más aún, se trata de una situación crítica para un gobierno que desarrolló una estrategia diplomática que permitió a Chile pasar a integrar el CDH de Naciones Unidas, órgano máximo del sistema de la ONU para la promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Los informes y observaciones finales de estos órganos e instancias del sistema de la ONU fueron categóricas: el Estado chileno no ha dado cumplimiento a numerosos compromisos contraídos en la materia a través de tratados u otros instrumentos internacionales. No obstante valorar –como lo hacen generalmente- algunos de los esfuerzos realizados por el Estado de Chile en el período post dictatorial por avanzar en el reconocimiento y ejercicio de algunos derechos humanos, dichos órganos e instancias recogieron, en lo esencial, las preocupaciones que la sociedad civil y los pueblos originarios hemos venido planteando desde hace años, sin ser escuchados hasta ahora, situación que les representáramos a través de informes alternativos.

Constataron, además, serias limitaciones institucionales para asegurar la vigencia y protección efectiva de estos derechos, y la ausencia de una política y actuación coherente desde el Estado, incluyendo sus distintos poderes, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en esta materia.

De particular importancia fue el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo destinado a evaluar el cumplimiento por los Estados miembros de la ONU de las obligaciones de tratados y compromisos voluntarios en materia de derechos humanos, al que por primera vez este año Chile es sometido. Entre los aspectos más críticos representados por el CDH en su informe sobre Chile se incluyen el rezago en la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, recomendando su ratificación. El CDH también constató, en materia institucional, la ausencia de una institución nacional de derechos humanos acorde con los Principios de Paris, recomendando su creación, la necesidad de reformar el sistema electoral, y reformar la legislación para asegurar la igualdad del hombre y la mujer.

Siempre en el ámbito institucional, los Estados que integran el CDH efectuaron observaciones en relación con la persistencia de la ley de amnistía, que impide la investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos del pasado; la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles; la inexistencia de una definición de tortura en la legislación penal chilena, acorde con la definición sobre la materia de la Convención contra la tortura; y la vigencia de una ley antiterrorista que no garantiza el derecho al debido proceso, recomendando la adopción de reformas legislativas y de una política pública consistentes con los compromisos internacionales de derechos humanos.

Otros temas de gran preocupación para el CDH son la situación de exclusión y de discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos pueblos indígenas, mujeres y migrantes. Especial atención tuvo la situación de los pueblos indígenas. Muchos Estados manifestaron su preocupación por la falta de reconocimiento constitucional de su existencia y derechos; por las medidas adoptadas para adecuar la legislación interna al Convenio 169 de la OIT; por la lentitud de los procesos de demarcación de las tierras tradicionales y por la amenaza de grandes proyectos de inversión en ellos. También lo hicieron en relación a la inexistencia de procesos de consulta reales, que permitan la participación de los pueblos indígenas en la adopción de legislación y políticas que les conciernen.

Otros Estados manifestaron su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social indígena, la violencia policial que se ejerce sobre ellos, así como sobre otros sectores vulnerables, recomendando la adopción de medidas para poner término a esta situación.

En relación a las mujeres, varios Estados manifestaron su preocupación por la persistencia de situaciones de discriminación en el ámbito de la familia, de la participación política, y en materia de aborto. En relación a la población migrante los Estados recomendaron adoptar medidas tanto de carácter legislativo como administrativo de manera de garantizar sus derechos humanos.

Si bien algunas de las recomendaciones hechas a Chile en el marco del EPU, tales como la ratificación de la Corte Penal Internacional y el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, han sido materializadas en los últimos meses, no se ha establecido a la fecha un mecanismo de seguimiento -con participación de la sociedad civil- de las recomendaciones realizadas por el CHD y los órganos de tratado y procedimientos especiales de la ONU, a fin de avanzar en su cumplimiento por parte de los distintos estamentos del Estado. Siendo lamentable que la propuesta realizada por organizaciones de la sociedad civil al Ministro Viera Gallo en junio pasado para estos efectos, no haya tenido respuesta a la fecha.

La importancia de los informes emanados de estos órganos e instancias de la ONU, para muchos desconocidos, es que ellos vienen a aportar elementos y orientaciones para un debate que, en el contexto del bicentenario de la conformación del Estado chileno, comienza a aflorar con fuerza en el país.

Tal debate dice relación con la necesidad urgente de generar, a través de procesos ciudadanos y a la luz de los consensos internacionales hoy existentes sobre la materia, una nueva institucionalidad jurídico política para el país, que establezca las bases para una convivencia más democrática, más participativa, más plural e intercultural.

En efecto, lo que los informes de Naciones Unidas nos indican con claridad es que aquella democracia que fuera posible recuperar hace casi dos décadas atrás, poniendo fin al régimen militar, y que nos rige a la fecha, no resulta consistente con las directrices del derecho internacional relativo a los derechos de las personas y de los pueblos.

Llama la atención por ello que ninguno de los candidatos presidenciales se haya hecho eco de estos informes, asumiendo en forma expresa el compromiso de trabajar para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a Chile el 2009 por la ONU como un eje central de su programa de gobierno.

Quienquiera sea que asuma la conducción política del Estado en marzo del 2010 tendrá el desafío de impulsar un proceso, con la participación activa de la sociedad civil, orientado a implementar las reformas jurídicas y políticas recomendadas por la ONU, de modo de cumplir con los compromisos internacionales, aún pendientes, que el país tiene en materia de derechos humanos.

Informes sobre Frei Montalva llegaban todos los días a la oficina de Pinochet

Con información del chofer reclutado por la CNI

Por Jorge Molina Sanhueza (El Mostrador)

Por más de una hora los abogados que representan a la familia Frei, al Consejo de Defensa del Estado y a la defensa del chófer Luis Becerra, se enfrentaron en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los primeros para defender la resolución dictada por el ministro Alejandro Madrid, el último para tratar de revocar el encausamiento. La acción judicial, en tanto, quedó en acuerdo, por lo que la resolución tardará varios días en conocerse.

Los informes que preparaba la CNI respecto a los movimientos del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, llegaban disciplinadamente todas los días a las 08.00 a la oficina de Pinochet, a través del director del organismo represivo, Odlanier Mena.

Esto es uno de los nuevos antecedentes revelados esta mañana durante los alegatos en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por el amparo presentado por Luis Becerra ex chofer de Frei Montalva, procesado en calidad de autor del crimen del ex Presidente.
Los alegatos se iniciaron con los antecedentes contenidos en el expediente los que fueron dados a conocer por la relatora de turno, la que fue inquirida en varias oportunidades por la presidenta del tribunal, la ministra Amanda Valdovinos, respecto a las piezas que no fueron adjuntadas por Madrid.

El patrocinante de Becerra, el abogado Carlos Fairlie, inició su presentación argumentando lo clásico, es decir, que su cliente no tenía responsabilidad en los hechos, ya que nunca había entregado información respecto de la permanencia de Frei en la clínica Santa María, donde falleció en enero de 1982.

A continuación siguió el querellante y representante de la familia Frei, Alvaro Varela, quien reveló que el agente de CNI, Juan Jara Morales, declaró ante el juez Madrid que la información que recopilaban de Becerra era una parte importante del informe que el director del organismo, el entonces general Odlanier Mena, llevaba cada mañana a Pinochet.

Insistió en que el procesamiento por homicidio, se fundamenta en que sin su participación no habría sido posible el asesinato de Frei.

En tanto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Quintana, apuntó más bien a las causas formales para que la sala rechace el recurso de amparo presentado por Becerra.
La sala estuvo compuesta por la ministra Amanda Valdovinos, su colega Humberto Provoste y el abogado integrante Francisco Tapia.

Candidatos tranquilos a un día de las elecciones

Justicia nada más pero nada menos, recorrió dos colegios de la comuna de El Bosque, ya esta todo preparado para esta elección presidencial y parlamentaria, los liceos que corresponden a Capitan Ávalos, por otra parte, los carabineros de El Bosque Poniente, trabajando a full, recibiendo las excusas de los electores que no van a poder sufragar en estas elecciones 2009.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Avda. Ricardo Cumming 1161. Santiago.
Fono-fax: 6960678. E-mail:afdd@tie.cl

DECLARACIÓN PÚBLICA

El concepto de Museo ha ido variando con el tiempo, surgen los llamados Museos de la Memoria sobre todo en países que han sufrido grandes episodios de desgarramiento social, Chile no es la excepción. El período que marca un antes y un después tiene fecha en el calendario, 11 de septiembre de 1973. De ahí la importancia de relevar lo acontecido durante la dictadura como una forma de crear conciencia para que hechos como los que debería mostrar este Museo formen parte del patrimonio cultural, ético y educacional, interpelando a quien lo visita a superar el horror evitando el olvido.

A nuestro país le cuesta definir las cosas por su nombre, la búsqueda incesante de consensos en todo orden de cosas, hacen que las autoridades lleguen a confundir conceptos. Ya nos ocurrió hace 20 años atrás con el conocido Informe Rettig en que se homologaron víctimas del terrorismo de estado con las víctimas de la violencia política, dejando contentos a los mismos que hoy pretenden llevar esa confusión a las salas del Museo de la Memoria.

La iniciativa de la Presidenta Bachelet se ve empañada, por el nombramiento como directores de la Fundación Museo de la Memoria, de dos destacados representantes de la derecha chilena, ambos sostenedores ideológicos de la dictadura. Se trata de Oscar Godoy y de Arturo Fontaine Talavera, vinculados a la blanqueda “derecha liberal”, creyendo que apellidándola “liberal” la hace menos derecha, menos golpista, menos justificadora del terrorismo de estado.

Arturo Fontaine Talavera, como buen “gremialista”, bajo el alero de Jaime Guzmán fue elegido vocal de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), apoyando activamente el llamado “paro de octubre” de 1972 y luego la paralización de los mineros de El Teniente, una de las tantas acciones que se realizaron para derrocar al Presidente Allende. Fue designado Presidente de la FEUC en octubre de 1973 por el entonces también rector designado vicealmirante Jorge Sweet. Posteriormente fue designado como parte del Consejo de Estado, organismo que asesoraba a Pinochet, al cual renuncia en 1977, dos años después de “comprender lo que estaba ocurriendo” según sus dichos. Ahora suma una nueva designación; Miembro del Directorio del Museo de la Memoria.

Por otra parte, nos llama la atención, la calidad de “vitalicios” de los miembros componentes del supra directorio de ese Museo, como la memoria también está hecha de olvidos, queremos recordarles que ya tuvimos experiencia con un senador vitalicio, que esa

connotación para ejercer un cargo, tiene un dejo dictatorial y que una de las características de la democracia está lejos de las designaciones y los nombramientos con ese carácter.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tiene la convicción que un Museo de la Memoria de los Derechos Humanos debe contener, tal como su nombre lo indica, todo lo que significó la aplicación del terrorismo de estado, durante los 17 años de dictadura, sin transacciones y sin ambigüedades, solo así cumplirá con la función educativa, de homenaje y respeto a las víctimas, tal como comprendemos sus objetivos.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 10 de diciembre de 2009

“Lo de Frei me parece de un oportunismo político feroz”

Carmen Soria critica la coherencia del candidato oficialista en Derechos Humanos

La hija del diplomático español asesinado por la Dina cuestiona al ex Presidente. Según ella, Frei no tuvo interés en que se investigara la muerte de su padre y recuerda que en su gobierno nunca recibió a los familiares de detenidos desaparecidos. Ahora, dice, el senador DC “rasga vestiduras” con el tema.

Por FELIPE SALEH

Fuente: El Mostrador.

Carmen Soria estuvo frente al televisor el martes pasado mirando el capítulo de Informe Especial que investigó las extrañas circunstancias en las que murió Eduardo Frei Montalva y no pudo evitar exasperarse por las declaraciones vertidas por el candidato presidencial de la Concertación, luego que el juez Alejandro Madrid tipificara el caso como homicidio.

Carmen lleva años exigiendo justicia y verdad para su padre, el diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la Dina en 1976. En todo este tiempo, golpeó cada puerta que pudo. Incluida la de La Moneda, cuando el ahora abanderado presidencial era Jefe de Estado. No olvida lo que pasó.

“El que Eduardo Frei Montalva haya sido asesinado o muerto por la intervención de terceras personas era un secreto a voces para todo el país. Quiero ser muy respetuosa con la familia. Es terrible cuando te das cuenta las maneras brutales que tenían de asesinar. Pero lo de Frei (Ruiz-Tagle) me parece de un oportunismo político feroz. Cuando fue Presidente de la República nunca recibió a las agrupaciones de familiares. Yo le pedí audiencia y nunca me recibió. Es muy duro decir que ellos van a utilizar esto para la campaña, pero lo que yo le cuestiono, es que siendo Presidente de la República no trató ni siquiera de indagar lo que había pasado con su padre y tampoco acompañó a su hermana cuando presentó la querella ¿Por qué le va a importar ahora?”, dice.

Carmen habla y mientras lo hace, sus ojos quedan clavados en un libro de figuritas que está pintando junto a su nieta. Su casa en La Reina tiene un envidiable aire bucólico. Está a media cuadra del Metro pero no se oye más ruido que el de los perros de la cuadra ladrando cada tanto. Parece un cruel premio de consuelo por la angustia en la que ha estado sumida desde julio de 1976 cuando su padre, fue encontrado muerto en un canal de regadío.

Revivir el pasado no es un tema que le guste. Su voz suena cortante, fuerte, como si estuviera enojada, pero también como si cada cosa que dijera fuese una verdad definitiva. “Perdona, pero me da lata contar la historia completa, es que llevo años con lo mismo”, se excusa.

Tiene razón. Debido a la cantidad de veces que ha estado en Tribunales frente al micrófono de Pablo Honorato, denunciando la lentitud de los procesos judiciales, su cara se hizo conocida para casi todo el público. Pero también ella se agotó de relatar el crimen que fracturó la vida de su familia. Se cansó, por ejemplo, de repetir que el 14 de julio de 1976 su padre Carmelo Soria era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuando la Brigada Mulchén de la Dina lo secuestró. Se aburrió de explicar que la dictadura creyó que podía ser un enlace del Partido Comunista con el exterior y que por eso el cadáver de Soria apareció dos días después en el canal El Carmen. Se hastió de denunciar por los medios que el caso fue archivado en 1996 -año en que Eduardo Frei Ruiz-Tagle presidía el país- por estar dentro de la ley de amnistía de 1978. Y sin embargo, treinta y tres años después pedirá que la causa se reabra porque no olvida que ninguno de los culpables está en la cárcel.

Aunque Carmen Soria oficialmente no representa a ninguna organización de Derechos Humanos, se ha ganado un lugar de respeto entre los familiares de las víctimas de la dictadura. No está dispuesta a renunciar. “Se siente una enorme impotencia frente a los Tribunales y frente al Estado chileno , el Estado jurídico, el Estado político, pero uno no se rinde”, dice.

Muertos de primera clase

En septiembre de este año el ministro Alejandro Madrid -que llegó al caso Soria por el veneno y el químico de la DINA Eugenio Berríos- procesó a siete oficiales en retiro del Ejército por obstrucción a la justicia (autopsia falsa, presiones a testigos) en este crimen.

Por eso, cuando Carmen dice que el caso de Soria con el de Eduardo Frei Montalva están unidos inmediatamente menciona a Eugenio Berríos y a Eduardo Frei Montalva. Según testigos, a Carmelo Soria, antes de quebrarle la columna cervical, lo envenenaron con gas Sarín. “Mi madre le entregó información a Carmen Frei cuando ella empezó a investigar la muerte de su papá” cuenta.

Según Carmen, el crimen de su padre y el de Frei Montalva, son casos “estrella” dentro de las miles de víctimas de la dictadura. Lo cual, le provoca emociones encontradas.

“Me parece un asco. Pero demuestra como la justicia y el Estado es clasista en cuanto al muerto. Todo lo que hemos logrado es porque mi padre era funcionario internacional y además era español. Por lo tanto conté siempre con el apoyo del gobierno español y de Naciones Unidas”. Para demostrar su argumento Carmen cuenta que tiene un tío desaparecido (Carlos Godoy Lagarrigue) y en su caso, aparte de su familia y el Colegio Médico, “nadie más se hizo parte en la querella y se ha logrado muy poco”.

El retorno de Pinochet

El caso de Carmelo Soria fue uno de los tres que usó el juez Baltazar Garzón para detener a Pinochet en 1998. Carmen Soria cuenta que el mismo día que el dictador fue detenido recibió amenazas de muerte y salió a Madrid con ayuda de Amnistía Internacional. Según cuenta todas las organizaciones de derechos humanos que estaban allá exigían que Pinochet no fuera devuelto.

Pero “el gobierno de Frei guiado por los temores, por la conveniencia o por la conversación articulada y continua que tiene con la derecha decidieron que era muy jodido dejar a Pinochet allá y bueno tu viste todos lo trajeron de vuelta”.

Carmen Soria ya ha tenido demasiadas decepciones. Pero no son suficientes para graficar lo que le provoca lo que a su juicio son las deudas pendientes del candidato presidencial oficialista con los Derechos Humanos. “Tengo verdadera repugnancia por lo que hizo Frei que no tomó en cuenta la lucha de millares de chilenos y tampoco recordó a los millares de chilenos que murieron y están desaparecidos hasta hoy”, dice.

“No les voy a creer ahora”

Tampoco puede estar ajena a la efervescencia electoral a 48 horas de ir a votar. “Creo que la gente tiene que votar por la historia y la Concertación está en deuda con el país entero. Cuando Frei habla de lo que va a hacer y rasga vestiduras prometiendo cosas, cuando leo que el gobierno va a lanzar un maletín con medidas, entre las que va la ley de amnistía, me acuerdo que lo venimos pidiendo desde el año ’90 y estamos en el 2009. Yo no soy imbécil. No les voy a creer ahora. Si estamos en esta movida, preocupados porque se nos va a acabar la teta, que se les acabe entonces. Basta ya de jugar con el pueblo”. dice.

Antes de que se apague la grabadora confiesa: “voy por Marco, en este sentido, porque estoy cansada. Le puedo criticar muchas cosas, pero quiero otra generación en el aparato del Estado. Que me saquen a las mismas caras que se dan vueltas en los ministerios y en los directorios de las empresas privadas y que en cuanto a los Derechos Humanos prometen y prometen, pero han hecho lo mínimo”.